STC3524-2022<\/p>\n
<\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
De conformidad con el \u00abART\u00cdCULO PRIMERO\u00bb del Acuerdo No. 034 de esta Sala, expedido el 16 de diciembre de 2020, atendiendo a que en esta providencia se resuelve una situaci\u00f3n jur\u00eddica relacionada con personas menores de edad, como medida de protecci\u00f3n a su intimidad, se emiten dos versiones de esta sentencia, \u00abcon id\u00e9ntico tenor, una reemplazando los nombres y los datos e informaciones (familiares), que permitan conocer su identidad y ubicaci\u00f3n, para efectos de publicaci\u00f3n en los repositorios, medios de comunicaciones y motores de b\u00fasqueda virtuales, y otra con la informaci\u00f3n real y completa de las partes, que se utilizar\u00e1 \u00fanicamente para notificaci\u00f3n a los sujetos procesales e intervinientes y que se mantendr\u00e1 con reserva a terceros interesados\u00bb. <\/p>\n
NOTA. Este ejemplar de la decisi\u00f3n corresponde al que contiene los \u00abnombres ficticios\u00bb de las partes. <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3524-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2022-00066-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 16 de febrero de 2022 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la acci\u00f3n de tutela instaurada por Ner\u00f3n S\u00e1nchez contra el Juzgado Doce de Familia de esta ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso que origin\u00f3 la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por la sede judicial acusada. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abdej[ar] sin valor ni efecto la decisi\u00f3n adoptada por la juez accionada en audiencia del pasado 10 de diciembre de 2021 relativa a la negativa de declarar su p\u00e9rdida de competencia en el proceso\u2026, por haber transcurrido m\u00e1s del t\u00e9rmino de un a\u00f1o para dictar sentencia, sin que se hubiese proferido tal decisi\u00f3n y habiendo oportunamente solicitado\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. Sandra P\u00e9rez, en representaci\u00f3n de su menor hijo Rodolfo S\u00e1nchez, present\u00f3 demanda ejecutiva de alimentos en contra de Ner\u00f3n S\u00e1nchez, ante el Juzgado Doce de Familia de Bogot\u00e1, con fundamento en un acuerdo conciliatorio; autoridad que el 6 de agosto de 2020 libr\u00f3 mandamiento de pago, al tiempo que dispuso el embargo y \u00abretenci\u00f3n\u00bb del salario que devenga el demandado como empleado de la Rama Judicial. <\/p>\n
2.2. En el curso, tras resolver diversas peticiones del promotor (adiciones, aclaraciones, nulidad, recurso, entre otros), formul\u00f3 nulidad y p\u00e9rdida de competencia contemplada en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, al considerar que, desde la notificaci\u00f3n del mandamiento de pago, a la fecha, hab\u00eda transcurrido m\u00e1s de un a\u00f1o sin que exista pronunciamiento de fondo en el asunto. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El 10 de diciembre de 2021 el estrado judicial neg\u00f3 tal petici\u00f3n de anulaci\u00f3n, decisi\u00f3n que mantuvo en la diligencia de la misma data, al resolver el remedio horizontal formulado, esto, al considerar que atendiendo los par\u00e1metros establecidos por la Corte Constitucional para aplicar la p\u00e9rdida de competencia, entre otros, el incumplimiento del plazo fijado en la referida norma, debe ser injustificado, que, para el caso concreto, el gestor ha ejercido una conducta dilatoria con las diversas peticiones formuladas, algunas improcedentes, que no permiten el curso normal del juicio, sumada a la excesiva carga laboral que se tienen. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Por v\u00eda de tutela se duele el quejoso, en s\u00edntesis, de la decisi\u00f3n referida a espacio, pues, en su sentir, \u00abla preceptiva del art\u00edculo 121 del C.G.P., no se aplica con una sentencia de tutela de la Corte Constitucional, sino con la sentencia C-443 de 2019 que analiz\u00f3 la constitucionalidad de la norma en cuesti\u00f3n y por ende, se requiere solamente del t\u00e9rmino del a\u00f1o y que no se haya proferido la sentencia en el proceso correspondiente\u00bb, adem\u00e1s, porque de cara al caso concreto, \u00abfue notificado del mandamiento de pago el 8 de septiembre del a\u00f1o 2020, conforme acta elaborada por la secretar\u00eda del juzgado para ese efecto; y en segundo lugar, porque no se ha proferido sentencia dentro del asunto, ni se profiri\u00f3 en el a\u00f1o subsiguiente calendario\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Indic\u00f3 que el fallador criticado destendi\u00f3 los presupuestos de la p\u00e9rdida de competencia contemplado por el alto tribunal constitucional, pues, contrario sensu, \u00abse invent\u00f3 otros m\u00e1s para justificar la tardanza en la resoluci\u00f3n de los asuntos del proceso y justificar as\u00ed la ausencia de sentencia dentro del a\u00f1o de fallo, raz\u00f3n por la cual fue m\u00e1s all\u00e1 del alcance real del art\u00edculo 121 del CGP en donde la corte constitucional no condicion\u00f3 esa figura a la conducta procesal de las partes, sino a que no se hubiese producido la sentencia del caso y a que hubiese transcurrido el t\u00e9rmino de fallo sin haberse subsanado la nulidad, esto es, haberse actuado sin proponerla, lo que aqu\u00ed no ha sucedido pues\u2026 h[a] advertido que no act\u00fao para no convalidar esa situaci\u00f3n y si lo hago es porque haciendo la anterior salvedad, no puedo dejar que decisiones se profieran lesionando [su] debido proceso\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Anot\u00f3 que \u00abno ha sido de [su] inter\u00e9s que se demore el asunto; de ah\u00ed que en febrero del a\u00f1o 2021 interpus[o] acci\u00f3n de tutela para que se [l]e resolvieran diferentes peticiones que llevaron m\u00e1s de cuatro meses al Despacho para ser respondidas y que \u00fanicamente se resolvieron cuando interpus[o] la referida acci\u00f3n de amparo. En consecuencia, las reflexiones considerativas que la juez accionada uso para negar la p\u00e9rdida de competencia, se adec\u00faan a la realidad en el proceso en mi favor, porque ha sido la negligencia de la accionada a la hora de resolver [sus] solicitudes y de darle tr\u00e1mite al proceso, la que impidi\u00f3 que dentro del t\u00e9rmino del a\u00f1o siguiente a [su] notificaci\u00f3n del mandamiento de pago, se dictara sentencia y es por ello que la decisi\u00f3n que tomo la juez el 10 de diciembre de 202[1] es errada porque la culpa del transcurso del tiempo es ata\u00f1edera exclusivamente al juzgado accionado y no al suscrito con sus memoriales que, dijo la propia accionada en esa diligencia, se han presentado con raz\u00f3n y para el ejercicio de mi derecho de defensa\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Agreg\u00f3 que ha formulado diversas peticiones de amparo, espec\u00edficamente, por mora judicial, que una primigenia fue por la tardanza en resolver la petici\u00f3n de p\u00e9rdida de competencia pretendida, de ah\u00ed que, considera, esta nueva petici\u00f3n de amparo no es temeraria, pues, insiste, es por la determinaci\u00f3n adoptada por el despacho, en cuanto a dicho punto. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Doce de Familia de Bogot\u00e1 relat\u00f3 las actuaciones surtidas en el juicio fustigado; cont\u00f3 los m\u00faltiples escritos presentados por el promotor, entre recursos, solicitudes de adici\u00f3n, aclaraci\u00f3n, nulidades, as\u00ed como las diversas acciones de tutela interpuestas, siendo actuaciones dilatorias en el curso del proceso ejecutivo de alimentos criticado, pues no ha permitido continuar con el juicio, al punto que, en la diligencia programada para el 2 de febrero de 2022 formul\u00f3 recusaci\u00f3n en su contra; que las decisiones adoptadas est\u00e1n ajustadas a derecho; remiti\u00f3 copia del expediente fustigado. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
