STC3514-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-01248-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n1 interpuesta por la convocante frente a la sentencia del pasado 18 de enero, emitida desde la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte, en la acci\u00f3n de tutela que Marcela del Carmen Vilaro Rojas impuls\u00f3 contra la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral. Al tr\u00e1mite fueron vinculados los part\u00edcipes e interesados en el asunto que suscita la presente queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La promotora deprec\u00f3 el respeto de las prerrogativas fundamentales al debido proceso, \u00ab[v]ida, \u2026[s]alud, [s]eguridad [s]ocial\u00bb y \u00ab[m]\u00ednimo vital\u00bb de su padre Emiro Antonio Vilaro Bustos, presuntamente conculcadas por la Colegiatura repelida. <\/p>\n
Y en concreto, se ordene \u00abdejar sin efecto\u00bb lo dirimido en sede extraordinaria dentro del expediente laboral n.\u00b0 \u00ab2015-00755\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El sustrato f\u00e1ctico relevante es el que enseguida se devela: <\/p>\n
<\/p>\n
1. Ante el Juzgado 28\u00b0 Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 se surti\u00f3, bajo el consecutivo y especialidad descritos a espacio, demanda de la titular del resguardo (como \u00abguardadora\u00bb de su progenitor) contra Colpensiones, dirigida al reconocimiento y pago de pensi\u00f3n de invalidez a partir del 25 de junio de 2007, acorde a lo previsto en el acuerdo 049 de 1990 -con \u00abtasa de reemplazo\u00bb-, m\u00e1s intereses moratorios y \u00abactualizaci\u00f3n de las sumas adeudadas\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. De la contienda desatada provino fallo parcialmente favorable a las pretensiones el 6 de diciembre de 2016, pero revocado por el Tribunal Superior del mismo Distrito Judicial, en apelaci\u00f3n propuesta por ambos extremos litigantes y grado jurisdiccional de consulta, a trav\u00e9s de sentencia calendada el 13 de junio de 2017, la que a su turno no fue casada por la Corporaci\u00f3n fustigada, en pronunciamiento CSJ SL701, 3 feb. 2021, rad. 789512. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La tutelante critic\u00f3 la decisi\u00f3n del juez extraordinario, porque am\u00e9n de contrariar el \u00abprecedente\u00bb plasmado en los veredictos CC SU-442\/16 y SU-005\/18, as\u00ed como en el CSJ STC11267-2019, sobre casos \u00absimilares\u00bb al de su padre, acab\u00f3 por desconocer que este goza del \u00abr\u00e9gimen de transici\u00f3n\u00bb y, paralelamente, reviste de especial protecci\u00f3n porque tiene \u00abm\u00e1s de 71 a\u00f1os\u00bb y padece de m\u00faltiples enfermedades. <\/p>\n
LA INTERVENCI\u00d3N DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral dijo que el prove\u00eddo disentido no desprende vulneraci\u00f3n alguna. <\/p>\n
2. El Juzgado 28\u00b0 Laboral capitalino comparti\u00f3 copia magn\u00e9tica del pleito acusado. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Colpensiones defendi\u00f3 la pertinencia de la resoluci\u00f3n casacional. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Fiduagraria S.A. coment\u00f3 que las censuras le son extra\u00f1as. <\/p>\n
<\/p>\n
5. No se produjeron m\u00e1s respuestas. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
Rehus\u00f3 conceder la salvaguarda \u2013luego de superada la anulaci\u00f3n que decretara esta Sala de la Corte en CSJ ATC1799, 30 nov. 2021\u2013, tras encontrar que lo fallado por el juez accionado est\u00e1 sujeto a su criterio jurisprudencial y no se percibe descabellado. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue intentada por la convocante, con persistencia en sus ataques. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Al tenor del canon 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo jur\u00eddico en respaldo de los derechos esenciales, susceptible de activar siempre que estos resulten vulnerados o en peligro inminente por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en ciertos supuestos, de los particulares, que por su connotaci\u00f3n subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los canales comunes de auxilio. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en lo que concierne a las actuaciones judiciales, el resguardo cabe de manera excepcional y ce\u00f1ido a la presencia de una irrefutable \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, si \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01) y, por antonomasia, de sobrevenir el imperativo de la inmediatez, aqu\u00ed satisfecho al subsumirse la disputa en el \u00e1mbito imprescriptible e irrenunciable de las pensiones (CC T-217\/13). <\/p>\n
