STC3481-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC3481-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-00810-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintitr\u00e9s de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Sandra Luc\u00eda Su\u00e1rez Guerrero contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al cual fueron citados el Centro Comercial Cedritos 151 P.H., as\u00ed como los Juzgados Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n; Veinte Civil del Circuito de Descongesti\u00f3n; Treinta y Siete; y, Cuarenta y Seis Civiles del Circuito de esta capital. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, la solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, trabajo, dignidad y honra, presuntamente vulnerados por la autoridad convocada al resolver la segunda instancia dentro del pleito de rendici\u00f3n provocada de cuentas n\u00ba 2013-00107. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que \u00aben el mes de agosto de 2008 dej\u00f3 su cargo como administradora [del] Centro Comercial Cedritos 151 P.H., en raz\u00f3n a su personal y voluntaria renuncia al contrato de trabajo [la cual fue] anunciada con la debida y suficiente anticipaci\u00f3n para no afectar el desarrollo de la copropiedad, ya que fue vinculada en el mismo cargo en otro centro comercial\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abaceptada\u00bb su dimisi\u00f3n \u00abde conformidad con el reglamento interno hizo entrega del cargo al presidente del Consejo de Administraci\u00f3n junto con el Revisor Fiscal (\u2026), para lo cual se rindieron cuentas detalladas, discriminadas, cuantificadas y comprobadas de su gesti\u00f3n hasta el \u00faltimo d\u00eda que permaneci\u00f3 como gerente del centro comercial\u00bb, seg\u00fan \u00abconsta en documento de aproximadamente 84 p\u00e1ginas y cuyo contenido, punto por punto, para corroborar la veracidad de lo all\u00ed registrado, fue verificado y debidamente rubricado por parte de la gerente entrante, la gerente saliente, el presidente del consejo de administraci\u00f3n y el revisor fiscal\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abaproximadamente a los dos o tres meses de su salida del centro comercial fue noticiada, por comunicaci\u00f3n escrita dirigida de la gerente entrante, de una situaci\u00f3n de faltante de recursos dinerarios de propiedad del centro comercial y de manejo de la administraci\u00f3n, en cuant\u00eda indeterminada, sustra\u00eddos desde la tesorer\u00eda y contabilidad sustracci\u00f3n que poco tiempo despu\u00e9s, se conoci\u00f3, fue realizada por la tesorera con la anuencia de la contadora, toda vez que as\u00ed fue expresamente reconocido dentro de una investigaci\u00f3n en la justicia penal\u00bb; que ante ello, pidi\u00f3 explicaci\u00f3n \u00abprofunda, clara y compleja la situaci\u00f3n de ese faltante, ofreci\u00f3 toda su colaboraci\u00f3n y participaci\u00f3n en una auditor\u00eda contable y de caja para aclarar y determinar lo sucedido, pero esta \u00faltima manifestaci\u00f3n, no fue aceptada\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abel d\u00eda 13 de septiembre de 2013 fue notificada del auto admisorio de un proceso de rendici\u00f3n provocada de cuentas instaurado por Centro Comercial Cedritos 151 P.H.\u00bb, por lo que, a trav\u00e9s de apoderado judicial, contest\u00f3 planteando, entre otras \u00abexcepciones de fondo o de m\u00e9rito, la oposici\u00f3n a la rendici\u00f3n de cuentas soportada en el hecho de que si bien es cierto la obligaci\u00f3n de rendirlas existi\u00f3, ello fue debidamente cumplido, al punto que tanto el presidente del consejo como el revisor fiscal de la copropiedad le expidieron un PAZ Y SALVO una vez fueron recibidas las cuentas y la debida entrega del cargo a satisfacci\u00f3n, m\u00e1s un compromiso escrito de salir al saneamiento de su gesti\u00f3n en un eventual proceso penal por la sustracci\u00f3n de recursos y ante la fiscal\u00eda, con el debido y leg\u00edtimo soporte documental\u00bb. <\/p>\n
