STC3508-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC3508-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00741-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Edgar Enrique Ram\u00edrez Bernal contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a los intervinientes e interesados en el tr\u00e1mite verbal de radicado 2016-00267-00. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclama la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, defensa, doble instancia y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada en la causa referida. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito inicial y las pruebas obrantes en el plenario, se observa la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica: <\/p>\n
2.1. El accionante instaur\u00f3 demanda verbal de pertenencia extraordinaria en contra de Ricardo Londo\u00f1o Ochoa -como sucesor determinado de Luis Alfonso Londo\u00f1o Ochoa y dem\u00e1s herederos indeterminados del mismo-1. Por reparto, el asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Santa Marta2, el cual, surtido el tr\u00e1mite de rigor, en audiencia del 9 de septiembre de 2021, resolvi\u00f3 declarar \u00abprospera la excepci\u00f3n de m\u00e9rito propuesta por el demandado [\u2026] denominada inexistencia de los requisitos para que se configure la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio\u00bb. <\/p>\n
Inconforme con esa determinaci\u00f3n, el actor interpuso recurso de apelaci\u00f3n, el cual fue concedido en el \u00abefecto suspensivo\u00bb3. <\/p>\n
2.2. El Tribunal querellado, con auto del primero de diciembre de 2021, admiti\u00f3 \u00abla apelaci\u00f3n interpuesta [\u2026] respecto de la sentencia proferida el 9 de septiembre de 2021 [\u2026]\u00bb. Para ello, estipul\u00f3 correr \u00abtraslado al alzante para que, so pena de rechazo, y respetando los t\u00f3picos planteados en los reparos concretos, sustente dicha apelaci\u00f3n [\u2026]\u00bb de conformidad con el art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 20204. En consecuencia, el 19 siguiente, el gestor solicit\u00f3 \u00abque sea tenida en cuenta la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n [\u2026] la cual fue presentad[a] ante el juez de primera instancia [\u2026]\u00bb5. Sin embargo, el 17 de enero de los corrientes, la Sala cuestionada declar\u00f3 \u00abdesierto el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto\u00bb, por cuanto omiti\u00f3 la sustentaci\u00f3n del remedio de alzada6. <\/p>\n
2.3. Frente a lo determinado, el accionante impetr\u00f3 los recursos de \u00abreposici\u00f3n y en subsidio de apelaci\u00f3n\u00bb7. No obstante, la Sala censurada el 18 de febrero de 2022, mantuvo su postura. Adem\u00e1s, neg\u00f3 \u00abpor improcedente, la concesi\u00f3n de la s\u00faplica interpuesta [\u2026]\u00bb8. <\/p>\n
2.4. As\u00ed las cosas, el promotor, por v\u00eda de tutela, considera que \u00abcumpli\u00f3 con la ritualidad de exponer en la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n de manera clara y completa los reparos por los que est\u00e1 en desacuerdo con la providencia judicial, por lo que no hay motivo para que el superior exija la sustentaci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n y mucho menos para que no los tenga en cuenta, dado que el memorial de sustentaci\u00f3n obra en el expediente\u00bb. <\/p>\n
3. Solicita, conforme a lo relatado, que se ordene \u00abdejar sin efecto o modificar el auto de fecha 17 de enero de 202, proferido por el Tribunal Superior de Santa Marta [\u2026] mediante el cual declar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n y en su lugar tener por sustentada la sentencia apelada, dicho recurso de apelaci\u00f3n se present\u00f3 ante el a quo el 14 de septiembre de 2021, contra la providencia [de primera instancia] de fecha 9 de septiembre de 2021\u00bb. Adem\u00e1s, \u00abdejar sin efecto o modificar el auto de fecha 18 de febrero de 2022 [\u2026] mediante el cual [se] dispuso no reponer el auto proferido el 17 de enero de 2022\u00bb. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
1. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Santa Marta, anot\u00f3 que ese despacho \u00abdio el tr\u00e1mite correspondiente a la demanda incoada [\u2026] con observancia de las disposiciones legales vigentes, y fue respetuoso en todo momento, del derecho al debido proceso que asiste a los sujetos procesales [\u2026]\u00bb9. <\/p>\n
2. El Tribunal querellado, relat\u00f3 lo acontecido al interior del asunto de marras y adjunt\u00f3 las piezas procesales surtidas en segunda instancia del sub judice10. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Acorde con los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho, en l\u00ednea de principio, que las actuaciones y providencias judiciales no pueden ser rebatidas a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela. Ello pues, a la luz de los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, no debe el juez constitucional inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, a efectos de variar las decisiones proferidas o para dictaminar la manera en que debe procederse. <\/p>\n
