STC3517-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3517-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 47001-22-13-000-2021-00427-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por el Departamento del Magdalena frente a la sentencia del pasado 10 de febrero, emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, Sala Civil-Familia, en la acci\u00f3n de tutela impulsada por aquel ente territorial contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de Pivijay. Al tr\u00e1mite fueron vinculados el despacho Primero Promiscuo Municipal de ese mismo poblado, as\u00ed como los part\u00edcipes e interesados en el asunto que suscita la presente queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El departamento convocante deprec\u00f3, a trav\u00e9s su oficina asesora jur\u00eddica, la protecci\u00f3n de la prerrogativa esencial que le asiste al debido proceso, presuntamente conculcada por la dependencia jurisdiccional acusada, dentro del incidente de desacato n.\u00b0 \u00ab2021-00094\u00bb. <\/p>\n
Y en concreto, se conmine a dejar sin valor las \u00faltimas determinaciones all\u00ed tomadas. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Como sustento sostuvo que en contra suya Mayra Alejandra Castro Britto adelant\u00f3 el descrito expediente ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Pivijay, el cual hubo de ordenarle mediante fallo de amparo de 27 de agosto de 2021, grosso modo, \u00abel reintegro inmediato\u00bb de aquella \u00abal cargo que ostentaba como gerente del E.S.E. HOSPITAL SANTANDER HERRERA\u00bb, previa \u00absuspensi\u00f3n provisional\u00bb por el t\u00e9rmino de \u201ccuatro (4) meses\u201d del acto administrativo que le acept\u00f3 la renuncia, mientras se efectuara el agotamiento de la v\u00eda contencioso administrativa. <\/p>\n
Veredicto reafirmado por el despacho judicial fustigado el 28 de septiembre siguiente, en sede de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Adujo que, luego de surtidas las etapas del decurso incidental en comento, el juzgador municipal de conocimiento decidi\u00f3 imponer \u00abarresto inconmutable de cinco (05) d\u00edas y multa de dos (02) salario[s] m\u00ednimo[s legales] mensual[es vigentes]\u00bb al ah\u00ed requerido gobernador Carlos Eduardo Caicedo Omar, por desacato al mandato supralegal arriba aludido, en virtud de auto de 1\u00b0 de octubre subsiguiente. <\/p>\n
Relat\u00f3 que la agencia judicial ahora recriminada si bien dispuso levantar las sanciones en cita con prove\u00eddo del d\u00eda 13 del mismo mes y a\u00f1o, lo cierto es que en tal pronunciamiento (aclarado el d\u00eda 22 postrero1) hizo una advertencia consistente en se\u00f1alar que la \u00absuspensi\u00f3n\u00bb prevista en la sentencia materia del desacato permanecer\u00eda vigente \u00abs\u00f3lo durante el [tiempo] que la autoridad (\u2026) competente utilice para d[irim]ir de fondo\u00bb sobre el instrumento jur\u00eddico ordinario que llegare a emplear Mayra Alejandra Castro Britto. <\/p>\n
Critic\u00f3, en s\u00edntesis, que a partir de las resoluciones prenotadas se produjo un \u00abdefecto org\u00e1nico\u00bb por cuenta del juzgado repelido, en tanto que el llamado respecto a los efectos temporales del fallo base del incidente traduce una arbitraria \u00abmodificaci\u00f3n\u00bb a dicha providencia, \u00abdebidamente ejecutoriada\u00bb y que \u00fanicamente podr\u00eda alterarla la Corte Constitucional, en eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
LA INTERVENCI\u00d3N DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. Los dispensadores de justicia accionados se opusieron separadamente al \u00e9xito de la clama, por ausencia de vulneraci\u00f3n y pertinencia de sus proveimientos. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Mayra Alejandra Castro Britto se mostr\u00f3 a favor de no acceder al reclamo.<\/p>\n
3. La Superintendencia Nacional de Salud asever\u00f3 que las censuras les son extra\u00f1as. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Carlos Eduardo Caicedo Omar coadyuv\u00f3 lo pretendido. <\/p>\n
<\/p>\n
5. No se produjeron m\u00e1s respuestas. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
