STC3486-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3486-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-02444-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de marzo dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 7 de diciembre de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, que neg\u00f3 la acci\u00f3n constitucional promovida, mediante apoderado judicial, por Camilo Ignacio Villalobos Rubio contra la Sala de Descongesti\u00f3n 2 de Casaci\u00f3n Laboral de la misma Corporaci\u00f3n. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, el Juzgado Diecis\u00e9is Laboral del Circuito de la misma ciudad, la sociedad Automotores Comerciales \u2013Autocom S.A.- y las partes e intervinientes del proceso laboral de radicado 110013105016201600062. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor demand\u00f3 la salvaguarda de su garant\u00eda fundamental al debido proceso. <\/p>\n
2. Del escrito inicial se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. El tutelante present\u00f3 demanda ordinaria laboral contra Automotores Comerciales Autocom S.A., pretendiendo \u00abla declaratoria salarial de las sumas de dinero canceladas en efectivo, conforme lo preceptuado por el art\u00edculo 127 del C\u00f3digo Sustantivo de Trabajo\u00bb, dado que le fueron entregadas \u00abcomo contraprestaci\u00f3n directa de sus servicios para su beneficio y para enriquecer su patrimonio\u00bb; adem\u00e1s, solicit\u00f3 el reconocimiento y pago de las sanciones establecidas en la Ley 50 de 1990 y el art\u00edculo 65 del C.S.T. <\/p>\n
2.2. El asunto correspondi\u00f3 al Juzgado 16 Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, que declar\u00f3 la existencia del contrato de trabajo a t\u00e9rmino indefinido entre las partes y conden\u00f3 a la sociedad demandada a pagar unas sumas de dinero por concepto de prima de servicios, auxilio de cesant\u00edas, intereses a las cesant\u00edas, vacaciones y la indemnizaci\u00f3n por despido sin justa causa, as\u00ed como las indemnizaciones por falta de consignaci\u00f3n del auxilio de cesant\u00edas y la moratoria del art\u00edculo 65 del C.S.T. <\/p>\n
2.3. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, el 3 de mayo de 2018, confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo. <\/p>\n
2.4. En sede de casaci\u00f3n, la Sala accionada, mediante sentencia SL4056-2021, cas\u00f3 parcialmente las sentencias de instancia y revoc\u00f3 lo relativo a las indemnizaciones previstas en los art\u00edculos 99 de la Ley 50 de 1990 y 65 del CST. <\/p>\n
2.5. Frente a la determinaci\u00f3n anterior, el promotor censur\u00f3 que incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico, pues la conclusi\u00f3n adoptada corresponde a \u00abun parecer (\u2026) que no guarda relaci\u00f3n con la veracidad de los hechos acreditados dentro del proceso\u00bb, dado que se demostr\u00f3 que la accionada \u00abcontaba con una infraestructura preconcebida para ocultar el pago de esos dineros frente a los trabajadores y las entidades administradoras del sistema general de seguridad social\u00bb, por lo cual entregaba el dinero en efectivo, circunstancia que evidenciaba su inter\u00e9s en mantenerlo oculto. Enfatiz\u00f3 que no entend\u00eda como \u00absiendo la accionada la m\u00e1xima autoridad en la justicia ordinaria profiere decisiones sin fundamento\u00bb. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, inst\u00f3 dejar sin efecto la sentencia emitida el 30 de agosto de 2021 por la Sala de Descongesti\u00f3n 2 de Casaci\u00f3n Laboral. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n 2 de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia pidi\u00f3 negar el amparo, toda vez que la decisi\u00f3n censurada \u00abse adopt\u00f3 en atenci\u00f3n a la jurisprudencia de la Sala Laboral Permanente de la Corte Suprema de Justicia\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, destac\u00f3 que estaba probado que la sociedad empleadora \u00abactu\u00f3 regida por el principio de la buena fe, al creer que el acuerdo de desalarizaci\u00f3n que se consign\u00f3 en el contrato de trabajo suscrito entre las partes (\u2026) ten\u00eda plena validez\u00bb. Y precis\u00f3 que, por el cargo que ten\u00eda el demandante, \u00abcontaba con la potestad de poner de presente ante la persona competente dentro de la empresa de acuerdo a la estructura organizacional, la equivocaci\u00f3n en la que se estaba incurriendo al momento de liquidarse y efectuarse los pagos propios del contrato de trabajo\u00bb, supuestos bajo los cuales no encontr\u00f3 soporte de la mala fe por parte de la empresa, elemento necesario para imponer la indemnizaci\u00f3n pretendida. <\/p>\n
