STC3507-2022<\/p>\n
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FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3507-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-00826-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Sala decide el resguardo constitucional promovido por Sandra Pineda, quien act\u00faa en nombre propio y en calidad de representante legal de su hijo menor de edad1, contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular al Juzgado Primero Promiscuo de Familia del Circuito de Chocont\u00e1 y a Andr\u00e9s, \u00c1ngela y Camila P\u00e9rez Ram\u00edrez. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales y los de su hijo al debido proceso y defensa, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
2.- En sustento de su queja se\u00f1al\u00f3 que se adelant\u00f3 el proceso de sucesi\u00f3n de su compa\u00f1ero permanente, Rodrigo P\u00e9rez, ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Suesca, bajo el radicado 2014-00136, en el cual Andr\u00e9s, \u00c1ngela y Camila P\u00e9rez Ram\u00edrez, hijos de aqu\u00e9l, no se presentaron a la diligencia de inventarios y aval\u00faos. <\/p>\n
La masa sucesoral se determin\u00f3 as\u00ed: <\/p>\n
\u00ab- Lote de terreno denominado \u2018San Jos\u00e9\u2019 ubicado en la vereda de Chitiva (\u2026), con un valor de $ 5\u2019388.000. <\/p>\n
– La liquidaci\u00f3n de los derechos laborales de [RODRIGO P\u00c9REZ], que fueron cobrados y entregados a los aqu\u00ed ACCIONADOS en cuant\u00eda de $1.124.823 <\/p>\n
– Los del FONDO, FOSAKOOP, de propiedad del causante, que fueron solicitados y entregados a los aqu\u00ed ACCIONADOS, en cuant\u00eda de $ 10\u2019414.941 <\/p>\n
– Las CESANTIAS (sic) devengadas por el causante [RODRIGO P\u00c9REZ], en cuant\u00eda de $ 14\u2019988.592 y que fueron solicitadas, cobradas y entregadas a los aqu\u00ed ACCIONADOS. <\/p>\n
El \u2018lote San Jos\u00e9\u2019 se le adjudic\u00f3 a su hijo menor de edad y, por esa raz\u00f3n, Andr\u00e9s, \u00c1ngela y Camila P\u00e9rez Ram\u00edrez promovieron una demanda de rescisi\u00f3n de la partici\u00f3n sucesoral en contra de aqu\u00e9l, que correspondi\u00f3 por reparto al Juzgado Promiscuo de Familia de Chocont\u00e1, bajo el radicado 25183318400120190000200. <\/p>\n
El a quo deneg\u00f3 las pretensiones, pero la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca revoc\u00f3 esa decisi\u00f3n. <\/p>\n
En criterio de la tutelante, el Tribunal accionado actu\u00f3 en contra de las normas y la jurisprudencia que rigen la lesi\u00f3n enorme en partici\u00f3n sucesoral, dado que s\u00f3lo tuvo en cuenta el aval\u00fao de uno de los bienes que componen la masa sucesoral y, adicionalmente, no les exigi\u00f3 a los demandantes acreditar que no hubieran enajenado los bienes que se les hab\u00edan adjudicado en la partici\u00f3n. <\/p>\n
3.- Inst\u00f3, conforme a lo relatado, ordenar a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca realizar, en debida forma, el an\u00e1lisis sobre los requisitos de la rescisi\u00f3n por lesi\u00f3n enorme y, por tanto, confirmar la decisi\u00f3n de primera instancia. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS DE LA AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1.- El Juzgado Promiscuo de Familia de Chocont\u00e1 manifest\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela carece del requisito de subsidiariedad, en raz\u00f3n a que la actora no interpuso reposici\u00f3n contra el auto que inadmiti\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