El a-quo constitucional, tras relatar el actuar dilatorio del gestor, neg\u00f3 el resguardo al argumentar que la decisi\u00f3n de no acceder a la nulidad y p\u00e9rdida de competencia contemplada en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso no luce arbitraria, pues se ajusta a las consideraciones expuestas por la Corte Constitucional, al estudiar la constitucionalidad de la norma en cita, comoquiera que, la conducta procesal del litigante ha sido determinante en la lentitud con que ha avanzado el proceso. <\/p>\n
Asimismo, exhort\u00f3 \u00aba la juez para que asuma la firme direcci\u00f3n del proceso ejerciendo los poderes que le otorga el art\u00edculo 43 del C\u00f3digo General del Proceso y adelantando el tr\u00e1mite con apego a las disposiciones que lo rigen\u00bb, relievando que, \u00abno puede permitirse que un litigante, acudiendo a este tipo de maniobras y apart\u00e1ndose de la verdadera finalidad de la citada norma, logre llevar el proceso inexorablemente al vencimiento del t\u00e9rmino all\u00ed previsto, logrando as\u00ed alterar la competencia y que el expediente pase al conocimiento de otro juez. El proceder del accionante resulta m\u00e1s inexplicable a\u00fan si se tiene en cuenta que el prop\u00f3sito del proceso es hacer efectivo el derecho fundamental de su menor hijo a los alimentos para el cual est\u00e1 previsto el se reduce, en la pr\u00e1ctica, a establecer cu\u00e1les de las cuotas alimentarias reclamadas est\u00e1n insolutas, para luego liquidarlas y efectuar su pago, lo cual sabe el ejecutado a la perfecci\u00f3n pues se desempe\u00f1a en el cargo de sustanciador del Juzgado 56 Civil Municipal de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Bogot\u00e1\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la parte actora sin manifestar el motivo de su disenso. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Descendiendo al caso de autos, advierte la Corte que el resguardo no est\u00e1 llamado a prosperar, por lo que el fallo impugnado ser\u00e1 confirmado, por cuanto el Juzgado, en la decisi\u00f3n de 10 de diciembre de 2021, que mantuvo la que profiri\u00f3 en diligencia de la misma data, tras estudiar los actos relativos a la notificaci\u00f3n del ejecutado, y citar las normas que regulan la referida petici\u00f3n de nulidad, especialmente, el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, explic\u00f3 los motivos por los que no proced\u00eda la nulidad por p\u00e9rdida de competencia, respecto de lo cual precis\u00f3: <\/p>\n
A la hora de aplicaci\u00f3n de dicho precepto legal, ha sido flexibilizado\u2026 por la honorable Corte Constitucional al decir que \u201csi bien implica un mandato legal que debe ser atendido, en todo caso un incumplimiento meramente objetivo no puede implicar, a priori, la p\u00e9rdida de la competencia del respectivo funcionario judicial y por lo tanto, la configuraci\u00f3n de la causal de nulidad de pleno derecho de las providencias dictadas por fuera del t\u00e9rmino fijado en dicha norma, no opera de manera autom\u00e1tica, en esa medida tendr\u00e1 convalidaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n judicial\u2026 en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso\u201d Sentencia T-341\/18. <\/p>\n
En otros t\u00e9rminos, se trat\u00f3 por la conservaci\u00f3n de los actos procesales siguiendo para ello de cerca, el fallo de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia del 14 de diciembre de 2017, en efecto, el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso establece que el t\u00e9rmino de un a\u00f1o para la p\u00e9rdida de competencia se cuenta a partir de la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda o, en este caso, del mandamiento ejecutivo. <\/p>\n