2. Autocom S.A. solicit\u00f3 declarar la improcedencia del amparo, dado que la decisi\u00f3n adoptada \u00aben ning\u00fan momento se amenaz\u00f3 y\/o vulner\u00f3 alg\u00fan derecho fundamental del accionante\u00bb, de manera que lo pretendido era \u00abrevivir un debate jur\u00eddico que ya se agot\u00f3 por parte del Juez Natural\u00bb. <\/p>\n
3. El Juzgado 16 Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 se\u00f1al\u00f3 que no vulner\u00f3 derecho alguno al actor, pues cumpli\u00f3 \u00abcon las disposiciones procedimentales y formales para el caso\u00bb, raz\u00f3n por la cual requiri\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de la acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo, al considerar que \u00abla decisi\u00f3n cuestionada s\u00ed incorpor\u00f3 la valoraci\u00f3n probatoria en que fundamenta su determinaci\u00f3n, la cual no se vislumbra como grosera o arbitraria pues encuentra soporte en hechos acreditados en el expediente como son la mencionada cl\u00e1usula contractual y el cargo que ostent\u00f3 el accionante en la empresa\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 la parte accionante, reiterando los argumentos expuestos en la petici\u00f3n inicial. A su vez, destac\u00f3 que el fallo de primera instancia \u00abse limita a transcribir lo indicado en la decisi\u00f3n considerada como injusta, sin realizar una valoraci\u00f3n del material probatorio obrante dentro del proceso, ni hacer el ejercicio comparativo entre las pruebas recaudadas, lo que desdibuja el an\u00e1lisis real respecto de la existencia o no de la v\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el actor pretende que se deje sin efecto la sentencia emitida el 30 de agosto de 2021 por la Sala de Descongesti\u00f3n 2 de Casaci\u00f3n Laboral <\/p>\n
2. En primer lugar, resulta indispensable puntualizar que la acci\u00f3n de tutela es improcedente para reabrir los asuntos ya propuestos y decididos en los respectivos procesos judiciales, pues de interpretarse de esa manera las reglas que regulan este mecanismo no solo se desconocer\u00eda la instituci\u00f3n de la cosa juzgada, sino que se quebrantar\u00edan los principios de la autonom\u00eda e independencia de los jueces; en ese orden, la jurisprudencia constitucional ha considerado que solo excepcionalmente se puede acudir a la protecci\u00f3n ius fundamental, en el evento en que el juzgador adopte una determinaci\u00f3n o adelante un tr\u00e1mite en forma alejada de lo atendible, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del ciudadano. <\/p>\n
3. Ahora bien, mediante la sentencia SL4056-2021, la Sala accionada resolvi\u00f3 el asunto debatido e indic\u00f3 que la sociedad recurrente planteaba cuatro imputaciones al Tribunal, relacionadas con la mala apreciaci\u00f3n de unas pruebas, por lo que, al respecto, luego de precisar el concepto sobre el error de hecho en material laboral y el respeto por la libertad e independencia de la labor de juzgamiento en las instancias, contenidos en las sentencias CSJ SL2879 y SL4141 ambas de 2019, procedi\u00f3 a analizar el material probatorio que fue denunciado como err\u00f3neamente apreciado. <\/p>\n
3.1. Comenz\u00f3 por estudiar el interrogatorio de parte rendido por el demandante, del cual se\u00f1al\u00f3 que no configuraba confesi\u00f3n alguna, toda vez que \u00abno realiz\u00f3 ninguna manifestaci\u00f3n que lo perjudicara y favoreciera a la contraparte, por el contrario, afirm\u00f3 que nunca se pact\u00f3 entre las partes desalarizar la suma de dinero entregada mensualmente al demandante, bajo el concepto de bonificaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3.2. En cuanto a la cl\u00e1usula cuarta del contrato de trabajo, que evidenciaba la voluntad de las partes de excluir del salario cualquier otro factor pagado al actor, destac\u00f3 que el error alegado no era tal, pues lo referido desconoc\u00eda lo expuesto por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral Permanente en la sentencia CSJ SL1798-2018, en el sentido de que el acuerdo entre las partes orientado a especificar qu\u00e9 beneficios no tienen incidencia salarial debe ser expreso, claro, preciso y detallado en los rubros que cobija y, en esa medida, era viable concluir que, ante la imprecisi\u00f3n de la denominaci\u00f3n de la \u00abbonificaci\u00f3n\u00bb, no era posible asimilarla autom\u00e1ticamente al concepto de una bonificaci\u00f3n no salarial. <\/p>\n