2.- Quien adujo ser la apoderada de Andr\u00e9s, \u00c1ngela y Camila P\u00e9rez Ram\u00edrez en el proceso cuestionado pidi\u00f3 ser desvinculada del tr\u00e1mite constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En el sub examine, la accionante persigue la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados, que considera vulnerados por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, con ocasi\u00f3n de la sentencia del 16 de diciembre de 2021, que revoc\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo del 24 de noviembre de 2020 y, en su lugar, acogi\u00f3 las pretensiones de los demandantes. <\/p>\n
2.- En primer lugar, resulta indispensable puntualizar que la acci\u00f3n de tutela es improcedente para reabrir los asuntos ya propuestos y decididos en los respectivos procesos judiciales, pues de interpretarse de esa manera las reglas que regulan este mecanismo excepcional no solo se desconocer\u00eda la instituci\u00f3n de la cosa juzgada, sino que se quebrantar\u00edan los principios de la autonom\u00eda e independencia de los jueces; en ese orden, la jurisprudencia constitucional ha considerado que solo excepcionalmente se puede acudir a la protecci\u00f3n ius fundamental, en el evento en que el juzgador adopte una determinaci\u00f3n o adelante un tr\u00e1mite en forma alejada de lo atendible, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del ciudadano. <\/p>\n
3.- Sobre el particular, se observa que el Tribunal accionado, al proferir la sentencia en el proceso de marras, expuso motivadamente las razones por las cuales consider\u00f3 que hab\u00eda lugar a revocar la decisi\u00f3n del a quo. <\/p>\n
Inicialmente, sostuvo que la partici\u00f3n es un negocio jur\u00eddico, de modo que no le son ajenos los principios de la teor\u00eda de la ineficacia, como lo reconoce el art\u00edculo 1405 del C\u00f3digo Civil, a cuyo tenor \u00ab\u2026las particiones \u2018se anulan o se rescinden de la misma manera y seg\u00fan las mismas reglas que los contratos\u2019\u2026\u00bb y, adem\u00e1s, \u00ab\u2026por la lesi\u00f3n de ultramitad cuando el part\u00edcipe \u2018ha sido perjudicado en m\u00e1s de la mitad de su cuota\u2019, lo que da lugar a sostener que la partici\u00f3n \u2018no es acto especulativo, pues no se inspira en un deseo de lucro o ganancia, como la mayor\u00eda de los contratos, sino en el prop\u00f3sito de repartir los bienes comunes en proporci\u00f3n a la cuota de cada comunero\u2019 (G.J. tomo CXXXII, p\u00e1g. 49)\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, el Colegiado se\u00f1al\u00f3 que la jurisprudencia tiene establecido que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la \u2018prosperidad de la acci\u00f3n rescisoria por lesi\u00f3n enorme de particiones sucesorales est\u00e1 condicionada a los siguientes requisitos: a) debe tratarse de una universidad sucesoral, conyugal o patrimonial de hecho, con independencia del tipo de activos que la conformen, en tanto no se exige que est\u00e9 integrada por inmuebles, como si lo hace en relaci\u00f3n con la compraventa; b) en el proceso habr\u00e1 de demostrarse el justo precio de la totalidad de los activos que integraban la masa al momento de la partici\u00f3n -sin que sea cortapisa que en el proceso sucesoral se haya practicado un aval\u00fao-, los cuales deber\u00e1n compararse con los que fueron adjudicados en la hijuela al accionante, para establecer el desequilibrio, so pena que se haga inviable la reclamaci\u00f3n (\u2026); c) la lesi\u00f3n enorme \u00fanicamente se predica del heredero, c\u00f3nyuge o compa\u00f1ero permanente que ha recibido una al\u00edcuota cuyo justo valor es inferior al 50% de la que ten\u00eda derecho a percibir, considerando el total de la masa liquidatoria (\u2026); d) La pretensi\u00f3n deber\u00e1 ser enarbolada por el perjudicado o sus sucesores, pero en este \u00faltimo caso la acci\u00f3n tiene la condici\u00f3n de iure hereditatis, en tanto \u00fanicamente