STC3522-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00775-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Jorge Acosta Mart\u00ednez y M\u00f3nica G\u00f3mez Garc\u00eda contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el juicio que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores del amparo reclamaron protecci\u00f3n constitucional de sus derechos al debido proceso, defensa, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, igualdad, \u00abconfianza leg\u00edtima\u00bb, \u00abprevalencia del derecho sustancial sobre el procesal\u00bb y \u00abviolaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial por error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de la demanda, de su contestaci\u00f3n (y no contestaci\u00f3n por una de las partes) y las pruebas\u00bb, presuntamente conculcados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Solicitaron, entonces, \u00abdeclarar la nulidad de la sentencia de fecha 07 de septiembre de 2021 o a partir de la providencia que determine el honorable Juez Constitucional, proferidos por la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali\u2026 y, en su lugar, ordenar la vinculaci\u00f3n por responsabilidad solidaria en el fallo definitivo que se expida, respecto de los demandados Jorge Leonardo Jer\u00f3nimo Jim\u00e9nez y Fabiola Aguirre Perea\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. Jorge Acosta Mart\u00ednez y M\u00f3nica G\u00f3mez Garc\u00eda presentaron demanda contra a la Sociedad Jero S.A.S., Jorge Leonardo Jer\u00f3nimo Jim\u00e9nez (en calidad de representante legal de la sociedad) y Fabiola Aguirre Perea (en calidad de administradora del hecho), con la finalidad de reconocer \u00abperjuicios derivados del uso fraudulento de la sociedad Jero S.A.S.\u00bb y, por ello, declarar que \u00ablos accionistas y administradores de sociedad Jero S.A.S\u2026. cometieron actos defraudatorios\u00bb y, en consecuencia, se les condene \u00absolidariamente a la indemnizaci\u00f3n de perjuicios\u2026 derivada de los actos defraudatorios y por violaci\u00f3n de normas urban\u00edsticas\u00bb; y, subsidiariamente, pretendieron la resoluci\u00f3n de los contratos de promesa de compraventa celebrado entre ellos y la sociedad demandada. <\/p>\n
Con apoyo a tales pretensiones, indicaron que en calidad de promitentes compradores celebraron dos contratos de promesa de compraventa con la Sociedad Jero S.A.S. (promitente vendedora), el primero correspondiente a 7.89 m2 en com\u00fan y proindiviso de la suite n\u00b0 328 y el segundo sobre la Isla n\u00b0 2-4, ambos del proyecto inmobiliario Hotel La Sagrada Familia; que cumplieron con el pago del precio en los plazos y montos pactados, por la suma de $500.000.000, empero, la constructora incumpli\u00f3 con las entregas, tras aducir problemas de \u00edndole legal con el Municipio de Cali, comoquiera que, realizaron modificaciones al proyecto que es realizado sobre un bien de inter\u00e9s cultural -BIC-, sin contar con autorizaciones y licencias pertinentes; que dichas variaciones en el proyecto son decisiones \u00fanicas y exclusivas de los administradores y accionistas de la sociedad, motivados por el af\u00e1n de lucro, acudiendo a maniobras fraudulentas de utilizaci\u00f3n de la sociedad para obtener dicho lucro. <\/p>\n
2.2. El conocimiento del asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Cali, quien con fallo de 7 de abril de 2021 refiri\u00f3 que se pretend\u00eda una triple responsabilidad, una contractual frente a la sociedad, otra la que se impone a los administradores y la \u00faltima por la desestimaci\u00f3n de la personer\u00eda jur\u00eddica, encontrando responsabilidad de la constructora y solidariamente de su representante legal, por \u00abla ejecuci\u00f3n de los actos contrarios a derecho que llevaron al incumplimiento contractual de la sociedad Jero S.A.S.\u00bb, conden\u00e1ndolos a pagar a los demandantes la suma de $500.000.000 e intereses moratorios; asimismo, neg\u00f3 la responsabilidad de la administradora del hecho y la desestimaci\u00f3n de la personer\u00eda jur\u00eddica, pues no se prob\u00f3 el \u00e1nimo defraudatorio al crear la sociedad Jero S.A.S.; determinaci\u00f3n apelada por ambas partes. <\/p>\n
