STC3512-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 08001-22-13-000-2022-00089-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintitr\u00e9s de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u201cX\u201d el 17 de febrero de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por \u201cL\u201d contra el Juzgado \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el proceso de custodia, cuidado personal y reglamentaci\u00f3n de visitas n\u00ba 2019-00000. <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
Como medida de protecci\u00f3n a la intimidad de la menor involucrada en el asunto bajo estudio, esta Sala ha decidido, suprimir de la providencia, y de toda futura publicaci\u00f3n de la misma, su nombre y el de sus familiares, al igual que los datos e informaci\u00f3n que permita su identificaci\u00f3n, en procura de lo cual se elaborar\u00e1 otro texto del presente fallo, de igual tenor, pero con tal supresi\u00f3n, que ser\u00e1 el publicable para todos los efectos correspondientes1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, la solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de los ni\u00f1os, al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por el accionado al resolver de fondo el litigio antes referido. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que la demanda de custodia y cuidado personal impetrada por \u201cE\u201d en relaci\u00f3n con su hija \u201cY\u201d, fue admitida por el Juzgado \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d el 5 de diciembre de 2019, \u00abresolviendo acerca de la custodia provisional, pero sin definir las visitas de la madre, cortando de tajo cualquier v\u00ednculo afectivo con mi hija\u00bb. <\/p>\n
Que, en audiencia del 15 de febrero de 2021, \u00absolicit\u00e9 la regulaci\u00f3n de las visitas provisionales, pero mi petici\u00f3n fue contestada con evasivas y sin fundamentos legales (\u2026). Posteriormente solicit\u00e9: i) la eliminaci\u00f3n de pruebas que fueron recaudadas con violaci\u00f3n a mi derecho a la intimidad y de mi menor hija (\u2026); ii) Insist\u00ed en la regulaci\u00f3n de visitas de forma provisional; y iii) la correcci\u00f3n de actuaciones procesales que podr\u00edan ser violatorios del debido proceso\u00bb, obteniendo \u00abpronunciamiento parcial mediante auto de fecha 06 de mayo de 2021 [pues dispuso] \u201cabstenerse de regular visitas a la demandada y establ\u00e9zcase como medida provisional las comunicaciones virtuales tres (3) veces por semana entre las 02:00 p.m. y 5:00 p.m., llamadas y video llamadas, entre la demandada y la menor\u201d\u00bb. <\/p>\n
Que con auto del 18 de junio de 2021, la anterior decisi\u00f3n fue ratificada por el juzgado, raz\u00f3n por la cual impetr\u00f3 acci\u00f3n de tutela, la cual desestim\u00f3 el tribunal el 2 de julio de 2021, pero mediante sentencia de segunda instancia dictada por esta Sala el 9 de septiembre de la misma anualidad, se concedi\u00f3 al advertir deficiente motivaci\u00f3n, y como consecuencia, \u00abse deja sin efectos el auto de fecha 18 de junio de 2021 por medio del cual se resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n (\u2026), y se ordena [al juzgado] que profiera una nueva providencia\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abno obstante lo anterior, en fecha 09 de septiembre de 2021, el despacho profiri\u00f3 sentencia en audiencia, alegando un supuesto inminente vencimiento de t\u00e9rminos para no perder competencia (\u2026), y a sabiendas que el fallo de segunda instancia de tutela deb\u00eda proferirse a m\u00e1s tardar el 09 de septiembre de 2021, lo cual imped\u00eda tomar decisi\u00f3n alguna de fondo en aras de preservar el debido proceso, que valga recordar, se encontraba en discusi\u00f3n en dicho momento\u00bb, y \u00aben la actualidad (\u2026) mis derechos contin\u00faan conculcados (\u2026), permitiendo que a la fecha, a\u00fan no se me ha[y]a definido las visitas y contacto con mi hija de manera libre y sin restricciones a las que me he visto sometida\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende se ordene al convocado, \u00abdejar sin efectos la providencia de 9 de septiembre de 2021, y en su lugar, emitir un nuevo pronunciamiento conforme al precedente establecido por la Corte Suprema de Justicia (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Juez \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d, inform\u00f3 que al admitir la demanda cuya actuaci\u00f3n se cuestiona, \u00abse concedi\u00f3 la custodia provisional solicitada (\u2026), debido a que de las pruebas documentales aportadas (\u2026) se observ\u00f3 que pod\u00eda colegirse un riesgo potencial en la integridad de la ni\u00f1a\u00bb; que \u00abel d\u00eda 9 de septiembre de 2021 este despacho, pr\u00f3ximo a perder competencia improrrogable (ya que se hab\u00eda prorrogado una vez), dict\u00f3 sentencia de fondo [en la que] design\u00f3 la custodia definitiva de la menor a cargo del padre. As\u00ed mismo se regularon visitas sin permanencias de la ni\u00f1a con su madre en los t\u00e9rminos expresados en la decisi\u00f3n de visitas provisionales ordenadas por este despacho\u00bb, y \u00abse asign\u00f3 una cuota alimentaria definitiva (\u2026) a cargo de la madre\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que \u00abno pretende la suscrita (\u2026), desconocer las decisiones de la Honorable Corte (\u2026), pues para la fecha y hora en la que se notific\u00f3 la sentencia de tutela de segunda instancia [rad. 2021-00383-01], ya se encontraba dictada y en firme [la] sentencia que decidiera de fondo el asunto. Por lo que no es dable a esta falladora retrotraer los efectos de una sentencia que se encontraba ejecutoriada (\u2026)\u00bb, situaci\u00f3n que fue avalada por el tribunal, quien \u00abmediante providencia del 20 de octubre de 2021 (\u2026), no abri\u00f3 incidente de desacato a esta suscrita\u00bb. Y acot\u00f3 que la actora \u00abcuenta con todas las acciones judiciales a su disposici\u00f3n dentro del proceso de custodia y cuidados personales, comoquiera que las sentencias dictadas en tales litigios no hacen tr\u00e1nsito a cosa juzgada\u00bb. <\/p>\n
2. \u201cE\u201d, a trav\u00e9s de apoderada judicial, tras aseverar que la acci\u00f3n se soporta en \u00abhechos superados\u00bb, precis\u00f3 que \u00ablas grabaciones que menciona la accionante, se realizaron de manera autom\u00e1tica por aplicaci\u00f3n de celular [cuyo] objetivo no era espiar las conversaciones de la se\u00f1ora \u201cL\u201d con la menor, sino indagar por qu\u00e9 cada vez que la menor hablaba con su madre entraba en estados de ansiedad, depresi\u00f3n y llanto, hecho que fue reprochado al despacho judicial mediante memorial en fecha 13 de enero de 2021, cuya afectaci\u00f3n a la menor se evidencia en el informe de valoraci\u00f3n psicol\u00f3gica realizado por el forense [pruebas que] fueron sometidas a cadena de custodia, como se puede constatar en los autos proferidos por el accionado el 16 y 18 de marzo de 2021, y el acta de consentimiento proveniente de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n\u00bb, y que \u00abestas grabaciones l\u00edcitas, fueron determinantes para demostrar la presi\u00f3n psicol\u00f3gica a la que era sometida la menor por parte de su madre para que se abstuviera de manifestar ante las autoridades de familia (\u2026), los presuntos actos sexuales abusivos de los que fue v\u00edctima, y fueron de importante relevancia en la valoraci\u00f3n psicol\u00f3gica realizada a la menor\u00bb. Por ello, pidi\u00f3 declarar \u00abimprocedente\u00bb el auxilio. <\/p>\n
3. La Procuradora (\u2026) Judicial II de Familia de \u201cX\u201d, se\u00f1al\u00f3 que al haberse proferido fallo dentro del proceso criticado, \u00abse cre\u00f3 una situaci\u00f3n jur\u00eddica (\u2026), la cual goza de presunci\u00f3n de legalidad [y] corresponde a las partes acatar mientras no medie orden judicial que disponga lo contrario\u00bb. <\/p>\n
4. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, indic\u00f3 que \u00abpara los meses de febrero y mayo del a\u00f1o 2021\u00bb, en cumplimiento a orden del juzgado accionado, practic\u00f3 \u00abvaloraci\u00f3n psicol\u00f3gica a \u201cE\u201d, \u201cL\u201d y de la menor \u201cY\u201d, emiti\u00e9ndose los respectivos informes periciales\u00bb, y que como la censura realizada por la accionante es respecto del despacho judicial, pidi\u00f3 declarar la improcedencia de la tutela en relaci\u00f3n con ese instituto, \u00abpor existir falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el resguardo al considerar que \u00abque para ordenar el cumplimiento de fallos de tutela -como lo pretende la quejosa-, no es la acci\u00f3n constitucional el mecanismo id\u00f3neo para ello, sino el incidente de desacato contenido en el art\u00edculo 52 del Decreto 2591\/91, el cual entre otras cosas, ya fue utilizado sin vocaci\u00f3n de prosperidad, eventos que conllevan a la improcedencia del amparo deprecado, junto al hecho de que la Sra. \u201cL\u201d tiene a su alcance (\u2026) todas las acciones judiciales dentro del proceso de custodia y cuidados personales, comoquiera que las sentencias dictadas en tales litigios no hacen tr\u00e1nsito a cosa juzgada, porque una vez cambien las condiciones que dan origen al proceso pueden ser presentadas otras demandas\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la accionante para criticar que la decisi\u00f3n del tribunal se produjo \u00absin ning\u00fan tipo de an\u00e1lisis\u00bb sobre los derechos invocados, y porque \u00abno valora el precedente jurisprudencial existente, e ignora mi solicitud de que, en el tr\u00e1mite procesal indicado, se me permita a la mayor brevedad posible, el restablecimiento de las relaciones de confianza con mi menor hija, permiti\u00e9ndole que las visitas puedan ser realizadas desde mi hogar, que es el espacio natural de mi hija, donde ha crecido y se ha formado durante la mayor\u00eda del tiempo de su vida\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por la reclamante, al proferir sentencia dentro del proceso de custodia y cuidado personal n\u00b0 2019-00000, pese a que, en fallo de tutela de segunda instancia se hab\u00eda ordenado revisar la regulaci\u00f3n provisional de visitas dispuesta al interior de dicho juicio. <\/p>\n
2. De los presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha establecido los presupuestos generales que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. Enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) \u2026que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05; SU-813\/07). Subraya y resalta la Sala. <\/p>\n
Resulta imprescindible, entonces, que en el examen previo se constate la presencia de las se\u00f1aladas exigencias, pero forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado desvele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidos derechos fundamentales pues, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Revisados los argumentos de la presente queja constitucional, la informaci\u00f3n proporcionada por los intervinientes y en particular la que arrojan las piezas procesales allegadas al expediente, esta Sala ratificar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del auxilio deprecado conforme a las precisiones que enseguida pasan a exponerse. <\/p>\n
3.1. De la ausencia de vulneraci\u00f3n. <\/p>\n
Circunscrita la queja contra el juzgado que conoce del proceso de custodia y cuidado personal n\u00b0 2019-00000 -en el que la ac\u00e1 accionante funge como demandada-, al hecho de que en audiencia llevada a cabo el 9 de marzo de 2021, se hubiera dictado sentencia estimatoria, cuando, en sentir de la querellante, deb\u00eda esperar la resoluci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n al fallo de tutela que le hab\u00eda sido adverso en primer grado, la Sala estima que dicha pretensi\u00f3n se torna improcedente por ausencia de afectaci\u00f3n a derecho fundamental alguno. <\/p>\n