est\u00e1n legitimados para interponerla quienes han intervenido en el acto (\u2026); e) el demandante debe acreditar que, despu\u00e9s de realizada la partici\u00f3n, no ha enajenado bienes que le fueron adjudicados, pues de haberlo hecho este comportamiento se tendr\u00e1 como asentimiento del acto partitivo y renuncia t\u00e1cita a la acci\u00f3n rescisoria (\u2026); f) desc\u00e1rtese este remedio cuando el perjudicado renunci\u00f3 total o parcialmente a su derecho, porque en este caso la reducci\u00f3n de la al\u00edcuota es imputable directamente a \u00e9ste y no es admisible disentir de sus propios actos (\u2026) g) la acci\u00f3n deber\u00e1 promoverse dentro del t\u00e9rmino se\u00f1alado en la regulaci\u00f3n para este tipo de acciones\u2019 (Cas. Civ. Sent. De exp SC3346-2020)\u00bb. <\/p>\n
Pues bien, el Tribunal indic\u00f3 que, \u00ab\u2026en efecto, es posible concluir que se encuentran reunidos dichos presupuestos, pues lo que se liquid\u00f3 fue una universalidad sucesoral, la lesi\u00f3n viene postulada por quienes intervinieron en el acto a t\u00edtulo de sucesores, los demandantes no han enajenado bienes, pues apenas se les entregaron dineros, no hay evidencia de que hayan renunciado total o parcialmente a sus derechos, la acci\u00f3n se ha promovido dentro del t\u00e9rmino a que alude el art\u00edculo 1954 del c\u00f3digo civil y, adem\u00e1s, qued\u00f3 acreditado que comparado el precio de la totalidad de los activos que integraban la masa herencial al momento de la partici\u00f3n, con el de las hijuelas correspondientes, los actores recibieron una al\u00edcuota inferior al 50% de la que ten\u00edan derecho a percibir\u00bb. Y agreg\u00f3 que la lesi\u00f3n enorme se basa en una comprobaci\u00f3n objetiva, independiente de cualquier intenci\u00f3n de las partes que participaron en el negocio o a\u00fan de su conocimiento de la lesi\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed, al valorar el dictamen pericial que aportaron los entonces accionantes, el Tribunal sostuvo que <\/p>\n
\u00ab[este] fue desechado como prueba por el juzgado con unos argumentos que, analizados con rigor, no pueden tener buena acogida; empezando, porque sostener que no pod\u00eda valorarlo por no haber sido elaborado por un experta (sic) que para ese momento se encontrara inscrito en el Registro Abierto de Avaluadores, es un planteamiento que ni de lejos analiza dos circunstancias fundamentales que le imped\u00edan proceder de ese modo; una, que como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia, en esos casos no viene procedente el \u2018rechazo in limine de la pluricitada experticia y su exclusi\u00f3n del debate probatorio, en la medida en que los presupuestos relacionados con la imparcialidad, idoneidad del perito y los fundamentos del dictamen pericial, han de ser evaluados por el juzgador en el fallo, por no constituir una causal especial ni general de rechazo de la prueba\u2019, de modo que esa supuesta ausencia de registro, no era asunto que autorizara su exclusi\u00f3n, sino que deb\u00eda servir como uno de los motivos de \u2018valoraci\u00f3n y apreciaci\u00f3n que inciden directamente en la credibilidad del peritaje, lo que ha de ser evaluado razonadamente y, en conjunto, con otros medios de convicci\u00f3n, bajo los l\u00edmites de las reglas de la sana cr\u00edtica, experiencia y l\u00f3gica\u2019 (Cas. Civ. Sent. De 3 de marzo de 2021, exp. STC2066-2021) al momento de proveer sobre el aval\u00fao. <\/p>\n