2.3. El 7 de septiembre siguiente, el Tribunal revoc\u00f3 el fallo recurrido y, en su lugar, declar\u00f3 no probada la excepci\u00f3n de \u00abausencia de causa para demandar\u00bb, al tiempo que, al estudiar la pretensi\u00f3n subsidiaria de la demanda, dispuso la resoluci\u00f3n de los contratos de promesa de compraventa ordenando, \u00fanicamente, a la Sociedad Jero S.A.S. al pago de $621.575.499 a favor de los convocantes, al considerar que, tras estudiar el reparo de incongruencia formulado, y dar una lectura integra a las pretensiones de la demanda, principalmente, lo reclamado fue que se declarara que la \u00absociedad Jero S.A.S. fue usada de manera fraudulenta obteniendo un beneficio injustificado para sus accionistas en perjuicio de terceros\u201d; \u201cdeclarar que los accionistas y administradores\u2026 utilizaron la sociedad Jero S.A.S. en fraude a la ley\u2026 pues fue empleada para la promoci\u00f3n del proyecto la Sagrada Familia, el cual viola normas urban\u00edsticas, en virtud del art\u00edculo 42 de la ley 1258 de 2008\u201d; \u201cdeclarar que los accionistas y administradores\u2026 cometieron actos fraudulentos pues participaron activamente en la promoci\u00f3n del proyecto la Sagrada Familia\u201d, entre otras de similar temperamento, es decir, encaminadas a \u201cel reconocimiento de los perjuicios derivados del uso fraudulento de la sociedad Jero S.A.S.\u201d; y como subsidiaria, \u201cla resoluci\u00f3n de los contratos de promesa de compraventa por el incumplimiento de la sociedad Jero S.A.S.\u201d\u00bb; de ah\u00ed que, lo pretendido sea un presunta responsabilidad de las personas naturales (administradora y representante legal), bajo la tesis de desestimaci\u00f3n de la personer\u00eda jur\u00eddica, la que no fue probada, por lo que estudi\u00f3 la pretensi\u00f3n subsidiaria, que sali\u00f3 avante. <\/p>\n
2.4. Por v\u00eda de tutela se duelen los quejosos, en s\u00edntesis, de la decisi\u00f3n referida a espacio, pues, deducen, \u00absin haber apreciado los documentos y pruebas aportados oportunamente al proceso, la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali procedi\u00f3 a decidir erradamente la segunda instancia\u00bb, quebrantando la norma sustancial. <\/p>\n
2.5. Anotaron que \u00abexiste una violaci\u00f3n directa de una norma jur\u00eddica sustancial, al desconocer el art\u00edculo 200 del C\u00f3digo de Comercio y los art\u00edculos 27 y 42 de la ley 1258 de 2008 y la violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial por error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de la demanda, de su contestaci\u00f3n (y no contestaci\u00f3n por una de las partes) y las pruebas aportadas en las que se desestima sin fundamento alguno la confesi\u00f3n efectuada por los demandados y donde admitieron las modificaciones al proyecto sin contar con autorizaci\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas competentes\u00bb. <\/p>\n
2.6. Agregaron que contrario a lo afirmado por el Tribunal, dentro de sus pretensiones iniciales estaba dirigida a declarar a Jorge Leonardo Jer\u00f3nimo Jim\u00e9nez Aguirre y a Fabiola Aguirre Perea, en calidad de administradores de la sociedad, la violaci\u00f3n de la norma urban\u00edstica, toda vez que, participaron en la venta y construcci\u00f3n del proyecto inmobiliario sin el cumplimiento de los requisitos legales, raz\u00f3n por la que deb\u00edan responder como personas naturales. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil del Tribunal Superior de Cali manifest\u00f3 que la solicitud de amparo incumple el presupuesto de inmediatez; anot\u00f3 que la decisi\u00f3n criticada no luce arbitraria, pues atendiendo el principio de congruencia se abstuvo de imponer condena con ocasi\u00f3n a una responsabilidad contractual endilgada a la constructora Jero S.A.S. y, asimismo, a una responsabilidad especial derivada por los actos positivos o negativos realizados por los administradores, por lo que abri\u00f3 paso al estudio de la pretensi\u00f3n subsidiaria, esto es, la resoluci\u00f3n del contrato de compraventa, la que fue pr\u00f3spera. <\/p>\n
2. Jorge Leonardo Jer\u00f3nimo Aguirre inst\u00f3 la improcedencia del resguardo, al incumplir el presupuesto de inmediatez, pues la providencia censurada data de 7 de septiembre de 2021; refiri\u00f3 que las pretensiones de los promotores est\u00e1n reconocidas en el proceso de reorganizaci\u00f3n empresarial de Jero S.A.S., por lo que lo pretendido por los gestores es \u00absaltarse los derechos que amparan 128 compradores que se encuentran en las mismas condiciones haciendo parte de los acreedores debidamente reconocidos\u00bb; que lo pretendido por los accionantes con la solicitud de amparo es subsanar los errores cometidos en la demanda, especialmente, la responsabilidad de los administradores que qued\u00f3 desvirtuada al probarse que la mala fe no existi\u00f3. <\/p>\n
3. Los dem\u00e1s guardaron silencio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
3. Zanjado lo anterior, los promotores cuestionan la sentencia de 7 de septiembre de 2021, mediante la cual el Tribunal acusado revoc\u00f3 la dictada en primera instancia por el Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Cali para, en su lugar, declarar la resoluci\u00f3n de los contratos de compraventa demandados y condenar al pago de los dineros pagados con sus intereses. <\/p>\n