Preliminarmente, recu\u00e9rdese que el art\u00edculo 31 Decreto 2591 de 1991, prev\u00e9 que contra el fallo de primera instancia procede el recurso de impugnaci\u00f3n, \u00absin perjuicio de su cumplimiento inmediato\u00bb, sobre lo cual ha sido abundante la jurisprudencia de la Corte Constitucional (T-577\/93, T-315\/94, T-037\/97, T-939\/05 y C-367\/14), y en cuanto a su concesi\u00f3n, de manera constante y uniforme ha se\u00f1alado que \u00abla impugnaci\u00f3n debe concederse en el efecto devolutivo\u00bb (CC T-577\/93, T-068\/95, T-559\/95, T-162\/97 y A-132\/12). <\/p>\n
As\u00ed, como en el fallo de tutela de primer grado -emitido el 2 de julio de 2021-, el tribunal determin\u00f3 que la providencia que regul\u00f3 provisionalmente las visitas era razonable, la funcionaria cognoscente, aduciendo la cercan\u00eda del vencimiento del t\u00e9rmino para resolver de fondo el litigio, procedi\u00f3 a ello, ordenando, en relaci\u00f3n con las visitas de la madre a su menor hija, que estas fueran \u00absin permanencias (\u2026) en los t\u00e9rminos expresados en la decisi\u00f3n de visitas provisionales\u00bb, esto es, \u00abpresenciales vigiladas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- Centro Zonal (\u2026) a trav\u00e9s de la Defensora de Familia que conoci\u00f3 del restablecimiento de derechos, por el t\u00e9rmino de tres (3) meses los d\u00edas mi\u00e9rcoles y viernes en el horario comprendido entre las tres y cinco de la tarde (3:00 a 5:00 pm) y comunicaciones virtuales entre la madre y la menor tres (3) veces por semana entre la hora de las tres (03:00 p.m.) y cinco (05:00 p.m.) de la tarde\u00bb. <\/p>\n
Con la anterior decisi\u00f3n, la autoridad convocada convirti\u00f3 la regulaci\u00f3n provisional en \u00abdefinitiva\u00bb, y m\u00e1s all\u00e1 de que la motivaci\u00f3n expuesta para ello sea o no compartida por la actora, es claro que para ese momento estaba habilitada para pronunciarse definiendo el pleito, pues, como se dijo en precedencia, la impugnaci\u00f3n que se adelantaba ante esta Corte y que fue desatada mediante fallo STC11803 de 2021, fue notificada al accionado y dem\u00e1s intervinientes el 10 de septiembre de 2021, conforme da cuenta el historial extra\u00eddo de la consulta de procesos publicado en el sistema de gesti\u00f3n y p\u00e1gina web de la Rama Judicial. <\/p>\n
De ah\u00ed que tambi\u00e9n se advierta que formulado incidente de desacato al fallo de tutela dictado en segundo grado por esta Corte, mediante prove\u00eddo del 20 de octubre de 2021, el tribunal a-quo lo haya desestimado y, por consiguiente, se abstuvo de sancionar a la juez querellada. <\/p>\n
En ese orden, no se evidencia que por acci\u00f3n u omisi\u00f3n la autoridad judicial convocada haya afectado derechos superiores de la accionante, situaci\u00f3n que torna improcedente el resguardo, ya que, \u00abno basta con que el accionante se\u00f1ale que se le ha vulnerado un derecho fundamental, pues se requiere que se demuestre que [aquellos] que se pretenden proteger han sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 5 sep. 2012, exp. 00630-014, citada en STC11347-2020, 10 nov. 2020, rad. 00330-01, entre otras). <\/p>\n
En situaciones como la que acaba de verse, es necesario recordar que para la viabilidad de la salvaguarda: \u00ab(\u2026) se requiere el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 00023-01, citada entre otras en STC4022-2021, 16 abr. 2021, rad. 00062-01). Se destaca. <\/p>\n
3.2. De la subsidiariedad. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha venido sosteniendo que, en principio, el amparo no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, porque en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, al juez del excepcional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones all\u00ed proferidas como tampoco para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Para la viabilidad del ruego tuitivo respecto de providencias judiciales, deben haberse cumplido todas y cada una de las causales generales decantadas por la jurisprudencia, entre las cuales es esencial la subsidiariedad, esto es, que previo a la reclamaci\u00f3n se agoten los mecanismos defensivos. <\/p>\n