La otra, que pas\u00f3 por alto que de acuerdo con la informaci\u00f3n que obraba en el citado aval\u00fao, \u00e9ste se elabor\u00f3 el 23 de abril de 2018, para ser acompa\u00f1ado a la demanda que inicialmente promovieron ante el juzgado promiscuo municipal de Suesca, esto es, cuando esa inscripci\u00f3n todav\u00eda no se hac\u00eda exigible, en la medida en que el par\u00e1grafo 2\u00ba del art\u00edculo 23 de la ley 1673 de 2013, le otorg\u00f3 a los avaluadores para cumplir con la obligaci\u00f3n de ese registro inicial un t\u00e9rmino de \u2018veinticuatro (24) meses siguientes contados a partir de la fecha en (sic) quede en firme la resoluci\u00f3n de reconocimiento de la primera Entidad Reconocida de Autorregulaci\u00f3n por la Superintendencia de Industria y Comercio\u2019, y mientras ello acontec\u00eda, se\u00f1al\u00f3 el art\u00edculo 7\u00ba del decreto 556 de 2014 que reglament\u00f3 dicha ley, que dicha calidad se pod\u00eda acreditar \u2018mediante la presentaci\u00f3n de certificado expedido por el SENA, o por una entidad cuyo objeto principal sea la evaluaci\u00f3n de los avaluadores y no realice aval\u00faos corporativos o de otra \u00edndole, o por un organismo de certificaci\u00f3n de personas acreditado por el Organismo Nacional de Acreditaci\u00f3n de Colombia (ONAC) bajo la norma ISO 17024\u2019, de modo que si la primera entidad reconocida para ese efecto fue la Corporaci\u00f3n Autorregulador Nacional de Avaluadores -ANA, mediante resoluci\u00f3n 2010 de 25 de abril de 2016, es claro que como el \u2018par\u00e1grafo 2 del art\u00edculo 23 de la citada Ley 1673 de 2013 estim\u00f3 un t\u00e9rmino de 24 meses contados a partir de la fecha en que quede en firme la resoluci\u00f3n de reconocimiento de la primera ERA, para cumplir con la obligaci\u00f3n de inscribirse al RAA\u2019, deb\u00eda tenerse en cuenta que \u00e9ste \u2018vence el 11 de mayo de 2018\u2019 y hasta tanto ello no ocurriera, hab\u00eda de entenderse que \u2018durante este t\u00e9rmino de 24 meses los avaluadores podr\u00e1n continuar ejerciendo sus labores de valuaci\u00f3n, mientras se inscriben en el RAA\u2019 (Superintendendencia de Industria y Comercio, Concepto de 16 de enero de 2017, radicado 16-441835-1-0). <\/p>\n
As\u00ed que si a voces del precepto 226 del estatuto procesal vigente, \u2018todo dictamen, para asign\u00e1rsele m\u00e9rito demostrativo, debe cumplir con unas exigencias, que por su importancia frente al caso se destacan las siguientes: (i) ser claro, preciso, exhaustivo y detallado; (ii) explicar los ex\u00e1menes, m\u00e9todos, experimentos e investigaciones efectuadas; (iii) exponer los fundamentos t\u00e9cnicos y cient\u00edficos de las conclusiones; (iv) incluir los datos de contacto del perito; (v) explicitar la profesi\u00f3n, oficio, arte o actividad que es ejercida por el experto, anexando los t\u00edtulos acad\u00e9micos y la prueba de su experiencia; (vi) se\u00f1alar los casos en que el perito ha participado y, en caso de haber aplicado t\u00e9cnicas diferentes a la considerada para el caso, indicar las razones para ello; y (vii) manifestar que no se encuentra en una situaci\u00f3n que le impida actuar como perito\u2019 (Cas. Civ. Auto de 15 de septiembre de 2017, exp. AC6081-2017, reiterado en Auto de 3 de diciembre de 2019, exp. AC5138-2019), es apod\u00edctico que si la experticia aportada en la demanda, am\u00e9n de cumplir con esas previsiones, denota un esfuerzo averiguativo que, bien o mal, se atempera a los dictados de los preceptos 226 y 231 del c\u00f3digo general del proceso y no sufri\u00f3 mengua por raz\u00f3n de lo ocurrido en el debate probatorio, pues nada hizo la parte demandada en pos de develar alg\u00fan desvar\u00edo en \u00e9l, no hay duda de la fuerza persuasiva que efunde de \u00e9sta. <\/p>\n