Y al examinar tal determinaci\u00f3n, encuentra esta Colegiatura que la salvaguarda rogada est\u00e1 llamada al fracaso, porque con aqu\u00e9lla no se incurri\u00f3 en arbitrariedad alguna que imponga la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
3.1. En efecto, all\u00ed el Tribunal acusado estudio el principio de congruencia alegado por los demandados, estudiando el libelo inicial en su integridad, consignando que: <\/p>\n
En tributo a la concreci\u00f3n, debe decirse de entrada que, es verdad, como lo alega la censura y as\u00ed lo calific\u00f3 la juzgadora de instancia en el preludio del correspondiente fallo que, la narraci\u00f3n de la plataforma factual expuesta en la demanda, al igual que las pretensiones que penden de ella, no son paradigma de claridad y precisi\u00f3n; no obstante, de su lectura detenida, entendiendo l\u00f3gica, racional y arm\u00f3nicamente el contexto de la problem\u00e1tica planteada se advierte que el fundamento f\u00e1ctico de los pedimentos indemnizatorios descansa en lo axial en la presunta responsabilidad solidaria que vincular\u00eda tanto a la persona jur\u00eddica demandada como a sus accionistas por un supuesto abuso de la personalidad jur\u00eddica, derivada de las maquinaciones y maniobras fraudulentas desplegadas en su actividad constructora, bajo el amparo de una sociedad por acciones simplificada, para infligir da\u00f1o a los inversionistas o por lo menos obtener un provecho ileg\u00edtimo. <\/p>\n
N\u00f3tese que el fundamento de las pretensiones se encauza en que el proyecto inmobiliario present\u00f3 unos problemas legales con el Municipio de Cali, \u201cdebido a que se realizaron una serie de modificaciones al proyecto inicial\u201d, sin contar con los permisos y autorizaciones por las autoridades p\u00fablicas competentes (hecho 10\u00b0). <\/p>\n
Modificaciones que se dieron no precisamente por la decisi\u00f3n soberana y aut\u00f3noma de la persona jur\u00eddica demandada, sino que agregan: \u201clas decisiones que motivaron el cambio del proyecto provienen del representante legal de la sociedad y accionista\u2026 as\u00ed como de la accionista\u2026 Fabiola Aguirre Perea\u201d (hecho 14\u00b0), y en esa medida consideran los actores que aquellos \u201cdeben responder… por los perjuicios causados a terceros los administradores y accionistas por cuanto vali\u00e9ndose de maniobras fraudulentas lograron recaudar importantes recursos para el proyecto\u201d (hecho 21\u00b0). Acto seguido afirman, que \u201cfue fraudulento\u2026 manifestar que se cuenta con permisos y autorizaciones cuando no era as\u00ed, es obrar de mala fe, y de eso ten\u00edan conocimiento los accionistas y los administradores de la sociedad Jero S.A.S.\u201d (hecho 23\u00b0), sin ambages afirma concluyendo: \u201cexist\u00eda inicialmente un proyecto validado por la norma local y nacional, pero el presunto af\u00e1n de lucro de la sociedad Jero S.A.S., sus administradores y accionistas, los llev\u00f3 a crear uno nuevo\u2026 en contravenci\u00f3n de las normas urban\u00edsticas y de protecci\u00f3n de patrimonio inmaterial\u201d (hecho 33\u00b0), de ello deviene la \u201cresponsabilidad solidaria de la sociedad Jero S.A.S., y sus accionistas\u2026[bajo] la figura jur\u00eddica del levantamiento del velo corporativo\u2026 responsabilidad [que] se demuestra en tanto que la sociedad se us\u00f3 para vender un proyecto diferente al que se encontraba autorizado\u2026 en fraude a la ley, y por tal raz\u00f3n se encuentra actualmente suspendido\u201d (hecho 34\u00b0). <\/p>\n
Siendo de este tenor literal el libelo inaugural confeccionado, la juzgadora con acierto solicit\u00f3 a los demandantes procedieran a acotar con precisi\u00f3n y claridad tanto la causa petenti como las correspondientes pretensiones, imponi\u00e9ndose en principio su inadmisi\u00f3n. Puesto en dicho labor\u00edo, el personero judicial de los accionantes sin paliativos y con vehemencia se\u00f1ala que la \u201ctesis que se plantea en la demanda es que las personas naturales\u2026 que est\u00e1n detr\u00e1s del proyecto inmobiliario\u2026 son responsables con su propio patrimonio de los perjuicios sufridos por la parte demandante, pues con sus actuaciones rompieron el equilibrio que debe existir entre las partes en una negociaci\u00f3n\u2026\u201d; a rengl\u00f3n seguido a\u00f1adi\u00f3: \u201ces este el escenario judicial id\u00f3neo para llevar a cabo un verdadero juicio de responsabilidad en contra de quienes se cobijaron en una figura jur\u00eddica, como la sociedad comercial, para obtener beneficios, en perjuicio de terceros. Esto por cuanto las personas naturales fueron quienes iniciaron la planeaci\u00f3n del proyecto\u2026 y vieron en la figura de la sociedad por acciones simplificada un camino a trav\u00e9s del cual pueden incrementar los riesgos, pero a costa de un tercero\u201d; bajo este contexto y para que no quedara ning\u00fan g\u00e9nero de duda sobre las reales pretensiones y su fundamento remat\u00f3 lapidariamente: \u201cno es suficiente entonces que la acci\u00f3n judicial vaya dirigida \u00fanicamente contra el medio que provoc\u00f3 el da\u00f1o, que es la sociedad Jero S.A.S., sino que tiene que abarcar a quienes realmente provocaron el perjuicio que hoy sufren los demandantes\u201d. <\/p>\n