Mediante la sentencia que venimos comentando, la T-341\/18, de la Corte Constitucional, argument\u00f3 que la nulidad era saneable, se\u00f1alando que en aras de garantizar el derecho de acceso a la administraci\u00f3n de justicia y el debido proceso sin dilaciones injustificadas, se deb\u00eda analizar bajo los siguientes supuestos de los cuales la actuaci\u00f3n extempor\u00e1nea del juez, dar\u00e1 lugar a la p\u00e9rdida de competencia seg\u00fan el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso: i). Que la p\u00e9rdida de competencia sea alegada antes de que se profiera sentencia. ii). Que el incumplimiento del plazo fijado no se encuentre justificado\u2026 (enfatiz\u00f3 la juez) iii). Que no se haya prorrogado la competencia por parte de la autoridad judicial a cargo del tr\u00e1mite para resolver la instancia respectiva de la manera prevista en el inciso 5\u00ba del art. 121 del C\u00f3digo General del Proceso iv). Que no se evidencie un uso desmedido, abusivo o dilatorio de los medios de defensa judicial\u2026 y, v). Que la sentencia seg\u00fan corresponda no se haya proferido en un plazo racional.\u201d. <\/p>\n
Teniendo en cuenta los resaltos que este despacho ha hecho de esas manifestaciones, muy bien atinadas que hace la Corte Suprema de Justicia, los resaltos que me permito nuevamente traerlos a colaci\u00f3n, que es el incumplimiento del plazo fijado no se encuentre justificado y que no se evidencie un uso desmedido, abusivo o dilatorio de los medios de defensa\u2026 para este despacho en criterio de este Despacho, se advierte efectivamente una conducta dilatoria de parte del doctor\u2026 Ner\u00f3n S\u00e1nchez, en sentido que toda la cantidad de memoriales que present\u00f3, en una ocasi\u00f3n lo hizo aproximadamente siete u ocho peticiones y as\u00ed consecutivamente\u2026 ha venido presentando, como \u00e9l mismo lo ha dicho, diferentes peticiones al despacho, puede ser con mucha raz\u00f3n con mucha raz\u00f3n que le asiste al doctor Ner\u00f3n S\u00e1nchez, para reclamar sus derechos para defenderse como \u00e9l argumenta, puede ser, sin embargo, de alguna manera esta cantidad de tr\u00e1mites obviamente\u2026 merecen una respuesta, un estudio de parte del juzgado y muchos de ellos de pronto, alguno que otros se haya quedado sin resolver, como el que resolvimos hoy o estamos resolviendo hoy sobre la p\u00e9rdida de competencia; sin embargo, se le ha satisfecho todas las inquietudes, todas las manifestaciones que para este despacho que todav\u00eda este proceso no ha tenido un desarrollo probatorio lo ha considerado con fundamento en las manifestaciones realizadas en la demanda; sin embargo se le ha dado y se le ha garantizado el derecho de defensa al doctor\u2026 Ner\u00f3n S\u00e1nchez para que \u00e9l a trav\u00e9s de las excepciones que propuso, a trav\u00e9s de las pruebas que evidentemente no se han decretado y al momento de decretarse se las valorara lo que en derecho corresponde, se le ha desarrollado y se le ha tramitado todo lo que el doctor Ner\u00f3n S\u00e1nchez ha mencionado; interpuso un recurso que a sabiendas que no procede, como un buen abogado, como nos ha comentado que es\u2026 un servidor judicial tambi\u00e9n, acostumbrado al tr\u00e1mite e innumerable en la jurisdicci\u00f3n civil, de familia y en todos los estrados donde se ha desempe\u00f1ado, a resolver y a tener en cuenta todos estos tr\u00e1mites, especialmente, en los procesos ejecutivos, nos propuso un recurso que no hab\u00eda lugar a ello, sin embargo, interpuso el recurso de queja, el Tribunal nos dio la raz\u00f3n finalmente, diciendo que no se prosiga con la actuaci\u00f3n; en esa medida, con ocasi\u00f3n de esa interpretaci\u00f3n certera de la honorable Corte Constitucional, este Despacho encuentra que en el proceso que nos ocupa, que no se ha configurado, de manera justificada, la p\u00e9rdida de competencia. (Minuto 1:13:20 y siguiente) <\/p>\n
Y concluy\u00f3 que: <\/p>\n