Que tras haberse proferido sentencia estimatoria por un juzgado civil del circuito de descongesti\u00f3n y producirse la intervenci\u00f3n del tribunal, en sede de apelaci\u00f3n, se declar\u00f3 \u00abuna nulidad procesal\u00bb, y se dispuso un nuevo veredicto que tuvo lugar el 2 de octubre de 2020, \u00abdeclarando probadas las excepciones de fondo en particular la de falta de causa para demandar [porque] las cuentas reclamadas por la parte actora hab\u00edan sido rendidas desde el mes de agosto de 2008\u00bb. <\/p>\n
Que, apelada la anterior decisi\u00f3n por el all\u00ed actor, la sala acusada, mediante sentencia proferida el 29 de septiembre de 2021, \u00abrevoc\u00f3 la de primer grado y en su lugar dispuso que la demandada ten\u00eda que rendir las cuentas de su gesti\u00f3n por el lapso comprendido entre el 1\u00ba de enero de 2008 y el d\u00eda 25 de agosto de 2008, argument\u00e1ndose para ello que las cuentas rendidas al presidente del consejo de administraci\u00f3n y al revisor fiscal carec\u00edan de vigor porque ellas ten\u00edan que rendirse ante la asamblea general de propietarios\u00bb. <\/p>\n
Que en \u00ablas disposiciones de la Ley 675 de 2001 contentiva del r\u00e9gimen de la propiedad horizontal en Colombia y hoy vigente, no se encuentra ninguna que recoja lo dicho en este \u00faltimo fallo\u00bb, por lo que las \u00abv\u00edas de hecho [consisten] en que no se tiene respaldo legal para tales afirmaciones y cuando existe norma espec\u00edfica y concreta que regula el punto de derecho como en el presente caso, demostrado hasta la saciedad, que las cuentas rendidas al presidente del consejo de administraci\u00f3n encuadran y re\u00fanen todos los requisitos exigidos por la ley y por el reglamento de la propiedad horizontal\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende que se ordene a la sala enjuiciada, \u00abque rehagan o reproduzcan el fallo de segunda instancia de fecha 29 de septiembre de 2021 dentro del proceso con radiaci\u00f3n [2013-00107], sin desconocer los derechos fundamentales de la demandada\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS VINCULADOS <\/p>\n
1. El Grupo de Reparto de la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial, inform\u00f3 que \u00abcon el Acuerdo No. CSBTA13-211 del 2013 se suprime el Juzgado 20 Civil del Cto. de Descongesti\u00f3n y los expedientes son enviados al Juzgado 2 Civil del Cto. de Ejecuci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. El Juez Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Bogot\u00e1, indic\u00f3 que \u00abeste estrado no conoce ni conoci\u00f3 el asunto objeto de amparo constitucional, ya que los procesos que le fueron remitidos corresponden \u00fanicamente a ejecutivos con sentencia [y que] verificado el sistema de informaci\u00f3n judicial Siglo XXI, se evidenci\u00f3 que [el declarativo en menci\u00f3n] lo conoce el Juzgado 46 Civil del Circuito de esta ciudad\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales de la querellante, al haber desatado la segunda instancia dentro del proceso de rendici\u00f3n de cuentas n\u00b0 2013-00107, revocando el fallo denegatorio de primer grado y accediendo, en su lugar, a las pretensiones de la demanda incoada en su contra, o si, por el contrario, esa decisi\u00f3n obedece a un criterio jur\u00eddicamente razonable. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
La decantada jurisprudencia de esta Corte ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que la salvaguarda no procede contra esta clase de actuaciones, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, cuando se trate de una irregularidad procesal, es indispensable \u00e9sta sea determinante en la decisi\u00f3n; que el actor identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n, y que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela. Finalmente, que se haya configurado alg\u00fan defecto de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, error inducido, se trate de resoluci\u00f3n sin motivaci\u00f3n, se haya desconocido el precedente jurisprudencial o se haya violado directamente la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