Razones precedentes que sirvieron de estribo para fijar las pretensiones de la siguiente manera: principales: que se declare que la \u201csociedad Jero S.A.S. fue usada de manera fraudulenta obteniendo un beneficio injustificado para sus accionistas en perjuicio de terceros\u201d; \u201cdeclarar que los accionistas y administradores\u2026 utilizaron la sociedad Jero S.A.S. en fraude a la ley\u2026 pues fue empleada para la promoci\u00f3n del proyecto la Sagrada Familia, el cual viola normas urban\u00edsticas, en virtud del art\u00edculo 42 de la ley 1258 de 2008\u201d; \u201cdeclarar que los accionistas y administradores\u2026 cometieron actos fraudulentos pues participaron activamente en la promoci\u00f3n del proyecto la Sagrada Familia\u201d, entre otras de similar temperamento, es decir, encaminadas a \u201cel reconocimiento de los perjuicios derivados del uso fraudulento de la sociedad Jero S.A.S.\u201d; y como subsidiaria, \u201cla resoluci\u00f3n de los contratos de promesa de compraventa por el incumplimiento de la sociedad Jero S.A.S.\u201d. <\/p>\n
Bien se ve, entonces, que los actores apoyan sus pretensiones principales sobre una presunta responsabilidad que recae frente a las personas naturales demandadas, quienes en su condici\u00f3n de administradores y accionistas de la entidad tambi\u00e9n demandada, celebrante de las promesas, deben responder de manera solidaria con \u00e9sta \u00faltima bajo la tesis de la desestimaci\u00f3n de la personalidad jur\u00eddica, pues consideran los actores que la sociedad por acciones simplificada fue el veh\u00edculo o el puente precursor al cual acudieron los accionistas de aquella para hacer fraude, es decir, limitar su responsabilidad frente a terceros, al iniciar un proyecto inmobiliario, captando el capital de inversionistas, siendo ellos cognoscentes \u2013 por sus profesiones, experiencia y cargos directivos desempe\u00f1ados en el pasado en el Municipio de Cali \u2013 que el mismo no contaba con las autorizaciones y licencias de rigor para desarrollar el proyecto en la dimensi\u00f3n y magnitud como se estaba ejecutando. <\/p>\n
Causa fundante de las pretensiones primigenias y estas \u00faltimas que si bien no quedaron decantadas con la precisi\u00f3n y rigor deseables al momento de fijarse el objeto del litigio, es lo cierto que los actores al sustentar su disenso con el fustigado fallo en esta instancia y al descorrer el traslado respectivo del que fue propuesto por su contraparte, insisten, rayando en la tautolog\u00eda, que los da\u00f1os cuya indemnizaci\u00f3n pretenden encuentran apoyatura en las conductas que califican de \u201cfraudulentas\u201d en las que incurrieron los se\u00f1alados accionistas y administradores de las sociedad contratante, a quienes acusan de haber generados los da\u00f1os patrimoniales denunciados bajo el ropaje de la sociedad, us\u00e1ndola como escudo para limitar el riesgo y las posibles contingencias que se pudieran presentar en el desarrollo de su objeto social. <\/p>\n
Siendo ello as\u00ed, como en efecto lo es, la contenci\u00f3n, como es apenas obvio y jur\u00eddico, se trab\u00f3 sobre unas causas y pretensiones espec\u00edficas y particulares, sobre las cuales, valga decir, el polo pasivo ejerci\u00f3 su derecho de contradicci\u00f3n y defensa, al igual que frente a las subsidiarias, y como no pod\u00eda ser de otra manera esos fueron los derroteros trazados por las partes delimitantes de la competencia de la juzgadora sobre el cual discurri\u00f3 el debate probatorio. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