Tal postura halla su excepci\u00f3n en aquellos precisos casos en los que el enjuiciador adopte alguna resoluci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyo en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u201cv\u00eda de hecho\u201d, que autoriza la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el objetivo de restablecer el orden jur\u00eddico afectado, a falta de que \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad.2001-00183-01). <\/p>\n
2. En el presente asunto, corresponde a la Sala establecer si la autoridad cuestionada vulner\u00f3 los derechos fundamentales del promotor, con ocasi\u00f3n del prove\u00eddo dictado el 18 de febrero de 2022, con el cual se resolvi\u00f3 la reposici\u00f3n interpuesta frente al auto de 17 de enero anterior. Ello pues, a su juicio, sustent\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n luego de la audiencia donde se dict\u00f3 la sentencia de primera instancia. <\/p>\n
3. Verificada la decisi\u00f3n cuestionada, esta Sala advierte que la solicitud de amparo constitucional invocada debe prosperar, toda vez que la colegiatura accionada al emitir la citada providencia incurri\u00f3 en los defectos que se le enrostran, tal como pasa a precisarse. <\/p>\n
3.1. En el auto que resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n interpuesto en contra de la determinaci\u00f3n que declar\u00f3 desierta la alzada, el ad quem, estim\u00f3, con base en jurisprudencia de esta Sala y de la Corte Constitucional, que la \u00absustentaci\u00f3n ante el juez de segunda instancia est\u00e1 contemplada como un deber procesal tanto en el C\u00f3digo General del Proceso11 como en el Decreto 806 de 202012, pues ambos Cuerpos Normativos prev\u00e9n un\u00edvocamente que el recurso debe declararse desierto, si no se cumple con tal formalidad\u00bb. En ese orden, se\u00f1al\u00f3, de acuerdo con lo expuesto, que \u00abla sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n ante el funcionario de segunda instancia es un deber procesal con una sanci\u00f3n expresamente contemplada en caso de incumplimiento, a la que dio lugar el ahora recurrente horizontal, porque si bien hizo manifestaci\u00f3n de remitirse a los argumentos expuestos ante el a quo, no fue tempestivamente, sino una vez expirada la oportunidad para ello\u00bb. <\/p>\n
3.2. Resalt\u00f3 que la censura se encuentra sustentada en la sentencia del 18 de mayo de 2021 -STC5497-2021- proferida por esta Corporaci\u00f3n. No obstante, sostuvo que dicha determinaci\u00f3n no es aplicable en esta oportunidad \u00abporque fue proferida en sede de una acci\u00f3n de tutela, que tiene efectos \u00fanicamente entre las partes all\u00ed involucradas [\u2026]\u00bb. Al respecto, indic\u00f3, con soporte en providencia del 28 de julio de 2021 \u2013STL9553-2021- de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, que \u00abest\u00e1 justificada la aplicaci\u00f3n de los c\u00e1nones rituales [\u2026], en la forma en que fueron concebidos por el Legislador ordinario y a\u00fan del extraordinario, cuyo objetivo con la expedici\u00f3n del Decreto 806 de 2020 no fue modificar las ordenanzas del C\u00f3digo General del Proceso, sino garantizar que, precisamente para cumplir con ellas y con los fines all\u00ed previstos, se incorporaran las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n a la actividad judicial, se agilizaran los procesos y se flexibilizara la atenci\u00f3n a los usuarios del servicio de administraci\u00f3n de justicia\u00bb. Asunto que, igualmente, fue abordado por la Corte Constitucional en prove\u00eddo C-420\/20, el cual, mantuvo la declaratoria de deserci\u00f3n de la alzada ante el \u00abincumpli[miento] del deber procesal de sustentaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3.3. Por otra parte, manifest\u00f3 que se concedi\u00f3 el t\u00e9rmino legal de 5 d\u00edas para llevar a cabo la respectiva sustentaci\u00f3n. Sin embargo, destac\u00f3 que \u00aben el sub examine acaeci\u00f3 el 6 de diciembre pasado, por haberse proferido el primero del mismo mes y a\u00f1o y notificado por estado al d\u00eda siguiente, lo que quiere decir que ese plazo corri\u00f3 el 9, 10, 13, 14, y 15 de diciembre de 2021, ya que el 8 fue festivo y 11 y 12 s\u00e1bado y domingo, respectivamente\u00bb. Frente a ello, concluy\u00f3 que la censurada presentada, concerniente a \u00abtener por sustentado el recurso con los argumentos expuestos ante el a quo el 11 de enero de 2022, ya hab\u00eda fenecido la oportunidad para ello el 15 de diciembre