STC3516-2022<\/p>\n
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3516-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-02338-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n1 interpuesta por Hernando Pulido Prieto frente a la sentencia de 23 de noviembre de 2021, emitida desde la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte, en la acci\u00f3n de tutela que aquel impuls\u00f3 contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial (Sala Penal), el Juzgado Sexto Penal del Circuito con funci\u00f3n de conocimiento y las Fiscal\u00edas 39\u00b0 Especializada y 40\u00b0 Seccional, todos de Bucaramanga. Al tr\u00e1mite fueron vinculados los part\u00edcipes e interesados en el asunto que suscita la presente queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. El convocante deprec\u00f3 la protecci\u00f3n de sus prerrogativas fundamentales al debido proceso y \u00abLIBERTAD\u00bb, presuntamente conculcadas por las autoridades repelidas, dentro del expediente n.\u00b0 \u00ab2018-00257\u00bb. <\/p>\n
Y en concreto, que se ordene una \u00abREDOSIFICACI\u00d3N DE [LA] PENA\u00bb all\u00ed infligida. <\/p>\n
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2. La plataforma f\u00e1ctica relevante enseguida se devela: <\/p>\n
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1. El Juzgado Sexto Penal del Circuito con funci\u00f3n de conocimiento de Bucaramanga conden\u00f3 al titular del pedido de resguardo principalmente a 114 meses y 21 d\u00edas de prisi\u00f3n, mediante fallo de 18 de febrero de 2019, proferido en el paginario arriba descrito, \u00abcomo c\u00f3mplice responsable de la conducta punible de homicidio simple\u00bb, luego de avalada la \u00abaceptaci\u00f3n de cargos\u00bb por \u00e9l propuesta. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La defensa t\u00e9cnica se alz\u00f3 en apelaci\u00f3n contra el referido veredicto; empero, el Tribunal Superior correspondiente lo reafirm\u00f3 por virtud de su Sala Penal, en sentencia de 29 de julio posterior. <\/p>\n
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3. El promotor del amparo critic\u00f3 los referidos pronunciamientos pues, en s\u00edntesis, fue pasado por alto que en el devenir punitivo \u00abse habl\u00f3 de una cantidad de meses mucho m\u00e1s baj[a] a l[a] que [impuso la] condena\u00bb, dada la calidad bajo la que intervino en la comisi\u00f3n del delito. Dijo haber sido \u00abenga\u00f1ado\u00bb por el ente acusador y, adem\u00e1s, que careci\u00f3 de una apropiada representaci\u00f3n jur\u00eddica de cuenta de su abogado. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que su acudida, m\u00e1s all\u00e1 \u00abdel tiempo legal de los 6 meses\u00bb, est\u00e1 sustentada en el prove\u00eddo de unificaci\u00f3n \u00abNo. 02201\u00bb del Consejo de Estado, y en la CC \u00abT- 3721\u00bb de 2021. <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Sexto Penal del Circuito con funci\u00f3n de conocimiento y la Fiscal\u00eda 40\u00b0 Seccional, ambos de Bucaramanga, se opusieron separadamente al \u00e9xito de la clama, por ausencia de vulneraci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El estrado Primero Penal Municipal de control de garant\u00edas \u00eddem rindi\u00f3 reporte sobre el desarrollo de las fases preliminares de la investigaci\u00f3n contra el tutelante. <\/p>\n
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3. El despacho 12\u00b0 Penal del Circuito ib\u00eddem alleg\u00f3 pronunciamiento de condena frente a otra persona. <\/p>\n
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4. La Fiscal\u00eda 46\u00b0 Seccional y las Procuradur\u00edas 54\u00b0, 170\u00b0 y 362\u00b0 judiciales II hicieron menci\u00f3n de sus gestiones. <\/p>\n
<\/p>\n
5. La Direcci\u00f3n del Complejo Penitenciario y Carcelario Metropolitano de C\u00facuta resalt\u00f3 que las censuras le son extra\u00f1as.<\/p>\n
6. No se produjeron m\u00e1s contestaciones. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
Rehus\u00f3 conceder la salvaguarda. <\/p>\n
Dispuso as\u00ed, pues el ataque supralegal se blandi\u00f3 \u00abm\u00e1s de dos a\u00f1os despu\u00e9s de la expedici\u00f3n de la \u00faltima providencia reprochada\u00bb, la cual tampoco fue rebatida con el \u00abrecurso extraordinario de casaci\u00f3n\u00bb; el Consejo de Estado en el precedente tra\u00eddo en la demanda \u00abacogi\u00f3\u00bb \u2013en contraste a lo ah\u00ed sugerido\u2013 \u00abel criterio del plazo razonable [de seis meses] fijado por la Corte Constitucional\u00bb; el fallo \u00abT- 3721\u00bb de 2021 no aparece en los registros de ninguna autoridad judicial; en gracia de discusi\u00f3n, las decisiones confutadas escapan al \u00e1mbito de la arbitrariedad; bien puede impetrarse la revisi\u00f3n, de encontrarlo necesario el interesado; y, mucho menos, ha de emplearse el mecanismo de resguardo para discrepar de la estrategia defensiva que desplegara el defensor. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue intentada por la convocante, quien persisti\u00f3 en indagar respecto al monto temporario de la condena que se le impuso y en su pretensi\u00f3n de redosificaci\u00f3n o reducci\u00f3n. Implor\u00f3 una mirada exhaustiva a su caso, desde la perspectiva iusfundamental. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Al tenor del canon 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un implemento jur\u00eddico en respaldo de los derechos esenciales, susceptible de invocar siempre que estos resulten vulnerados o en peligro inminente por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en ciertos supuestos, de los particulares, que por su connotaci\u00f3n subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los conductos comunes de auxilio. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en lo que concierne a las actuaciones judiciales, el resguardo cabe de manera excepcional y ce\u00f1ido a la presencia de un irrefutable desafuero, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01) y, por antonomasia, de sobrevenir el imperativo de la inmediatez. <\/p>\n
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2. Delanteramente, y circunscrito el debate al memorial impugnatorio, se tiene que los ataques aqu\u00ed enrostrados, de existir, habr\u00edan quedado extendidos al 29 de julio de 2019, cuando fue dictado el fallo de apelaci\u00f3n dentro del juicio punitivo n.\u00b0 \u00ab2018-00257\u00bb. <\/p>\n
Por el delineado sendero, cierto es que entre la fecha referida y la de formulaci\u00f3n del pedido de amparo \u20138 de noviembre de 2021\u2013 transcurri\u00f3 un lapso que supera en mucho el de seis (6) meses fijado por la jurisprudencia como proporcional para que la supuesta persona afectada ejerciera tal implemento, sin que la foliatura reporte la existencia de alg\u00fan motivo real que justifique tan visible tardanza, m\u00e1xime si, cual lo sostuvo el a-quo constitucional, el veredicto de unificaci\u00f3n del Consejo de Estado aval\u00f3 el mismo t\u00e9rmino razonable aqu\u00ed descrito, mientras que el \u00abT- 3721\u00bb\/21 no aparece en los registros de ninguna autoridad judicial. <\/p>\n
Acerca del tema, se ha delimitado: <\/p>\n
(\u2026) \u201cno puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u201d (prove\u00eddo de 2 de agosto de 2007, exp. 00188-01, reiterado el 30 de agosto de 2012, exp. 01254-01). <\/p>\n
Reiterando que \u201cel ejercicio de la acci\u00f3n de tutela debe ser oportuno y congruente con el prop\u00f3sito que persigue, que no es otro que brindar soluci\u00f3n \u2018a situaciones presentes que a\u00fan pueden ser susceptibles de tal remedio, y no denunciar hechos cuyos efectos se han materializado\u2026\u2019 (Sentencia de 17 de julio de 2006, exp. No. 11001-0204-000-2006-00826-01)\u201d (Sentencia de 8 de agosto de 2012, exp. 00189-01); o lo que es igual, \u201cla presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela debe realizarse dentro de un t\u00e9rmino razonable, que permita la protecci\u00f3n inmediata del derecho fundamental a que se refiere el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica\u201d, en aras de \u201cpreservar el car\u00e1cter expedito de la tutela para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica\u201d (Sentencia de 2 de agosto de 2007, exp. 00188-01, reiterada el 26 de abril de 2012, exp. 00221-01)\u2026 (CSJ STC, 30 en. 2013, rad. 2012-00274-01; reiterada en STC 5977, 15 de mayo de 2015). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Y en complemento, lo cierto es que la sentencia de alzada aludida tampoco la recurri\u00f3 el convocante en v\u00eda extraordinaria de casaci\u00f3n. Total, el mecanismo de amparo opera s\u00f3lo bajo la ausencia de medios \u00f3ptimos de auxilio, el cual \u00abno est\u00e1 concebid[o] para sustituirlos o desplazarlos, subsanar falencias procesales\u2026, ni mucho menos para restablecer oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos\u00bb -\u00c9nfasis ajeno- (CSJ STC, 8 abr. 2008, rad. 00065-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 4 jun. 2013, rad. 00585-01; STC, 21 ag. 2013, rad. 01258-01; y STC, 17 sep. 2013, rad. 01329-01). <\/p>\n
<\/p>\n
4. Lo consignado conlleva, entonces, a resolver de modo ratificatorio. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el conducto m\u00e1s expedito a los involucrados. Rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional, para lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de la Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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