STC3509-2022<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC3509-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-01772-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 28 de septiembre de 20211, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Efra\u00edn Montenegro Castro contra la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 3 de la Corte Suprema de Justicia, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el ordinario laboral n\u00b0 2016-00870. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, seguridad social y \u00abnegociaci\u00f3n colectiva\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad querellada. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, indic\u00f3 que present\u00f3 demanda contra la Empresa de Telecomunicaciones de Bogot\u00e1 S.A. E.S.P. \u2013ETB S.A. E.S.P.-, en procura del reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n convencional, en tanto \u00abten\u00eda m\u00e1s de 50 a\u00f1os y 25 de servicios a la ETB\u00bb, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Treinta y Nueve Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, quien neg\u00f3 las pretensiones del convocante. Inconforme, interpuso apelaci\u00f3n, pero la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad, en providencia del 8 de mayo de 2019, confirm\u00f3 lo resuelto. <\/p>\n
Precis\u00f3 que recurri\u00f3 en sede extraordinaria, pero la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n denunciada dej\u00f3 inc\u00f3lume la decisi\u00f3n desfavorable del ad quem, por cuanto \u00ab[conforme a] los precedentes jurisprudenciales, no luce equivocada la conclusi\u00f3n a la que lleg\u00f3 el juzgador (\u2026) [y en cuanto al segundo cargo se presentaron] insalvables defectos de t\u00e9cnica\u00bb. <\/p>\n
Resoluci\u00f3n que a juicio del promotor \u00abno analiz\u00f3 lo que deber\u00eda (\u2026) sino que invoc\u00f3 un precedente que se refer\u00eda a un tema diferente; (\u2026) [no] le dio el valor debido a otras pruebas obrantes en el expediente; (\u2026) omiti\u00f3 aplicar el principio de favorabilidad (\u2026) [y se apart\u00f3] de la interpretaci\u00f3n dada por la jurisprudencia constitucional. <\/p>\n
3. Pretende, en consecuencia, que se deje sin efectos la sentencia SL1485-2021 del 21 de abril de 2021 y se ordene a la Corporaci\u00f3n enjuiciada que \u00abprofiera nueva [disposici\u00f3n] respetando los derechos fundamentales (\u2026) y, por consiguiente reconocer la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n pactada en clausulas convencionales\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 3 de la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral, realiz\u00f3 un recuento de la providencia confutada, manifest\u00f3 que no ha lesionado los derechos del demandante y solicit\u00f3 se declare la improcedencia de la acci\u00f3n. <\/p>\n
2. El Juzgado Treinta y Nueve Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, expuso las actuaciones surtidas y resalt\u00f3 que \u00abla presente tutela no cumple con los requisitos generales y espec\u00edficos de procedibilidad (\u2026), pues el [querellante] no cumple con la carga concerniente a la irregularidad procesal, pues dicho de paso, esta no existe, aunado a que no se determin\u00f3 con claridad la causal o defecto que pregona\u00bb. <\/p>\n
3. ETB S.A. E.S.P., indic\u00f3 que el fallo objeto del presente mecanismo, estuvo ajustado al ordenamiento jur\u00eddico, por lo tanto, \u00abno puede pretender el [gestor] convertir [esta herramienta supralegal] en una tercera instancia para reabrir debates concluidos\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo al advertir que \u00abno se demuestra la vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de la parte actora, dentro del proceso ordinario laboral 2016-00870 que pueda endilg\u00e1rsele a la [querellada] (\u2026) lo que busca el se\u00f1or EFRA\u00cdN MONTENEGRO CASTRO es que, por v\u00eda de tutela, se sustituya la apreciaci\u00f3n del an\u00e1lisis que al efecto hicieron los jueces designados por el legislador para tomar la decisi\u00f3n correspondiente. Siendo as\u00ed, resulta improcedente fundamentar la queja constitucional en las discrepancias de criterio de la parte accionante frente a las interpretaciones normativas o valoraciones probatorias realizadas por el juez natural dentro del proceso ordinario laboral de referencia\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impetr\u00f3 el apoderado del reclamante sin precisar los motivos de inconformidad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso laboral que inici\u00f3 el gestor (SL1485-2021, rad. 86998), por mantener en firme la resoluci\u00f3n desestimatoria del tribunal, supuestamente, en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