Rehus\u00f3 conceder la salvaguarda, una vez superada la anulaci\u00f3n que decretara la Corte en CSJ ATC046-2022, 25 en., pues los prove\u00eddos atacados escapan al \u00e1mbito de la arbitrariedad, ni mucho menos denotan \u00abla modificaci\u00f3n o cambio\u00bb atribuidos. Igualmente flu\u00eda inadmisible la \u00abreposici\u00f3n (\u2026) contra (\u2026)el auto que dispuso la aclaraci\u00f3n de la providencia\u00bb definitoria de la \u00abconsulta\u00bb de desacato. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue intentada por el departamento convocante, con persistencia en sus cr\u00edticas. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo jur\u00eddico en respaldo de los derechos fundamentales, susceptible de invocar siempre que estos resulten vulnerados o en peligro inminente por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en ciertos supuestos, de los particulares, que por su connotaci\u00f3n residual no permite sustituir o desplazar a los canales comunes de auxilio. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en lo que concierne a las actuaciones judiciales, el resguardo cabe de manera ins\u00f3lita y ce\u00f1ido a la presencia de un irrefutable desafuero, si \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01); y por antonomasia, de sobrevenir el imperativo de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Lo anterior se predica con mayor intensidad frente a \u00ablas providencias (\u2026) que resuelven un incidente de desacato\u00bb, ante las cuales, se ha dicho, por regla general, que no es venturoso el amparo, \u00abdada la conexi\u00f3n y dependencia que existe entre esta etapa y la inicial, adem\u00e1s, porque de admitirse, resultar\u00eda menguada y menospreciada la efectividad de la justicia, as\u00ed como la seguridad jur\u00eddica que el fallo debe entra\u00f1ar\u2026\u00bb (CSJ STC, 21 en. 2016, rad. 2015-82905-02). <\/p>\n
Sin embargo, la jurisprudencia constitucional tambi\u00e9n ha contemplado los casos excepcionales en los que se abre paso la tutela frente a determinaciones adoptadas en los referidos plenarios, \u00abparticularmente por \u201causencia de notificaci\u00f3n del accionado, una vez (\u2026) hubiera agotado en el interior del incidente (\u2026) esta misma situaci\u00f3n\u201d\u00bb2 o en vista de la pretermisi\u00f3n del \u00abtr\u00e1mite que en derecho corresponde\u2026\u00bb (CSJ STC11880-2018, 13 sep., rad. 01400-01). <\/p>\n
Excepcionalidad que consecuentemente se ha extendido a otros contextos, tales como: <\/p>\n
\u2026si se logra verificar que una vez ejecutoriado un fallo de tutela que concede la protecci\u00f3n de derechos fundamentales, la autoridad p\u00fablica o el particular obligado al cumplimiento del mismo, no lo ha materializado en los t\u00e9rminos expuestos en la parte resolutiva del mismo, y el juez constitucional de primera instancia se niega a hacer cumplir su propia sentencia una vez iniciado el desacato, el accionante al cual se le protegieron sus derechos constitucionales, puede acudir nuevamente ante otro juez de tutela con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales a la cosa juzgada, al debido proceso y al acceso real y efectivo a la justicia, [eventualidad en la cual] el nuevo juez constitucional podr\u00e1 (i) dejar sin efectos las providencias judiciales que denegaron dar tr\u00e1mite al incidente de desacato; (ii) que declararon cumplido el fallo de tutela sin que se hubiera atendido a la parte resolutiva del mismo (iii) o que hubiere decretado una sanci\u00f3n al obligado a cumplirlo sin el respeto por el debido proceso (CC T-010\/12; citada en CSJ STC, 21 en. 2016, rad. 2015-82905-02). <\/p>\n
<\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, lo conducente es auscultar en sus cimientos el auto proferido 13 de octubre de 2021 por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Pivijay \u2013m\u00e1s all\u00e1 de la aclaraci\u00f3n a la que fue sujeto\u2013, al ser el que en grado jurisdiccional de consulta acab\u00f3 por zanjar lo referente al cumplimiento o incumplimiento de la orden de tutela que dio lugar a la tramitaci\u00f3n incidental en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
N\u00f3tese que, en lo medular, all\u00ed se esgrimi\u00f3: <\/p>\n
