STC3487-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC3487-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-02231-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 11 de noviembre de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Ver\u00f3nica y David Jaramillo L\u00f3pez, Claudia y Cristina Arbel\u00e1ez Bridge instauraron en contra de la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Los gestores, a trav\u00e9s de apoderado, suplicaron la protecci\u00f3n de las prerrogativas al \u00abdebido proceso\u00bb y \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, para que se ordenara a la autoridad enjuiciada dejar sin efectos la providencia emitida el 1\u00ba de septiembre de 2021 y, en su lugar: (i) \u00abLevant[ar] las medidas cautelares de embargo, secuestro y p\u00e9rdida del poder dispositivo [que recaen] sobre el predio identificado con M.I. 010-2867 (\u2026) en el porcentaje al 28% correspondiente a los socios minoritarios\u00bb; (ii) Subsidiariamente rogaron \u00abreconocer la calidad de afectados como socios minoritarios\u00bb. <\/p>\n
En compendio, sostuvieron que la Fiscal\u00eda Veintis\u00e9is de la Direcci\u00f3n Especializada de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio decret\u00f3 \u201cmedidas cautelares\u201d consistentes en la \u201csuspensi\u00f3n del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesi\u00f3n de bienes, haberes, negocios, entre otros\u201d de la finca \u201cEl Morr\u00f3n\u201d con M.I. 010-2867 ubicada en el municipio de Fredonia, Antioquia (26 ag. 2019), en el juicio penal que adelanta contra C.I.J. Guti\u00e9rrez & C\u00eda. S.A., al encontrarse presuntamente involucrada en la comisi\u00f3n de actividades il\u00edcitas seg\u00fan el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 16 de la Ley 1708 de 2014 -C\u00f3digo de Extinci\u00f3n de Dominio- (rad. 2020-046-01). <\/p>\n
Manifestaron que la referida heredad fue adquirida por la empresa Inversiones Agropecuaria Morr\u00f3n S.A. a trav\u00e9s de la escritura p\u00fablica n\u00ba 713 del 15 de febrero de 2010 de la Notar\u00eda 29 del C\u00edrculo de Medell\u00edn, sociedad que, tal como consta en el certificado de constituci\u00f3n de la C\u00e1mara de Comercio, est\u00e1 conformada por C.I.J. Guti\u00e9rrez & C\u00eda. S.A. a quien corresponde el 72%, y por ellos, accionistas minoritarios, que compraron el 28% restante. <\/p>\n
Aseguraron que en misiva de 6 de agosto de 2020, reiterada el 21 de septiembre de ese a\u00f1o, exigieron al ente acusador \u201cel levantamiento de la medida cautelar en el porcentaje no afectado debido a que la medida se inscribi\u00f3 y materializ\u00f3 sobre el 100% del inmueble (\u2026), [se] tom\u00f3 posesi\u00f3n de toda la sociedad y (\u2026) el 28 de enero de 2020 design\u00f3 como depositaria provisional a Ana Umaima Sauda Palomino\u201d, desestimadas el 31 de agosto y 21 de octubre siguientes; raz\u00f3n por la cual requirieron control de legalidad de las actuaciones con apoyo en la causal 1\u00ba del art\u00edculo 112 de la Ley 1708 de 2014, rechazado de plano por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de esa especialidad, en prove\u00eddo (19 feb. 2021) que el superior ratific\u00f3, al advertir, entre otras cosas, que no ten\u00edan \u201clegitimaci\u00f3n en la causa (\u2026) [pues] no [ostentan] calidad de afectados en el proceso\u201d (1\u00ba sep.). <\/p>\n
Contaron que, en raz\u00f3n a lo revelado por el ad quem en esa decisi\u00f3n, exhortaron al representante legal de la compa\u00f1\u00eda investigada \u201cgestionar el control de legalidad de las medidas cautelares respecto del referido inmueble\u201d, pero aquel respondi\u00f3 negativamente (5 oct.). <\/p>\n