Efectivamente, de manera formal, y aceptando por parte de este despacho la notificaci\u00f3n que alude el doctor Ner\u00f3n S\u00e1nchez que se le hizo por parte de este despacho, envi\u00e1ndole correo electr\u00f3nico al demandado, pues tambi\u00e9n es verdad que esa circunstancia de que haya transcurrido un t\u00e9rmino de\u2026 dos meses y medio, el t\u00e9rmino superior al de un a\u00f1o de notificaci\u00f3n, como lo est\u00e1 alegando el doctor Ner\u00f3n S\u00e1nchez, ese t\u00e9rmino peque\u00f1o de tr\u00e1nsito posterior al a\u00f1o, este despacho lo considera m\u00e1s que justificado, en vista de que se ha tenido una actuaci\u00f3n diligente y cumplida en este asunto, tratando de resolver todas las m\u00faltiples peticiones que ha hecho el doctor Ner\u00f3n S\u00e1nchez cuando ten\u00eda la oportunidad clara, inclusive, en la misma audiencia inicial, cuando el juez invita a la conciliaci\u00f3n, perfectamente como lo est\u00e1 haciendo ahora, por ejemplo, perfectamente pod\u00eda mencionar lo que est\u00e1 debiendo justificar o no con los documentos pertinentes, e incluso, dar por terminado este proceso, de manera que, este despacho, niega el recurso de reposici\u00f3n\u2026 (Minuto 1:23:10 y siguientes). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el tutelante es una diferencia de criterio acerca de la manera como el despacho enjuiciado con apoyo en la jurisprudencia, interpret\u00f3 lo dispuesto en el art\u00edculo 121, as\u00ed como las disposiciones que regulan las nulidades procesales en el C\u00f3digo General del Proceso, concluyendo que las circunstancias alegadas como fundamento de la solicitud de invalidez por p\u00e9rdida de competencia no son de recibo, habida cuenta de que de existir dicha tardanza, obedece al uso desmedido de peticiones y dilatorio del promotor quien no ha permito el avance efectivo del proceso, llevando al vencimiento del t\u00e9rmino all\u00ed previsto. <\/p>\n
En este orden de ideas, tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr., rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun., rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ag., rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
<\/p>\n
1. Aunado a lo anterior, pertinente es recordar lo dicho por la Sala en pret\u00e9rita oportunidad, respecto de la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, precisando que: <\/p>\n
\u2026el c\u00f3mputo del a\u00f1o se\u00f1alado en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, debe considerar variables como la complejidad de la controversia, el n\u00famero de sujetos procesales, la intensidad en la litigiosidad de la contienda, el cambio de funcionario y, cualquier otra circunstancia ajena a la desidia al impulso del decurso, tal como se evidenci\u00f3 y se argument\u00f3 en las decisiones confutadas. <\/p>\n
Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia C-443 de 2019, indic\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]la soluci\u00f3n oportuna de los procesos depende de la naturaleza de la controversia y de las din\u00e1micas procesales que se surten dentro de la misma. Seg\u00fan se explic\u00f3 en la sentencia T-341 de 2018, la determinaci\u00f3n del plazo razonable debe tener en cuenta la complejidad del caso, la conducta procesal de las partes, la valoraci\u00f3n global del procedimiento, y los intereses que se debaten en el proceso, variables estas que no son directa ni plenamente controlables por los jueces. La necesidad de practicar inspecciones judiciales por fuera de la jurisdicci\u00f3n o de ordenar la pr\u00e1ctica pruebas periciales que revisten en un alto nivel de complejidad, la inasistencia justificada de las partes a algunas de las audiencias, la existencia de controversias que involucran debates t\u00e9cnicos de alto nivel, la presentaci\u00f3n de recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n en contra los autos que se decretan a lo largo del tr\u00e1mite, por ejemplo, son circunstancias que inevitablemente conducen a dilatar