En esta l\u00ednea de pensamiento, es lo cierto que la juzgadora acometi\u00f3 el estudio de fondo de la pretensi\u00f3n principal blandida, pues frente a ella elucid\u00f3 el marco legal y jurisprudencial que la gobierna, as\u00ed como tambi\u00e9n valor\u00f3 el haz probatorio actuante en la foliatura, para luego colegir que en el caso presente no se encontraban reunidos \u00edntegramente los presupuestos exigidos por la ley y la jurisprudencia para estar llamada a buen suceso, espec\u00edficamente porque qued\u00f3 evidenciado en el plenario que con la persona jur\u00eddica -constructora – los accionistas no pretend\u00edan hacer fraude a la ley y menos generar perjuicios frente a terceros; estableci\u00f3 que los m\u00f3viles que impulsaron el desarrollo del proyecto inmobiliario obedec\u00edan al estricto cumplimiento de su objeto social; que si bien la ejecuci\u00f3n de la obra present\u00f3 problemas de \u00edndole legal con la Alcald\u00eda de Santiago de Cali, en tales desatenciones no existi\u00f3 por parte de los accionistas \u00e1nimo fraudulento, es decir, enga\u00f1ar a los inversionistas con fines distintos a las de promover y llevar a feliz t\u00e9rmino la construcci\u00f3n, es decir, optimizarlo y hacerlo sostenible en el tiempo en t\u00e9rminos econ\u00f3micos; que los reveses que present\u00f3 el proyecto no fueron consecuencia de actuaciones dolosas de los accionistas de la entidad demandada y que la constituci\u00f3n y celebraci\u00f3n de un contrato de fiducia inmobiliaria con una entidad fiduciaria, jam\u00e1s puede significar un indicio grave del cual se desprenda de manera un\u00edvoca una intenci\u00f3n fraudulenta por parte de los socios de la constructora y menos que con ella se pretend\u00eda distraer el capital de los inversionistas, en tanto esta es la pr\u00e1ctica usual y m\u00e1s recurrida por los empresarios en este ramo de la econom\u00eda para llevar a cabo sus proyectos de construcci\u00f3n, con el fin de que aquella administre los recursos econ\u00f3micos conforme a las necesidades y avances de la obra. <\/p>\n
Habiendo descartado ese presupuesto axial de la pretensi\u00f3n, adujo pues, la imposibilidad de hacer juicios de valor y menos deducir una responsabilidad de los demandados en orden a la reparaci\u00f3n de unos presuntos da\u00f1os o el resarcimiento de los mismos, que, por dem\u00e1s, no exist\u00eda relaci\u00f3n ninguna de causa-efecto de la cual se deduzca irrefragablemente que los demandados est\u00e1n obligados a dicha indemnizaci\u00f3n. Elucubraciones precedentes que conducen a colegir sin atisbo de duda que la verdadera y genuina causa petendi y el petitum mismo fueron evacuados y decididos por la juzgadora de instancia con efectos definitorios. <\/p>\n
Ahora bien, la juzgadora pese a haber discurrido con acierto sobre la pretensi\u00f3n principal, tal vez por lo abstruso del escrito rector, se dio a la tarea de indagar y resolver sobre t\u00f3picos extra\u00f1os a la responsabilidad invocada, tales como las denunciadas por el demandado recurrente, es decir sobre una la responsabilidad contractual con indemnizaci\u00f3n de perjuicios frente a la constructora demandada, y la especial derivada por los actos positivos o negativos realizados por el administrador y de quien se\u00f1alan como administradora de hecho y con base en ellas profiri\u00f3 la condena confutada. <\/p>\n
De este modo, indudablemente se abre paso la revocatoria de las condenas impuestas a los demandados en la providencia que se revisa, lo que de paso nos releva, por inoficioso y en aras de no incurrir en el mismo dislate que se reprocha, de estudiar las dem\u00e1s glosas elevadas por los impugnantes que giran en torno de estos puntuales ejes tem\u00e1ticos. <\/p>\n
Seguidamente, tras encontrar que la pretensi\u00f3n inicial era impr\u00f3spera, cit\u00f3 el art\u00edculo 1546 del C\u00f3digo Civil y la jurisprudencia aplicable al caso concreto, pasando a estudiar la pretensi\u00f3n subsidiaria, esto es, la resoluci\u00f3n de los contratos de compraventa demandados, precisando que: <\/p>\n
En el sub examine, no remite a duda ninguna la existencia y validez de las dos promesas de compraventa de bienes inmuebles celebradas entre los demandantes y la sociedad demandada, Jero S.A.S., pues adem\u00e1s de ser un hecho admitido por ambas partes, colmar todos los requisitos de validez de esta tipolog\u00eda de acuerdos sinalagm\u00e1ticos, obra al legajo copiosa prueba documental que apunta a esta misma epiqueya. <\/p>\n
5.4.- Tambi\u00e9n est\u00e1 por fuera de toda discusi\u00f3n que los actores, promitentes compradores, cumplieron o se allanaron a cumplir con las prestaciones o d\u00e9bitos a su cargo, entre otras, solucionaron el precio de los bienes en los plazos y montos acordados, como as\u00ed lo confiesan los demandados en su contestaci\u00f3n de la demanda, corroborado igualmente por la prueba documental abonada en el informativo -comprobantes de consignaciones -, como tambi\u00e9n una certificaci\u00f3n expedida por la misma constructora demandada, que da cuenta que los demandantes \u201ccancelaron a entera satisfacci\u00f3n\u201d la suma de $500.000.000 de pesos por concepto de la compra de dos inmuebles plenamente singularizados y descritos en l\u00edneas precedentes, los cuales, valga decir, no fueron redarg\u00fcidos de falsos ni menos desconocidos por los demandados, por tanto, prestan plena eficacia demostrativa (arts. 244 y 246 CGP). <\/p>\n