Se\u00f1alaron que promovieron \u201cacci\u00f3n de tutela\u201d contra la \u201cSociedad de Activos Especiales\u201d con el objetivo de \u201cal menos continuar con el ejercicio de los derechos societarios derivados de la condici\u00f3n de socios\u201d, empero, el Juzgado Trece Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento neg\u00f3 el amparo por improcedente (9 mar.), determinaci\u00f3n convalidada por el Tribunal Superior de Medell\u00edn (13 abr.). <\/p>\n
Adujeron que desde el d\u00eda que conocieron de las cautelas, han impulsado m\u00faltiples tr\u00e1mites, pero todos han sido frustrados, por tanto, se encuentran en situaci\u00f3n de \u201cindefensi\u00f3n constitucional y legal\u201d porque \u201cya no existen mecanismos que permitan defender la potencial afectaci\u00f3n que supondr\u00eda la extinci\u00f3n de dominio del inmueble\u201d. <\/p>\n
Relievaron que, en virtud de lo narrado, \u201cdeben ser calificados como verdaderos afectados y garantizarles todos los derechos\u201d, toda vez que si bien \u201cformalmente (\u2026) no se ha proferido medida cautelar [en el] 28% de las acciones, (\u2026) si se extinguiera en un 100% el patrimonio, materialmente se les est\u00e1 extinguiendo ese 28%\u201d. <\/p>\n
2.- El Juzgado Trece Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento relat\u00f3 lo acaecido en el resguardo n\u00ba 2020-00141 formulado por los actores contra la Sociedad de Activos Especiales S.A.E., S.A.S. y asever\u00f3 que lo alegado ahora no guarda relaci\u00f3n con lo expuesto en esa ocasi\u00f3n, por cuanto \u201csurgieron nuevas situaciones y decisiones que escapan a la \u00f3rbita de competencia del juzgado\u201d. <\/p>\n
La Fiscal\u00eda Veintis\u00e9is de la Direcci\u00f3n Especializada de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio explic\u00f3 que la contienda criticada, a la fecha, est\u00e1 en el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio, a quien correspondi\u00f3 por reparto y el 24 de marzo de 2021 avoc\u00f3 conocimiento de la demanda disponiendo la notificaci\u00f3n de los sujetos involucrados. <\/p>\n
Destac\u00f3 que Claudia y Cristina Arbel\u00e1ez Bridge s\u00ed tienen \u201ccalidad de afectadas en el proceso de extinci\u00f3n de dominio de C.I.J. Guti\u00e9rrez & C\u00eda. S.A.\u201d, al punto que \u201cse aportaron los datos para su notificaci\u00f3n\u201d, de manera que pueden acudir, tener acceso a las diligencias \u201cy ejercer la oposici\u00f3n correspondiente a la pretensi\u00f3n (\u2026) sobre la totalidad de los bienes\u201d y, que \u201cno es el proceso de extinci\u00f3n de dominio ni la acci\u00f3n de tutela para dirimir esa situaci\u00f3n, (\u2026) pues los aqu\u00ed demandantes cuentan con otra v\u00eda jurisdiccional para hacer valer sus derechos\u201d, contemplada en el art\u00edculo 40 de la Ley 1258 de 2008; por ende, no se cumple con el requisito de subsidiariedad. <\/p>\n
LA SENTENCIA Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- El a quo neg\u00f3 la salvaguarda tras colegir que \u00abla petici\u00f3n de los actores fue atendida oportunamente, y si bien no se accedi\u00f3 a la misma, tambi\u00e9n lo es que las demandadas explicaron en forma clara y razonable los motivos que la llevaron a rechazarla de plano. Se aprecia que las autoridades accionadas, al momento de resolver el caso concreto, realizaron una interpretaci\u00f3n razonable y ponderada de las normas jur\u00eddicas vigentes, sin que se observe imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, porque \u00abno se puede pasar por alto que el proceso de extinci\u00f3n de dominio se encuentra en etapa de juzgamiento, raz\u00f3n suficiente para indicar que mientras el proceso est\u00e9 en curso cualquier solicitud de protecci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales debe hacerse exclusivamente en ese escenario porque, de lo contrario, todas las decisiones provisionales que se tomen en el transcurso de la actuaci\u00f3n penal estar\u00edan siempre forzadas a la eventual revisi\u00f3n de un juez ajeno a ella, como si se tratara de una instancia superior adicional a las previstas para el normal desenvolvimiento de los procesos judiciales\u00bb. <\/p>\n