(\u2026)[M]ediante fallo del 27 de agosto del 2021, el Juzgado Promiscuo Municipal de Pivijay tutel\u00f3 los derechos fundamentales al trabajo, al debido proceso, a la confianza leg\u00edtima, a la seguridad jur\u00eddica, derecho a la igualdad material u objetiva, y derecho a la prevalencia de la ley sustancial de la accionante MAYRA ALEJANDRA CASTRO BRITTO e imparti\u00f3 las siguientes \u00f3rdenes: <\/p>\n
\u201c\u2026 Cuarto.- ORDENAR al se\u00f1or Gobernador del departamento del Magdalena, Dr. CARLOS CAICEDO OMAR, o quien haga sus veces al momento de la notificaci\u00f3n de este fallo, que dentro del t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificaci\u00f3n de esta providencia, decrete: a.) La suspensi\u00f3n provisional de los efectos jur\u00eddicos del acto administrativo decreto 131 de mayo 06 del 2021 emanado de la Gobernaci\u00f3n del departamento del Magdalena, por medio del cual se acepta la renuncia de la accionante[;] b.) La suspensi\u00f3n de los efectos jur\u00eddicos del acto administrativo decreto por medio del cual se encarga a la Dra. MARTHA LILIANA CHAPARRO TRUJILLO como gerente del E.S.E. HOSPITAL SANTANDER HERRERA DE PIVIJAY, o cualquier otro que se haya expedido con posterioridad en el mismo sentido[;] y c.) Se ordene el reintegro inmediato de la Dra. MAYRA ALEJANDRA CASTRO BRITTO al cargo que ostentaba como gerente del E.S.E. HOSPITAL SANTANDER HERRERA DE PIVIJAY, lo cual debe hacerse dentro de las 48 horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia. La anterior suspensi\u00f3n (\u2026) ser\u00e1 por el t\u00e9rmino de cuatro (4) meses contados a partir de la notificaci\u00f3n de esta providencia, tiempo dentro del cual la accionante deber\u00e1 agotar la v\u00eda ordinaria ante lo Contencioso Administrativo. En caso de no hacerlo oportunamente, esta providencia judicial pierde su eficacia jur\u00eddica tal como lo establece el inciso 2\u00b0 del art. 8\u00b0 del decreto 2591 de 1991, donde se expresa que la sentencia permanecer\u00e1 vigente \u00ab…s[\u00f3]lo durante el t[\u00e9]rmino que la autoridad judicial competente utilice para decidir de fondo sobre la acci\u00f3n instaurada por la afectada…\u00bb <\/p>\n
[L]a se\u00f1ora MAYRA ALEJANDRA CASTRO BRITTO promueve el incidente de desacato por cuanto la entidad accionada no ha dado cumplimiento a lo ordenado en el fallo de tutela; esto es, la suspensi\u00f3n provisional de los actos administrativos de aceptaci\u00f3n de renuncia y nombramiento de gerente encargado, y la expedici\u00f3n del acto que se\u00f1ale su reintegro al cargo de Gerente de la ESE HOSPITAL SANTANDER HERRERA DE PIVIJAY. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
[S]e alleg[\u00f3 por el Departamento del Magdalena] el Decreto 286 del 4 de octubre del 2021, expedido por el se\u00f1or CARLOS CAICEDO OMAR, en su condici\u00f3n de GOBERNADOR\u2026, a trav\u00e9s del cual ordena: <\/p>\n
\u201c\u2026ART\u00cdCULO PRIMERO: CUMPLIMIENTO DECISI\u00d3N JUDICIAL. Dese cumplimiento a la decisi\u00f3n judicial adoptada mediante sentencia del 27 de agosto de 2021 por el Juez Primero Promiscuo Municipal de Pivijay, dentro del tr\u00e1mite de la Acci\u00f3n de tutela radicada bajo el n\u00famero 2021-00094-01. <\/p>\n
ART\u00cdCULO SEGUNDO: Efectos jur\u00eddicos. Como consecuencia de la decisi\u00f3n adoptada el 27 de agosto de 2021 por el Juez Primero Promiscuo Municipal de Pivijay, dentro del tr\u00e1mite de la Acci\u00f3n de tutela radicada bajo el n\u00famero 2021-00094-01, ord\u00e9nese la suspensi\u00f3n provisional del Decreto 131 de 06 de mayo de 2021, por medio del cual se acepta la renuncia de MAYRA ALEJANDRA CASTRO BRITTO, as\u00ed como del Decreto 239 de 5 de agosto de 2021, por medio del cual se encarg\u00f3 como gerente del E.S.E. Hospital Santander Herrera de Pivijay a la se\u00f1ora MARTHA LILIANA CHAPARRO TRUJILLO. <\/p>\n
PAR\u00c1GRAFO: En obedecimiento a lo ordenado por el Juez Primero Promiscuo Municipal de Pivijay \u201cla anterior suspensi\u00f3n de los actos administrativos ser\u00e1 por el t\u00e9rmino de cuatro (4) meses contados a partir de la notificaci\u00f3n\u201d de la providencia de 27 de agosto de 2021. <\/p>\n
ART\u00cdCULO TERCERO.- REINTEGRO. Ord\u00e9nese el reintegro inmediato de la se\u00f1ora MAYRA ALEJANDRA CASTRO BRITTO, identificada con la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda No. 1.082.845.989 al cargo de Gerente del E.S.E Hospital Santander Herrera de Pivijay\u2026\u201d <\/p>\n
