STC3497-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3497-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-00818-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Sala decide el resguardo constitucional promovido por la administradora del Condominio y Club Campestre Palma Real y los copropietarios Ana In\u00e9s Ball\u00e9n de Hern\u00e1ndez, Jairo de Jes\u00fas Casas Hern\u00e1ndez y Wiston Vairon Leguizam\u00f3n Barrera contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes en el proceso de radicado 2017-00472. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los gestores, a trav\u00e9s de apoderada judicial, demandaron la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. El 30 de septiembre de 2017, se llev\u00f3 a cabo la Asamblea General Extraordinaria convocada por nueve propietarios del Condominio y Club Campestre Palma Real, con el fin \u00fanico de aprobar la reforma al reglamento de propiedad horizontal de la copropiedad1. <\/p>\n
2.2. Estando en tr\u00e1mite la reuni\u00f3n, el due\u00f1o del apartaestudio 207 se\u00f1al\u00f3 que, en sentencia C-522 de 2002, la Corte Constitucional estableci\u00f3 que \u00ablas votaciones que no fueran de car\u00e1cter econ\u00f3mico deb\u00edan hacerse de forma nominal\u00bb, mientras que \u00ablas decisiones que est\u00e9n revestidas de car\u00e1cter econ\u00f3mico se deben votar por coeficiente\u00bb2. <\/p>\n
2.3. Por la raz\u00f3n aludida, el presidente de la asamblea someti\u00f3 a sufragio la manera en la que deber\u00eda votarse la reforma del reglamento, ganando el voto nominal. Y, como resultado de la votaci\u00f3n respectiva, se obtuvo que la mayor\u00eda nominal no aprob\u00f3 la propuesta de reforma presentada a la asamblea3. <\/p>\n
2.4. El 6 de mayo de 2018, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Fusagasug\u00e1 admiti\u00f3 la demanda verbal de impugnaci\u00f3n del acta de la asamblea referenciada4, promovida por Carlos Fernando G\u00f3mez Ram\u00edrez y Johana Mar\u00eda \u00c1lvarez L\u00f3pez, cuya \u00fanica pretensi\u00f3n fue que \u00abse declare la nulidad del Acta de la Asamblea General Extraordinaria de fecha 30 de septiembre de 2017; puesto que el \u00fanico punto a tratar en el orden del d\u00eda era reformar el reglamento de propiedad horizontal, para lo cual se exig\u00eda para tomar la decisi\u00f3n la mayor\u00eda calificada del 70%, y las votaciones debieron realizarse por coeficiente de copropiedad, pero fueron realizadas, por voto nominal, es decir, un voto por cada unidad privada\u00bb5. <\/p>\n
2.5. El 13 de marzo de 2020, tuvo lugar la audiencia de que tratan los art\u00edculos 372 y 373 del C\u00f3digo General del Proceso, en la cual el Juzgado de conocimiento neg\u00f3 las pretensiones de los demandantes6, al considerar que la reforma del reglamento no se relacionaba con aspectos de car\u00e1cter econ\u00f3mico, por lo cual proced\u00eda el voto nominal. <\/p>\n
2.6. El 28 de septiembre de 2021, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca revoc\u00f3 la sentencia de primera instancia y, en su lugar, declar\u00f3 \u00abnulo el acto de asamblea general extraordinaria del Condominio y Club Campestre Palma Real, llevada a cabo el 30 de septiembre de 2017\u2026\u00bb, en cuanto aprob\u00f3 la variaci\u00f3n en la votaci\u00f3n requerida para modificar los estatutos de propiedad horizontal y las decisiones que de all\u00ed se derivaron7. <\/p>\n
Asimismo, indicaron que se configur\u00f3 un error judicial, porque no se valoraron en debida forma las pruebas decretadas que evidenciaban la realidad f\u00e1ctica del proyecto, pues la actividad comercial inicialmente prevista para el condominio nunca se realiz\u00f3. <\/p>\n