2.- Recurrieron los libelistas con los mismos argumentos del escrito primigenio, resaltando que la Sala de Casaci\u00f3n Penal, al avalar el interlocutorio criticado, \u201cincurri\u00f3 en una deficiente motivaci\u00f3n\u201d, al aludir que \u00e9ste \u201cresultaba razonable, pero sin dar mayores (\u2026) explicaciones al respecto\u201d. Discreparon del car\u00e1cter residual atribuido a esta acci\u00f3n \u201ccuando el meollo del asunto es que no tienen legitimaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De entrada, se anuncia la inviabilidad del socorro y, por ende, la confirmaci\u00f3n del veredicto opugnado, por las razones que a continuaci\u00f3n se exponen. <\/p>\n
2.- Liminarmente, la providencia confutada, expedida por la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 (1\u00ba sep. 2021), no fue el resultado de criterios subjetivos u ostensiblemente alejados del ordenamiento patrio o de la realidad procesal. <\/p>\n
En efecto, para solventar la controversia planteada, fij\u00f3 el problema jur\u00eddico ci\u00f1\u00e9ndolo a auscultar el pronunciamiento mediante el cual el Juzgado Segundo Penal del Circuito de esa especialidad \u00abrechaz\u00f3 de plano el control de legalidad\u00bb reclamado por los petentes al no encontrar acreditada la \u00ablegitimidad\u00bb de aquellos. <\/p>\n
Seguidamente, en el ac\u00e1pite que denomin\u00f3 \u00abcuestiones preliminares\u00bb, comprimi\u00f3 los postulados desarrollados por la jurisprudencia y las normas en cuanto a \u00abla naturaleza jur\u00eddica, importancia y alcance de las medidas precautelativas (\u2026) en el proceso extintivo de dominio\u00bb y, con esos elementos, cavil\u00f3 que la Ley 1708 de 2014 conserv\u00f3 la facultad a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n para que \u00abde manera directa o a trav\u00e9s de sus delegadas\u00bb las decrete -art\u00edculo 87, modificado por el canon 19 de la Ley 1849 de 2017- en la demanda primigenia -art\u00edculo 87-, o antes cuando existan motivos fundados -art\u00edculo 89-, o a petici\u00f3n de parte en la fase de juzgamiento -art\u00edculo 111-; y asimismo subray\u00f3, en cuanto su finalidad que: <\/p>\n
\u00abi) son compatibles con la naturaleza p\u00fablica de la acci\u00f3n y con los intereses superiores del Estado que se busca proteger a trav\u00e9s del ejercicio de la misma; ii) protegen, de manera provisional, y mientras dura el proceso, la integridad del derecho de propiedad que se controvierte en el mismo; iii) son medidas preventivas que tienen como prop\u00f3sito asegurar que la decisi\u00f3n judicial que finalmente se adopte, al finalizar el juicio, sea materialmente ejecutada; y iv) garantizan el principio de publicidad e impiden la posibilidad de que se afecte la tradici\u00f3n y el tr\u00e1nsito normal de los negocios jur\u00eddicos relacionados con los bienes afectados\u00bb. <\/p>\n
Ahora, en lo que concierne con el \u00abcontrol de legalidad\u00bb de \u00e9stas, indic\u00f3 que el mencionado estatuto -Ley 1708 de 2014- previ\u00f3 la posibilidad de esa herramienta, en raz\u00f3n a que contra la decisi\u00f3n que las imponga, \u00abno proceden los recursos ordinarios, circunstancia que es consecuencia directa, de eliminar la segunda instancia dentro de la fase que adelanta la Fiscal\u00eda\u00bb, de ah\u00ed que tal rogativa debe ser elevada por \u00abel afectado, el Ministerio P\u00fablico o el Ministerio de Justicia y del Derecho\u00bb debidamente motivada. <\/p>\n