En ese punto, es un desgaste innecesario determinar si las razones que condujeron al se\u00f1or GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA a no dar cumplimiento al fallo del 27 de agosto de 2021, dentro del t\u00e9rmino se\u00f1alado constituyen estrategias dilatorias para eludir las \u00f3rdenes impartidas por el JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL DE PIVIJAY. <\/p>\n
Y lo se\u00f1ala esta Agencia Judicial dado que por auto de fecha 4 de octubre de 2021 que adiciona la sentencia de 28 de septiembre de la misma anualidad, en la cual se decidi\u00f3 la impugnaci\u00f3n del fallo del 27 de agosto de 2021, este Juzgado se pronunci\u00f3 sobre la solicitud de p\u00e9rdida de eficacia jur\u00eddica, que sobre \u00e9sta \u00faltima decisi\u00f3n propuso el apoderado de la accionada GOBERNACI\u00d3N DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. As\u00ed se dijo en esa oportunidad: <\/p>\n
\u201c\u2026 Por tanto, para este Despacho, la constancia de presentaci\u00f3n de la demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho en la fecha 15 de septiembre de 2021, permite establecer que la accionante cumpli\u00f3 con la carga impuesta por el Juez Constitucional en los t\u00e9rminos se\u00f1alados en el citado prove\u00eddo. Siendo as\u00ed, la sentencia del 27 de agosto de 2021 conserva su eficacia jur\u00eddica, por lo que no se acceder\u00e1 a la solicitud del apoderado judicial de la accionada. <\/p>\n
Ahora bien, la discusi\u00f3n que pueda darse en torno a que haya operado o no la caducidad de la acci\u00f3n impetrada por la accionante, corresponder\u00e1 desatarla al Juez de lo Contencioso Administrativo en sede judicial, tal como lo se\u00f1ala el art\u00edculo 169 y pertinentes de la Ley 1437 de 2011\u2026\u201d <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
No obstante, advierte este despacho que el Decreto 286 del 4 de octubre del 2021, expedido por el se\u00f1or CARLOS CAICEDO OMAR, en su condici\u00f3n de GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, en el par\u00e1grafo del ART\u00cdCULO SEGUNDO, contiene una orden que, no atiende el precepto legal contenido en el Art\u00edculo 8 del Decreto 2591 de 1991, en tanto que dispone que la suspensi\u00f3n del Decreto 131 de 6 de mayo de 2021 y el Decreto 239 de 5 de agosto de 2021, ser\u00e1 por el t\u00e9rmino de cuatro (4) meses contados a partir de la notificaci\u00f3n de la providencia de 27 de agosto de 2021, en obedecimiento a lo ordenado por el JUEZ PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL DE PIVIJAY. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
En caso bajo estudio, se tiene que la orden impartida en el fallo de 27 de agosto de 2021, concretamente la contenida en el numeral cuarto que dispuso la suspensi\u00f3n provisional de los efectos jur\u00eddicos de los actos administrativos de aceptaci\u00f3n de renuncia y de encargo como Gerente de la ESE HOSPITAL SANTANDER HERRERA DE PIVJAY pese a que presenta una imprecisi\u00f3n al se\u00f1alar que la suspensi\u00f3n ser\u00e1 por el t\u00e9rmino de cuatro (4) meses contados a partir de la notificaci\u00f3n de la providencia; la misma queda superada cuando seguidamente, en el mismo numeral se indica respecto de la carga procesal impuesta a la accionante relativa al agotamiento de la v\u00eda ordinaria ante lo contencioso administrativo que: \u201c\u2026 En caso de no hacerlo oportunamente, esta providencia judicial pierde su eficacia jur\u00eddica tal como lo establece el inciso 2\u00b0 del art. 8\u00b0 del decreto 2591 de 1991, donde se expresa que la sentencia permanecer\u00e1 vigente \u00ab…s[\u00f3]lo durante el t[\u00e9]rmino que la autoridad judicial competente utilice para decidir de fondo sobre la acci\u00f3n instaurada por la afectada…\u00bb\u2026 <\/p>\n
Siendo as\u00ed, se advertir\u00e1 al se\u00f1or GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, deje sin efectos lo se\u00f1alado en el par\u00e1grafo del art\u00edculo segundo del Decreto 239 de 5 de agosto de 2021 y en su lugar, se\u00f1alar que la orden de suspensi\u00f3n provisional de los actos administrativos aludidos permanecer\u00e1 vigente s\u00f3lo durante el t\u00e9rmino que la autoridad judicial competente utilice para decidir de fondo sobre la acci\u00f3n instaurada por el afectado, tal como lo se\u00f1ala el art\u00edculo 8 del Decreto 2[591] de 1991. <\/p>\n
