STC3523-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3523-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-02108-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por las accionantes frente al fallo proferido el 21 de octubre de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Carmen Esperanza y Luz \u00c1ngela Pardo Vargas contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Cincuenta y Cinco Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de esa ciudad, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso atacado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Las accionantes deprecaron la protecci\u00f3n de los derechos al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y \u00abdoble instancia\u00bb, que dicen vulnerados por las autoridades encartadas, por lo que pidieron declarar la nulidad del fallo condenatorio en su contra. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Contra Carmen Esperanza y Luz \u00c1ngela Pardo Vargas se adelant\u00f3 proceso penal por los delitos de \u00abfraude procesal, falsedad en documento privado, obtenci\u00f3n de documento p\u00fablico falso y estafa\u00bb; surtido el tr\u00e1mite de rigor, el 3 de noviembre de 2020 el Juzgado Cincuenta y Cinco Penal del Circuito de Bogot\u00e1 las conden\u00f3 a 102 meses de prisi\u00f3n; determinaci\u00f3n confirmada, en sede de alzada, el 10 de mayo siguiente, por el Tribunal. <\/p>\n
2.2. Contra el fallo condenatorio, Carmen Esperanza Pardo Vargas formul\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n, empero, desisti\u00f3 de dicho remedio, el que fue aceptado el 13 de octubre de 2021 por el Tribunal. <\/p>\n
2.3. Por v\u00eda de tutela criticaron las quejosas, en s\u00edntesis, el juicio adelantado en su contra, pues, deducen, existi\u00f3 una indebida valoraci\u00f3n probatoria, comoquiera que, fueron condenadas por falsificar un poder especial para enajenar un inmueble, sin embrago, \u00abel \u00fanico medio de prueba sobre la falsificaci\u00f3n del documento [fue] el informe elaborado por el perito hom\u00f3logo que determin\u00f3 que las huellas dactilares que obran en la escritura p\u00fablica n\u00b0 1603 del 21 de julio de 2010 no eran aptas para cotejarlas, es decir, no se logr\u00f3 acreditar que hayan sido plasmadas por las procesadas\u00bb. <\/p>\n
2.4. Anotaron que el proceso penal es nulo, toda vez que, se incumpli\u00f3 el principio de la congruencia, pues fueron \u00abacusa[das] como autoras y se les conden[\u00f3] como coautoras, institutos jur\u00eddicos con caracter\u00edsticas dis\u00edmiles\u00bb; adem\u00e1s, \u00abno se acredit\u00f3 que las procesadas hubieran actuado de com\u00fan acuerdo y que se hayan dividido las labores necesarias para cometer las conductas que les fueron imputadas, aspectos que no fueron analizados por el fallador, pues no se estableci\u00f3 \u00bfc\u00f3mo? y \u00bfd\u00f3nde? se comunicaban\u00bb. <\/p>\n
2.5. Agregaron que se desconoci\u00f3 el principio de la doble instancia dispuesto en la sentencia C-792\/2014, pues el Tribunal debi\u00f3 garantizar el debido proceso \u00abmediante el recurso de apelaci\u00f3n o impugnaci\u00f3n toda vez que permite la controversia de una decisi\u00f3n judicial por quien tiene inter\u00e9s en ella o le resulta desfavorable para que sea realizada por el superior jer\u00e1rquico por su relevancia intr\u00ednseca\u00bb, de ah\u00ed que, debi\u00f3 anular todo el tr\u00e1mite penal. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Fiscal\u00eda 287 delegada ante los Jueces Penales del Circuito manifest\u00f3 que las actuaciones adelantadas por esa entidad, est\u00e1n ajustadas a derecho y garantizando el debido proceso de las acusadas; que la formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n est\u00e1 respaldada por medios suasorios recaudados. <\/p>\n
2. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 relat\u00f3 las actuaciones surtidas en esa instancia; que la decisi\u00f3n criticada est\u00e1 ajustada a los par\u00e1metros legales y la valoraci\u00f3n probatoria recaudada en el proceso; que las promotoras no agotaron el remedio extraordinario de casaci\u00f3n, pues si bien Carmen Esperanza lo impetr\u00f3, posteriormente desisti\u00f3 de \u00e9l, por otra parte, Luz \u00c1ngela no lo formul\u00f3; que la acci\u00f3n de tutela no es una instancia adicional, sumado a que, lo reparos tra\u00eddos en este mecanismos extraordinario constitucional, fueron los mismos expuestos en el recurso de alzada. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que la salvaguarda incumple el presupuesto de subsidiariedad, porque las accionantes omitieron la interposici\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, mecanismo id\u00f3neo y eficaz para subsanar la supuesta vulneraci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales, relievando que, si bien Carmen Esperanza lo formul\u00f3, luego desisti\u00f3 de aqu\u00e9l. <\/p>\n
Destac\u00f3 que no existe vulneraci\u00f3n al principio de la doble instancia, pues las promotoras fueron condenadas por el Juzgado de primera instancia, y confirmada por el Tribunal, raz\u00f3n por la que estuvo garantizado el derecho a controvertir la primera sentencia de condena. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La presentaron las accionantes manifestando que si bien Carmen Esperanza interpuso recurso de casaci\u00f3n, luego cancel\u00f3 su envi\u00f3 para darle paso a la acci\u00f3n de tutela, y Luz \u00c1ngela no lo formul\u00f3 \u00abya que se encontraba en estado de inferioridad ante esta situaci\u00f3n, por encontrarse privada de su libertad\u00bb; de ah\u00ed que la solicitud de amparo es procedente. <\/p>\n