5.5.- Ahora bien, respecto del correlato obligacional de la sociedad demandada est\u00e1 suficientemente establecido que los bienes no fueron entregados en la forma y t\u00e9rminos pactados, a tal punto que la demandada admite dicha circunstancia, como no pod\u00eda ser de otra manera, aunque trata de exculpar su responsabilidad acudiendo para ello a la configuraci\u00f3n de hecho de un tercero, pues asevera que todo se debi\u00f3 a la conducta ilegal y autoritaria de la administraci\u00f3n municipal de Cali, m\u00e1xime que as\u00ed fue previsto en las convenciones celebradas. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Extrapoladas estas nociones al asunto que acapara la atenci\u00f3n de la Sala, tenemos que la demandada confiesa su incumplimiento respecto del d\u00e9bito prestacional asumido en las promesas de compraventa, pero no lo hace de manera llana y simple, sino que acude a unas agregaciones que no guardan \u00edntima conexidad o comuni\u00f3n con el hecho confesado, por tanto estamos en presencia de una confesi\u00f3n compuesta, que permite escindir el medio de prueba, y que entonces el confesante asuma la carga probatoria de demostrar de manera irrecusable su agregaci\u00f3n, que dicho agregado pueda ser infirmado por el restante haz probatorio, evento \u00faltimo que acaece en este singular caso, como pasar\u00e1 a verse en seguida. <\/p>\n
Pues bien, la causal de exculpaci\u00f3n convencional en la cual se apoyan los demandados para justificar su incumplimiento, pactada en ambas promesas, a la letra dispone: \u201cquinta \u2013 entrega de los inmuebles: \u2026 par\u00e1grafo primero: convencionalmente y de manera enunciativa, se definen como eventos en los cuales la Promitente vendedora queda exonerada de cumplir con el plazo fijado para la entrega [del bien] objeto del presente contrato, entre otros, los siguientes: \u2026 (3) hechos atribuibles a terceros o circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que impidan el desarrollo normal de la obra, tales como: \u2026 (3.4) Por causas imputables\u2026 a las autoridades municipales\u2026\u201d. <\/p>\n
Desde los albores de esta disputa los demandados, apegados a la citada disposici\u00f3n contractual, han alegado que los bienes prometidos en venta no fueron entregados a los demandantes en las fechas acordadas en las promesas por cuanto el proyecto inmobiliario, que estaba en construcci\u00f3n, fue suspendido por la alcald\u00eda de Santiago de Cali de manera ilegal e infundada, presuntamente por violar las licencias de construcci\u00f3n otorgadas por la autoridad competente, cuando la verdad es que ellos han sido respetuosos de los derechos de construcci\u00f3n concedidos y por ello est\u00e1n demandando ante la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa dichos actos administrativos, particularmente los sancionatorios expedidos por la aludida entidad municipal y los dem\u00e1s que se desprenden de dicha actuaci\u00f3n por falta de motivaci\u00f3n y desconocer los derechos adquiridos en favor del constructor en virtud de las licencias concedidas. <\/p>\n
Frente a este planteamiento, la jueza de instancia, pese a la distorsi\u00f3n en el enfoque del problema jur\u00eddico, es lo cierto que la sind\u00e9resis de que hizo gala resulta del todo pertinente y \u00fatil para la resoluci\u00f3n de la controversia articulada; en este sentido, adujo en primer lugar para descartar su prosperidad que, no era razonable alegar que no se cumpli\u00f3 con la entrega del primer inmueble prometido en venta, correspondiente a los 9.87 m2, en la fecha prometida, por la supuesta intervenci\u00f3n del Municipio de Santiago de Cali, habida cuenta que la suspensi\u00f3n del proyecto por las presuntas irregularidades en su ejecuci\u00f3n tuvo lugar a finales del a\u00f1o 2016 y, el plazo pactado para entrega del mismo a los demandantes, como se anot\u00f3, estaba fijado para el mes de diciembre del a\u00f1o 2015, es decir, con un a\u00f1o de antelaci\u00f3n al hecho ex\u00f3geno blandido como eximente de responsabilidad; as\u00ed las cosas, la contingencia exculpatoria no guarda la m\u00e1s m\u00ednima conexi\u00f3n temporal ni causal con la injuria prestacional. <\/p>\n