Bajo ese derrotero, anot\u00f3 las cuatro hip\u00f3tesis regladas en el canon 112 \u00eddem para efectos de \u00abdecretar su ilegalidad\u00bb en los eventos que: <\/p>\n
\u00abi) no existan los elementos m\u00ednimos de juicio suficientes para considerar que probablemente los bienes afectados con la medida tengan v\u00ednculo con alguna causal de extinci\u00f3n de dominio; ii) la materializaci\u00f3n de la medida cautelar no se muestre como necesaria, razonable y proporcional para el cumplimiento de sus fines; iii) la decisi\u00f3n de imponer la medida cautelar no haya sido motivada; y iv) est\u00e9 fundamentada en pruebas il\u00edcitamente obtenidas\u00bb. <\/p>\n
A partir de all\u00ed, descendi\u00f3 al sub examine y verific\u00f3 si en realidad los suplicantes ten\u00edan la calidad de \u00abafectados\u00bb, descrita en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 30 de la se\u00f1alada Ley, as\u00ed: \u00abtoda persona, natural o jur\u00eddica, que alegue ser titular de derechos sobre alguno de los bienes que sean objeto de la extinci\u00f3n de dominio\u00bb y que adem\u00e1s \u00abel inter\u00e9s respecto de los bienes objeto de extinci\u00f3n de dominio, (…) [sea] de car\u00e1cter patrimonial\u00bb. <\/p>\n
Con esas bases, y de las pruebas que reposan en el dossier, concluy\u00f3: <\/p>\n
\u00aben raz\u00f3n a que el bien es de propiedad de Inversiones Agropecuarias Morr\u00f3n, no est\u00e1n legitimados para proponer dicho control de legalidad los socios Ver\u00f3nica Jaramillo L\u00f3pez, Claudia Arbel\u00e1ez Bridge, Cristina Arbel\u00e1ez Bridge y David Jaramillo L\u00f3pez, sino que corresponde al representante legal de la sociedad\u00bb. <\/p>\n
Ello, en atenci\u00f3n a que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el predio identificado con la MI N\u00b0 010-2867 fue adquirido por la sociedad Inversiones Agropecuarias Morr\u00f3n S.A.S., conforme se hace constar con: (i) Escritura P\u00fablica N\u00b0 713 del 15 de febrero de 2010 en la que se verifica la compraventa del inmueble por la sociedad en el que se establece \u201c\u2026El precio del inmueble objeto de esta compraventa asciende a la suma de OCHOCIENTOS MILLONES de pesos M\/L ($800.000.000), suma que la sociedad compradora ha pagado a entera satisfacci\u00f3n\u2026\u201d34 (ii) Escritura p\u00fablica N\u00b0 2658 del 19 de mayo de 2010 por medio de la cual aclara linderos se asever\u00f3 \u201c\u2026Que por medio de escritura p\u00fablica n\u00famero setecientos trece (713) otorgada en la Notaria 29 de Medell\u00edn, el quince (15) de febrero de dos mil diez (2010), el se\u00f1or Luis Fernando Escobar Rojas transfiri\u00f3 a t\u00edtulo de compraventa a favor de la sociedad INVERSIONES AGROPECUARIAS MORR\u00d3N S.A.S. el siguiente inmueble: Una finca rural en el Municipio de Fredonia, del Departamento de Antioquia, conocida con el nombre de Morr\u00f3n con tres casas de habitaci\u00f3n, corrales para el manejo de ganado y dem\u00e1s mejoras y anexidades, identificada con la matr\u00edcula inmobiliaria n\u00famero 010-0002867\u2026\u201d35; (iii) Ficha predial N\u00b0 10202819 expedida por la Gobernaci\u00f3n de Antioquia en el que se registra como due\u00f1o a la sociedad36; (iv) Certificado de Tradici\u00f3n y libertad del predio con MI N\u00b0010-0002867 en el que se registra como anotaci\u00f3n 10 del 25 de mayo de 2010 la compraventa celebrada entre Luis Fernando Escobar Rojas y la Sociedad Inversiones Agropecuaria Morr\u00f3n S.A.S\u00bb. <\/p>\n