Finalmente, sostuvieron que hubo desconocimiento del precedente, bajo el fundamento de que \u00abel Art. 46 de la Ley 675 de 2001 escapa a la modulaci\u00f3n de la sentencia 522 de 2002 porque, este, no fue demandado por inconstitucional, en el proceso en que fue emitida dicha sentencia\u00bb, vulnerando el derecho a la igualdad, \u00abpues ser\u00edan objeto de imposici\u00f3n de las decisiones de una minor\u00eda de copropietarios en las votaciones de las pr\u00f3ximas asambleas\u00bb. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, solicitaron \u00abrevocar la Sentencia de 28 de septiembre de 2021, proferida por el Tribunal Superior de Cundinamarca Sala Civil-Familia dentro del expediente 2017-00472-01 y en su lugar confirmar la Sentencia de 13 de marzo de 2020, proferida por el Juez Segundo Civil del Circuito de Fusagasug\u00e1\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca arguy\u00f3 que los planteamientos expuestos por los promotores contra la sentencia dictada en segunda instancia, \u00aba m\u00e1s de ser sesgados y parcializados, comoquiera que dentro de la decisi\u00f3n se plantearon las razones por las cuales, era viciado de nulidad el acto de asamblea demandado\u00bb, eran improcedentes, toda vez que no se hizo uso \u00abde las herramientas legales que est\u00e1n previstas por la normatividad, para proponer la discusi\u00f3n que hoy expone, como es, con el recurso extraordinario de casaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el caso sub examine, los actores reclaman la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, que consideran vulnerados con el fallo dictado el 28 de septiembre de 2021, en el cual, seg\u00fan su criterio, se incurri\u00f3 defecto procedimental absoluto y en error judicial manifiesto, al discutir la naturaleza del condominio, tema que no hab\u00eda sido objeto de apelaci\u00f3n; adem\u00e1s, por desconocimiento del precedente constitucional, pues concluy\u00f3 que \u00abque la votaci\u00f3n ha debido ser por coeficiente. y no nominal como se hizo\u00bb, en contrav\u00eda de lo previsto en la sentencia C-522-2002. <\/p>\n
2. De manera preliminar advierte la Sala que, como la tutela fue promovida, a trav\u00e9s de apoderada judicial, por la administradora del Condominio y Club Campestre Palma Real, persona jur\u00eddica que fue accionada en el proceso cuestionado, se encuentra legitimada en la causa por activa, por lo cual la Sala proceder\u00e1 a resolver el asunto. <\/p>\n
Lo anterior, dado que, acorde con la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, \u00abcuando la presunta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales dimana de actuaciones cumplidas en un tr\u00e1mite judicial, la legitimidad para pretender su reparaci\u00f3n s\u00f3lo est\u00e1 radicada en quienes son parte en tal asunto y no, como aqu\u00ed acontece, en quien no tiene tal calidad\u00bb (CSJ SC, 17 jun. 2008, rad. 2008-00795-01, reiterada en STC9278-2020, 28 oct. 2020, rad. 2020-00011 y STC14371-2021. (Se resalta). <\/p>\n
3. Ahora bien, frente al tema objeto de debate, del escrutinio del decurso procesal se evidencia que no se cumple con el presupuesto general de subsidiariedad exigido para la salvaguarda impetrada. <\/p>\n
3.1. Esto, como quiera que respecto de la providencia del 28 de septiembre de 20218, mediante la cual la autoridad judicial convocada resolvi\u00f3 la alzada propuesta contra el prove\u00eddo del 13 de marzo de 2020, el Condominio -entonces accionado- no interpuso el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, de conformidad con lo previsto en el C\u00f3digo General del Proceso, dejando fenecer la oportunidad con que contaba para que le fuera revisada su discrepancia. <\/p>\n