Las decisiones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n querellada, mantuvo inc\u00f3lume la resoluci\u00f3n desestimatoria del tribunal ad quem, en tanto advirti\u00f3 que \u00ab[conforme a] los precedentes jurisprudenciales no luce equivocada la conclusi\u00f3n a la que lleg\u00f3 el juzgador, (\u2026) [y en cuanto al segundo cargo se presentaron] insalvables defectos de t\u00e9cnica\u00bb, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al analizar el primer embate formulado por el promotor, encaminado por la v\u00eda directa, en la modalidad de aplicaci\u00f3n indebida \u00abde la parte final del par\u00e1grafo transitorio 3 del art\u00edculo 1\u00ba del Acto Legislativo No. 1 de 2005 que adicion\u00f3 el art\u00edculo 48 de la C.P.\u00bb y la inobservancia de \u00ablos art\u00edculos 53, 55, 58, 83 y 93 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica; los art\u00edculos 481 (\u2026) y 467 del C.S. del T. y el art. 478 ibidem; (\u2026) el art\u00edculo 1\u00ba de la ley 797 de 2003, (\u2026) el art\u00edculo 11 de la ley 100 de 1993, (\u2026) el art\u00edculo 9\u00ba del decreto 254 de 2000, (\u2026) el art. 7\u00ba de la ley 71 de 1988, la cl\u00e1usula 5\u00aa del pacto colectivo de 1974 suscrito entre la ETB y ATELCA, (\u2026) el ac\u00e1pite 3 de la convenci\u00f3n colectiva de 1992, (\u2026) la cl\u00e1usula 25 de la recopilaci\u00f3n de convenciones (1996) suscritas estas negociaciones entre la organizaci\u00f3n sindical ATELCA y la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP-ETB- d\u00e1ndosele, a dichas cl\u00e1usulas el car\u00e1cter de normas\u00bb, el estrado enjuiciado expuso que: <\/p>\n
\u00abEl asunto jur\u00eddico que se pone a consideraci\u00f3n de la Sala se contrae a determinar si el demandante continu\u00f3 siendo beneficiario de las cl\u00e1usulas contenidas en la recopilaci\u00f3n convencional 1996-1997, celebrada entre la ETB y Atelca, pese a cumplir con los requisitos exigidos para tales efectos, con posterioridad al 31 de julio de 2010, fecha l\u00edmite de vigencia establecida en el Acto Legislativo 01 de 2005\u00bb. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con el alcance del par\u00e1grafo transitorio 3 del Acto Legislativo n.\u00b0 1 de 2005, se refiri\u00f3 a lo se\u00f1alado en la sentencia SL3635-2020: <\/p>\n
\u00abEn conclusi\u00f3n, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, rectifica parcialmente su criterio (\u2026) y, en su lugar, precisa que, en materia pensional consagrada en convenciones colectivas de trabajo, laudos o pactos, a la luz del Acto Legislativo 01 de 2005 las pautas que regulan el asunto, son las siguientes: <\/p>\n
<\/p>\n
a. En los eventos en que las reglas pensionales de car\u00e1cter convencional suscritas antes de la expedici\u00f3n del Acto Legislativo 01 de 2005 y al 29 de julio del mismo a\u00f1o se encontraban en curso, mantendr\u00e1 su eficacia por el t\u00e9rmino inicialmente pactado, a\u00fan con posterioridad al 31 de julio de 2010, hasta cuando se llegue al plazo acordado. <\/p>\n
<\/p>\n
b. Si al 29 de julio de 2005, fecha de entrada en vigencia del acto legislativo en menci\u00f3n, respecto del convenio colectivo estaba operando la pr\u00f3rroga autom\u00e1tica consagrada en el art\u00edculo 478 del C\u00f3digo Sustantivo de Trabajo y las partes no presentaron la denuncia en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 479 ibidem, las prerrogativas pensionales se extendieron solo hasta el 31 de julio de 2010. <\/p>\n
<\/p>\n
c. Si la convenci\u00f3n colectiva de trabajo se denunci\u00f3 y se trab\u00f3 el conflicto colectivo, los acuerdos pensionales, por ministerio de la ley se mantuvieron seg\u00fan las reglas legales de la pr\u00f3rroga autom\u00e1tica, hasta el 31 de julio de 2010 y, en tal caso, ni las partes ni los \u00e1rbitros pod\u00edan establecer condiciones m\u00e1s favorables a las previstas en el sistema general de pensiones entre la fecha en la que entr\u00f3 en vigencia el Acto Legislativo y el 31 de julio de 2010\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, en lo que respecta al desconocimiento de las normas constitucionales, convenios y tratados internacionales, se soport\u00f3 en las providencias SL621-2019, SL2802-2019 y SL5561-2019, para indicar que: <\/p>\n
\u00abLa Corte no encuentra que el ad quem hubiese desconocido las normas constitucionales sobre integraci\u00f3n de los tratados en los cuales se consagr\u00f3 el derecho a la seguridad social como un derecho humano, pues justamente se limit\u00f3 a aplicar en estricto rigor las disposiciones constitucionales referidas a la negociaci\u00f3n de condiciones pensionales, plasmadas en el Acto Legislativo 01 de 2005, que establecieron la p\u00e9rdida de la vigencia de las condiciones pensionales extralegales a partir del 31 de julio de 2010, de manera que el fallador no desconoci\u00f3 la especial protecci\u00f3n que tiene el derecho a la seguridad social en el \u00e1mbito del derecho internacional. <\/p>\n
De esta manera, coligi\u00f3 que \u00abno luce equivocada la conclusi\u00f3n a la que lleg\u00f3 el juzgador de segunda instancia, raz\u00f3n por la cual el cargo no sale avante\u00bb. <\/p>\n