anterior\u00bb. Y aunque el \u00abalzante cuenta con la posibilidad de ratificarse de las exposiciones hechas ante el sentenciador de primer grado, sin replicarlas in extenso; [\u2026] lo cierto es que esa remisi\u00f3n debe hacerse dentro del lapso previsto por la ley para la sustentaci\u00f3n del recurso y no en cualquier momento\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, estim\u00f3 que \u00abno comparte [\u2026] la posici\u00f3n seg\u00fan la cual debe dejarse al arbitrio del administrador de justicia de segundo grado, calificar la suficiencia de la argumentaci\u00f3n expuesta en los reparos concretos presentados ante su remitente funcional, so pretexto de garantizar la b\u00fasqueda de los derechos reconocidos por la ley sustancial [\u2026]\u00bb. Ello, por cuanto se \u00abceder\u00eda ante la percepci\u00f3n subjetiva de cada Juez o Magistrado ponente en segunda instancia, afectando as\u00ed la seguridad jur\u00eddica perseguida por el ordenamiento procesal\u00bb. Adem\u00e1s, porque \u00abse cercenar\u00eda el debido proceso del no recurrente, quien quedar\u00eda despojado injustamente de la oportunidad para exponer sus razonamientos; adicionalmente, se sacrificar\u00edan los principios de improrrogabilidad de los t\u00e9rminos judiciales y de eventualidad y preclusi\u00f3n\u00bb. Por \u00faltimo, dada una \u00abeventual suplantaci\u00f3n, desborde o desconocimiento de la voluntad de las partes en que podr\u00eda incurrir el sentenciador de segunda instancia, so pretexto de verificar la idoneidad de la llamada sustentaci\u00f3n anticipada\u00bb. <\/p>\n
4. De lo expuesto, la Corte no comparte ese razonamiento. En efecto, dada la situaci\u00f3n coyuntural que tuvo que afrontar la sociedad ante la pandemia ocasionada por el Covid-19, el Estado colombiano se vio en la necesidad de modificar las normas procesales vigentes a efectos de salvaguardar la salud de los usuarios del servicio de administraci\u00f3n de justicia, al tiempo de garantizar la prestaci\u00f3n continua del mismo. Fue por ello que, en el marco del Estado de Emergencia Econ\u00f3mica, Social y Ecol\u00f3gica, se profiri\u00f3 el Decreto Ley 806 de 2020, cuyo fin fue \u00abflexibilizar la atenci\u00f3n a los usuarios del servicio de justicia y contribuir a la pronta reactivaci\u00f3n de las actividades econ\u00f3micas que dependen de este\u00bb (art\u00edculo 1\u00b0). <\/p>\n
Bajo tal contexto, la aludida norma prescribi\u00f3, en su art\u00edculo 14, que una vez \u00abejecutoriado el auto que admite el recurso o el que niega la solicitud de pruebas, el apelante deber\u00e1 sustentar el recurso a m\u00e1s tardar dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes. De la sustentaci\u00f3n se correr\u00e1 traslado a la parte contraria por el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas. Vencido el t\u00e9rmino de traslado se proferir\u00e1 sentencia escrita que se notificar\u00e1 por estado. Si no se sustenta oportunamente el recurso, se declarar\u00e1 desierto\u00bb. A esa determinaci\u00f3n se arrib\u00f3 con el particular objetivo que la sustentaci\u00f3n, su traslado y sentencia se hiciera \u00aba trav\u00e9s de documentos aportados por medios electr\u00f3nicos\u00bb y sin que \u00abtenga que adelantarse la audiencia para la sustentaci\u00f3n del recurso\u00bb. <\/p>\n
Para esta Corte, desde reciente jurisprudencia, ha sido di\u00e1fano que las reglas transitorias del tr\u00e1mite de segunda instancia implican una lectura desde el sistema escritural. As\u00ed lo record\u00f3 esta Corporaci\u00f3n en sentencia STC7652-2021 del 24 de junio del a\u00f1o en curso, en la cual sostuvo lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab3.2. Teniendo ello de presente, conveniente es recordar que la sustentaci\u00f3n por escrito de la apelaci\u00f3n, efectuada de forma anticipada ante el juzgador de primera instancia, como ocurri\u00f3 en el caso auscultado, fue una tem\u00e1tica zanjada de manera pac\u00edfica por esta Corte en favor de lo sustancial sobre las formas en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, dando por sentado que la interpretaci\u00f3n m\u00e1s benigna para el ordenamiento jur\u00eddico, respecto a la expresi\u00f3n que tal motivaci\u00f3n de la censura deb\u00eda exteriorizarse, \u00aba m\u00e1s tardar\u00bb, antes de fenecer el traslado de segunda instancia para tal prop\u00f3sito, correspond\u00eda a aquella que aceptaba que pod\u00eda darse en cualquier tiempo despu\u00e9s de proferida la sentencia de primer grado y con antelaci\u00f3n al referido l\u00edmite, es decir, entend\u00eda v\u00e1lidas y vinculantes todas las atestaciones efectuadas con dicho fin antes de finalizar el mentado traslado, incluso con antelaci\u00f3n a su inicio. <\/p>\n
