STC3518-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC3518-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2022-00308-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 24 de febrero de 2022, que neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Peoples First National Banshares INC contra el Juzgado Treinta y Nueve Civil del Circuito de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el juicio n\u00ba 2020-00160-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Obrando por intermedio de su representante legal, la sociedad querellante reclama la protecci\u00f3n de su garant\u00eda esencial al debido proceso, supuestamente vulnerada por la autoridad convocada al proferir los autos de 15 de julio y 13 de agosto de 2021, por medio de los cuales (i) acept\u00f3 la cesi\u00f3n de derechos litigios y (ii) mantuvo inc\u00f3lume tal determinaci\u00f3n al interior del juicio n\u00ba 2020-00160-00. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Como hechos que soportan la solicitud de amparo refiere, en apretada s\u00edntesis, que promovi\u00f3 el referido proceso en contra de la sociedad Inversiones Londo\u00f1o Colombia S.A.S., asunto que fue asignado por reparto al Juzgado Treinta y Nueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1, quien admiti\u00f3 la demanda el 30 de noviembre de 2020. <\/p>\n
Relata, que ante la imposibilidad econ\u00f3mica de asumir la cauci\u00f3n dispuesta por el referido estrado para lograr la concreci\u00f3n de la cautela deprecada, acord\u00f3 celebrar una cesi\u00f3n de derechos litigiosos con Mayie Andrea V\u00e1squez Horta, sin embargo afirma que tal prop\u00f3sito nunca se cumpli\u00f3 puesto que no se realiz\u00f3 por su parte la \u00abpresentaci\u00f3n personal y el reconocimiento de contenido del documento\u00bb ante notario p\u00fablico. <\/p>\n
Asegura, que el 19 de marzo de 2021 tuvo conocimiento que Mayie Andrea V\u00e1squez Horta present\u00f3 ante el despacho convocado el contrato de cesi\u00f3n de derechos litigios, por lo que le pidi\u00f3 a su entonces apoderado judicial que informara al estrado acerca de la \u00abfraudulenta circunstancia y le solicit[\u00f3] conseguir[le] copia del documento que present\u00f3 quien pretend\u00eda usurpar la calidad de demandante\u00bb. <\/p>\n
Informa, que contrario al mandato encomendado a su abogado, \u00e9ste opt\u00f3 por solicitarle al juzgado que aceptara la cesi\u00f3n de derechos litigiosos, raz\u00f3n por la cual revoc\u00f3 el poder otorgado. <\/p>\n
Manifiesta, que por conducto de un nuevo profesional del derecho, el 5 de abril anterior, pidi\u00f3 al juez que accediera a su solicitud de retiro de la demanda. <\/p>\n
Se\u00f1ala, que el 15 de julio de 2021, el estrado accionado acept\u00f3 la cesi\u00f3n de derechos litigiosos, decisi\u00f3n frente a la cual formul\u00f3 reposici\u00f3n, no obstante, en prove\u00eddo de 13 de agosto de esa anualidad la mantuvo inc\u00f3lume. <\/p>\n
Inconforme con lo anterior, el 16 de febrero de 2022, la sociedad promotora formula la presente solicitud de amparo, precisando que tales determinaciones constituyen una v\u00eda de hecho, en tanto que, desconocen la regulaci\u00f3n prevista en el canon 92 del C\u00f3digo General del Proceso seg\u00fan el cual el retiro de la demanda es admisible siempre que no se haya notificado a la parte demandada, en concordancia con el canon 316 del mismo estatuto, que faculta a las partes para desistir de actos procesales. <\/p>\n
Agrega, que el juez convocado valor\u00f3 indebidamente el contrato de cesi\u00f3n de derechos litigios, aunado a que desconoci\u00f3\u2000los principios de la autonom\u00eda de la voluntad privada y de \u00abpacta sunt servanda\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende, que a trav\u00e9s de este excepcional mecanismo \u00abse deje sin valor y efecto lo actuado a partir del auto del 13 de agosto de 2021, proferida por el Juzgado 39 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, dentro del proceso verbal No. 11001310303920200016000 y se ORDENE al operador judicial del mencionado despacho, emitir auto mediante el cual se acepte la solicitud de retiro de la demanda impetrada el 5 de abril de 2021\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. Mayie Andrea V\u00e1squez Horta, se opuso a la prosperidad del resguardo se\u00f1alando que (i) no se han vulnerado las prerrogativas de la promotora, y (ii) no atiende los presupuestos de la inmediatez y la subsidiariedad. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Quien adujo ser el apoderado judicial de la compa\u00f1\u00eda Inversiones Londo\u00f1o Colombia S.C.A., manifest\u00f3 que \u00ab(\u2026) si se podr\u00eda interpretar la ocurrencia de una v\u00eda de hecho por parte del Juzgado 39 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, cuando en su auto del 13 de agosto de 2021, el despacho con una interpretaci\u00f3n meramente superficial de la norma que versa sobre las cesiones de un derecho litigioso, esto es el art\u00edculo1969 del c\u00f3digo civil. Y concluye que los contratos de cesi\u00f3n, no requieren ning\u00fan requisito o solemnidad para ser v\u00e1lidos, que es meramente consensual. Lo cual es cierto, pero tambi\u00e9n el despacho no hizo referencia alguna en dicha providencia y no tuvo en cuenta las condiciones o la libertad contractual que tienen las partes para obligarse, libertad que solamente se ve limitada o impedida con las leyes de orden publico y las buenas costumbres, y que en este caso no las transgred\u00eda, y que bien se podr\u00eda entender que las partes lo regularon, se obligaron as\u00ed en la parte final del contrato de cesi\u00f3n de derechos litigioso, pues se menciona que se har\u00eda con diligencia de presentaci\u00f3n personal y reconocimiento de firma ante notario\u00bb.<\/p>\n
