STC3515-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC3515-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-01640-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintitr\u00e9s de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 19 de agosto de 20211, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social \u2013UGPP-, contra la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 2 de la Corte Suprema de Justicia, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados, la Sala Segunda Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de la misma ciudad y las partes e intervinientes en el ordinario laboral n\u00b0 2016-01591. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La entidad solicitante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, en conexidad con el principio de \u00absostenibilidad financiera del Sistema Pensional\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, indic\u00f3 que con ocasi\u00f3n del proceso instaurado por Pedro Luis Vera Montoya en su contra, en procura del reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medell\u00edn, neg\u00f3 las pretensiones de la demanda, toda vez que el promotor \u00abal 31 de julio del 2010 s\u00ed ten\u00eda m\u00e1s de 55 a\u00f1os de edad, pero no ten\u00eda m\u00e1s de 1000 semanas cotizadas a entidades p\u00fablicas, (\u2026) s\u00f3lo ten\u00eda 473 semanas\u00bb. Providencia que en virtud del recurso de alzada fue confirmada por la Sala Segunda Laboral del Tribunal Superior de esa misma ciudad. <\/p>\n
Destac\u00f3 que posteriormente, el gestor recurri\u00f3 en sede extraordinaria, en donde la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 2, cas\u00f3 la decisi\u00f3n ad quem, por cuanto \u00ab[e]l Acto Legislativo 01 de 2005 no frustr\u00f3 el derecho convencional del [censor], pues (\u2026) caus\u00f3 [el derecho] antes del 31 de julio de 2010, cuando cumpli\u00f3 los 55 a\u00f1os en el 2005 y acredit\u00f3 el tiempo de servicios en dicho lapso\u00bb. <\/p>\n
Resoluci\u00f3n que a juicio de la querellante, incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico, material o sustantivo y desconocimiento del precedente jurisprudencial, puesto que \u00aben este caso, la Convenci\u00f3n Colectiva de 2001- 2004 exig\u00eda para otorgar una pensi\u00f3n [extralegal] haber cumplido 20 a\u00f1os de servicio y 55 a\u00f1os de edad para los hombres, situaci\u00f3n que fue pasada por alto por la accionada ya que para la fecha hasta la cual tuvo vigencia [el acuerdo], 31 de octubre de 2004, el se\u00f1or PEDRO LUIS VERA MONTOYA no cumpl\u00eda los requisitos para acceder al reconocimiento, (\u2026) pues para [ese momento] contaba con 53 a\u00f1os (\u2026) y (\u2026) no acreditaba 20 a\u00f1os de servicios\u00bb. Adicional a ello consider\u00f3 que \u00ab[al] reconocer la pensi\u00f3n convencional [se] genera la figura de la INCOMPATIBILIDAD con la pensi\u00f3n de vejez que actualmente devenga el causante, lo que hace que [al] dar cumplimiento al fallo cuestionado [se] incurra en la prohibici\u00f3n de que en Colombia no se pueden devengar DOS asignaciones que provengan del tesoro p\u00fablico\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, en consecuencia, que se deje sin efectos la sentencia SL1783-2021 del 3 mayo de 2021 y, en consecuencia, se ordene a la querellada, que profiera un nuevo fallo \u00abajustad[o] a derecho\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 2 de la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral, realiz\u00f3 recuento de la providencia confutada y manifest\u00f3 que \u00abning\u00fan derecho fundamental se le vulner\u00f3 a la entidad [solicitante], pues al estar demostrado que el demandante era beneficiario del acuerdo convencional y cumpl\u00eda con los requisitos para ser acreedor de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n (\u2026), y teniendo en cuenta la pensi\u00f3n que le fue concedida por Colpensiones (\u2026) en virtud del car\u00e1cter de compartibilidad de las dos prestaciones, proced\u00eda ordenar a la UGPP el reconocimiento y pago del mayor valor que resultare entre el monto de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n y la pensi\u00f3n legal de vejez\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medell\u00edn, expuso las actuaciones surtidas en el juicio y precis\u00f3 que \u00ab[f]rente a los hechos y pretensiones de la acci\u00f3n (\u2026), este Despacho se acoger\u00e1 respetuosamente a lo que el Juez constitucional decida sobre el particular\u00bb. <\/p>\n
3. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del extinto Instituto de Seguros Sociales \u2013 P.A.R.I.S.S. en liquidaci\u00f3n, indic\u00f3 que \u00abcarece de facultad jur\u00eddica para pronunciarse sobre los aspectos relacionados con los derechos pensionales reconocidos en su calidad de empleador; siendo por tanto la UGPP la Entidad actualmente encargada de administrar las mencionadas obligaciones\u00bb. <\/p>\n
4. Pedro Luis Vera Montoya adujo que \u00ab[s]e equivoca la [peticionaria] (\u2026) toda vez que por disposici\u00f3n [del] art\u00edculo 478 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, la convenci\u00f3n colectiva de trabajo que fue suscrita en el a\u00f1o 2001 con vigencia hasta el 31\/10\/2004 [la] mantuvo hasta marzo 31 del 2015, por las pr\u00f3rrogas autom\u00e1ticas determinadas en la legislaci\u00f3n laboral, y a pesar de haber sido demandada por el otrora Instituto de los Seguros Sociales, mediante sentencia con Radicado Nro. 36563, del 13 de julio de 2010, MP CAMILO TARQUINO GALLEGO, emanada de la Honorable Corte de Justicia, Sala Laboral, se ratific\u00f3 su vigencia\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo al advertir que \u00abno es posible establecer la materializaci\u00f3n de alguna causal espec\u00edfica de procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra sentencias judiciales, puesto que al margen de si la decisi\u00f3n objeto de an\u00e1lisis se amolda o no a las expectativas de la UGPP, (\u2026) la misma contiene argumentos razonables\u00bb. En relaci\u00f3n con la vigencia de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo inform\u00f3 que \u00abeste no fue un hecho alegado a trav\u00e9s de las instancias, pues desde la decisi\u00f3n de primer grado emitida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medell\u00edn, se asever\u00f3 que la [fuerza] del citado acuerdo vinculante se extendi\u00f3 hasta el 31 de julio de 2010\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impetr\u00f3 la querellante para insistir en su pretensi\u00f3n, resaltando respecto del fallo de tutela que, \u00abno resulta factible que (\u2026) se llegue a determinar que la decisi\u00f3n judicial del 3 de mayo de 2021 \u201ccontiene argumentos razonables\u201d para as\u00ed considerar que el se\u00f1or VERA MONTOYA ten\u00eda derecho al reconocimiento [de la prestaci\u00f3n] aun cuando, como lo reconoce el a-quo, acredit\u00f3 los requisitos de edad y tiempo de servicios con posterioridad de la vigencia de la convenci\u00f3n colectiva 2001 \u2013 2004, (\u2026) omitiendo as\u00ed los argumentos expuestos por la UGPP que demuestran la v\u00eda de hecho del estrado judicial accionado al darle a dich[o] [tratado] una vigencia que no ostentaba y variar con ello lo pactado en la misma\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso laboral promovido en contra de la gestora (SL1783-2021, rad. 86854), por cuanto cas\u00f3 la sentencia desestimatoria del tribunal y en su lugar concedi\u00f3 las pretensiones de la demanda, supuestamente en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las decisiones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n querellada declar\u00f3 la prosperidad del recurso, en tanto observ\u00f3 que \u00ab[e]l Acto Legislativo 01 de 2005 no frustr\u00f3 el derecho convencional del [censor], pues (\u2026) caus\u00f3 [el derecho] antes del 31 de julio de 2010, cuando cumpli\u00f3 los 55 a\u00f1os en el 2005 y acredit\u00f3 el tiempo de servicios en dicho lapso\u00bb no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al resolver el cargo primero, encaminado por la v\u00eda indirecta, en la modalidad de aplicaci\u00f3n indebida del \u00abart\u00edculo 467 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, por el error evidente y trascendente en la inteligencia del art\u00edculo 98 y 101 del acuerdo convencional, dando un alcance y\/o estimaci\u00f3n m\u00e1s all\u00e1 de lo estipulado en dicha normativa, transgrediendo los art\u00edculos 25, 31, 51, 54, 54A, 60, 61 del Decreto Ley 2158 de 1948, y los art\u00edculos 164, 165, 166, 167, 176, 177 del C\u00f3digo General del Proceso, y por ende los art\u00edculos 13, 48, 53, 58, 83, de la Constituci\u00f3n Nacional\u00bb, el estrado enjuiciado expuso que: <\/p>\n