\u2026es preciso referirse\u2026 a la oportunidad con que se sustent\u00f3 la alzada\u2026, aspecto sobre el que la inteligencia del par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 352 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, indica que se puede hacer \u201ca m\u00e1s tardar\u201d dentro de la oportunidad establecida en los art\u00edculos 359 y 360, es decir, es v\u00e1lido en cualquier momento anterior, como ac\u00e1 sucedi\u00f3, al interponer el recurso. <\/p>\n
En un caso similar, esta Corporaci\u00f3n consider\u00f3: \u201cRelativamente al cuestionamiento de la actora en torno a la \u2018extemporaneidad\u2019 de la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n, basta se\u00f1alar que la reforma introducida por la Ley 794 de 2003 al art\u00edculo 352 del estatuto procesal civil, no indica que deba sustentarse, como lo entendi\u00f3 la peticionaria, dentro de los \u2018tres d\u00edas siguientes a la admisi\u00f3n del recurso\u2019, sino que debe hacerse \u2018a m\u00e1s tardar\u2019 dentro de la oportunidad establecida en los art\u00edculos 359 y 360 ib\u00eddem; es decir, que en trat\u00e1ndose de apelaci\u00f3n de sentencia, en aplicaci\u00f3n de la \u00faltima norma citada, el t\u00e9rmino vencer\u00eda concluidos los cinco d\u00edas para alegar en segunda instancia, sin que, por lo dem\u00e1s, sea necesario que el juzgador de segundo grado \u2018ponga en conocimiento\u2019 de la parte contraria las alegaciones del impugnante, pues el escrito se agrega al expediente y queda a disposici\u00f3n \u2018de la parte contraria por tres d\u00edas\u2019 (art\u00edculo 359 ib\u00eddem)\u201d (sentencia de 12 de junio de 2008, expediente 00095-01, ratificada el 21 de agosto de 2012, exp. 01621-00) (CSJ STC, 5 dic. 2012, rad. 2012-00819-01). <\/p>\n
As\u00ed mismo, m\u00e1s recientemente, en un asunto en el que se disert\u00f3, espec\u00edficamente, respecto a las diferencias latentes en el tr\u00e1mite de la alzada en la escrituralidad validada por el C\u00f3digo de Procedimiento Civil en contraposici\u00f3n con la oralidad que gobierna el C\u00f3digo General del Proceso, que mutatis mutandis resulta aplicable al presente caso, en tanto que, como qued\u00f3 dicho, lo dispuesto en el Decreto 806 de 2020, por lo menos en cuanto al decurso y definici\u00f3n de la apelaci\u00f3n en materia civil y de familia, es el retorno al mentado sistema escritural; esta Corte sostuvo que: <\/p>\n
[\u2026] En ambas legislaciones (C\u00f3digo de Procedimiento Civil y C\u00f3digo General del Proceso) se tipifica la \u201cdeserci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n\u201d, s\u00f3lo que no necesariamente los supuestos que dan lugar a ella en una y otra reglamentaci\u00f3n son concordantes. En lo que ahora capta la atenci\u00f3n, es preciso advertir que el par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 352 del Decreto 1400 de 1970 indicaba que el <\/p>\n
\u201capelante deber\u00e1 sustentar el recurso ante el Juez o Tribunal que deba resolverlo, a m\u00e1s tardar dentro de la oportunidad establecida en los art\u00edculos 359 y 360, so pena de que se declare desierto. Para la sustentaci\u00f3n del recurso, ser\u00e1 suficiente que el recurrente exprese, en forma concreta, las razones de su inconformidad con la providencia\u201d. <\/p>\n
En cambio, el art\u00edculo 327 de la Ley 1564 de 2012 dispone que ejecutoriado \u201cel auto que admite la apelaci\u00f3n, el Juez convocar\u00e1 a la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo (\u2026) El apelante deber\u00e1 sujetar su alegaci\u00f3n a desarrollar los argumentos expuestos ante el Juez de primera instancia\u201d. <\/p>\n
Una de las notables divergencias que de all\u00ed brotan estriba en que, en el pasado r\u00e9gimen la \u201csustentaci\u00f3n\u201d no constaba de un \u00fanico momento para desarrollarse, sino que el inconforme pod\u00eda hacerlo en cualquiera de las instancias desde que interpon\u00eda la opugnaci\u00f3n hasta que transcurrieran los 5 d\u00edas que ordenaba el canon 360 ej\u00fasdem, lo que constitu\u00eda el l\u00edmite. Mientras que en la hora actual esa fase es de obligado agotamiento en la diligencia del art. 327 del C\u00f3digo General del Proceso, esto es, ni antes ni despu\u00e9s, eso s\u00ed, previa precisi\u00f3n de los reparos concretos que se le hacen a la decisi\u00f3n, ante el a quo. <\/p>\n
De modo que, en resumen, la \u201cdeserci\u00f3n\u201d en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil estaba permitida cuando el discrepante desaprovechaba las varias oportunidades en que ha debido exponer los motivos de oposici\u00f3n, y en el C\u00f3digo General del Proceso lo est\u00e1 siempre que no concurra al \u201cacto\u201d concebido para ese designio, o asiste pero no \u201cdesarrolla los argumentos expuestos ante el Juez de primera instancia\u201d. Luego, aunque aparentemente puedan evidenciar algunas similitudes, los tratamientos en ambos sistemas no son iguales. <\/p>\n
