STC3506-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC3506-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 54001-22-13-000-2022-00054-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 28 de febrero de 2022 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, en la tutela que Carlos Ruiz Rinc\u00f3n instaur\u00f3 en contra del Juzgado Cuarto de Familia de Oralidad de la misma ciudad. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, en nombre propio, pidi\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso\u00bb, \u00abdefensa\u00bb, \u00abigualdad\u00bb y \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, para que se ordenara a la autoridad acusada dejar sin efectos los autos emitidos el 4 de marzo y 16 de noviembre de 2021, en lo relacionado con el incremento conforme al IPC de la cuota alimentaria asignada para persona mayor de edad y, en su lugar, \u00abproceda a corregir (\u2026) queda[ndo] una cuota fija (\u2026) por valor de $600.000 mensuales\u00bb. <\/p>\n
En sustento, adujo que en el radicado 2018-00371, el Juzgado Cuarto de Familia de Oralidad de C\u00facuta declar\u00f3 el divorcio del matrimonio civil que celebr\u00f3 con Nelly Medina Londo\u00f1o y le impuso una cuota alimentaria de $600.000 a favor de aquella por ser c\u00f3nyuge inocente (28 nov. 2019); determinaci\u00f3n que convalid\u00f3 el superior (6 oct. 2020). <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, luego, el despacho acusado advirti\u00f3 que la mensualidad establecida \u201cr[egir\u00eda] a partir de la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia, esto es, a partir del mes de octubre de 2020, la que deb[\u00eda] incrementarse conforme al aumento del I.P.C. anual\u201d (4 mar. 2021); raz\u00f3n por la que en \u201csendos memoriales\u201d requiri\u00f3 la correcci\u00f3n de dicho prove\u00eddo \u201cpor estar viciado de errores\u201d al modificar lo concerniente al aumento anual del estipendio seg\u00fan el I.P.C. <\/p>\n
Anot\u00f3 que se accedi\u00f3 a lo reclamado, pero \u00fanicamente para precisar que el rubro a cobrar para la fecha de expedici\u00f3n del auto era de $637.582 (16 nov.); sin embargo, en su sentir, \u201cse equivoc\u00f3\u201d por cuanto en las sentencias que definieron las instancias nada se dijo en tal sentido, quedando \u201cuna cuota fija de alimentos por valor de $600.000 (\u2026) como indemnizaci\u00f3n\u201d y, adem\u00e1s, dicha asignaci\u00f3n es a partir de cuando el juzgado \u201cobedeci\u00f3 lo resuelto por el superior\u201d, esto es, desde el 15 de enero de 2021. <\/p>\n
2.- El Juzgado Cuarto de Familia de C\u00facuta defendi\u00f3 la legalidad de lo actuado en el pleito confutado y destac\u00f3 que las directrices criticadas no fueron recurridas por el quejoso. <\/p>\n
LA SENTENCIA Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- El a quo neg\u00f3 el auxilio tras colegir que el precursor \u00abse abstuvo de emplear el mecanismo de defensa preferente de que dispon\u00eda para atacar e intentar revertir aquel pronunciamiento de marzo de 2021. En efecto, pese a que pudo presentar en su contra el recurso de reposici\u00f3n, opt\u00f3 fue por pedir que se hiciese una correcci\u00f3n del mismo. Esta \u00faltima herramienta, como se sabe, no corresponde genuinamente a una opugnaci\u00f3n, contradicci\u00f3n o reproche, ni su prop\u00f3sito es revocar o infirmar una providencia. Su alcance, m\u00e1s bien, es bastante limitado, pues tan solo busca enmendar errores puramente aritm\u00e9ticos y los que se cometen por los denominados lapsus calami, es decir, error por omisi\u00f3n, cambio de palabras o alteraci\u00f3n de estas. De all\u00ed que incluso permita el legislador que pueda acudirse a ella en cualquier tiempo (art\u00edculo 286 C\u00f3digo General del Proceso)\u00bb. <\/p>\n
Sin perjuicio de lo anterior, a\u00f1adi\u00f3 \u00abno apreciar desvar\u00edo alguno en el accionar de la juez censurada. Es que hacer la actualizaci\u00f3n de la cuota alimentaria pagadera a la c\u00f3nyuge culpable, aplicando la variaci\u00f3n del IPC, realmente no representa la agravaci\u00f3n de la situaci\u00f3n del accionante. Esa indexaci\u00f3n se hace por motivos de equidad y no busca m\u00e1s que evitar la devaluaci\u00f3n o depreciaci\u00f3n del dinero pagadero a do\u00f1a Nelly Medina, quien de quedar percibiendo una cuota fija, se ver\u00eda afectada negativamente por los efectos de una econom\u00eda altamente inflacionaria como la colombiana. As\u00ed como el actor percibe anualmente el incremento de su mesada pensional, es justo y equitativo que su antigua c\u00f3nyuge tambi\u00e9n reciba un aumento de la cuota, aunque sea por la variaci\u00f3n acumulada del IPC. Y para hacerlo, realmente no se requiere la existencia de una orden expresa en las sentencias impositivas de la obligaci\u00f3n, ya que como la actualizaci\u00f3n se hace por motivos de equidad, el juez debe proceder a ella aun oficiosamente, seg\u00fan reiterada jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia\u00bb. <\/p>\n
