STC3505-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3505-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2022-00281-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 23 de febrero de 2022, proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Sapore S.A.S. contra la DIAN y el Juzgado Noveno Civil del Circuito de esta localidad; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el ejecutivo n\u00b0 2020-00302. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de su representante legal, la actora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho a un debido proceso, el cual estima trasgredido (i) por la mora del Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bogot\u00e1 en convertir a favor de la DIAN los t\u00edtulos judiciales relativos a los dineros que le fueron descontados producto de la medida cautelar decretada en su contra en el ejecutivo n\u00b0 2020-00302 (para que sean aplicados al pasivo tributario cuyo pago reclama esa entidad); y (ii) por las irregularidades en que, seg\u00fan su dicho, ha incurrido la DIAN en el juicio de cobro coactivo que adelanta en su contra (falta de notificaci\u00f3n formal de la actuaci\u00f3n; env\u00edo incompleto de las piezas que componen el expediente; desactualizaci\u00f3n del monto exacto que se adeuda; decreto y pr\u00e1ctica de medidas cautelares con l\u00edmites desproporcionados que desde hace varios meses resultan suficientes para cubrir el total de la acreencia; y falta de respuesta a las peticiones elevadas para superar dichas anomal\u00edas y acordar f\u00f3rmulas de arreglo). <\/p>\n
2. En consecuencia, pidi\u00f3 que se ordene a la Dian \u00ablevantar la continuaci\u00f3n de la pr\u00e1ctica de las medidas cautelares (\u2026); otorgar el acceso al expediente de cobro coactivo (\u2026); y tener en cuenta el valor de la compensaci\u00f3n decretada en la Resoluci\u00f3n No. 608-32-003231 del 20 de mayo de 2021 por valor de $669.808.000 como abono al capital adeudado\u00bb. As\u00ed mismo, \u00abrequerir al Juzgado Noveno Civil del Circuito para que remita de forma inmediata los t\u00edtulos judiciales retenidos a SAPORE S.A.S., los cuales deber\u00e1n ser abonados al capital adeudado\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Banco Agrario hizo una relaci\u00f3n de los dep\u00f3sitos judiciales constituidos por cuenta del juicio ejecutivo en el que la accionante funge como ejecutada; indic\u00f3 que el fallador de esa causa no ha ordenado el pago ni la conversi\u00f3n de tales dineros; y agreg\u00f3 que la trasgresi\u00f3n denunciada en el escrito introductor no le es atribuible. <\/p>\n
2. La Dian hizo un recuento de lo actuado en lo que denomin\u00f3 proceso administrativo de cobro persuasivo en contra de la convocante; enlist\u00f3 los t\u00edtulos judiciales que all\u00ed obran a favor de la entidad, producto de las cautelas decretadas; recalc\u00f3 que no es viable disponer la terminaci\u00f3n de ese tr\u00e1mite, en consideraci\u00f3n a que los dineros retenidos no cubren la totalidad del pasivo; y manifest\u00f3, finalmente, que esas consideraciones ya le fueron puestas de presente al accionante en oficio remitido el 15 de febrero de 2022. <\/p>\n
3. El Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bogot\u00e1 defendi\u00f3 la legalidad de su proceder y recalc\u00f3 que la demora en la conversi\u00f3n de los t\u00edtulos judiciales a su cargo, se debi\u00f3 en buena parte a las constantes peticiones y manifestaciones del representante legal de la accionante. Agreg\u00f3 que ya orden\u00f3 dicha conversi\u00f3n y que la misma se materializar\u00e1 una vez se active la cuenta de dep\u00f3sitos judiciales de la DIAN. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal desestim\u00f3 el amparo frente a la DIAN (por estimar que las irregularidades denunciadas deben plantearse y resolverse al interior del tr\u00e1mite administrativo que se sigue en contra del convocante), pero lo concedi\u00f3 frente al Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bogot\u00e1, al cual orden\u00f3 de manera inmediata efectuar la conversi\u00f3n de los t\u00edtulos judiciales a favor de la entidad administrativa. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la convocante, alegando que el fallador a quo no valor\u00f3 adecuadamente el material probatorio allegado, ya que del mismo resultan evidentes las m\u00faltiples omisiones y ambig\u00fcedades que se le atribuyeron a la DIAN en cuanto al proceso de cobro coactivo que se adelanta en su contra, especialmente, lo que ata\u00f1e a la ausencia de un mandamiento de pago que sustente las medidas cautelares que se han decretado en su contra; el exceso de los l\u00edmites fijados a las medidas cautelares y al pago total del pasivo tributario por el cual se inici\u00f3 la actuaci\u00f3n (teniendo en cuenta la conversi\u00f3n de los t\u00edtulos judiciales que se constituyeron inicialmente a favor del Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bogot\u00e1). <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si los argumentos esgrimidos por la actora en su memorial de impugnaci\u00f3n, ameritan una modificaci\u00f3n del fallo con el cual el tribunal resolvi\u00f3 en primera instancia esta tramitaci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Para ello, es conveniente advertir que las consideraciones se circunscribir\u00e1n al reproche frente a la DIAN, dado que respecto de la mora judicial que inicialmente se le atribuy\u00f3 al Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bogot\u00e1, la corporaci\u00f3n a quo concedi\u00f3 el amparo (sin protesta alguna de los aqu\u00ed intervinientes) y con motivo de ello el fustigado fallador ya materializ\u00f3 la conversi\u00f3n de los pretendidos t\u00edtulos judiciales. <\/p>\n
2. De la acci\u00f3n de tutela y su naturaleza jur\u00eddica. <\/p>\n
El art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica consagr\u00f3 este instrumento como un mecanismo extraordinario, preferente, subsidiario y residual para la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales fundamentales, ante el menoscabo o la amenaza derivados de acci\u00f3n u omisi\u00f3n atribuible a las autoridades p\u00fablicas o a los particulares, en las situaciones espec\u00edficamente precisadas en la ley. <\/p>\n
Puede suceder que dentro del tr\u00e1mite constitucional cese la vulneraci\u00f3n o la amenaza acusada en el escrito introductorio, respecto de lo cual se ha entendido que si la acci\u00f3n se instituy\u00f3 para garantizar la efectividad de los derechos fundamentales de los ciudadanos, en caso de prosperar, el amparo se debe traducir en una orden encaminada a la protecci\u00f3n actual y cierta de aquellas prerrogativas, la cual se concreta en una conducta positiva; en la intermisi\u00f3n de los hechos causantes de la perturbaci\u00f3n o amenaza; o por v\u00eda de imponer la abstenci\u00f3n de actos transgresores <\/p>\n
Tambi\u00e9n es posible que dentro del tr\u00e1mite constitucional finalice la vulneraci\u00f3n o la amenaza acusada en el escrito introductorio, respecto de lo cual se ha entendido que si la acci\u00f3n se instituy\u00f3 para garantizar la efectividad de los derechos fundamentales de los ciudadanos, en caso de prosperar, el amparo se debe traducir en una orden encaminada a la protecci\u00f3n actual y cierta de aquellas prerrogativas, la cual se concreta en una conducta positiva; en la cesaci\u00f3n de los hechos causantes de la perturbaci\u00f3n o amenaza; o por v\u00eda de imponer la abstenci\u00f3n de actos transgresores. <\/p>\n
Entonces, si desaparecen los supuestos de hecho aducidos, bien porque la conducta violatoria fue corregida, dej\u00f3 de tener vigencia o aplicaci\u00f3n el acto que vulner\u00f3 el derecho, o se realiz\u00f3 la actividad cuya omisi\u00f3n constitu\u00eda desconocimiento del mismo, se itera, pierde motivo el amparo, de ah\u00ed que no tendr\u00eda objeto impartir alguna orden, porque aquella caer\u00eda en el vac\u00edo. <\/p>\n
Ante ese panorama, al juez de tutela una vez constate la superaci\u00f3n del presunto hecho vulnerador, necesariamente le corresponde declarar la improcedencia del resguardo. <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
La Corte no es indiferente a las razones que impulsaron a la actora a promover esta actuaci\u00f3n constitucional frente a la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales, ni tampoco a impugnar la desestimaci\u00f3n del pretendido auxilio en lo que concierne a esa autoridad administrativa, pues ciertamente para el momento en que se radic\u00f3 la demanda de tutela (9 de febrero de 2022), la DIAN no hab\u00eda respondido con la prontitud y claridad esperadas, las insistentes solicitudes que desde el primer semestre del a\u00f1o 2021, la querellante le hab\u00eda formulado con miras a dimensionar a cabalidad la naturaleza, alcance y dem\u00e1s pormenores del tr\u00e1mite de cobro tributario que en su contra se viene adelantando, y a buscar f\u00f3rmulas de arreglo que pudieran darle pronta soluci\u00f3n. <\/p>\n