3.2. Trat\u00e1ndose de los requisitos del referido medio impugnatorio, espec\u00edficamente de la cuant\u00eda del inter\u00e9s para recurrir, deviene imperioso resaltar que, si bien el art\u00edculo 338 del estatuto procesal excluye del cumplimiento de este a las sentencias dictadas dentro de acciones populares o de grupo y las que versen sobre el estado civil, esta Corporaci\u00f3n ha estipulado que tampoco se puede exigir frente a procesos netamente declarativos, as\u00ed: <\/p>\n
\u00abAl existir cierto grado de indeterminaci\u00f3n en la expresi\u00f3n \u2018cuando las pretensiones sean esencialmente econ\u00f3micas\u2019 contenida en el art\u00edculo 338 del C.G.P., a efectos de excluir o no el requisito del justiprecio del inter\u00e9s, se ha llegado, tal cual ocurre en este asunto, a realizar entendimientos distintos o imprecisos sobre su alcance, siendo necesario activar la funci\u00f3n de unificaci\u00f3n jurisprudencial de la Corte, a efectos de ofrecer a la sociedad \u2018cierto nivel de certeza respecto de los comportamientos aceptados dentro de la comunidad\u2019. Lo anterior, permite garantizar que las decisiones judiciales \u2018se funden en una interpretaci\u00f3n uniforme y consistente del ordenamiento jur\u00eddico\u2019\u2026 <\/p>\n
Precisamente, por la generalidad de la citada expresi\u00f3n normativa, la cual exige el inter\u00e9s para procesos donde las \u2018pretensiones sean esencialmente econ\u00f3micas\u2019, es obvio que el legislador, en ejercicio de su poder de configuraci\u00f3n, limit\u00f3 el acceso del aludido recurso, exigiendo la cuant\u00eda del agravio solamente para sentencias proferidas en litigios (entre esos los declarativos, y, salvo los previstos en el par\u00e1grafo del art. 334, y el primer inciso del art. 338 del C.G.P.14), cuyo monto del menoscabo irradie consecuencias patrimoniales. <\/p>\n
2.6.1.2.2. La calificaci\u00f3n de las pretensiones como \u2018esencialmente econ\u00f3micas\u2019 corresponde efectuarla al juzgador al momento de decidir sobre la concesi\u00f3n del recurso. Este labor\u00edo exige estudiar, no s\u00f3lo las s\u00faplicas de la demanda, en caso de no plasmar claramente alguna exigencia dineraria, sino confrontarlo con la causa petendi, para de ah\u00ed determinar con certeza la presencia de elementos pecuniarios… <\/p>\n
De este modo, pueden verificarse hechos concretos en donde se observen situaciones que comprometen factores monetarios que conlleven, correlativamente el acrecimiento o desmejora de un patrimonio; y por tanto, necesariamente, generan una relaci\u00f3n causa a efecto respecto a la manera de formular y justificar las pretensiones. <\/p>\n
2.6.2. Como se recuerda, el presente asunto se origin\u00f3 con la demanda de impugnaci\u00f3n de las decisiones de la Junta Directiva de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, comprendidas en el Acta n\u00ba. 112 de 1\u00ba de julio de 2016, contenidas en dos grupos de pretensiones: principales y subsidiarias. <\/p>\n
Las principales solicitaron la nulidad absoluta y dependiendo la causa, se clasifican en tres grupos. La primera por \u2018haber excedido los l\u00edmites de los estatutos sociales en cuanto al lugar de reuni\u00f3n, clase de reuni\u00f3n celebrada y por haberse efectuado sin convocatoria previa\u2019; en la segunda porque se adoptaron \u2018sin reunir el m\u00ednimo de qu\u00f3rum deliberatorio\u2019 de los estatutos; y en la tercera, por objeto y causa il\u00edcita, pues los asamble\u00edstas votaron en inter\u00e9s y beneficio propio, lesionando los intereses de la comunidad universitaria, contrariando el art\u00edculo 1741 del C.C. <\/p>\n