De la revisi\u00f3n que se realiza a la queja constitucional y con observancia en las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala denegar\u00e1 el amparo implorado, al establecer que la providencia censurada, esto es, la sentencia proferida por el tribunal accionado el 29 de septiembre de 2021, no constituye defecto espec\u00edfico de procedibilidad con la fuerza suficiente para quebrantarla. <\/p>\n
Lo anterior, porque para determinar que la demandada en el pleito con radicaci\u00f3n n\u00b0 2013-00107, deb\u00eda rendir cuentas de su gesti\u00f3n como administradora de la copropiedad, aunque por un lapso -inferior al pretendido-, el tribunal se vali\u00f3 de una motivaci\u00f3n que no se muestra arbitraria o caprichosa, por tanto, no configura desafuero que amerite su correcci\u00f3n a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional. <\/p>\n
En efecto, tras advertir que la pretensi\u00f3n del Centro Comercial Cedritos 151 P.H., era que la administradora rindiera cuentas \u00aba partir del 1\u00b0 de octubre de 2004 [hasta] su renuncia al cargo el 24 de agosto de 2008\u00bb, el fallador ad quem, se\u00f1al\u00f3, preliminarmente, que tanto el ordenamiento adjetivo como el especial, evidencian que tal actividad es inherente al cargo desempe\u00f1ado, y que en el caso examinado, \u00abes innegable que Sandra Su\u00e1rez Guerrero no ha cumplido con su obligaci\u00f3n de rendir las cuentas de su gesti\u00f3n, conforme a la ley de propiedad horizontal, para el per\u00edodo de 1\u00b0 de enero al 24 de agosto de 2008\u00bb, al precisar: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) respecto al per\u00edodo correspondiente a los a\u00f1os 2005 a 2007 el a-quo estableci\u00f3 que la otrora administradora del centro comercial present\u00f3 los respectivos estados financieros ante la asamblea general de propietarios, los cuales fueron debidamente aprobados, tal como lo reconoci\u00f3 la actual representante legal en el interrogatorio de parte, con lo que dio por sentado que para esas anualidades se acat\u00f3 la exigencia legal de presentar las respectivas cuentas, segmento de la decisi\u00f3n que no fue impugnado y por ende no es dado alterar por esta corporaci\u00f3n (art. 328 CGP). <\/p>\n
(\u2026) La discusi\u00f3n que se plantea en el recurso surge por el lapso del 1\u00b0 de enero al 24 de agosto de 2008, a cuyo efecto se repara en que el documento de entrega del cargo y la expedici\u00f3n de un paz y salvo por parte del presidente del consejo de administraci\u00f3n no suplen la obligaci\u00f3n de rendir cuentas, actividad que debe desplegarse ante la asamblea de propietarios y ser aprobadas en la respectiva reuni\u00f3n. <\/p>\n
Sobre el punto litigado, el tribunal revocara la sentencia impugnada, comoquiera que trat\u00e1ndose de temas referidos al r\u00e9gimen de propiedad horizontal y de conformidad con lo previsto en la Ley 675 de 2001, se sigue que el administrador en relaci\u00f3n con las cuentas de su encargo est\u00e1 obligado a rendirlas a la asamblea general de copropietarios cuando menos una vez al a\u00f1o [art\u00edculo 51], siendo ese grupo, el conjunto de comuneros, quienes pueden aprobarlas o improbarlas, y en este \u00faltimo evento, tomar las decisiones del caso al fin de establecer la responsabilidad por su irregular gesti\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed, entonces, el documento denominado \u2018acta de entrega\u2019 y que fuera suscrito el 24 de agosto de 2008 por: la demandada, la nueva administradora, por el presidente del consejo de administraci\u00f3n y el revisor fiscal; no obstante lo propuesto por el no apelante en el escrito de r\u00e9plica [esboz\u00f3 que existe subordinaci\u00f3n del administrador respecto del presidente del consejo de administraci\u00f3n], es un informe que no fue sometido a discusi\u00f3n ante la asamblea de propietarios, o cuando menos la parte demandada no demostr\u00f3 que as\u00ed hubiera sido, como lo exige le ley, de manera tal que no puede entenderse como una verdadera rendici\u00f3n de cuentas