Ahora bien, en el an\u00e1lisis del cargo segundo fundado en \u00aberror de hecho manifiesto por la falta de apreciaci\u00f3n de unas pruebas\u00bb, lo que conllev\u00f3 a la \u00abviolaci\u00f3n a estas disposiciones normativas: los art\u00edculos 228, 13, 25, 48, 53, 93 y 55 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica; el A.L. No. 1 de 2005, los art\u00edculos 467, 468, 469, 479 del C.S. del T.; del mismo C.S. del T. el art. 81 (subrogado primero por la ley 188 de 1959 art. 1\u00ba y, luego, por el art. 30 de la ley 789 de 2002); el art. 37 del decreto 2351 de 1965; los arts. 60 y 61 del C\u00f3digo procesal (sic) del Trabajo, el art. 54 A ibidem (adicionado por la ley 712 de 2001 art. 24); los art\u00edculos 8 y 30 de la ley 153 de 1887 en armon\u00eda con el decreto 2677 de 1971 par\u00e1grafo de su art. 3\u00ba; la ley 100 de 1993 en sus art\u00edculos 36, 59, 79, 80, 289; el art. 1536 del C\u00f3digo civil (sic); art. 7 ley 71 de 1988, y disposiciones concordantes y el mismo Par\u00e1grafo (sic) transitorio 3 del A. L. No. 1 de 2005\u00bb, la autoridad enjuiciada manifest\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abEn el sub examine, resulta impropia (\u2026) la formulaci\u00f3n del cargo, en la que no se enuncia ning\u00fan error de hecho en el que hubiere incurrido el Tribunal, de manera que pudiera calificarse si tiene o no el car\u00e1cter de ostensible o manifiesto, requisito indispensable cuando se acusa la violaci\u00f3n de la ley sustancial por la v\u00eda indirecta. N\u00f3tese que el recurrente se limita a se\u00f1alar algunas pruebas a las que considera el sentenciador \u00abno le dio el valor debido\u00bb, sin indicar la foliatura en la que tales documentos se encuentran y, sin plantear, se reitera, los errores de hecho que podr\u00edan conducir a la violaci\u00f3n de la ley sustancial\u00bb. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, reliev\u00f3 que \u00ab[l]a censura olvida sus deberes al invocar la v\u00eda indirecta, los que, como lo ha [expuesto] de anta\u00f1o la jurisprudencia se contraen a: i) precisar los errores f\u00e1cticos, que deben ser evidentes; ii) indicar cu\u00e1les medios de prueba no fueron apreciados por el juzgador y en cu\u00e1les se incurri\u00f3 en una indebida valoraci\u00f3n, demostrando en qu\u00e9 consisti\u00f3 esta \u00faltima; iii) explicar c\u00f3mo la falta o equivocada valoraci\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n condujeron al fallador a incurrir en los errores denunciados y iv) determinar en forma clara lo que la prueba en verdad acredita\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00absostiene en el cargo que incurre el ad quem \u00aben una mala interpretaci\u00f3n del citado Acto Legislativo No. 1 de 2005\u00bb as\u00ed como que se equivoca cuando sostiene que \u00abla edad es requisito de exigibilidad para el pago de la mesada\u00bb, aspectos que se alejan de la v\u00eda de los hechos y que, corresponden a un an\u00e1lisis jur\u00eddico de la norma, el que resulta ajeno a la senda de ataque por la que se orienta el cargo, lo que constituye un desatino insalvable, al no ser posible que se fundan en el mismo, como aqu\u00ed se advierte, la v\u00eda directa y la indirecta que resultan excluyentes, toda vez que la primera refiere la existencia de un error jur\u00eddico en la decisi\u00f3n cuestionada, mientras que la segunda, supone la existencia de uno o varios errores f\u00e1cticos, lo que conlleva a que su formulaci\u00f3n y an\u00e1lisis deban hacerse por separado\u00bb. <\/p>\n
Todo ello, para concluir que, \u00abante los insalvables defectos de t\u00e9cnica, el cargo no resulta estimable\u00bb. <\/p>\n
Conforme con ello, la resoluci\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo del promotor no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se advierte es una diferencia de criterio de aquel frente a la autoridad accionada, en tanto no acogi\u00f3 sus argumentos. <\/p>\n
3.2. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la determinaci\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00). <\/p>\n
Con todo, se reitera que, mirada nuevamente la postura que en el pasado hab\u00eda tenido esta Colegiatura en relaci\u00f3n con asuntos de contornos similares al presente, se encuentra necesario adecuarla, puesto que, como atr\u00e1s se indic\u00f3, la procedencia de la tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el asunto presente, a pesar de que pudiera eventualmente esta Sala o cualquier observador discrepar de lo sostenido por el \u00f3rgano de cierre de la justicia laboral, pero que no por ello merecen necesariamente ser pasibles de la acci\u00f3n de tutela. Por lo tanto, se impone mantener la providencia refutada, advirtiendo que, para la Sala, es procedente el respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo, comp\u00e1rtase o no lo decidido por el juez natural. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La determinaci\u00f3n cuestionada se advierte razonable, en tanto no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El expediente ingres\u00f3 a este despacho el pasado 8 de marzo de 2022, de conformidad con la informaci\u00f3n consignada en el acta de reparto. <\/p>\n
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