La predominancia de la escrituralidad que hasta hace poco imper\u00f3, y la de oralidad que empieza a hacerlo, es pieza toral cuando de averiguar el funcionamiento del \u201ctr\u00e1mite de apelaci\u00f3n de sentencias\u201d se trata. Y no es para menos, porque como antes ten\u00eda mayor valor lo documentado, ese era el canal que utilizaban los \u201crecurrentes\u201d para comunicar la r\u00e9plica frente a una providencia que les desfavorec\u00eda y, por ello, estaban autorizados para hacerlo en alguno de los varios instantes prenotados, y la cuesti\u00f3n no ten\u00eda mayores implicaciones (daba igual sustentar ante el a quo o ante el ad quem), lo que en los tiempos que corren no se mira con la misma lupa porque claramente la incursi\u00f3n de la prevalencia de la palabra hablada supone que sea \u00e9ste nuevo m\u00e9todo el que deba emplearse para el referido fin (sustentar), labor\u00edo que implica concentrar todas las intervenciones (apelante, no apelante y fallador) en un solo \u201cacto\u201d; de all\u00ed que la mentada \u201cdiligencia\u201d de \u201csustentaci\u00f3n y fallo\u201d sea la \u00fanica oportunidad para lograrlo, tal como mayoritariamente lo ha sostenido esta Corporaci\u00f3n13 (se destac\u00f3 – CSJ STC3969-2018, 21 mar., rad. 2018-00668-00). <\/p>\n
En ese orden, de lo evidenciado claramente se desprende que el soporte para, en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, declarar desierta la apelaci\u00f3n cuando la parte recurrente deja de asistir ante el ad quem a sustentarla, tiene fundamento exclusivo en el sistema oral que gobierna tal estatuto, sin que, por obvios motivos, tal razonamiento tenga cabida cuando en el rito respectivo prevalece lo escritural\u00bb (se resalta). <\/p>\n
Cabe destacar entonces que, para esta Sala, la sanci\u00f3n consistente en declarar desierto un recurso de apelaci\u00f3n por la ausencia de sustentaci\u00f3n ante el juez de segunda instancia es exclusiva del sistema de oralidad impuesto por el C\u00f3digo General del Proceso -que, es importante decirlo, volver\u00e1 a regir una vez expire el t\u00e9rmino de vigencia consagrado para el Decreto 806 de 2020-. Sin embargo, \u00aben vigencia del Decreto Legislativo 806 de 2020, si desde el umbral de la interposici\u00f3n de la alzada el recurrente expone de manera completa los reparos por los que est\u00e1 en desacuerdo con la providencia judicial, no hay motivo para que el superior exija la sustentaci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n, de lo contrario, si los reproches realizados apenas son enunciativos, desde luego, el juez deber\u00e1 ordenar el agotamiento de esa formalidad, conforme lo previsto en la normatividad se\u00f1alada\u00bb (STC5498-2021 del 12 de mayo del 2021). <\/p>\n
5. Bajo tales consideraciones, se observa que, en el caso en concreto, el apoderado de Edgar Enrique Ram\u00edrez Bernal instaur\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n en contra de la sentencia del 9 de septiembre de 2021. Y, por escrito arrimado el 14 siguiente14 ante el juez de primer grado, sustent\u00f3 la alzada, documento en el que explic\u00f3 detalladamente cada una de las inconformidades por las que estimaba que deb\u00eda revocarse la providencia cuestionada. <\/p>\n
Sin embargo, como se vio en el numeral cuarto de la parte considerativa de este prove\u00eddo, para el Tribunal lo expuesto por el censor no pudo ser tomado como sustentaci\u00f3n de la alzada, b\u00e1sicamente, por el hecho de no haber sido interpuesto dentro del t\u00e9rmino que concedi\u00f3 en el auto del primero de diciembre de 2021. De manera que, omiti\u00f3 desatar de fondo el recurso de apelaci\u00f3n frente a los reparos concretos formulados y sustentados ante el juez de primera instancia. Ello, pese a que el accionante se\u00f1al\u00f3 en detalle las razones por las cuales disent\u00eda del fallo impugnado. Y como dicho escrito se hallaba dentro del expediente, la Corporaci\u00f3n demandada pudo tener por agotada la sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n y, de esta manera, dar prelaci\u00f3n al derecho sustancial sobre las formas, por virtud del principio de econom\u00eda procesal. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el comportamiento de la autoridad judicial accionada produce un defecto procedimental absoluto pues, tal discernimiento resulta una desproporcionada afectaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales del gestor, en particular a su derecho al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. En el punto, es pertinente recordar que tocante al error procedimental como supuesto suficiente para la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, la Corte Constitucional ha indicado que: <\/p>\n