Esto, por cuanto el uso racional de la tutela, conforme a la naturaleza jur\u00eddica prevista en el canon 86 de la Carta Pol\u00edtica y el Decreto 2591 de 1991, se reserva para los casos en que el ciudadano carece de otros instrumentos de protecci\u00f3n de sus derechos, pues la acci\u00f3n no es sustitutiva, alternativa, paralela ni complementaria de las dem\u00e1s herramientas que consagra el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
El referido impedimento gen\u00e9rico de procedibilidad cuya inobservancia conduce a la improcedencia de la acci\u00f3n, se evidencia en el caso objeto de examen, toda vez que frente a la aspiraci\u00f3n de la querellante para que se vuelvan a revisar sus argumentos de cara a una regulaci\u00f3n de visitas distinta a la establecida por la juez accionada, tiene a su alcance otros medios judiciales de defensa los cuales no ha agotado. <\/p>\n
N\u00f3tese que la determinaci\u00f3n que en esta sede extraordinaria se cuestiona, no hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada material sino \u00fanicamente formal, y ante esa perspectiva jur\u00eddica, no puede obviarse el uso de la herramienta contemplada en la ley so pretexto de la incursi\u00f3n en defectos de procedibilidad, cuyo estudio se condiciona a que se hayan superado los esenciales presupuestos generales entre los cuales est\u00e1 el de la subsidiariedad. <\/p>\n
Acorde con ello, esta Corporaci\u00f3n ha dicho y reiterado que cuando se est\u00e1 ante una sentencia de reglamentaci\u00f3n de visitas debidamente ejecutoriada, el interesado en que se hagan efectivas pueda acudir a un tr\u00e1mite incidental donde, tras escuchar a las partes y con ello ponderar el soporte probatorio de sus dichos, se adopten las medidas que sean conducentes para su cumplimiento o se establezca que no se produjo la desatenci\u00f3n endilgada. <\/p>\n
En efecto, el referido precedente se\u00f1ala con claridad la soluci\u00f3n a casos como el que actualmente ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, al precisar: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) indudablemente, aunque puedan coexistir otras acciones de \u00edndole sancionatorio2, que no en todos los casos llegan a coaccionar al padre o madre incumplido, si en cuenta se tiene que, por un lado, muchas veces las peculiaridades de la situaci\u00f3n no se logran enmarcar en los presupuestos para su adelanto, impulso o tramitaci\u00f3n3, y por otro, estas mismas circunstancias en algunas ocasiones pueden tornar inoperante la realizaci\u00f3n de las visitas4, lo cierto es que, para la Corte, acudir directamente al juez de familia que las reglament\u00f3, resulta ser el mecanismo m\u00e1s efectivo para hacer respetar o cumplir el r\u00e9gimen impuesto, cuando, claro est\u00e1, no se controvierte \u00e9ste5, en la medida que, como se expuso, dicha autoridad tiene el deber constitucional y legal de proteger, antes que el derecho del progenitor a tener contacto con su hijo, la prerrogativa ius fundamental del menor a tener una familia y no ser separado de ella, en prevalencia de su inter\u00e9s superior, competencia que viene dada por la ley6, la cual debe ser interpretada a la luz de los tratados internacionales ratificados por Colombia en la materia y los principios que la orientan. <\/p>\n
(\u2026) As\u00ed las cosas, se reitera, el competente para hacer cumplir el r\u00e9gimen de visitas impuesto a trav\u00e9s de decisi\u00f3n judicial, es el juez de familia que la profiri\u00f3, quien previo tr\u00e1mite incidental donde escuchara a las partes y decretar\u00e1 las pruebas que estime necesarias, adoptar\u00e1 las medidas que sean conducentes para su cumplimiento, seg\u00fan su sensato juicio7, circunstancia que, como se dijo, torna improcedente el resguardo suplicado, ya que el tutelante no puede pretender a trav\u00e9s de esta herramienta especial\u00edsima que se provea, as\u00ed sea de manera transitoria, la soluci\u00f3n de una cuesti\u00f3n que corresponde dirimir al juez natural, a trav\u00e9s del mecanismo judicial, que se itera, a\u00fan no ha formulado, teniendo en cuenta que \u00abla acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias de cada juicio, y por casos excepcionales, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica\u00bb (mencionada \u00faltimamente en STC3057-2017 y STC4590-2017). <\/p>\n