Agregaron que \u00abel recurso al que debieron acudir para que la sala de casaci\u00f3n penal conociera de su asunto, era el recurso extraordinario de casaci\u00f3n del que no hizo uso \u201cpero existe la aplicaci\u00f3n de la sentencia C-792 del 2014, para garantizar el derecho de la doble conformidad de manera retroactiva dentro del proceso donde confirman la providencia apelada\u2026 por lo tanto\u2026 fund[an] [sus] derechos en la aplicaci\u00f3n de la doble instancia C-792 de 2014, para garantizar el derecho la doble instancia de la doble conformidad de manera retroactiva\u00bb, con el fin de que su juicio llegue para conocimiento de dicha colegiatura. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En el presente caso las actoras pretenden la nulidad del juicio penal adelantado en su contra por los delitos de \u00abfraude procesal, falsedad en documento privado, obtenci\u00f3n de documento p\u00fablico falso y estafa\u00bb, que culmin\u00f3 con sentencia de 10 de mayo de 2021 mediante la cual el Tribunal confirm\u00f3 el fallo emitido por el Juzgado que conden\u00f3 a las promotoras a 102 meses de prisi\u00f3n, al encontrarlas responsables de los punibles endilgados; en su criterio, existi\u00f3 una indebida valoraci\u00f3n probatoria, adem\u00e1s, se les vulner\u00f3 el principio de doble conformidad, pues al no haber formulado remedio extraordinario de casaci\u00f3n, se les debe otorgar, retroactivamente, tal impugnaci\u00f3n especial contenida en la sentencia C-792\/2014. <\/p>\n
3. Delimitado lo anterior, la Sala observa que acertada resulta la conclusi\u00f3n del a-quo constitucional en punto a que Carmen Esperanza y Luz \u00c1ngela Pardo Vargas no hicieron uso del medio impugnativo que ten\u00edan a su alcance para hacer valer el reclamo que se ventila a trav\u00e9s de la salvaguarda de la referencia, toda vez que, si bien la primera formul\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n contra el fallo de segunda instancia, lo cierto es que con posterioridad desisti\u00f3 del mismo, con lo que desaprovech\u00f3 el mecanismo id\u00f3neo de defensa que le asist\u00eda para que el fallador ordinario atendiera su ruego, sin que sea de recibo los argumentos tra\u00eddos en la impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Al respecto, en un asunto con similitud al presente, se expuso: <\/p>\n
Aqu\u00ed, no se cumple con el requisito de subsidiaridad, dado que el reclamante cont\u00f3 en su momento con la posibilidad de recurrir en casaci\u00f3n. Efectivamente, el condenado dej\u00f3 de presentar la correspondiente demanda extraordinaria, raz\u00f3n por la cual se declar\u00f3 desierto el referido medio defensivo; por ende, desperdici\u00f3 la oportunidad que la ley procesal penal brindaba para la protecci\u00f3n de las prerrogativas aqu\u00ed invocadas. <\/p>\n
Se tiene, entonces, que el inconforme mostr\u00f3 frente a la condena impuesta en segunda instancia una actitud desinteresada, pues, fue responsabilidad exclusiva del mismo inculpado, quien decidi\u00f3 en forma aut\u00f3noma no incoar la respectiva acci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 183 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal y el reclamo que enseguida formul\u00f3 contra la deserci\u00f3n de la alzada fue extempor\u00e1neo, sin que sea procedente descargar tales omisiones en las autoridades judiciales. <\/p>\n
Por tal motivo, la petici\u00f3n efectuada resulta inviable y, por tanto, no pod\u00eda aspirarse a que el asunto se fallara de manera distinta a como se hizo, pues como reiteradamente lo ha sostenido esta Corporaci\u00f3n: \u00abDe modo que, si incurri\u00f3 en pigricia y desperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, -pues los mismos son perentorios e improrrogables, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela\u00bb (CSJ, STC 6 jul. 2010, rad. 2010-00241-01; STC, 2 mar. 2010, rad. 2010-000380-01) (subrayas fuera del texto). (CSJ STC, 29 feb. 2012, rad. 2011-02938-01; reiterada en STC, 10 ago. rad. 2012-01348-01; STC, 22 oct. 2012, rad. 2012-01876-01; y STC, 26 ago. 2013, rad. 2013-01275-01). <\/p>\n
<\/p>\n
4. Finalmente, frente a la supuesta vulneraci\u00f3n del principio de la doble instancia dispuesto en la sentencia C-792\/14, la salvaguarda tambi\u00e9n se torna improcedente, comoquiera que, dicha prerrogativa es procedente para controvertir la primera sentencia de condena, que, para el caso concreto, Carmen Esperanza y Luz \u00c1ngela Pardo Vargas fueron condenadas al encontrarlas responsables de los delitos de fraude procesal, falsedad en documento privado, obtenci\u00f3n de documento p\u00fablico falso y estafa, por el Juzgado Cincuenta y Cinco Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogot\u00e1, como fallador de primera instancia, decisi\u00f3n que apelaron las promotoras, siendo confirmada por el Tribunal, de ah\u00ed que estuvo garantizada la referida doble instancia; relievando que, si lo pretendido por las quejosas era que dicho proceso llegara para conocimiento de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, el mecanismo pertinente era, como qued\u00f3 visto, el extraordinario de casaci\u00f3n, el que no agotaron. <\/p>\n
Luego, entonces, teniendo en cuenta que la situaci\u00f3n de hecho que causaba la supuesta amenaza a las garant\u00edas fundamentales de la tutelante es inexistente, la solicitud de amparo no tiene ninguna raz\u00f3n de ser, aspecto frente al que la Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
[S]i la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente (\u2026) la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido (subraya y negrilla fuera de texto) (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 2009-00147-01; reiterada en CSJ STC, 7 nov. 2012, rad. 2012-02211-01; y CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-00184-01). <\/p>\n
5. Se impone, entonces, respaldar el fallo de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
5 <\/p>\n
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