STC3484-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC3484-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00819-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Martha Luc\u00eda Rodr\u00edguez Tobo contra la Sala de Familia del Tribunal Superior de Cali y el Juzgado Octavo de la misma especialidad y ciudad. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante, obrando en su propio nombre, acude al presente mecanismo buscando la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales \u00abal debido proceso, prevalencia del derecho sustancial sobre el procedimental, libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u2026 buena fe y protecci\u00f3n de la mujer cabeza de familia\u00bb. <\/p>\n
2. De la demanda se puede extraer que Martha Luc\u00eda Rodr\u00edguez Tobo promovi\u00f3 demanda declarativa de existencia de uni\u00f3n marital de hecho y la consecuente disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial, contra los herederos determinados e indeterminados de Ricardo Garc\u00e9s Mu\u00f1oz. <\/p>\n
En oportunidad, la demandante present\u00f3 escrito a trav\u00e9s del cual pretendi\u00f3 subsanar los yerros advertido; sin embargo, con auto de 10 de diciembre del mismo a\u00f1o, se procedi\u00f3 al rechazo habida consideraci\u00f3n que \u00absi bien es cierto se manifest\u00f3 que los demandados menores de edad\u2026 no poseen correos electr\u00f3nicos, tambi\u00e9n lo es que se indicaron direcciones electr\u00f3nicas de sus representantes legales\u2026 era deber de la parte actora, no solo expresar la forma como se obtuvieron tales direcciones electr\u00f3nicas, sino haber allegado las evidencias correspondientes, que efectivamente determinara que tales correos electr\u00f3nicos indicados\u2026 corresponden a \u00e9stas, que son los utilizados para realizar las notificaciones personales\u2026 tal como\u2026 lo dispone estrictamente el art\u00edculo 8\u00ba inciso 2do del Decreto Ley 806 de 2002, declarado exequible\u2026 en la Sentencia C-420 de 2020\u00bb. <\/p>\n
Contra la anterior providencia la promotora interpuso los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n. <\/p>\n
El primero fue resuelto por la c\u00e9lula judicial cognoscente el pasado 24 de enero manteni\u00e9ndose en lo decidido, en tanto que el de apelaci\u00f3n lo desat\u00f3 la Sala de Familia del Tribunal Superior de Cali el 8 de febrero siguiente en el sentido de confirmar la determinaci\u00f3n censurada, por desatender el deber consagrado en el art\u00edculo 90-2 del C\u00f3digo General del Proceso, consistente en acompa\u00f1ar a la demanda los anexos establecidos en el art\u00edculo 8\u00ba del Decreto Legislativo 806 de 2020. <\/p>\n
3. Para Rodr\u00edguez Tobo \u00abes evidente que existe una interpretaci\u00f3n err\u00f3nea\u2026 al considerar que al no haberse aportado las evidencias correspondientes que efectivamente determinaran que tales correos electr\u00f3nicos indicados en la demanda correspond\u00edan a los demandados, era una causal de inadmisi\u00f3n y posterior rechazo de la demanda, cuando es claro que los aportes de estas evidencias est\u00e1n estatuidos para los efectos de la notificaci\u00f3n personal\u2026 momento este donde el operador judicial tendr\u00e1 la oportunidad de llevar a cabo el control de legalidad debido y pertinente\u2026 pero no para considerarlo como un requisito de admisi\u00f3n de la demanda\u00bb. <\/p>\n
4. Por lo anterior, solicita \u00abse revoque el auto interlocutorio que rechaza la demanda\u2026 y la decisi\u00f3n confirmatoria \u2026 orden\u00e1ndoles admitir la demanda\u2026 en forma inmediata y prelativa [sic]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
1. El magistrado ponente del auto cuestionado de segundo grado se\u00f1al\u00f3 que la decisi\u00f3n \u00abse fund\u00f3 en las normas y jurisprudencia aplicables al asunto, las cuales fueron consignadas en la aludida providencia\u00bb. <\/p>\n