En segundo t\u00e9rmino, luego de examinar de manera conjunta y razonada el caudal probatorio abonado, adujo que en el incumplimiento de las promesas de compraventa ninguna culpa recae en cabeza del referido ente municipal, pues qued\u00f3 demostrado que la suspensi\u00f3n del proyecto inmobiliario se dio en raz\u00f3n a que la entidad demandada estaba ejecutando la obra civil con desprecio y desapego a las licencias de construcci\u00f3n que hab\u00edan sido aprobadas, lo que condujo a que se expidieran actos administrativos sancionatorios en contra de ella por violaci\u00f3n a normas de orden legal, espec\u00edficamente de derecho urbano, tanto m\u00e1s, cuanto el proyecto se estaba llevando a cabo sobre un bien de inter\u00e9s cultural -BIC-, esto \u00faltimo resulta medular; agreg\u00f3 que la suspensi\u00f3n de la obra tan s\u00f3lo se dio de manera parcial, que no total, \u00fanicamente en lo que rebasaba o no se ajustaba a la licencia de construcci\u00f3n inicialmente aprobada, por lo que nada imped\u00eda a la demandada seguir con el desarrollo del proyecto tal cual como lo hab\u00edan ofrecido a los demandantes en el fase de pre-venta, es decir, atemper\u00e1ndose a lo ya autorizado, sin ning\u00fan tipo de modificaciones; razonamientos que por su solidez y contundencia, al igual que por consultar la verdad probatoria que fluye de la valoraci\u00f3n individual y conjunta del haz probatorio, esta Sala comulga sin paliativo alguno, precis\u00e1ndose nuevamente que dicho an\u00e1lisis cabe y deviene aplicable a la pretensi\u00f3n que tiene como diana anonadar las se\u00f1aladas convenciones. <\/p>\n
En efecto, es innegable que la causal alega por los demandados no puede encontrar eco para desprenderse de los efectos derivados del incumplimiento de la primera promesa de compraventa, pues es evidente que el d\u00e9bito prestacional de entregar la cosa a los demandantes se pact\u00f3 para que fuera en el mes de diciembre de 2015 y la suspensi\u00f3n de la obra por parte del Municipio de Cali tan solo de dio a finales del a\u00f1o 2016, es decir, casi un a\u00f1o despu\u00e9s, por lo que no hay duda de ning\u00fan g\u00e9nero que, por el factor de temporalidad, dicha raz\u00f3n no tiene asidero alguno, a riesgo de atentar contra una l\u00f3gica m\u00ednima, y por ende, no queda alternativa distinta que descartarse tajantemente. <\/p>\n
En lo que concierne a la segunda promesa de compraventa resulta imperioso realizar las siguientes precisiones: <\/p>\n
Para la ejecuci\u00f3n del proyecto inmobiliario a la demandada le han expedido las licencias Nro. 760011130088 del 25 de junio de 2013 para la \u201cdemolici\u00f3n parcial, reforzamiento estructural, restauraci\u00f3n y ampliaci\u00f3n a una edificaci\u00f3n institucional (Colegio la Sagrada Familia), para conformar una edificaci\u00f3n mixta de hotel, auditorios, locales comerciales y servicios conexos, con 113 estacionamientos de visitantes\u201d, y la Nro. 760011150062 del 29 de mayo de 2015 para la \u201cdemolici\u00f3n parcial de losa de entrepiso edificio 5 y reposici\u00f3n (ampliaci\u00f3n) en 2 piso m\u00e1s 1 s\u00f3tanos de doble altura (\u00e1rea de habitaciones, restaurante, cocina y \u00e1rea t\u00e9cnica\u201d, las cuales se encuentran en firme y vigentes por efectos de la revalidaci\u00f3n aprobada el 6 de julio de 2017 por la autoridad urbana competente. <\/p>\n
Propuesta constructiva inicial que posteriormente fue replanteada por los promotores del proyecto, con la finalidad, seg\u00fan afirmaron los integrantes que conforman la pasiva en sus respectivos interrogatorios, de potencializarlo, de hacerlo m\u00e1s sostenible en el tiempo, en t\u00e9rminos econ\u00f3micos, introduciendo, entre otras modificaciones, una consistente en 4 salas de cine de peque\u00f1a escala para la transmisi\u00f3n de cine, arte y contenidos alternativos. <\/p>\n
Variaciones del proyecto en su objeto, alcance y magnitud, que por llevarse a cabo sobre un bien de inter\u00e9s cultural \u2013 BIC-, por imperativo legal debe agotar previamente a su ejecuci\u00f3n y desarrollo, es decir, antes de construirse materialmente hablando, una serie de exigencias de orden legal, entre ellas, contar con el visto bueno por parte de la entidad competente, en este caso, del Municipio de Santiago de Cali, quien debe aprobar las modificaciones \u2013 visado y entrega de los planos sellados – para luego acudir ante la respectiva Curadur\u00eda Urbana para adelantar los tr\u00e1mites pertinentes y con ello lograr la expedici\u00f3n de la correspondiente licencia. Cumplido lo anterior, adquiere viabilidad jur\u00eddica el constructor que adelanta trabajos de obra civil sobre un BIC para ejecutar las modificaciones o las intervenciones al mismo. <\/p>\n
Pese a estas exigencias de orden legal, de las cuales, conoc\u00eda muy bien la demandada, seg\u00fan lo dio a entender su represente legal en su interrogatorio, y como de ello dan cuenta las documentales que obran en el expediente, en criterio de la entidad municipal, la sociedad constructora, aqu\u00ed demandada, se margin\u00f3 de cumplir dichos imperativos, pues estaba adelantando las modificaciones del proyecto, sin contar a\u00fan con las autorizaciones de rigor. <\/p>\n