\u00ab(…) este defecto puede ser (i) de tipo absoluto; o (ii) por exceso ritual manifiesto. Sobre el particular, la sentencia SU-770 de 2014 indic\u00f3 que el defecto procedimental absoluto se presenta \u201ccuando el procedimiento que adopta el juzgador no est\u00e1 sometido a los requisitos previstos en la ley, sino que obedece a su propia voluntad… porque (i) el juez se ci\u00f1e a un tr\u00e1mite ajeno al pertinente, o porque (ii) el juez omite etapas sustanciales del procedimiento con violaci\u00f3n de los derechos de defensa y de contradicci\u00f3n de una de las partes del proceso. Este defecto requiere, adem\u00e1s, que se trate de un error de procedimiento grave y trascendente, valga decir, que influya de manera cierta y directa en la decisi\u00f3n de fondo\u201d, mientras que el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto \u201cocurre cuando el funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obst\u00e1culo para la eficacia del derecho sustancial, … (i) se deja de inaplicar normas procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso concreto; (ii) se exige cumplir requisitos formales de manera irreflexiva, aunque pueda tratarse de cargas imposibles de cumplir, siempre que esta circunstancia est\u00e9 comprobada; (iii) se incurre en un rigorismo procedimental en la apreciaci\u00f3n de las pruebas; (iv) o se omite el decreto oficioso de pruebas cuando a ello hay lugar\u00bb (CC T-204\/18). <\/p>\n
6. Tales circunstancias justifican la intervenci\u00f3n del juez constitucional en aras de restablecer los derechos fundamentales conculcados. Por lo tanto, se ordenar\u00e1 a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Santa Marta, que tras dejar sin valor ni efecto el auto del 18 de febrero de 2022, resuelva nuevamente el recurso de reposici\u00f3n interpuesto contra el prove\u00eddo del 17 de enero de 2022, con el cual se declar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n propuesto contra la sentencia de primera instancia. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONCEDE la acci\u00f3n de tutela solicitada. En consecuencia, resuelve: <\/p>\n
PRIMERO: ORDENAR a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta que, dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes al recibo de la notificaci\u00f3n de esta providencia, tras dejar sin valor ni efecto el prove\u00eddo dictado el 18 de febrero de 2022 y los que de este dependan, en el tr\u00e1mite de radicado 47001-31-53-004-2016-00267-02, proceda a adoptar una nueva decisi\u00f3n respecto al recurso de reposici\u00f3n presentado por el quejoso contra el auto del 17 de enero de 2022, atendiendo lo expuesto en la parte motiva de esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
SEGUNDO: ORDENAR al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Santa Marta remitir, en un t\u00e9rmino no superior a un d\u00eda, el expediente digital contentivo del asunto objeto de la queja constitucional al Tribunal referido, con el fin de que d\u00e9 cumplimiento a la orden. <\/p>\n
TERCERO. Comun\u00edquese esta providencia a las partes e interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
(Salvamento de Voto) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO MAGISTRADA HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-00741-00 <\/p>\n
Con el mayor respeto hacia los Magistrados que emitieron la providencia de la cual tomo distancia, me permito expresar los motivos de discrepancia con la soluci\u00f3n adoptada. <\/p>\n
La Sala mayoritaria concedi\u00f3 el amparo constitucional reclamado por Edgar Enrique Ram\u00edrez Bernal frente a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, y orden\u00f3 a esta que, tras dejar sin efecto el prove\u00eddo de 18 de febrero de 2022, as\u00ed como los dem\u00e1s que dependan de \u00e9l, emita una nueva decisi\u00f3n respecto al recurso de reposici\u00f3n formulado por el quejoso contra el auto de 17 de enero de 2022, atendiendo lo expuesto en la parte motiva de esta decisi\u00f3n. Ello, en el proceso de pertenencia que el gestor promovi\u00f3 en contra de Ricardo Londo\u00f1o Ochoa -como sucesor determinado de Luis Alfonso Londo\u00f1o Ochoa y dem\u00e1s herederos indeterminados del mismo- (rad. 47001-31- <\/p>\n
53-004-2016-00267-00). <\/p>\n
Determinaci\u00f3n que sustent\u00f3 en el precedente de esta Sala sobre la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n de sentencia, el cual establece que las reglas transitorias del tr\u00e1mite de segunda instancia implican una lectura desde el sistema escritural (STC7652-2021 – 24 jun.), decisi\u00f3n en la que se indic\u00f3, entre otras cosas, que: <\/p>\n
