STC3500-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC3500-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 8001-22-13-000-2022-00067-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
De conformidad con el Acuerdo n\u00ba 034 de esta Corporaci\u00f3n y en aras de cumplir los mandatos que propenden por la protecci\u00f3n de la intimidad y bienestar de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, en esta providencia paralela, los nombres de las partes involucradas en el presente asunto son reemplazados por otros ficticios a fin de evitar la divulgaci\u00f3n real de sus datos. <\/p>\n
Advertido lo anterior, se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 14 de febrero de 2022 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en la tutela que Emiliano S\u00e1nchez Mej\u00eda y Dora Barrantes Castellanos le instauraron al Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de la misma ciudad, extensiva a Gustavo Castillo Hern\u00e1ndez, al Defensor de Familia de familia adscrito a ese despacho y a la Procuradur\u00eda de Familia Delegada del Atl\u00e1ntico. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Emiliano S\u00e1nchez Mej\u00eda, en nombre propio y como apoderado de Dora Barrantes Castellanos, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho al \u00abdebido proceso\u00bb para que se dejaran sin efecto \u00ab(\u2026) las providencias de 15 de septiembre de 2021 y 13 de octubre de 2021 e inclusive la celebraci\u00f3n de la audiencia de 20 de febrero de 2020 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En sustento afirm\u00f3 que el estrado acusado conoci\u00f3 la demanda de fijaci\u00f3n de cuota de alimentos que Dora Barrantes Castellanos en representaci\u00f3n de su menor hija Valentina Castillo Barrantes le inco\u00f3 a Gustavo Castillo Hern\u00e1ndez (rad. 2019-00384), en la que el 7 de octubre de 2020 fij\u00f3 fecha para la audiencia inicial del art\u00edculo 372 del C\u00f3digo General del Proceso para el 20 de febrero de 2021; sin embargo, como apoderado de Dora, el 13 de octubre siguiente alleg\u00f3 excusa junto con prueba sumaria indicando las razones por las que no pod\u00eda asistir. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que, pese a lo anterior se celebr\u00f3 la diligencia y, sin pronunciarse frente a la \u00abexcusa\u00bb presentada, los conden\u00f3 a pagar la suma de 5 S.M.L.M.V. <\/p>\n
Inform\u00f3 que el 13 de marzo de 2020 solicit\u00f3 la nulidad procesal o \u00aben su defecto la ilegalidad de todo lo actuado a partir de la celebraci\u00f3n de la audiencia (\u2026)\u00bb; pero, el 15 de septiembre de 2021, el despacho se abstuvo de declarar la \u00abnulidad procesal\u00bb, determinaci\u00f3n que recurri\u00f3 en reposici\u00f3n despachada de manera desfavorable (13 oct. 2021). <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que por las anteriores circunstancias \u00abrecurre a este mecanismo excepcional (\u2026) por estar incurso el despacho judicial accionado en defecto f\u00e1ctico y sustantivo (\u2026)\u00bb, porque en su opini\u00f3n, aunque radic\u00f3 con anterioridad escrito explicando las razones de su ausencia en la vista p\u00fablica, el juzgado lo inobserv\u00f3 y afirm\u00f3 all\u00ed que \u00e9l y su prohijada no hab\u00edan \u00ab(\u2026) presentado la excusa respectiva\u00bb. <\/p>\n
2.- El Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de Barranquilla defendi\u00f3 la legalidad de su proceder y se opuso al amparo, argumentando que, si bien de manera involuntaria \u00abno se pronunci\u00f3 frente a la excusa presentada, indicando en audiencia que no se ten\u00eda excusa alguna por la parte antes se\u00f1alada\u00bb, no es menos cierto que \u00ab(\u2026) la excusa entonces presentada por el apoderado judicial de la parte actora, fue presentada con anterioridad a la fecha de la audiencia programada, pero t\u00e9ngase en cuenta, que el escrito presentado solo excusaba al apoderado y no a su poderdante; quien despu\u00e9s de haber transcurrido los tres (3) d\u00edas siguientes a la realizaci\u00f3n de la audiencia, tal como lo establece la norma para justificar la inasistencia, no haya hecho uso de ello\u00bb <\/p>\n
Adem\u00e1s, que \u00ab(\u2026) se considera que la asistencia a otra diligencia programada por otro operador judicial no es un evento catastr\u00f3fico, irresistible o imprevisible constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito en instantes inmediatamente previos o concomitantes a la audiencia, que le haya impedido concurrir a esta\u00bb, por cuanto pudo sustituir el poder. <\/p>\n