(\u2026) No obstante lo relatado conviene recordar, dada la particular situaci\u00f3n que se analiza, que la instituci\u00f3n de las visitas tiene como objetivo primordial \u00abel mayor acercamiento posible entre padre e hijo, de modo que su relaci\u00f3n no sea desnaturalizada, y se eviten las decisiones que tiendan a cercenarlo… requiere de modo principal\u00edsimo que no se desnaturalice la relaci\u00f3n con los padres… las visitas no deben ser perjudiciales para los menores, pero tampoco deben desarrollarse de manera de lesionar la dignidad de quien las pide\u00bb8, por ello, entonces, \u00abcada uno de los padres tiene derecho a mantener una relaci\u00f3n estable y libre de condicionamientos frente a sus hijos; y tiene, adem\u00e1s la facultad de desarrollar su relaci\u00f3n afectiva como la considere pertinente, siempre y cuando no lesione los intereses prevalentes del menor\u00bb9; de ah\u00ed que, su funci\u00f3n es buscar el desarrollo integral y arm\u00f3nico de los hijos y, por ende, para efectos de lo anterior, quien tenga la custodia o tenencia del menor, debe prestar m\u00e1s colaboraci\u00f3n para que exista ese acercamiento entre el otro progenitor y el hijo, m\u00e1s no aprovecharse de su situaci\u00f3n de privilegio, pues de lo contrario, estar\u00eda vulnerando el derecho fundamental de su descendiente a no ser apartado de quienes conforman su familia, lo cual podr\u00eda traerle consecuencias adversas10\u00bb (CSJ STC17234-2017, 20 oct. 2017, rad. 00627-01, citada y reiterada en STC6990-2018, 30 may. 2018, rad. 00157-01, STC11545-2019, 27 ago. 2019, rad. 00136-01 y STC10249-2021, 12 ago. 2021, rad. 00141-01, entre otras). Se subraya. <\/p>\n
Ahora, si adem\u00e1s del eventual incumplimiento al r\u00e9gimen fijado frente al cual tiene a su alcance el tr\u00e1mite incidental descrito en el anterior precedente, la actora est\u00e1 en desacuerdo con los t\u00e9rminos en que fueron reguladas las visitas, puede pedir su modificaci\u00f3n acudiendo a un procedimiento breve y sumario que defina su pretensi\u00f3n (art\u00edculos 21 y 392-3 del C\u00f3digo General del Proceso), el cual se muestra con total aptitud y eficacia para salvaguardar los derechos invocados. <\/p>\n
En tales circunstancias, el juez constitucional no puede arrogarse facultades que le compete decidir a otro funcionario, como reiteradamente lo ha se\u00f1alado la Corte al precisar que: \u00abeste medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01, citada entre otras en STC10384-2021, 18 ago. 2021, rad. 02720-00). <\/p>\n
En apoyo a lo anterior, en lo atinente a conflictos sobre custodia y visitas, de vieja data la jurisprudencia constitucional ha dicho que, en raz\u00f3n de la autonom\u00eda de los jueces del proceso ordinario, el de tutela: \u00ab\u2026no puede declarar la suspensi\u00f3n del r\u00e9gimen de visitas, ni el otorgamiento de la tenencia y cuidado de los hijos a cualquiera de los padres, pues es al juez de familia a quien compete decidir sobre el ejercicio de ese derecho. Adem\u00e1s, estos funcionarios cuentan con un equipo interdisciplinario que les presta asesor\u00eda, grupo con que no cuenta el juez de tutela. Igualmente, existiendo un r\u00e9gimen de visitas establecido por las partes o por el juez, tal r\u00e9gimen no puede ser modificado por el juez de tutela, pues para ello se han establecido procedimientos igualmente r\u00e1pidos y eficaces que hacen la acci\u00f3n improcedente\u00bb (CC T-500\/93). Se subraya. <\/p>\n