2. El Juez Octavo de Familia de Cali dijo que no vulner\u00f3 derecho fundamental alguno de la gestora habida consideraci\u00f3n que \u00ablas decisiones\u2026 se apoyaron en las causales de inadmisi\u00f3n establecidas en el art\u00edculo 90 del C.G.P., adem\u00e1s de las determinadas en el Decreto 806 de 2020, y que lo pretendido con la acci\u00f3n tutelar es reabrir asuntos que ya se debatieron al interior del proceso\u00bb por lo que solicit\u00f3 declarar inviable el resguardo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Tribunal Superior de Cali vulner\u00f3 las garant\u00edas invocadas por Martha Luc\u00eda Rodr\u00edguez Tobo al confirmar el auto por medio del cual, el Juzgado Octavo de Familia de la misma ciudad rechaz\u00f3 la demanda de declaraci\u00f3n de existencia de uni\u00f3n marital de hecho que promovi\u00f3 contra los herederos de Ricardo Garc\u00e9s Mu\u00f1oz, supuestamente por realizar una interpretaci\u00f3n err\u00f3nea de la normativa llamada a gobernar el asunto. <\/p>\n
Lo anterior porque, si bien la queja constitucional se extiende a las decisiones adoptadas en ambas instancias, el examen que har\u00e1 la Corte se circunscribir\u00e1 exclusivamente al auto de segundo grado proferido el pasado 8 de febrero, por cuanto fue el que defini\u00f3, en sede ordinaria, la cuesti\u00f3n planteada por la gestora dado que, tal como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, se torna inane detenerse en el escrutinio de la providencia de primer nivel pues: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto <\/p>\n
Advierte la Sala la inviabilidad del resguardo comoquiera que la determinaci\u00f3n proferida por la colegiatura reprochada, lejos de ser arbitraria, fue el resultado de una hermen\u00e9utica razonable del contexto f\u00e1ctico y jur\u00eddico, as\u00ed como de los medios de convicci\u00f3n allegados para el estudio de la admisi\u00f3n de la demanda. <\/p>\n
En efecto, el tribunal luego de un breve recuento procesal y de identificar el problema jur\u00eddico se adentr\u00f3 en el estudio del caso particular, abordando en primer lugar lo concerniente a las causales de inadmisi\u00f3n de la demanda, recordando que las mismas \u00abson taxativas y\u2026 se encuentran enlistadas en el art\u00edculo 90 del C\u00f3digo General del Proceso lo que\u2026 descarta criterios puramente subjetivos, en aras de garantizar el debido proceso y el acceso a la administraci\u00f3n de justicia y con el prop\u00f3sito de otorgar certeza y seguridad a quienes acuden en b\u00fasqueda de ella\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, en punto del motivo por el cual el juzgado a quo inadmiti\u00f3 el libelo y, posteriormente, lo rechaz\u00f3, esto es, haber desatendido el deber consagrado en el segundo inciso del art\u00edculo 8\u00ba del Decreto Ley 806 de 2020, se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) para cumplir con tal exigencia la parte actora inform\u00f3 los correos electr\u00f3nicos de las progenitoras de\u2026 afirmando que fueron suministrados directamente por aquellas a la demandante. <\/p>\n
Sin embargo, nada se dijo de las evidencias que se les exigi\u00f3 allegar y que tiene sustento en la importancia de verificar que la direcci\u00f3n electr\u00f3nica o sitio donde se notifica a los demandados realmente pertenece a ellos pues es la garant\u00eda del derecho al debido proceso que le asiste a la parte pasiva, debido a que es a esa direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico en laque se surtir\u00e1 la notificaci\u00f3n y el traslado de la demanda, comoquiera que el citado decreto exige el env\u00edo de la misma y sus anexos a la parte contraria al momento de ser presentada lo que por dem\u00e1s no se cumpli\u00f3, para posteriormente remitir el auto que la admite, con lo que se tendr\u00e1 por notificado el demandado en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 8\u00ba. De tal manera que incurrir en un yerro en la notificaci\u00f3n dar\u00eda al traste la legalidad de las actuaciones surtidas por realizarse a espaldas de quien tiene el leg\u00edtimo derecho a contradecir los hechos y pretensiones, lo que con tales exigencias se busca evitar (\u2026)\u00bb (\u00e9nfasis de la Sala). <\/p>\n