FALLO DE PRIMER GRADO Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El Tribunal de Barranquilla desestim\u00f3 el ruego porque las decisiones cuestionadas por los gestores \u00ab(\u2026) fueron proferidas como consecuencia l\u00f3gica de las actuaciones procesales que preceden el mismo y luego de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable de los supuestos f\u00e1cticos y la normatividad que gobierna el asunto\u00bb. <\/p>\n
Impugnaron los precursores con las mismas alegaciones inaugurales, agregando que \u00ab(\u2026) se advierte, al igual que de la actuaci\u00f3n del juez accionado, una confusi\u00f3n, entre los conceptos de EXCUSA con fines de aplazamiento de la audiencia y JUSTIFICACI\u00d3N de la inasistencia de alguna de las partes o su apoderado a la audiencia de que trata el art\u00edculo 372 del CGP, cuando son acepciones totalmente diferentes y con consecuencias procesales diversas, tal y como fue explicado (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Constituye regla invariable la improcedencia de este instrumento residual para disentir o revisar las resoluciones de los jueces, sendero especial que tan s\u00f3lo se abre paso cuando quien est\u00e1 llamado a dispensar justicia socava o pone en riesgo las garant\u00edas superiores de los litigantes, es decir, frente a un obrar a todas luces arbitrario, grosero o ajeno a la ley, dado que no cualquier animadversi\u00f3n tiene la virtualidad de quebrantar la autonom\u00eda que el art\u00edculo 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica les asigna. <\/p>\n
As\u00ed lo ha esbozado de tiempo atr\u00e1s esta Sala, al advertir que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados\u00bb y, menos a\u00fan, \u00abacometer, bajo ese pretexto, (\u2026) una revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (STC 7 mar. 2008. rad. 2007-00514-01, citada en STC6153-2021), toda vez que debe tenerse en cuenta que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (STC 28 mar. 2012, rad. 2012-00022-01 y STC6153-2021). <\/p>\n
2.- Descendiendo al caso concreto, se observa que los accionantes enfilan sus inconformidades contra los interlocutorios emitidos por el Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de Barranquilla, el 15 de septiembre de 2021 en el que se abstuvo de \u00abdeclarar la nulidad procesal o en su defecto ilegalidad de todo lo actuado en este proceso a partir de la celebraci\u00f3n y desarrollo de la audiencia que se llev\u00f3 a cabo el 20 de febrero de 2020 (\u2026)\u00bb, y el 13 de octubre de 2021 que mantuvo inc\u00f3lume el anterior. <\/p>\n
No obstante, tales pronunciamientos no lucen antojadizos, ni caprichosos; por el contrario, obedecen, en l\u00ednea de principio, a una leg\u00edtima ex\u00e9gesis de la normativa que rige la materia y la jurisprudencia depurada sobre el tema, as\u00ed como a una congruente apreciaci\u00f3n del acervo, que no se muestra contraevidente con la realidad que fluye del plenario. <\/p>\n
Para el efecto, en el prove\u00eddo que deneg\u00f3 la \u00abnulidad procesal\u00bb (15 sep. 2020), indic\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En el caso sub examine, tenemos que el apoderado judicial de la parte actora alega que la titular de este despacho no se pronunci\u00f3 con respecto a la excusa presentada y que incluso le fue impuesta una multa equivalente a cinco (5) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes tanto a \u00e9l como apoderado como a Dora Barrantes Castellanos por su inasistencia. Al respecto, le asiste raz\u00f3n al Dr. Emiliano S\u00e1nchez Mej\u00eda, ya que, de manera involuntaria, este operador judicial no se pronunci\u00f3 frente a la excusa presentada, indicando en audiencia que no se ten\u00eda excusa alguna por la parte antes se\u00f1alada. Para tal efecto, encontramos a folio 87 y 88 del expediente digital, la excusa presentada por el apoderado judicial, donde indica que no le era posible asistir a la diligencia programada por este despacho, debido a que deb\u00eda asistir a una audiencia fijada con anterioridad (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Luego, en lo que respecta al aplazamiento de la audiencia, precis\u00f3 que, es deber de la parte interesada \u00abpresentar excusa previa a esa actuaci\u00f3n, en la que demuestre, as\u00ed sea sumariamente, que hay una justa causa para no asistir, aunque no se trate de fuerza mayor o caso fortuito, dado que la norma no restringe la excusa a tales posibilidades, por lo que, podr\u00eda sostenerse que: <\/p>\n