2. En el entendido de que los cuestionamientos est\u00e1n enfilados contra el fallo CSJ SL701, 3 feb. 2021, rad. 78951, con el cual la Sala de Casaci\u00f3n recriminada opt\u00f3 por no casar el de segunda instancia, adverso a las reclamaciones blandidas por la quejosa dentro del proceso laboral n.\u00b0 \u00ab2015-00755\u00bb frente a Colpensiones, se conduce a indagarlo en sus cimientos. <\/p>\n
N\u00f3tese que, en lo estrictamente medular, all\u00ed se acot\u00f3: <\/p>\n
(\u2026)Dada la v\u00eda escogida por el recurrente, y tal como expresamente lo se\u00f1ala en el cargo, no se encuentra en discusi\u00f3n que a Emiro Antonio Vilaro Bustos se le dictamin\u00f3 una p\u00e9rdida de capacidad laboral de 66,90% con estructuraci\u00f3n el 25 de junio de 2007, que cotiz\u00f3 un total de 428 semanas en toda su vida laboral, y que no acredit\u00f3 el n\u00famero de semanas m\u00ednimas exigida en el estatuto pensional para acceder a la pensi\u00f3n de invalidez. <\/p>\n
Tal como rese\u00f1a la oposici\u00f3n el recurso no es un modelo a seguir, no obstante, la sala entiende que el descontento del (\u2026) accionante gravita, en estricto rigor, en que el Tribunal aplic\u00f3 indebidamente el art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 860 de 2003, pues debi\u00f3 utilizar el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese mismo a\u00f1o, en virtud del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa. <\/p>\n
El tema puesto a consideraci\u00f3n de la Sala ha sido abordado en muchedumbre de oportunidades, y para dar respuesta al mismo, baste acudir a lo explicado en la sentencia CSJ SL4482-2020, as\u00ed: <\/p>\n
(\u2026)el problema jur\u00eddico que le corresponde a la Corte resolver se contrae a determinar cu\u00e1l es la norma aplicable al sub judice a fin de definir la concesi\u00f3n o no de la prestaci\u00f3n solicitada. <\/p>\n
Pues bien, el Tribunal despu\u00e9s de explicar las razones por las cuales acog\u00eda el precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional relativo a la aplicaci\u00f3n de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, consider\u00f3 que como quiera que para la entrada en vigencia del sistema general de pensiones la accionante contaba con un total de \u00ab728 semanas\u00bb de cotizaci\u00f3n, ten\u00eda derecho a la prestaci\u00f3n deprecada en virtud de lo dispuesto en el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo a\u00f1o. <\/p>\n
Al respecto, tal como lo alude la censura, es criterio reiterado de esta Corporaci\u00f3n que el derecho a la prestaci\u00f3n pensional reclamada debe ser dirimido a la luz de la norma que se encuentra vigente al momento de la estructuraci\u00f3n de la invalidez. De ah\u00ed que la disposici\u00f3n que rige el sub lite es el art\u00edculo 1.\u00ba de la Ley 860 de 2003, en cuanto dicha condici\u00f3n de la actora se estructur\u00f3 el 13 de mayo de 2014. <\/p>\n
Ahora, frente a la aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, esta Sala ha reiterado que no es viable dar aplicaci\u00f3n a la plus ultractividad de la ley, esto es, hacer una b\u00fasqueda de legislaciones anteriores a fin de determinar cu\u00e1l se ajusta a las condiciones particulares del demandante o cu\u00e1l resulta ser m\u00e1s favorable, pues con ello se desconoce que las leyes sociales son de aplicaci\u00f3n inmediata y, en principio, rigen hacia futuro. <\/p>\n
Esta ha sido la postura de la Sala expuesta en varias providencias, entre otras, CSJ SL9762-2016, CSJ SL9763-2016, CSJ SL9764-2016, CSJ SL14881-2016, CSJ SL15612-2016, CSJ SL15617-2016, CSJ SL15960-2016, CSJ SL15965-2016, CSJ SL17768-2016, CSJ SL1090-2017, CSJ SL1689-2017, CSJ SL2147-2017, CSJ SL353-2018, CSJ SL4020-2019 y CSJ SL409-2020. <\/p>\n
En ese orden, no era procedente que el juez de alzada considerara los requisitos del Acuerdo 049 de 1990 de manera plus ultractiva, ni siquiera bajo el argumento de acudir al principio de favorabilidad contemplado en el art\u00edculo 53 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, porque su mandato parte de la existencia de duda en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de normas vigentes, lo que no ocurre en el sub lite\u2026 <\/p>\n