\u00ab3.2. Teniendo ello de presente, conveniente es recordar que la sustentaci\u00f3n por escrito de la apelaci\u00f3n, efectuada de forma anticipada ante el juzgador de primera instancia, como ocurri\u00f3 en el caso auscultado, fue una tem\u00e1tica zanjada de manera pac\u00edfica por esta Corte en favor de lo sustancial sobre las formas en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, dando por sentado que la interpretaci\u00f3n m\u00e1s benigna para el ordenamiento jur\u00eddico, respecto a la expresi\u00f3n que tal motivaci\u00f3n de la censura deb\u00eda exteriorizarse, \u00aba m\u00e1s tardar\u00bb, antes de fenecer el traslado de segunda instancia para tal prop\u00f3sito, correspond\u00eda a aquella que aceptaba que pod\u00eda darse en cualquier tiempo despu\u00e9s de proferida la sentencia de primer grado y con antelaci\u00f3n al referido l\u00edmite, es decir, entend\u00eda v\u00e1lidas y vinculantes todas las atestaciones efectuadas con dicho fin antes de finalizar el mentado traslado, incluso con antelaci\u00f3n a su inicio (\u2026). <\/p>\n
(\u2026) En ese orden, de lo evidenciado claramente se desprende que el soporte para, en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, declarar desierta la apelaci\u00f3n cuando la parte recurrente deja de asistir ante el ad quem a sustentarla, tiene fundamento exclusivo en el sistema oral que gobierna tal estatuto, sin que, por obvios motivos, tal razonamiento tenga cabida cuando en el rito respectivo prevalece lo escritural\u00bb (se resalta). <\/p>\n
Destacando, a continuaci\u00f3n, que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026), para esta Sala, la sanci\u00f3n consistente en declarar desierto un recurso de apelaci\u00f3n por la ausencia de sustentaci\u00f3n ante el juez de segunda instancia es exclusiva del sistema de oralidad impuesto por el C\u00f3digo General del Proceso -que, es importante decirlo, volver\u00e1 a regir una vez expire el t\u00e9rmino de vigencia consagrado para el Decreto 806 de 2020-. Sin embargo, \u00aben vigencia del Decreto Legislativo 806 de 2020, si desde el umbral de la interposici\u00f3n de la alzada el recurrente expone de manera completa los reparos por los que est\u00e1 en desacuerdo con la providencia judicial, no hay motivo para que el superior exija la sustentaci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n, de lo contrario, si los reproches realizados apenas son enunciativos, desde luego, el juez deber\u00e1 <\/p>\n
ordenar el agotamiento de esa formalidad, conforme lo previsto en la normatividad se\u00f1alada\u00bb (STC5498-2021 del 12 de mayo del <\/p>\n
2021)\u00bb. <\/p>\n
Luego de lo cual, coligi\u00f3 que, en el caso concreto, <\/p>\n
\u00ab(\u2026), como se vio en el numeral cuarto de la parte considerativa de este prove\u00eddo, para el Tribunal lo expuesto por el censor no pudo ser tomado como sustentaci\u00f3n de la alzada, b\u00e1sicamente, por el hecho de no haber sido interpuesto dentro del t\u00e9rmino que concedi\u00f3 en el auto del primero de diciembre de 2021. De manera que, omiti\u00f3 desatar de fondo el recurso de apelaci\u00f3n frente a los reparos concretos formulados y sustentados ante el juez de primera instancia. Ello, pese a que el accionante se\u00f1al\u00f3 en detalle las razones por las cuales disent\u00eda del fallo impugnado. Y como dicho escrito se hallaba dentro del expediente, la Corporaci\u00f3n demandada pudo tener por agotada la sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n y, de esta manera, dar prelaci\u00f3n al derecho sustancial sobre las formas, por virtud del principio de econom\u00eda procesal\u00bb. <\/p>\n
No comparto la resoluci\u00f3n, principalmente, porque el Tribunal Superior de Santa Marta no vulner\u00f3 los derechos fundamentales invocados por el actor. Son mis razones las siguientes: <\/p>\n
Ahora, la modificaci\u00f3n que el art\u00edculo 14 del Decreto <\/p>\n
806 de 2020 introdujo al recurso de apelaci\u00f3n de sentencias, lo fue respecto de la \u00absustentaci\u00f3n\u00bb, que en sentido estricto solo comporta la forma de hacer conocer al juez de segunda <\/p>\n
instancia los argumentos que soportan los \u201creparos\u201d expresados ante el a quo, ya no oralmente en audiencia sino por escrito. <\/p>\n
Pero, en mi criterio, esa \u00absustentaci\u00f3n\u00bb en todo caso, debe hacerse una vez \u201cejecutoriado el auto que admite la apelaci\u00f3n\u201d, competencia adscrita exclusivamente al ad quem y no al a quo. <\/p>\n
Y, es que, si como qued\u00f3 dicho, \u00abla apelaci\u00f3n de sentencias comprende dos momentos que deben ser desarrollados en etapas bien definidas\u00bb, no puede inferirse como lo hace la Sala Mayoritaria, que \u00ab(\u2026) si desde el umbral de la interposici\u00f3n de la alzada el recurrente expone de manera completa los reparos por los que est\u00e1 en desacuerdo con la providencia judicial, no hay motivo para que el superior exija la sustentaci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Ello, porque con independencia de la extensi\u00f3n de los reparos \u2013 breves o extensos \u2013 no puede equipararse la expresi\u00f3n de las inconformidades \u2013 discrepancia o con qu\u00e9 no est\u00e1 de acuerdo <\/p>\n