los procesos, y que no pueden ser soslayadas por los jueces, incluso ejerciendo las potestades correccionales y de ordenaci\u00f3n del proceso que le otorga la legislaci\u00f3n procesal (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) En un escenario como este, la imposici\u00f3n de un plazo cerrado tras el cual ocurre forzosamente la p\u00e9rdida de la competencia, as\u00ed como la nulidad autom\u00e1tica de las actuaciones procesales adelantadas por el juez, desconociendo que el vencimiento de este plazo es el resultado de estos factores procesales que no pueden ser controlados enteramente por los operadores de justicia, hace que la norma demandada carezca del efecto persuasivo con fundamento en el cual se dise\u00f1\u00f3 la medida legislativa (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) De este modo, la Sala concluye que la circunstancia de que la nulidad de las actuaciones procesales que se surten con posterioridad a la p\u00e9rdida autom\u00e1tica de la competencia sea autom\u00e1tica, entorpece no solo el desarrollo de los tr\u00e1mites que surten en la administraci\u00f3n de justicia, sino tambi\u00e9n el funcionamiento del sistema judicial como tal, por las siguientes razones: (i) primero, remueve los dispositivos dise\u00f1ados espec\u00edficamente por el legislador para promover la celeridad en la justicia, como la posibilidad de sanear las irregularidades en cada etapa procesal, la prohibici\u00f3n de alegarlas extempor\u00e1neamente, la facultad para subsanar vicios cuando al acto cumple su finalidad y no contraviene el derecho de defensa, y la convalidaci\u00f3n de las actuaciones anteriores a la declaraci\u00f3n de la falta de competencia o de jurisdicci\u00f3n; (ii) segundo, el efecto jur\u00eddico directo de la figura es la dilaci\u00f3n del proceso, pues abre nuevos debates sobre la validez de las actuaciones extempor\u00e1neas que deben sortearse en otros estrados, incluso en el escenario de la acci\u00f3n de tutela, las actuaciones declaradas nulas deben repetirse, incluso si se adelantaron sin ninguna irregularidad, y se debe reasignar el caso a otro operador de justicia que tiene su propia carga de trabajo y que no est\u00e1 sometido a la amenaza de la p\u00e9rdida de la competencia; (iii) tercero, la norma genera diversos traumatismos al sistema judicial, por la aparici\u00f3n de nuevos debates y controversias asociadas a la nulidad, el traslado permanente de expedientes y procesos entre los despachos hom\u00f3logos, la configuraci\u00f3n de conflictos negativos de competencia, la duplicaci\u00f3n y repetici\u00f3n de actuaciones procesales, y la alteraci\u00f3n de la l\u00f3gica a partir de la cual distribuyen las cargas entre las unidades jurisdiccionales; (iv) finalmente, el instrumento elegido por el legislador para persuadir a los operadores de justicia de fallar oportunamente para evitar las dr\u00e1sticas consecuencias establecidas en el art\u00edculo 121 del CGP, carece de la idoneidad para la consecuci\u00f3n de este objetivo, pues la observancia de los t\u00e9rminos depende no solo de la diligencia de los operadores de justicia, sino tambi\u00e9n de la organizaci\u00f3n y el funcionamiento del sistema judicial, y del devenir propio de los procesos, frentes estos que no son controlables por los jueces (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Por otro lado, desde la perspectiva del derecho a una justicia material y del derecho al debido proceso, la nulidad de pleno derecho de las actuaciones adelantadas con posterioridad al vencimiento de los plazos legales, podr\u00eda convertirse en una amenaza adicional (\u2026)\u201d. <\/p>\n