Lo otro, es que si bien el valor que le asign\u00f3 al inmueble inventariado fue el que ten\u00eda para la fecha en que se rindi\u00f3 la experticia, lo cierto es que si se trataba de un momento no muy distante a aqu\u00e9l en que se realiz\u00f3 la partici\u00f3n, actualidad que a buen seguro le permiti\u00f3 tener contacto directo con las condiciones del predio y de la zona para ese entonces, bien pod\u00eda proceder a deflactar esa suma, operaci\u00f3n que consiste en eliminar del precio los efectos que se crearon por el cambio de la inflaci\u00f3n o deflaci\u00f3n, ora a pedirle al perito que precisara el valor para esa data que ech\u00f3 de menos, pues no hay que perder de vista, naturalmente, que el papel que desempe\u00f1a el juez, por m\u00e1s que los sistemas procesales actuales tiendan a horadar su funci\u00f3n, no es la de un simple espectador, cual lo propone la apelaci\u00f3n, pues en su condici\u00f3n de director del proceso, debe siempre enderezar sus esfuerzos a descubrir la verdad verdadera, incluso, haciendo uso de las herramientas que el mismo legislador le otorga para garantizar una genuina administraci\u00f3n de justicia, en cuyo trasunto los preceptos 169 y 170 del estatuto procesal civil vigente le confieren el \u2018deber-poder de decretar y practicar pruebas de oficio\u2019, cuando \u2018expresamente \u2018la utilidad y necesidad de la prueba, surgiera de la misma ley, por \u00e9sta exigirla imperativamente, o de las circunstancias propias del proceso respectivo, como cuando indubitablemente conduce al hallazgo de la verdad real y a determinar la decisi\u00f3n final\u2019 (Cas. Civ. Sent. de 28 de mayo de 2009)\u00bb. <\/p>\n
Hechas estas precisiones, el Colegiado convocado advirti\u00f3 que el dictamen estableci\u00f3 que el inmueble en cuesti\u00f3n -el \u00fanico inventariado en la sucesi\u00f3n, siendo el resto sumas de dinero- estaba avaluado en $130.941.785 para abril de 2018, \u00ab\u2026es decir, que contaba realizando la deflactaci\u00f3n correspondiente con un aval\u00fao de $128.322.949 para la data en que se realiz\u00f3 la partici\u00f3n (diciembre de 2017), el cual coincide cercanamente con el indicado por el citado experto al ser requerido por el Tribunal para ese efecto mediante prove\u00eddo de 1\u00ba de octubre pasado, donde indic\u00f3 que \u00e9ste ascend\u00eda a la suma de $127.423.946, por lo que nada de irreflexivo puede verse en ese quehacer\u00bb. Y que, \u00ab\u2026si el valor de los activos sucesorales era entonces la suma de $153.952.302 ($127\u2019423.946 del predio y $26\u2019528.356 de los dineros que ten\u00eda el causante), lo que debe concluirse es que existe ese desequilibrio prestacional que da lugar a la rescisi\u00f3n de la partici\u00f3n, por supuesto que si el justo precio de la totalidad de los activos dividido entre los cuatro herederos indica que a cada uno le correspond\u00eda la suma de $38\u2019488.075, al hab\u00e9rseles adjudicado como hijuela \u00fanicamente a cada uno la suma de $7\u2019979.089, es evidente el desequilibrio que hace viable la reclamaci\u00f3n, pues recibieron una cuota inferior al 50% de la que verdaderamente ten\u00edan el derecho a percibir\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, concluy\u00f3 que la demanda deb\u00eda prosperar, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que la omisi\u00f3n de los interesados en participar en la diligencia de inventarios y aval\u00faos no tiene incidencia cuando se prueba la lesi\u00f3n enorme, como ocurre en este caso; en consecuencia, orden\u00f3 rehacer la participaci\u00f3n llevada a cabo en el juicio de sucesi\u00f3n del se\u00f1or Rodrigo P\u00e9rez. <\/p>\n
4.- De lo anterior, se vislumbra que la decisi\u00f3n rebatida no resulta abiertamente arbitraria o manifiestamente ilegal, pues se motiv\u00f3 razonadamente, teniendo en cuenta la normativa aplicable, las actuaciones surtidas en el tr\u00e1mite, las probanzas y la jurisprudencia relacionada, todo lo cual llev\u00f3 al Tribunal a revocar la decisi\u00f3n del a quo. <\/p>\n