Las subsidiarias se dividieron en dos. La inicial exigi\u00f3 declarar la \u2018ineficacia\u2019 por celebrarse la reuni\u00f3n por fuera del domicilio de la Universidad Metropolitana, sin convocatoria previa y sin qu\u00f3rum deliberatorio; y la final, pretendi\u00f3 la nulidad de los votos de varios sufragantes por indebida delegaci\u00f3n del delegante\u2026 <\/p>\n
Las pretensiones, por tanto, no tienen apariencia econ\u00f3mica, pues comprenden un problema de legalidad o de conformidad de las determinaciones con las reglas particulares que rigen al ente educativo. <\/p>\n
Ahora, confrontada la situaci\u00f3n f\u00e1ctica, tampoco se reconoce la existencia impl\u00edcita de una reclamaci\u00f3n indemnizatoria de los posibles perjuicios causados a los actores por las decisiones del Consejo Directivo de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, al resultar, aparentemente, disconformes con las prescripciones legales y los estatutos, situaci\u00f3n que excluye de contenido patrimonial a las s\u00faplicas. <\/p>\n
2.6.3. Conforme a lo expuesto, en el sub-examine, para la procedencia del recurso de casaci\u00f3n no era deber de los recurrentes acreditar la afectaci\u00f3n o desventaja patrimonial derivada de la resoluci\u00f3n adversa que superara los \u20181.000 smlmv\u2019, porque esa exigencia resulta ajena a esta causa por no adecuarse al presupuesto inicial previsto en el art\u00edculo 338 del C.G.P., de donde se rige por la regla general del art\u00edculo 334 ibidem\u00bb. (Se subraya, CSJ AC3507-2020, 14 de dic. 2020, rad. 2016-00222). <\/p>\n
3.3. As\u00ed las cosas, como en el sub judice se discut\u00eda \u00fanicamente la nulidad de un acta de la asamblea general en la cual se vot\u00f3 negativamente la reforma del reglamento de propiedad horizontal, en tanto, seg\u00fan los all\u00ed demandantes, la decisi\u00f3n no se adopt\u00f3 con la mayor\u00eda requerida, se advierte que la pretensi\u00f3n se orientaba a definir la legalidad del acta por no contar con los votos calificados suficientes, sin que observe una petici\u00f3n consecuencial resarcitoria expresa ni el beneficio econ\u00f3mico concreto, directo y medible para las partes o deducible, en forma inmediata, de la causa petendi ni de la reclamada o declarada nulidad del acta del 30 de septiembre de 2017, pues aquella no aprob\u00f3 la reforma referenciada y la nulidad solo deja sin efecto lo all\u00ed aprobado, por lo cual era procedente la interposici\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
3.4. En ese orden de ideas, es claro que el Condominio -entonces accionado- desperdici\u00f3 la oportunidad procesal con miras a que le fueran atendidas sus s\u00faplicas, incuria que desnaturaliza la finalidad de la acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Sobre el particular, ha destacado esta Colegiatura que: <\/p>\n
\u00ab[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb. (ver recientemente CSJ STC4031-2020). <\/p>\n
4. Por las razones anotadas, se negar\u00e1 el amparo, por improcedente. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, NIEGA la salvaguarda impetrada, por improcedente. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folios 364-388, archivo \u201c2017-00472-01 Cd. 1 Impugnaci\u00f3n de actas de asamblea\u201d del expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Ibidem, 381. <\/p>\n
3\u0002 Ibidem, 382. <\/p>\n
4\u0002 Ibidem, 403 y 404. <\/p>\n
5\u0002 Ibidem, 396. <\/p>\n
6\u0002 Ibidem., 554-556. <\/p>\n
7\u0002 Folios 1-23, archivo \u201c2017-00472-01 Impugnaci\u00f3n actos de asamblea voto nominal y voto por coeficiente, revoca \u00faltimo\u201d del expediente digital. <\/p>\n
8\u0002 Notificado en estado electr\u00f3nico del 29 de septiembre de 2021 disponible en: <\/p>\n