As\u00ed, la Sala observa que lo pretendido desborda la competencia del juez de tutela, por cuanto es el juzgado de familia la autoridad competente para remediar el conflicto familiar y buscar la soluci\u00f3n m\u00e1s adecuada a la problem\u00e1tica que se presenta, en la que los padres deben ejercer sus roles con mayor rigorismo, obviando sus resentimientos e intereses personales y en su lugar, prestar especial cuidado y atenci\u00f3n en el desarrollo f\u00edsico y mental de su menor hija. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, tampoco es posible otorgar el auxilio como mecanismo transitorio en aras de evitar un da\u00f1o irremediable, porque en casos como el que se analiza, la intervenci\u00f3n de esta excepcional justicia proceder\u00eda \u00abcuando el menor se encuentra en riesgo o peligro f\u00edsico o psicol\u00f3gico, esto es, cuando existe un perjuicio serio e inminente de afectaci\u00f3n de los derechos fundamentales del menor y, tambi\u00e9n cuando se afecta de manera cierta, directa y grave el derecho a la estabilidad y a la unidad familiar del ni\u00f1o\u00bb (CC T-914\/07), situaci\u00f3n que en el presente caso no se halla acreditada. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Corolario de lo discurrido, se respaldar\u00e1 el fallo de primer grado que declar\u00f3 la improcedencia del amparo, porque frente a la actuaci\u00f3n censurada no se evidencia vulneraci\u00f3n a derecho fundamental alguno, y tampoco se satisface el requisito de la subsidiariedad. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada, con las precisiones realizadas en esta instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Acuerdo No. 034 de 16 de diciembre de 2020, CSJ – Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
2\u0002 Demanda ejecutiva, denuncia penal (Ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor \u2013 Fraude a resoluci\u00f3n judicial) y querella administrativa (restablecimiento de derechos). <\/p>\n
3\u0002 Por ejemplo, cuando la autoridad competente determina que la conducta denunciada no encuadra en el tipo penal que se imputa. <\/p>\n
4\u0002 Pi\u00e9nsese en los casos donde se alegue como factores de desatenci\u00f3n violencia intrafamiliar y abuso o actos sexuales abusivos frente a los menores por parte del progenitor (padre o madre) que tiene derecho a las visitas. <\/p>\n
5\u0002 ya que, en caso contrario, lo que procede es su modificaci\u00f3n o la definici\u00f3n de uno nuevo a trav\u00e9s de otro proceso. <\/p>\n
6\u0002 Ya la Guardiana de la Carta Pol\u00edtica se hab\u00eda referido al respecto, en los siguientes t\u00e9rminos: \u201cAclarado que no se trata de cuestionar la medida judicial sino su ejecuci\u00f3n, la Sala comprende que la cl\u00e1usula general de competencia otorgada a las autoridades de familia para resolver los conflictos relacionados con el ejercicio de los derechos derivados de la patria potestad, puede cobijar aquellos que involucren la ejecuci\u00f3n del r\u00e9gimen de visitas, permitiendo que los interesados acudan a solicitar el cumplimiento del mismo a trav\u00e9s de requerimientos u otras medidas de protecci\u00f3n\u201d (CC T-115\/14). <\/p>\n
7\u0002 Esta postura adem\u00e1s garantiza que no se judicialice a\u00fan m\u00e1s el enfrentamiento o disputa que pueda existir entre los padres, sino que aboga por que se d\u00e9 una soluci\u00f3n a la problem\u00e1tica que se presente, a trav\u00e9s del funcionario que en pret\u00e9rita oportunidad con su decisi\u00f3n garantiz\u00f3 las garant\u00edas superiores que le asisten al menor objeto de las visitas. <\/p>\n
8\u0002 CSJ SC, 25 Oct. 1984, GJ CLXXVI. <\/p>\n
9\u0002 CC T-500\/93. Ver en el mismo sentido, T-012\/12. <\/p>\n
10\u0002 Hasta la p\u00e9rdida de la patria potestad. <\/p>\n
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STC3512-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente Radicaci\u00f3n n\u00b0 08001-22-13-000-2022-00089-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintitr\u00e9s de marzo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-62266","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62266","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62266"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62266\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62266"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62266"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62266"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}