En este sentido, al analizar la prueba documental aportada, resalt\u00f3 que \u00ab[de] la Resoluci\u00f3n n.\u00ba 8586 del 11 de marzo de 2015, (\u2026) se desprende que al actor le reconocieron una suma de $12.519.820, en el periodo que corresponde del 19 de diciembre de 1995 al 31 de marzo de 2015 por prestaciones sociales y cesant\u00edas definitivas. En dicho documento el ISS califica al actor como trabajador oficial, quien se desempe\u00f1\u00f3 como \u00abAYUDANTE \u2013 SECCIONAL ANTIOQUIA\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente estableci\u00f3 que \u00aben la certificaci\u00f3n que expide el Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, [se desprende] (\u2026) que el accionante ostent\u00f3 el cargo de \u00abAYUDANTE\u00bb, entre el periodo del 19 de diciembre de 1995 al 31 de marzo de 2015. De ah\u00ed que, si el documento expedido no indic\u00f3 m\u00e1s cargos, no pod\u00eda el sentenciador de segundo grado desconocer al actor como trabajador oficial, m\u00e1s si \u00e9l ya hab\u00eda sido catalogado como tal por el mismo empleador\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, en lo ateniente a valoraci\u00f3n dada a la Resoluci\u00f3n n.\u00b0 GNR 76330 que reliquida la pensi\u00f3n de vejez, la autoridad judicial encartada adujo que, \u00abel actor prest\u00f3 sus servicios al ISS como trabajador oficial y eso no lo desvirt\u00faa por el solo hecho de que (\u2026) pagara sus propias cotizaciones, pues con insistencia la Corporaci\u00f3n ha manifestado que as\u00ed como la historia laboral no prueba la existencia del contrato tampoco demuestra la calidad en que un funcionario presta sus servicios, pues las circunstancias que pueden rodear la afiliaci\u00f3n al ISS y el pago de aportes no siempre corresponde a las realidades f\u00e1cticas\u00bb. <\/p>\n
En tal aspecto, estim\u00f3 que \u00abnunca fue objeto de reparo por la UGPP que [el se\u00f1or Vera Montoya] no tuviera la calidad de trabajador oficial cuando insistentemente, al resolver la reclamaci\u00f3n, la reposici\u00f3n y la apelaci\u00f3n nunca lo manifest\u00f3 (f.\u00ba 105 al 125)\u00bb <\/p>\n
De esta manera, coligi\u00f3 que \u00abel juzgador incurri\u00f3 en los dislates endilgados, pues con error determin\u00f3 que no se encontr\u00f3 acreditado que el actor era trabajador oficial. (\u2026) Por lo que el cargo es fundado\u00bb. <\/p>\n
Ahora bien, en la revisi\u00f3n del cargo segundo fundado en la v\u00eda indirecta, por error de hecho, \u00abpor apreciaci\u00f3n equivocada o sesgada de la prueba aportada en el certificado laboral tipo bono pensional expedido por el municipio de Barbosa, Antioquia (\u2026) y Certificado laboral (\u2026) del tiempo laborado en el ISS por el demandante, (\u2026) transgrediendo los art\u00edculos 25, 31, 51, 54, 54A, 60, 61 del Decreto Ley 2158 de 1948, y los art\u00edculos 164, 165, 166, 167, 176, 177 del C\u00f3digo General del Proceso, y por ende los art\u00edculos 13, 48, 53, 58, 83, de la Constituci\u00f3n Nacional\u00bb, la accionada explic\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab[L]a censura increpa que el Tribunal le dio un entendimiento equivocado a la cl\u00e1usula 101 de la CCT 2001 \u2013 2004, pues la acumulaci\u00f3n de tiempos que permite la disposici\u00f3n, no establece la calidad en que debieron prestarse los servicios; adem\u00e1s reprocha que desconociera su vinculaci\u00f3n laboral al ISS como trabajador oficial, pues la liquidaci\u00f3n de prestaciones sociales, no valorada por el juzgador, as\u00ed lo dispon\u00eda, adem\u00e1s que desacredit\u00f3 la certificaci\u00f3n laboral expedida por el Ministerio de Salud con la resoluci\u00f3n de Colpensiones que le reconoci\u00f3 la pensi\u00f3n, pues no era prueba id\u00f3nea para corroborar los tiempos p\u00fablicos laborados\u00bb. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, reliev\u00f3 que \u00aba la Sala le corresponde determinar si el ad quem se equivoc\u00f3; i) al interpretar la cl\u00e1usula 101 de Convenci\u00f3n Colectiva 2001-2004, al restringir la calidad en que el actor prest\u00f3 sus servicios en otras entidades p\u00fablicas, esto es como trabajador oficial y; ii) al concluir que el actor no demostr\u00f3 haber laborado al ISS como trabajador oficial\u00bb. <\/p>\n
En referencia al primer problema jur\u00eddico, manifest\u00f3 que \u00ab [del tratado] extralegal arrimado al proceso, conviene precisar que un acto de esa naturaleza contiene una fuerza normativa, [seg\u00fan] lo establece el art\u00edculo 467 del CST y encuentra fundamento en el derecho a la negociaci\u00f3n colectiva, previsto en el 55 de la CP, as\u00ed como en los Convenios 98, 151 y 154 de la OIT y en la autonom\u00eda de la voluntad, conforme al cual, las partes contratantes (empleador y sindicato), tienen la facultad de dictar, para s\u00ed, las normas sobre trabajo; de all\u00ed que se le ha otorgado el car\u00e1cter de acto regla, siendo sus disposiciones, un verdadero derecho objetivo, proyectado e incorporado a los contratos individuales de trabajo, llegando a considerarlo