\u00abla excusa entonces, presentada por el apoderado judicial de la parte actora, fue presentada con anterioridad a la fecha de la audiencia programada, pero t\u00e9ngase en cuenta, que el escrito presentado solo excusaba al apoderado y no a su poderdante; quien despu\u00e9s de haber transcurrido los tres (3) d\u00edas siguientes a la realizaci\u00f3n de la audiencia, tal como lo establece la norma para justificar la inasistencia, no haya hecho uso de ello. Ahora bien, aunque el apoderado judicial presento excusa, se considera que la asistencia a otra diligencia programada por otro operador judicial no es un evento catastr\u00f3fico, irresistible o imprevisible constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito en instantes inmediatamente previos o concomitantes a la audiencia, que le haya impedido concurrir a esta, por cuanto, el Dr. Emiliano S\u00e1nchez Mej\u00eda, pudo hacer uso de las facultades otorgadas por el C\u00f3digo General del Proceso en su art. 75 (\u2026). <\/p>\n
Concluy\u00f3, entonces, que \u00ab(\u2026) no se le omiti\u00f3 a la parte actora la oportunidad de decretar o practicar pruebas, ya que las aportadas por las mismas fueron tenidas en cuenta\u00bb. <\/p>\n
Por su parte, el 13 de octubre de 2021 al resolver el recurso de reposici\u00f3n, reiter\u00f3 su postura, adicionando que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) circunstancias similares acaecieron a la apoderada judicial de la parte demandada, quien s\u00ed procedi\u00f3 a informar a su poderdante el hecho de que no pod\u00eda cumplir con su asistencia a la diligencia programada, tal como lo se\u00f1ala el art\u00edculo 78 del C\u00f3digo General del Proceso; as\u00ed mismo, procedi\u00f3 a sustituir el poder para los efectos de la actuaci\u00f3n se\u00f1alada, a fin de cumplir con la obligaci\u00f3n que genera el mandato, tal como se evidencia a folios 72 al 74 del expediente digitalizado\u00bb. <\/p>\n
Y resalt\u00f3, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) para eximirse de las anteriores consecuencias, las partes o sus apoderados, seg\u00fan el caso, cuentan con tres posibilidades de acuerdo con el art\u00edculo antes mencionado: a) solicitar aplazar la audiencia; b) presentar excusas por su inasistencia debido a hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito; o, c) probar una causal de interrupci\u00f3n o suspensi\u00f3n. Raz\u00f3n por la que este despacho judicial reitera que aunque el apoderado judicial presento excusa, considera este despacho que la asistencia a otra diligencia programada por otro operador judicial, no es un evento catastr\u00f3fico, calamitoso, irresistible o imprevisible constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito en instantes inmediatamente previos o concomitantes a la audiencia, que le haya impedido concurrir a esta, por cuanto, el Dr. Emiliano S\u00e1nchez Mej\u00eda, pudo hacer uso de las facultades otorgadas por el C\u00f3digo General del Proceso en su art. 75, previo visto bueno de la Defensor\u00eda del Pueblo, para encomendar su funci\u00f3n de representante judicial de Dora Barrantes Castellanos, ya que contaba con un tiempo superior a ocho (8) d\u00edas, que le permit\u00edan realizar las gestiones administrativas pertinentes\u00bb. <\/p>\n
3.- As\u00ed las cosas, independientemente que esta Colegiatura avale o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto alguno que estructure una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como lo pretenden los sedicentes, quienes aspira a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse a la controversia, sin que tal prop\u00f3sito se acompase con la finalidad de la v\u00eda superlativa, cuyo objetivo tuitivo no es servir de tercera instancia con el fin de discutir los fundamentos de la autoridad judicial en el \u00e1mbito de sus competencias (STC, 6 may. 2011, rad. 00829-00; reiterada, entre otras, en STC,9232-2018 y STC2544-2021). <\/p>\n
4.- Ergo, se avalar\u00e1 el veredicto confutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por mandato de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(AUSENCIA JUSTIFICADA) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(AUSENCIA JUSTIFICADA) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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