2.- Apel\u00f3 el gestor aduciendo que no opugn\u00f3 en tiempo el pronunciamiento de 4 de marzo de 2021, por cuanto nos \u00abencontr\u00e1bamos en pandemia (\u2026) y por el sistema virtual el juzgado no [se lo] notific\u00f3\u00bb. Reliev\u00f3 que el \u00abaumento conforme al IPC\u00bb dispuesto por el despacho querellado s\u00ed \u00abhace m\u00e1s gravosa la situaci\u00f3n\u00bb en la medida que Nelly Medina Londo\u00f1o \u00abes profesional abogada de (\u2026) Venezuela, est\u00e1 m\u00e1s joven solo dura[ron] 3 a\u00f1os de matrimonio, mientras [\u00e9l] es operado de coraz\u00f3n abierto, hipertenso y diab\u00e9tico\u00bb. Insisti\u00f3 en que el incremento que aqu\u00ed se debate debe hacerse \u00abdesde el a\u00f1o 2021 cuando qued\u00f3 en firme el pleito y no desde el a\u00f1o 2020 pues la sentencia se encontraba en efecto suspensivo\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
2.- En efecto, auscultado el dossier se corrobor\u00f3 que las providencias reprochadas, dictadas por el Juzgado Cuarto de Familia de C\u00facuta – 4 mar. y 16 nov. 2021 -, quedaron en firme en raz\u00f3n a que no fueron controvertidas por el promotor a, pesar que contra la mismas proced\u00eda \u201crecurso de reposici\u00f3n\u201d al tenor del art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso, mecanismo que resultaba id\u00f3neo para exponer las inconformidades relacionadas con el aumento anual de la mesada a favor de Nelly Medina Londo\u00f1o seg\u00fan el I.P.C. y de la data a partir de la cual se hizo exigible tal obligaci\u00f3n. <\/p>\n
De modo que, al no proponer tales reparos en las oportunidades procesales para ello, emerge clara su incuria. Esta Sala tiene decantado, que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales, impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria\u2026\u00bb, (STC6663-2018, citada en STC15135-2021). <\/p>\n
Ello, en virtud, a que <\/p>\n
(\u2026) [e]ste mecanismo, por lo excepcional, am\u00e9n de su naturaleza subsidiaria, no deviene como un recurso alterno o suplementario y su invocaci\u00f3n resulta leg\u00edtima en la medida en que el afectado no cuente con recursos legales para evitar la vulneraci\u00f3n de la que se duele. Contrario a ello, esto es, si existen tales medios surge inane la utilizaci\u00f3n de la tutela; consecuencia similar emerge cuando el interesado teniendo dichos recursos los ha menospreciado o no ha hecho uso de ellos, dado que en tal hip\u00f3tesis culmina invocando su propia negligencia o incuria, lo que no es permitido y menos a trav\u00e9s de la acci\u00f3n constitucional que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala (STC7966-2018, STC10541-2018 citada en STC15135-2021). <\/p>\n
En este orden de ideas, luce inviable examinar el fondo de la cuesti\u00f3n sometida a escrutinio, ya que la inobservancia de ese presupuesto general de procedibilidad frena cualquier intento de inmiscuirse en el asunto. <\/p>\n
2.- Ahora, lo esgrimido por Carlos Ruiz Rinc\u00f3n en la impugnaci\u00f3n, en relaci\u00f3n a que no recurri\u00f3 en tiempo el auto de 4 de marzo de 2021 porque nos \u00abencontr\u00e1bamos en pandemia (\u2026) y por el sistema virtual el juzgado no [se lo] notific\u00f3\u00bb, no sirve para tener por superada la incuria advertida, porque, contrario a lo por \u00e9l expresado, lo observado es que, dicha resoluci\u00f3n se enter\u00f3 al d\u00eda siguiente con la inserci\u00f3n en el estado electr\u00f3nico \u201cE33\u201d, tal como lo consagra el art\u00edculo 9\u00ba del Decreto 806 de 2020: \u00ab[l]os ejemplares de los estados y traslados virtuales se conservar\u00e1n en l\u00ednea para consulta permanente por cualquier interesado\u00bb. <\/p>\n
Esta Sala sobre la publicidad de los \u00abestados electr\u00f3nicos\u00bb ha predicado que: <\/p>\n
(\u2026) el n\u00facleo esencial de las \u00abnotificaciones\u00bb en general gira alrededor del conocimiento que puedan adquirir los justiciables respecto del pronunciamiento que se les informa, con sujeci\u00f3n a las formalidades prescritas por el legislador, en aras de consolidar el \u00abprincipio\u00bb de publicidad de las \u00abactuaciones judiciales\u00bb (\u2026) porque la \u00abpublicidad de las decisiones judiciales\u00bb juega un papel preponderante en la democracia del Estado en tanto contribuye a la legitimidad de la administraci\u00f3n de justicia y permite que los ciudadanos ejerzan varias prerrogativas que componen el \u00abdebido proceso\u00bb, como el derecho a ser o\u00eddo en juicio que presupone necesariamente haberse enterado de su existencia y de su posterior impulso. <\/p>\n
En ese orden, trat\u00e1ndose de \u00abestados electr\u00f3nicos\u00bb es apropiado que la \u00abpublicaci\u00f3n\u00bb contenga, adem\u00e1s de las exigencias contempladas en el art\u00edculo 295 \u00eddem, la \u00abinformaci\u00f3n\u00bb trascendente de lo resuelto por el funcionario, para asegurar que el litigante no solo conozca el hecho de haberse emitido la providencia, sino su verdadero alcance (CSJ STC13158-2021; rad. 2021-03559-00). <\/p>\n
3.- Ergo, el prove\u00eddo impugnado ser\u00e1 avalado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados, y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
(AUSENCIA JUSTIFICADA) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(AUSENCIA JUSTIFICADA) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(AUSENCIA JUSTIFICADA) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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