como una fuente aut\u00f3noma del derecho, al establecer derechos, obligaciones, deberes y facultades para los sujetos de una relaci\u00f3n laboral (sentencia de casaci\u00f3n CSJ SL4934-2017)\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n examin\u00f3 el acuerdo colectivo 2001-2004, suscrito entre el Instituto de Seguros Sociales y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Seguridad Social, concretamente la cl\u00e1usula 101 y razon\u00f3 que \u00abno existe duda que en este no se restringi\u00f3 a los destinatarios de la prestaci\u00f3n, pues no estableci\u00f3 distinci\u00f3n entre empleados p\u00fablicos y trabajadores oficiales, en la medida en que la \u00fanica limitaci\u00f3n que aflora de su literatura, es que la vinculaci\u00f3n deb\u00eda ejecutarse en una entidad del derecho p\u00fablico\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n indic\u00f3 que \u00abno se desprende prueba alguna o argumento que [sugiera] que las parte tuvieran otra intenci\u00f3n de lo que la literalidad de sus palabras pretendiera (art\u00edculo 1618 del CC), para se pudiera inferir una interpretaci\u00f3n distinta de lo que ella emana\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, \u00ab[n]o debe perderse de vista (\u2026) que estas normas, (\u2026) tienen una doble connotaci\u00f3n en casaci\u00f3n, esto es, de prueba y de norma y, por tanto, le es aplicable el principio constitucional y legal de favorabilidad e in dubio pro operario. No obstante y dada la literalidad del contenido [de la misma] no es procedente su aplicaci\u00f3n, pues de ella emana, sin dubitaci\u00f3n alguna, que se contabilizara el tiempo en que el actor prest\u00f3 servicios en una entidad p\u00fablica sin exigir la calidad de trabajador oficial\u00bb. Todo ello, para concluir que, \u00abel juzgador de segundo grado incurri\u00f3 en el dislate pregonado, por lo que el ataque sale victorioso\u00bb y de tal forma, cas\u00f3 la decisi\u00f3n del tribunal. <\/p>\n
Posteriormente, en sede de instancia reconoci\u00f3 la pensi\u00f3n convencional y estableci\u00f3 la \u00abcompartibilidad\u00bb de esta con la prestaci\u00f3n de vejez ya reconocida; figura jur\u00eddica en virtud de la cual le corresponde a la UGPP asumir \u00abel mayor valor\u00bb resultante de la diferencia entre la asignaci\u00f3n extralegal y la que viene pagando Colpensiones. <\/p>\n
Conforme con ello, la resoluci\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo de la gestora no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se advierte es una diferencia de criterio de aquella frente a la accionada, en tanto lo fallado fue contrario a sus intereses. <\/p>\n
3.2. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la determinaci\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00). <\/p>\n
3.3. De otra parte, en lo que respecta al alegado desconocimiento de los \u00abprecedentes\u00bb enunciados en el libelo inicial, esta Sala colige que la diferencia de criterios, por s\u00ed misma, no tiene la entidad de enervar la juridicidad de la sentencia de casaci\u00f3n, aunado a que en la misma se hizo alusi\u00f3n a los postulados jurisprudenciales del \u00f3rgano de cierre laboral en lo concerniente a la problem\u00e1tica estudiada \u2013entre otros, se apoy\u00f3 en las providencias SL, 21 jun. 2001, rad. 15987; SL4934-2017, 29 mar., rad. 48786; SL17642-2015, 24 nov., rad. 45185; SL351-2018, 21 feb., rad 31145; y SL5116-2020, 2 dic., rad. 39797-, aspecto del cual no se puede desprender la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas reclamadas. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La determinaci\u00f3n cuestionada se advierte razonable, en tanto no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El expediente ingres\u00f3 a este despacho el pasado 9 de marzo de 2022, de conformidad con la informaci\u00f3n consignada en el acta de reparto. <\/p>\n
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STC3515-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC3515-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-01640-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintitr\u00e9s de marzo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-62269","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62269","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62269"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62269\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62269"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62269"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62269"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}