En ese orden, no tiene sustento, en \u00faltimas, la queja de la accionante relativa a que no se avaluaron la totalidad de los activos de la masa sucesoral, dado que solo hab\u00eda un inmueble susceptible de aval\u00fao y tampoco le asiste raz\u00f3n al referir que no se les exigi\u00f3 acreditar que no hab\u00edan enajenado las sumas a ellos asignadas, pues la figura de la venta aludida no aplicar\u00eda, propiamente dicha, frente a sumas de dinero; en todo caso, ha de se\u00f1alarse que el asunto contin\u00faa en curso ante el competente, dado que, acreditada la lesi\u00f3n enorme, se debe rehacer \u00abla partici\u00f3n llevada a cabo en el juicio mortuorio de [Rodrigo P\u00e9rez], con el fin de que se tenga en cuenta el justo precio de los bienes sucesorales\u00bb. <\/p>\n
4.2.- As\u00ed las cosas, se observa que los cuestionamientos esgrimidos por el accionante con miras a cuestionar la actuaci\u00f3n rebatida son propios de un disentimiento particular frente a los argumentos que tuvo en cuenta la autoridad judicial demandada para negar las pretensiones de la ac\u00e1 tutelante. <\/p>\n
Al respecto, debe recordarse que este tipo de disconformidades no habilitan la intervenci\u00f3n del juez constitucional, por cuanto lo que hace es insistir (indirectamente) sobre puntos resueltos de fondo en esa causa. A su turno, se revela con ello la intenci\u00f3n de utilizar el resguardo como un recurso adicional, perdiendo as\u00ed su car\u00e1cter excepcional y residual. <\/p>\n
En ese sentido, esta Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01). <\/p>\n
Asimismo, esta Sala ha considerado, en reiterada y profusa jurisprudencia, que \u00ab(\u2026) al sentenciador de tutela le est\u00e1 vedado reexaminar si el juzgador acusado realiz\u00f3 la m\u00e1s convincente o adecuada de las interpretaciones, pues tal tarea est\u00e1 por fuera de sus facultades, ya que \u2018\u2026independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho\u2019\u00bb (CSJ STC, 20 sep. 2012, rad. 2012-00245-01; reiterado en STC. 14 sep. 2020, Rad. 2020-00458-01). <\/p>\n
5.- De acuerdo con lo discurrido, no se otorgar\u00e1 la salvaguarda impetrada. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo reclamado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 En virtud del Acuerdo 034 de 16 de diciembre de 2020, emitido por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, y como medida de protecci\u00f3n a la intimidad de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, se profieren dos versiones de esta providencia con id\u00e9ntico tenor, una reemplazando los nombres y datos e informaciones (familiares), para efectos de publicaci\u00f3n, y otra con la informaci\u00f3n real y completa de las partes, para la correspondiente notificaci\u00f3n. <\/p>\n
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STC3507-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente STC3507-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-00826-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de marzo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). La Sala decide el resguardo constitucional promovido por Sandra Pineda, quien act\u00faa […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-62261","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62261","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62261"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62261\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62261"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62261"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62261"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}