3.3. En lo pertinente a la indebida apreciaci\u00f3n de los comprobantes de n\u00f3mina, las comunicaciones dirigidas al accionante, las certificaciones laborales, la carta de terminaci\u00f3n del contrato de trabajo y la liquidaci\u00f3n final de acreencias laborales, en los que, en sentir de la recurrente, estaba consignado el pacto de desalarizaci\u00f3n de la bonificaci\u00f3n pagada mensualmente, resalt\u00f3 que, al no mencionarse dicha documental ante el Tribunal, no pod\u00eda evidenciarse el error enunciado por la casacionista y, por esa circunstancia, acorde con lo esbozado en la sentencia de casaci\u00f3n de la CSJ SL, 11 abril 2000, rad. 13423, se imposibilitaba, en sede de casaci\u00f3n, interpretar lo que no fue aducido por la parte. <\/p>\n
3.4. En ese orden, enfatiz\u00f3 que, si bien la recurrente relacion\u00f3 una serie de pruebas que estim\u00f3 mal apreciadas, lo cierto era que no se expres\u00f3 el desatino en su valoraci\u00f3n, lo que llevaba a concluir que el cargo se asemejaba m\u00e1s a un alegato de instancia. <\/p>\n
3.5. No obstante, en lo concerniente a los yerros relacionados con la buena fe con la que actu\u00f3 la accionada, la Sala de Descongesti\u00f3n s\u00ed encontr\u00f3 que el Tribunal hab\u00eda incurrido en equ\u00edvoco al condenar a Autocom S.A. al reconocimiento y pago de las indemnizaciones moratorias de los art\u00edculos 99 de la Ley 50 de 1990 y del 65 del CST, toda vez que consider\u00f3 que la demandada hab\u00eda actuado \u00abbajo la creencia de que el acuerdo de desalarizaci\u00f3n que se consign\u00f3 en el contrato de trabajo suscrito entre las partes, en el par\u00e1grafo primero de la cl\u00e1usula cuarta, ten\u00eda plena validez\u00bb, aunado al hecho de que el cargo de director administrativo del actor le permit\u00eda a este alertar a la organizaci\u00f3n de un potencial yerro en el que estaba incurriendo, circunstancias estas que exoneraban a la sociedad de haber incurrido en conductas catalogadas como de mala fe. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, se sigue que la determinaci\u00f3n cuestionada no resulta arbitraria ni manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, pues, como se vio, fue proferida a la luz de la normatividad aplicable, la jurisprudencia relacionada con el tema y las probanzas allegadas, acorde con las cuales la Sala convocada concluy\u00f3 que la sentencia cuestionada s\u00ed realiz\u00f3 la valoraci\u00f3n probatoria pertinente para proferir la decisi\u00f3n respectiva, empero, al encontrar que no estaba acreditada la mala fe de la sociedad demandada la absolvi\u00f3 del pago de las indemnizaciones moratorias sancionatorias impuestas. <\/p>\n
Por tanto, analizada la sentencia reprochada se advierte que las razones por las que el promotor acusa la actuaci\u00f3n judicial tienen como sustento un disentimiento particular frente a los argumentos que la Sala de Descongesti\u00f3n convocada tuvo en cuenta para resolver el recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
En ese orden, debe recordarse que las inconformidades de las partes frente a las decisiones adoptadas no habilitan la intervenci\u00f3n del juez constitucional, por cuanto lo que hace es insistir (indirectamente) sobre puntos resueltos de fondo en esa causa. A su turno, se revela con ello la intenci\u00f3n de utilizar el resguardo como un recurso adicional, perdiendo as\u00ed su car\u00e1cter excepcional y residual. <\/p>\n
4.1. As\u00ed, en punto del an\u00e1lisis de las providencias judiciales a trav\u00e9s de este mecanismo, esta Colegiatura ha considerado, que \u00ab[A]l juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (CSJ STC1161-2021). <\/p>\n
En ese sentido, esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01, reiterada en STC7495-2020 17 sep, Rad. 2020-00255-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (STC 28. mar. 2012, Rad. 00022-01, reiterada en STC7348-2020. 14 sep, Rad. 2020-00485-01). <\/p>\n
4.2. Adicionalmente, se resalta que la tutela no es una instancia para reabrir el debate probatorio, pues, sobre la \u00abvaloraci\u00f3n probatoria\u00bb, la Sala ha establecido, entre m\u00faltiples decisiones, verbigracia, CSJ STC6666-2019, May. 28 de 2019, rad. 2019-00592-01, que: <\/p>\n
\u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo\u00bb. <\/p>\n
Con base en lo anterior, no es posible devolvernos a la reconstrucci\u00f3n del an\u00e1lisis probatorio realizado, dado que, como se anot\u00f3, la Sala atacada analiz\u00f3 los medios de prueba allegados y razonadamente concluy\u00f3 que no permit\u00edan llegar a las conclusiones pretendidas por el tutelante, bajo una hermen\u00e9utica plausible que no amerita la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
5. Hechas las anteriores precisiones, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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