Lo anterior, si se tiene en cuenta que conforme lo se\u00f1alado en el art\u00edculo 27 del Decreto 2195 de 1991, el Juez adoptar\u00e1 directamente todas las medidas necesarias para el cabal cumplimiento del fallo. <\/p>\n
En orden de ideas, si bien el incidentado dio cumplimiento a la orden de tutela fuera del t\u00e9rmino de las cuarenta y ocho (48) horas se\u00f1aladas en la decisi\u00f3n, a la fecha ha cumplido con la suspensi\u00f3n provisional de los actos administrativos y el reintegro de la accionante MAYRA ALEJANDRA CASTRO BRITTO como Gerente de la ESE HOSPITAL SANTANDER HERRERA DE PIVIJAY, por lo que ser\u00e1 procedente levantar la sanci\u00f3n por desacato ordenada mediante prove\u00eddo del 1[\u00b0] de octubre de 2021\u2026 (Se destac\u00f3). <\/p>\n
Prove\u00eddo que al margen de compartirse no subyace arbitrario, subjetivo o antojadizo, pues se supedit\u00f3 al ordenamiento, lo que descarta las trasgresiones aducidas, las cuales, por ende, no encuentran recibo en esta calzada excepcional de auxilio. <\/p>\n
Es que, en rigor, el departamento accionante revela un mero desacuerdo en torno a la forma en que el juzgador requerido le advirti\u00f3 sobre los efectos temporales del cumplimiento al fallo de tutela de 27 de agosto de 2021, tras estimar, en compendio, que en la resolutiva del mismo veredicto qued\u00f3 claro que la suspensi\u00f3n provisional de los actos administrativos all\u00ed descritos perdurar\u00eda, en \u00faltimas, \u00abdurante el t[\u00e9]rmino que la autoridad judicial competente utili[zar]e para decidir de fondo\u00bb frente al instrumento jur\u00eddico ordinario impulsado por Mayra Alejandra Castro Britto, conforme lo previsto en el art\u00edculo 8\u00b0 -inc. 2\u00b0- del decreto 2591 de 1991. Entonces, no hubo la \u00abmodificaci\u00f3n\u00bb enrostrada. <\/p>\n
Tales planteamientos es dif\u00edcil desaprobarlos de plano o calificarlos de aviesos, \u00abm\u00e1xime si (\u2026)no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado\u2026, ya que (\u2026) se desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico(…) y [se] entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente\u00bb en el finiquite del \u00abconflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 01451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016). <\/p>\n
Divergir del fundamento de un dictado judicial no desemboca, a simple vista, en una vulneraci\u00f3n ostensible, si en cuenta se tiene que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para [sugerir] al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables (\u2026) o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 00009-01; y STC, 12 ag. 2013, rad. 00125-01; reiterada en STC18711, 10 nov. 2017). <\/p>\n
4. Se impone, ergo, resolver de modo ratificatorio. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el conducto m\u00e1s expedito y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional, para lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de la Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
2\u0002 CSJ STC, 21 en. 2013, rad. 2012-02912-00; reiterada en STC, 11 jun. 2015, rad. 01205-00. <\/p>\n
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STC3517-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC3517-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 47001-22-13-000-2021-00427-02 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de marzo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por el Departamento del Magdalena frente […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-62271","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62271","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62271"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62271\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62271"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62271"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62271"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}