Significa, entonces, que ning\u00fan desatino se advierte en la resoluci\u00f3n refutada, puesto que es el producto de un pormenorizado examen de los hechos; y al margen de que la Sala o el suplicante compartan o no tales reflexiones, las mismas no pueden tildarse de sesgadas o caprichosas, ya que obedecen a una leg\u00edtima ex\u00e9gesis, avalada por el contexto particular que evidenciaba el paginario. <\/p>\n
3.- Concerniente al anhelo encaminado a que se les \u00abrecono[zca] la calidad de afectados socios minoritarios\u00bb, se subraya que, de un lado, es inexistente la vulneraci\u00f3n aducida y, de otro, no se colma la exigencia de la \u00absubsidiariedad\u00bb. <\/p>\n
Ello, por cuanto, tal como lo expuso el Fiscal asignado al asunto en la contestaci\u00f3n a este auxilio y contrastada dicha informaci\u00f3n con la vertida en el material suasorio, Claudia y Cristina Arbel\u00e1ez Bridge ya tienen la \u00abcalidad de afectadas\u00bb en la contienda de \u00abextinci\u00f3n de dominio n\u00ba 2020-046-1\u00bb -fl. 751, cdno. \u201cDemanda\u201d- como accionistas de C.I.J. Guti\u00e9rrez & C\u00eda. S.A. y, por ende, requiri\u00f3 se emprendiera su enteramiento a la \u201cCra. 27#7B-180 apto 1806 Santa Mar\u00eda del Bosque en Medell\u00edn\u201d y \u201cCra. 32#10-22 en Medell\u00edn\u201d, respectivamente; de manera que aquellas pueden asistir y ejercer -si as\u00ed lo estiman- los \u201cderechos del afectado\u201d enlistados en el art\u00edculo 13 de la Ley 1708 de 2014 -modificado por el art\u00edculo 3 de la Ley 1849 de 2017-, entre estos, las oposiciones a las que haya lugar. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, si alguna inquietud tienen frente al rito en cuesti\u00f3n, ser\u00e1 en el desarrollo normal de ese litigio donde deber\u00e1n exhibirla, sin que puedan soslayar las herramientas id\u00f3neas de \u00abdefensa\u00bb que concede la ley adjetiva. <\/p>\n
3.1.- Por \u00faltimo, se pone de presente a los tutelantes que las diferencias que se susciten con el administrador de Inversiones Agropecuarias Morr\u00f3n S.A.S. nombrado por la SAE (Sociedad de Activos Especiales) y\/o con los socios, pueden interponer las acciones contempladas en los art\u00edculos 40 o 42 de la Ley 1258 de 2008, seg\u00fan sea el caso, habida cuenta que son los mecanismos que resultan id\u00f3neos para rebatir las inconformidades aqu\u00ed tra\u00eddas, relacionadas con los posibles perjuicios causados con ocasi\u00f3n a los actos defraudatorios de la entidad involucrada o para la \u00abresoluci\u00f3n\u00bb de los conflictos societarios. <\/p>\n
Esta Corte ha esbozado en forma reiterada, que <\/p>\n
\u201c(\u2026) este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas (STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01, reiterada en STC8897-2017, STC6904-2020, STC14309-2021). <\/p>\n
4.- Ergo, se refrendar\u00e1 el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados, y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
(AUSENCIA JUSTIFICADA) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(AUSENCIA JUSTIFICADA) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(AUSENCIA JUSTIFICADA) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC3487-2022 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC3487-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-02231-01 (Aprobado en Sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de marzo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 11 de noviembre de 2021 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-62243","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62243","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62243"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62243\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62243"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62243"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62243"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}