– con los argumentos que las soportan \u2013 por qu\u00e9 discrepa o no est\u00e1 de acuerdo -. Aquellas se expresan ante el a quo y \u00e9stos ante el ad quem. As\u00ed lo dispone el legislador ahora de manera clara \u2013 art. 14 D. 806 de 2020-, se consider\u00f3 constitucional antes \u2013 SU 418 de 2019 \u2013, previ\u00f3 el legislador antes de la ley <\/p>\n
1564 de 2012 \u2013 art. 360 C.P.C \u2013 y, esta Corporaci\u00f3n con fundamento en esta norma, estim\u00f3 como el momento para fundamentar la alzada \u2013 v. gr. SC 4855 de 2014, STL 2791 de 2021 y STL 9267-2021-. <\/p>\n
2.- La \u00abcarga de sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n\u00bb, en oportunidad, ante su destinatario leg\u00edtimo, esto es, el juez de segunda instancia a quien le fue asignada la competencia para esta actuaci\u00f3n, tampoco ri\u00f1e con el principio-derecho <\/p>\n
de la doble instancia en tanto reconocido constitucionalmente el margen de \u00abconfiguraci\u00f3n legislativa\u00bb con que cuenta el legislador, cuando este le impone l\u00edmites a ese principio-derecho \u201c\u2026, es viable que consagre cargas procesales, entendidas como aquellas situaciones que exigen una conducta de realizaci\u00f3n facultativa establecida en inter\u00e9s del propio sujeto y cuya omisi\u00f3n reporta una consecuencia desfavorable como, por ejemplo, la preclusi\u00f3n de una oportunidad o un derecho procesal o inclusive hasta la p\u00e9rdida del derecho sustancial sometido a la litis. Significa lo anterior que supone un proceder potestativo del sujeto con inter\u00e9s propio y que en caso de incumplimiento acarrea una consecuencia que puede limitar derechos fundamentales\u201d (C-337 junio 29 de 2016). <\/p>\n
3.- Tampoco se trata del cumplimiento anticipado de la <\/p>\n
\u00abcarga de sustentaci\u00f3n\u00bb si atendemos que el legislador previ\u00f3 la oportunidad y el juez competente para verificar su \u00abcumplimiento\u00bb y efecto de su desatenci\u00f3n. Por lo tanto, podr\u00eda aceptarse que se anticipa cuando el acto se realiza ante el juez competente antes del momento previsto legalmente para su realizaci\u00f3n, esto es, durante el tr\u00e1mite de segunda instancia, pero no, cuando se realiza en primera instancia. <\/p>\n
Conclusi\u00f3n: Estoy convencida que el resguardo no debi\u00f3 ser concedido porque la declaratoria de desierto respecto del recurso de apelaci\u00f3n en este asunto, corresponde al desacato por el recurrente de la carga de sustentaci\u00f3n ante el juez competente y, en la oportunidad se\u00f1alada por el legislador. <\/p>\n
Con el debido respeto, dejo as\u00ed consignada mi discrepancia. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
1\u0002 Folios 3 a 9 del archivo PDF \u00ab001 VerbalPertenencia\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Folio 65 ib\u00eddem. <\/p>\n
3\u0002 Archivo PDF \u00ab041 ActaAudienciaSentencia\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 Archivo PDF \u00abAdmisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
5\u0002 Archivo PDF \u00abEscrito apelante\u00bb. <\/p>\n
6\u0002 Archivo PDF \u00abAuto declara desierto el recurso de apelaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
7\u0002 Archivo PDF \u00abRecurso de reposici\u00f3n y en subsidio el de apelaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
8\u0002 Archivo PDF \u00abResuelve reposici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
9\u0002 Respuesta por correo electr\u00f3nico de fecha 17 de marzo de 2022. <\/p>\n
10\u0002 Respuesta por correo electr\u00f3nico de fecha 18 de marzo de 2022. <\/p>\n
11\u0002 Inciso final del Art\u00edculo 322. <\/p>\n
12\u0002 Art\u00edculo 14. <\/p>\n
13\u0002 \u00abVer STC2423-2018 y sus salvamentos de votos, seg\u00fan los cuales puede resultar atendible la sustentaci\u00f3n realizada ante el a quo, en algunos supuestos\u00bb. <\/p>\n
14\u0002 Archivo PDF \u00ab043 SustentacionRecursoApelacion\u00bb. <\/p>\n
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STC3508-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC3508-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00741-00 Bogot\u00e1 D.C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). La Corte decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Edgar Enrique Ram\u00edrez Bernal contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-62262","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62262","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62262"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62262\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62262"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62262"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62262"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}