con el cumplimiento de los requisitos legales; al margen de que se pueda considerar o no que ese medio de juicio constituye una real exposici\u00f3n sobre la gesti\u00f3n de la administradora (como lo analiz\u00f3 el a-quo y reprocha la parte actora), materia ajena a la decisi\u00f3n que debe adoptarse en esta etapa del proceso\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior, en tanto destac\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) si se observa el acta de la reuni\u00f3n que se llev\u00f3 a cabo el 30 de marzo de 2009, lo que all\u00ed se discuti\u00f3 fueron las actividades que ejercit\u00f3 la nueva administradora, el supuesto fraude que podr\u00edan haber cometido personas que con antelaci\u00f3n laboraban para el centro comercial y una \u2018presentaci\u00f3n preliminar de los estados financieros\u2019, pero no se observa pronunciamiento alguno sobre el informe de entrega del cargo por parte de Sandra Su\u00e1rez Guerrero. Ante todo, en esa asamblea por mayor\u00eda se decidi\u00f3 \u2018no aprobar los estados financieros\u2019, de suerte que las pruebas recopiladas en principio permiten afirmar que no existe aquiescencia por el cuerpo colegiado respecto de las cuentas del representante legal para el a\u00f1o 2008, tiempo en el que la demandada aun ejerc\u00eda bajo tal calidad. <\/p>\n
[Entonces], aunque existe un documento signado por el presidente del consejo de administraci\u00f3n en el que gen\u00e9ricamente se dice que la representante legal saliente queda \u2018a paz y salvo por todo concepto\u2019, lo cierto es que no se discrimin\u00f3 si la afirmaci\u00f3n corresponde a prestaciones motivo de la culminaci\u00f3n de la relaci\u00f3n laboral, o si en verdad, como parece fue el alcance que le otorg\u00f3 el fallador, esa manifestaci\u00f3n hace alusi\u00f3n al cumplimiento de la obligaci\u00f3n de rendir cuentas, vaguedad que impide otorgarle certeza respecto al acatamiento de las cargas que le eran propias al administrador, m\u00e1xime si, como se ha decantado l\u00edneas atr\u00e1s, es ante la asamblea de propietarios que debe presentarse y avalarse la gesti\u00f3n de quien ejerce como representante legal de la copropiedad\u00bb. <\/p>\n
Como acaba de verse, no se advierte una amenaza o vulneraci\u00f3n a la garant\u00eda esencial invocada por la accionante, por cuanto la providencia reprochada no revela arbitrariedad o desmesura, sino una divergencia conceptual, cuya razonabilidad torna inviable la salvaguarda. <\/p>\n
Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha dicho y reiterado que: \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC, 11 dic. 2009, exp. 02212-00, citada entre otras muchas en STC979-2022, 3 feb. 2022, rad. 00392-01). <\/p>\n
Del mismo modo, se ha se\u00f1alado que no constituye una v\u00eda de hecho susceptible de enmendarse por esta senda, las decisiones que obedecen a un criterio jur\u00eddicamente razonable, en la medida que hacen parte de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial que inhiben al fallador del resguardo para inmiscuirse en el asunto imponiendo una determinada tesis o sustituyendo al juez de conocimiento, pues es claro que la tutela no es un mecanismo alternativo sino un instrumento excepcional y residual. <\/p>\n
N\u00f3tese que lo pretendido por la actora es anteponer su propio criterio al de la autoridad convocada, y reprochar, por esta v\u00eda, la decisi\u00f3n que la desfavoreci\u00f3, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, pues esta no fue establecida como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Por lo discurrido, se desestimar\u00e1 el auxilio invocado, toda vez que la actuaci\u00f3n criticada, no es producto de un subjetivo criterio que configure defecto susceptible de enmendarse a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo solicitado a trav\u00e9s de la presente acci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo ac\u00e1 resuelto a las partes por un medio expedito, y de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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