3. El titular del Juzgado Treinta y Nueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1 hizo un recuento de las actuaciones adelantadas en virtud del tr\u00e1mite que origina el reclamo constitucional, defendi\u00f3 su proceder, y asegur\u00f3 que sus determinaciones se encuentran \u00abrevestidas de legalidad\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El tribunal a-quo neg\u00f3 el resguardo argumentando que la motivaci\u00f3n contenida en los autos de 15 de julio y 13 de agosto de 2021 no luce arbitraria o caprichosa. <\/p>\n
La formul\u00f3 la querellante, precisando que \u00ab(\u2026) incurre en un monumental dislate el juez de tutela de primer grado al incursionar en campos de la especulaci\u00f3n para dar por sentado que la accionante, a trav\u00e9s del suscrito, tenga razones distintas a la protecci\u00f3n de su derecho fundamental a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n constitucional que con el discurrir del tiempo la salvaguardadora de la Carta ha permitido su invocaci\u00f3n contra providencias judiciales, circunstancia que los firmantes del fallo que hoy impugno no pueden desconocer\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si la demanda satisface el requisito de la inmediatez, y una vez superado lo anterior, determinar si con el proferimiento de los autos que datan de 15 de julio y 13 de agosto de 2021, por medio de los cuales el Juzgado treinta y Nueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1 en el juicio n\u00ba 2020-00160-00 (i) acept\u00f3 la cesi\u00f3n de derechos litigiosos y (ii) mantuvo inc\u00f3lume esa determinaci\u00f3n, respectivamente, se vulner\u00f3 el debido proceso de la sociedad promotora. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Por regla general este mecanismo no procede contra determinaciones jurisdiccionales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los privilegios esenciales, eso s\u00ed, siempre y cuando se hayan agotado todos los medios ordinarios de defensa y se ejerza el resguardo en un plazo prudencial. <\/p>\n
Sobre esto \u00faltimo, ha sido invariable la posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corte al se\u00f1alar que los principios esenciales que orientan la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica son la subsidiariedad de dicho mecanismo. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
Analizados los fundamentos que soportan el presente auxilio ha de precisarse que se respaldar\u00e1 el fallo proferido por el tribunal a quo, que neg\u00f3 el resguardo invocado por las razones que pasan a explicarse: <\/p>\n
Incumplimiento del requisito de la inmediatez. <\/p>\n
Este presupuesto impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 00188-01, reiterada entre en STC5882-2015, STC1516-2016 y STC11499-2016, 18 ag. rad. 01142-01). <\/p>\n
M\u00e1s adelante, la Corte se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01). <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos, se concluye que el cuestionamiento que se hace frente a los autos de 15 de julio y 13 de agosto de 2021, por medio de los cuales el estrado convocado (i) acept\u00f3 la cesi\u00f3n de derechos litigiosos y (ii) mantuvo inc\u00f3lume esa determinaci\u00f3n, en el juicio n\u00ba 2020-00160-00, no atiende el postulado que viene de comentarse, ya que la presente tutela se radic\u00f3 el 16 de febrero de 2022, es decir, transcurri\u00f3 m\u00e1s del semestre establecido como razonable. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la eventual afectada debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a la decisi\u00f3n atacada, adem\u00e1s, ha sido clara la postura de la Corte en cuanto a que, el an\u00e1lisis preliminar de dicho criterio debe precisarse a\u00fan m\u00e1s en trat\u00e1ndose de ataques a sentencias judiciales. <\/p>\n
Al respecto se ha dicho: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026)\u00bb (STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00; reiterado en STC10258-2015, 6 ago. 2015, rad. 2015-01691-00). <\/p>\n
De otra parte, tampoco se demostr\u00f3 justificaci\u00f3n alguna que permitiera analizar las excepciones al principio de temporalidad del resguardo, por lo tanto, aunque el mentado requisito podr\u00eda flexibilizarse a partir de la explicaci\u00f3n de razones suficientes que justifiquen la inactividad para adelantar la acci\u00f3n de tutela, esto es, situaciones como la debilidad manifiesta, o la permanencia en el tiempo de la amenaza de las garant\u00edas superiores, dichas circunstancias no fueron acreditadas en este caso. <\/p>\n
Al respecto, cabe precisar que, en repetidas oportunidades, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el particular, en las providencias CC T-136\/07, CC T-647\/08, CC T-743\/08, CC T-867\/09, CC T-037\/13, CC T-033\/10, y en esta \u00faltima, estim\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: <\/p>\n
\u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n. (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
El auxilio ser\u00e1 desestimado porque incumple el presupuesto de la inmediatez. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada, pero por las razones arg\u00fcidas en esta instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREP <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1 <\/p>\n
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