V\u00e9ase que, en el archivo de anexos que se ados\u00f3 al libelo introductor, la actora denunci\u00f3 las imprecisiones en las que ven\u00eda incurriendo la DIAN en cuanto al monto al que ascend\u00eda la obligaci\u00f3n tributaria cuyo pago pretend\u00eda (p\u00e1gs. 20, 83, 87, 110, 92); la radicaci\u00f3n del expediente contentivo de la actuaci\u00f3n administrativa y el n\u00famero de folios que lo componen (140 y 164) y la dilatada actualizaci\u00f3n del saldo de la acreencia, luego de aplicarse las sumas reconocidas a t\u00edtulo de compensaci\u00f3n (71, 117). A ello se sum\u00f3 la actitud silente asumida por dicha entidad frente al requerimiento que le efectu\u00f3 el Juzgado Noveno Civil del Circuito para que precisara si la acreencia tambi\u00e9n estaba a cargo del representante legal de la entidad accionante (35 y 54); la solicitud del Banco de Bogot\u00e1 para que remitiera copia del embargo que justificar\u00eda la retenci\u00f3n de los dineros que fueron congelados inicialmente por \u00f3rdenes del juez del juicio ejecutivo (63); y la notoria dilaci\u00f3n en el env\u00edo de las piezas que componen el expediente de la actuaci\u00f3n (148, 149, 152 y 164). <\/p>\n
Sin embargo, esas ambivalencias fueron superadas en el decurso de esta tramitaci\u00f3n, con motivo del pronunciamiento emitido por esa entidad el 15 de febrero de los corrientes, en el cual le precis\u00f3 a la accionante la clase de tr\u00e1mite que se adelanta actualmente en su contra y el n\u00famero de expediente que lo identifica (cobro coactivo n\u00b0 201727663); el monto total del pasivo tributario que se le cobra ($ 937\u00b4641.000) y la suma retenida por concepto de medidas cautelares -sin incluir los t\u00edtulos judiciales constituidos inicialmente ante el Juzgado Noveno Civil del Circuito, dado que para esa fecha a\u00fan no se hab\u00eda materializado su conversi\u00f3n- ($735\u00b4965.038,77). As\u00ed mismo, se le inform\u00f3 sobre la satisfactoria aplicaci\u00f3n de las sumas que se autoriz\u00f3 compensar y la inviabilidad de disponer la terminaci\u00f3n del tr\u00e1mite o el levantamiento de las cautelas decretadas, dado el saldo de la deuda que segu\u00eda insatisfecho y tambi\u00e9n se le envi\u00f3 copia de la foliatura que compone la tramitaci\u00f3n. <\/p>\n
A partir de ello, es forzoso tener por superada la espec\u00edfica vulneraci\u00f3n que motiv\u00f3 esta actuaci\u00f3n constitucional, puesto que con ese pronunciamiento de la administraci\u00f3n, se dot\u00f3 al accionante de la informaci\u00f3n necesaria para plantear directamente ante la DIAN las inconformidades que de all\u00ed le hubieran surgido (de manera sobreviniente), en cuanto a los aspectos que puso de presente en su memorial de impugnaci\u00f3n, vale recordar, la eventual necesidad y existencia de un mandamiento de pago en su contra; la desproporci\u00f3n del l\u00edmite fijado para la materializaci\u00f3n de las cautelas; la completitud del expediente que le fue remitido, la suficiencia de los dineros retenidos (ahora s\u00ed, incluyendo los t\u00edtulos judiciales convertidos) para cubrir integralmente la acreencia, y la eventual devoluci\u00f3n de las sumas que queden a su favor. <\/p>\n
Cabe resaltar que tales asuntos no pueden ser discernidos directamente por la Corte, puesto que conciernen a la autoridad administrativa querellada. No se olvide que \u00abel juez constitucional no puede sustituir ni desplazar competencias propias de otras autoridades judiciales o administrativas, ni anticipar o revocar decisiones sobre un asunto sometido a su consideraci\u00f3n, so pretexto de una supuesta violaci\u00f3n a derechos fundamentales\u00bb (CSJ, STC 18 feb., 2010, exp. 2009 00430; 22 feb., 2010, exp. 2009 01902, entre otros), tema sobre el cual la corte Constitucional tambi\u00e9n ha precisado que \u00abla acci\u00f3n de tutela no procede de manera directa cuando el asunto est\u00e1 en tr\u00e1mite, toda vez que se cuenta con la posibilidad de agotar los medios de defensa previstos en el ordenamiento\u00bb (SU-695 de 2015). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se configura la carencia actual de objeto, perdiendo el auxilio su raz\u00f3n de ser, por sustracci\u00f3n de materia, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 26 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Frente a lo anterior, esta Sala ha precisado que \u00absi la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente (\u2026) la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido\u00bb (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 00147-01; reiterada en STC, 7 nov. 2012, rad. 02211-01; STC, 5 mar. 2015, rad. 00194-01, y STC11007, 10 ago. 2016, rad. 00420-01, entre otras). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se confirmar\u00e1 la sentencia censurada, porque actualmente no existe transgresi\u00f3n de derechos fundamentales que amerite o habilite la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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