As\u00ed lo estim\u00f3 la autoridad municipal, quien en ejercicio de su poder-deber de control posterior urbano sobre las licencias de construcci\u00f3n aprobadas, en reiteradas visitas que realizaron al sitio de obra, encontraron \u201cque lo construido en la edificaci\u00f3n no corresponde a lo aprobado en la licencia de construcci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Adicionalmente, indica que los informes realizados por los funcionarios del \u00e1rea de control, \u201cestablecieron que la edificaci\u00f3n presenta ampliaciones, reducciones y modificaciones arquitect\u00f3nicas\u201d que distan de lo aprobado en la licencia; precisa, entonces que, \u201cno todas las obras desarrolladas en la edificaci\u00f3n\u2026 cuentan con la licencia de construcci\u00f3n, las que fueron ejecutadas por fuera de lo aprobado en los planos de la licencia\u2026 de 2013, [por lo cual] en la actualidad se encentran suspendidas\u201d; anotando a regl\u00f3n seguido que, \u201c la medida correctiva de suspensi\u00f3n no recae sobre toda la edificaci\u00f3n sino sobre lo construido por fuera de lo licenciado\u201d. Lo que dio lugar, a la suspensi\u00f3n parcial de la obra y a la imposici\u00f3n de una sanci\u00f3n urban\u00edstica por parte del Municipio de Santiago de Cali. <\/p>\n
Es inconcuso que la autoridad legalmente encargada de ejercer control posterior de las licencias de construcci\u00f3n aprobadas, en el marco de sus competencias legales, evidenci\u00f3 que el proyecto de obra civil se estaba adelantando por fuera de los lineamientos autorizados en las respectivas licencias aprobadas, lo que en \u00faltimas conllev\u00f3 a que se suspendiera la obra en lo que no correspond\u00eda a lo aprobado y autorizado, al igual que una sanci\u00f3n urban\u00edstica, como ya lo hab\u00edamos dicho, actos administrativos que como se sabe, se encuentran cobijados por una presunci\u00f3n de legalidad, en tanto est\u00e1n en firme y no han sido suspendidos, ni menos anulados por la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa, o eso es lo que evidencia el expediente, y en esa medida, detentan plena eficacia demostrativa en su valor intr\u00ednseco en este proceso, am\u00e9n de plenos efectos jur\u00eddicos. <\/p>\n
En este orden de cosas, bien se ve que, en el incumplimiento de los contratos por parte de la sociedad demandada, en t\u00e9rminos jur\u00eddicos y de causalidad, ninguna incidencia o culpa tuvo el Municipio de Santiago de Cali, a despecho de los respetables, pero infundados asertos alegados por la ilustre apoderada judicial de los demandados, pues es meridiano que la prestaci\u00f3n accidental, acordada de consuno en las respectivas promesas, de entregar anticipadamente los bienes inmuebles a los promitentes compradores antes de elevar los negocios a escritura p\u00fablica, no se cumplieron en las fechas acordadas, sin que por lo dicho, medie causal de exculpaci\u00f3n, exoneraci\u00f3n o justificativa del desapego y falta de fidelidad del programa obligacional por la sociedad demandada. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja de los promotores no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plantearon los inconformes es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que el Colegiado querellado interpret\u00f3 el libelo inicial, las normas y la jurisprudencia que regulan el juicio reclamado, concluyendo que las maniobras fraudulentas y el supuesto fraude alegado de las personas personales demandadas, no fueron probados, por lo que no hab\u00eda lugar a la responsabilidad especial pretendida, raz\u00f3n por lo que lo procedente era estudiar la pretensi\u00f3n subsidiaria, esto es, la resoluci\u00f3n de los contratos de compraventa demandados, \u00faltima que qued\u00f3 configurada conforme al caudal probatorio recaudado. <\/p>\n
Con fundamento en tal \u00f3ptica, se estima que las deducciones del despacho judicial acusado no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
4. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC3522-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00775-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de marzo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Jorge Acosta Mart\u00ednez y M\u00f3nica […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-62275","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62275","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62275"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62275\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62275"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62275"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62275"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}