Adem\u00e1s, con apoyo en la sentencia C-420 de 2020, por medio de la cual la Corte Constitucional efectu\u00f3 el control de constitucionalidad del Decreto Ley 806 de 2020, concluy\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) las exigencias del Decreto\u2026 han de ser cumplidas a cabalidad pues con \u00e9stas se pretende blindar las actuaciones judiciales realizadas en el marco de la virtualidad, por lo que su omisi\u00f3n lleva a la inadmisi\u00f3n de la demanda y la falta o deficiente subsanaci\u00f3n, al rechazo, por tratarse, en este caso, de anexos ordenados por la ley (numeral 2\u00ba del art\u00edculo 90 del C.G.P.) en pro de los derechos de la parte pasiva, que, como se indic\u00f3 en la citada sentencia, no implican sacrificio del derecho de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, pues si no le era posible acreditar que esos correos electr\u00f3nicos pertenec\u00edan a\u2026 bien pudo la demandante optar por la notificaci\u00f3n f\u00edsica, posibilidad establecida en la parte final del inciso cuarto del art\u00edculo 6\u00ba \u00eddem (\u2026)\u00bb <\/p>\n
La anterior determinaci\u00f3n se encuentra debidamente sustentada y contiene un criterio razonable, en tanto que en ella se expusieron los fundamentos jur\u00eddicos que sirvieron de soporte para confirmar la providencia por medio de la cual se rechaz\u00f3 la demanda (luego de su inadmisi\u00f3n y subsanaci\u00f3n deficiente) por inobservancia del deber consagrado en el segundo inciso del art\u00edculo 8\u00ba del Decreto 806 de 2020, en consonancia con el art\u00edculo 90 del C\u00f3digo General del Proceso, desestimando, por esta v\u00eda la postura de la censora, con suficiencia argumentativa. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, las discrepancias planteadas en esta oportunidad son incompatibles con la salvaguarda constitucional, pues lo que se busca es anteponer la propia comprensi\u00f3n jur\u00eddica y hermen\u00e9utica por encima de la autoridad jurisdiccional, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela pues no puede ser utilizada como una instancia adicional a las consagradas en el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
En el presente asunto, aun cuando la gestora del resguardo se\u00f1ala lo que, en su sentir, son \u00aberrores\u00bb en la interpretaci\u00f3n de la normativa llamada a gobernar el asunto, lo que en realidad hace es insistir en puntos que fueron estudiados y resueltos al interior del mismo por los funcionarios competentes, con apoyo en los principios superiores de autonom\u00eda e independencia judicial. <\/p>\n
Conforme con ello, no se evidencia la configuraci\u00f3n de alguna causal de procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra determinaciones judiciales pues la simple expresi\u00f3n de inconformidad con el sentido del pronunciamiento recriminado no es suficiente para habilitar la intervenci\u00f3n extraordinaria, frente a lo que ha sido enf\u00e1tica esta Sala al resaltar que, m\u00e1s all\u00e1: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (CSJ SC, sentencia de 5 de abril de 2010, exp. 00006-01, reiterada el 12 de marzo de 2015, exp. STC2713). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Por lo discurrido, se impone negar el amparo porque la providencia cuestionada no constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta v\u00eda y lo pretendido por el demandante desconoce la \u00f3rbita de competencia del juez constitucional, al buscar imponer su particular comprensi\u00f3n jur\u00eddica, sustituyendo a los funcionarios de instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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