En el asunto bajo escrutinio, brota palmario que el juzgador de alzada no se equivoc\u00f3, por cuanto para el momento de estructuraci\u00f3n de la p\u00e9rdida de capacidad laboral del se\u00f1or Emiro Antonio Vilaro Bustos, esto es, el 25 de junio de 2007, la norma aplicable era la Ley 860 de 2003, modificatoria del art\u00edculo 39 de la Ley 100 de 1993 y no el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, ya que la aplicaci\u00f3n de la \u00faltima normativa implica dar efectos \u00abplusultractivos\u00bb, a la ley que, como se se\u00f1al\u00f3 anteriormente, no est\u00e1 permitido al operador judicial y atenta contra la seguridad jur\u00eddica. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Finalmente, es pertinente aclarar que no se presenta violaci\u00f3n del art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993 acusado, pues el mismo consagra el r\u00e9gimen de transici\u00f3n de manera exclusiva para la pensi\u00f3n de vejez, esto es, tal como se expuso de manera precedente, no incluy\u00f3 tal prerrogativa para las pensiones de invalidez y sobrevivientes. En todo caso, la Sala sentenciadora estudi\u00f3 la viabilidad del reconocimiento de aquella, pero advirti\u00f3 que el afiliado no reuni\u00f3 el requisito m\u00ednimo de semanas\u2026 <\/p>\n
Veredicto que al margen de compartirse no subyace arbitrario, subjetivo o antojadizo, pues se supedit\u00f3 al ordenamiento, lo que descarta las trasgresiones aducidas, las cuales, por ende, no encuentran recibo en esta calzada excepcional de ayuda, m\u00e1s all\u00e1 de la especial protecci\u00f3n invocada. <\/p>\n
Es que, en rigor, la accionante revela un mero desacuerdo en torno a la forma en que la Corporaci\u00f3n encartada dispuso no invalidar el fallo de apelaci\u00f3n, contrario a las pretensiones por ella arg\u00fcidas en representaci\u00f3n de su padre. Planteamientos que dif\u00edcil es desaprobar de plano, o calificarlos de absurdos o aviesos, \u00abm\u00e1xime si (\u2026) no resulta[n] contrari[os] a la raz\u00f3n, es decir, si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado\u2026, ya que (\u2026) se desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico(…) y [se] entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente\u00bb en la definici\u00f3n del \u00abconflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 01451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016). <\/p>\n
Tambi\u00e9n es tema averiguado que divergir del fundamento de una resoluci\u00f3n judicial no desemboca, a simple vista, en una vulneraci\u00f3n ostensible, si en cuenta se tiene que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para [compelir] al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 0009-01; CSJ STC, 27 jun. 2012, rad. 00088-01; y CSJ STC, 12 ag. 2013, rad. 00125-01; reiterada en STC18711, 10 nov. 2017). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Lo consignado impone, entonces, resolver de modo ratificatorio, por lo hasta ahora consignado, no sin antes memorar, con ocasi\u00f3n de los fallos constitucionales tra\u00eddos en la censura, que para esta Magistratura es insoslayable el respeto por los pronunciamientos judiciales, y m\u00e1s si provienen de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles causales de procedibilidad del amparo, no atisbadas en el debate sub examine. Postura que se ha venido prohijando con m\u00e1s ah\u00ednco a partir de los precedentes STC13814, STC13815 y STC13816 de 2021 (14 oct.). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Notif\u00edquese mediante telegrama a los interesados. Rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de la Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El dossier de amparo de marras fue remitido a esta Sala de la Corte, para tales fines, el d\u00eda 4 del mes y a\u00f1o en curso, por correo electr\u00f3nico. <\/p>\n
2\u0002 Por recurso de la aqu\u00ed accionante. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC3514-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-01248-02 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de marzo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n1 interpuesta por la convocante frente a la sentencia del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-62268","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62268","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62268"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62268\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62268"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62268"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62268"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}