La existencia de un plazo inexorable, tras el cual todas las actuaciones adelantadas por el juez que pierde la competencia se entienden nulas de pleno derecho, de suerte que deben ser repetidas por un nuevo operador de justicia, tampoco favorece los derechos de las partes (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Primero, ante la inminencia del vencimiento del plazo, el juez puede verse compelido a restringir todas las actuaciones que puedan implicar una tardanza en el proceso, as\u00ed como a hacer un uso excesivo de los poderes correctivos, de ordenaci\u00f3n y de instrucci\u00f3n que le confieren los art\u00edculos 43 y 44 del C\u00f3digo General del Proceso, en temas cruciales como el reconocimiento y la pr\u00e1ctica de pruebas, la valoraci\u00f3n de las excusas por la inasistencia a las audiencias, la determinaci\u00f3n de la viabilidad de los recursos contra las providencias judiciales, entre otros. Igualmente, desde un punto sustantivo, la amenaza de la nulidad de pleno derecho de las actuaciones surtidas con posterioridad al vencimiento de los plazos procesales podr\u00eda promover y dar lugar a decisiones apresuradas, no precedidas de un proceso anal\u00edtico reflexivo, pausado y ponderado, como lo exigen las decisiones judiciales (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Y segundo, como tras la nulidad de pleno derecho de las actuaciones adelantadas por el juez que pierde la competencias, estas deben ser realizadas por otro operador jur\u00eddico al que se traslada la controversia jur\u00eddica, el resultado es que el proceso debe ser dirigido y resuelto por un funcionario que no se encuentra familiarizado con este, y que, en la mayor\u00eda de los casos, ni siquiera ha practicado personalmente las pruebas, ni ha participado en las fases estructurales del tr\u00e1mite judicial. Lo anterior, unido a que este funcionario tiene su propia carga de trabajo seg\u00fan el esquema regular de reparto establecido por el Consejo Superior de la Judicatura, hace que este modelo tampoco garantice una decisi\u00f3n judicial acompa\u00f1ada de los muchos elementos de juicio que normalmente requiere. Y como este funcionario tiene adem\u00e1s su propia carga de trabajo seg\u00fan el esquema regular de reparto establecido por el Consejo Superior de la Judicatura, la nueva controversia se convierte en un factor de distracci\u00f3n que, o viene a operar en contra de los dem\u00e1s procesos, o que afecta a este mismo (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Por \u00faltimo, y tal como lo pusieron en evidencia algunos intervinientes, la medida ha favorecido maniobras que podr\u00edan comprometer la lealtad procesal, como aquella, al parecer recurrente, de guardar silencio cuando vence el plazo legal, y \u00fanicamente alegar la nulidad cuando el juez mantiene el conocimiento del asunto y falla de manera adversa a una de las partes (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) A juicio de la Corte, entender que el vencimiento de los plazos implica una p\u00e9rdida autom\u00e1tica de puntaje en la calificaci\u00f3n de desempe\u00f1o de los funcionarios judiciales vulnera la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, pues, primero, constituye una modalidad velada de responsabilidad objetiva, y segundo, genera una disfuncionalidad en los procesos judiciales, y en el ejercicio de la funci\u00f3n jurisdiccional como tal (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) En efecto, como ya se explic\u00f3 anteriormente, la medida legislativa pretende funcionar como un incentivo, previniendo a los operadores jur\u00eddicos para que respeten escrupulosamente los t\u00e9rminos legales, so pena de ver afectada su evaluaci\u00f3n de desempe\u00f1o, de la cual depende su permanencia en la Rama Judicial. Sin embargo, las condiciones de base para que la norma pueda producir este efecto no solo se relacionan con la mayor o menor diligencia del juez como director de proceso, sino tambi\u00e9n con la organizaci\u00f3n y el funcionamiento del sistema judicial, particularmente con la oferta de servicios judiciales y con la carga de trabajo que se asigna a cada despacho, as\u00ed como con la naturaleza, la complejidad y el devenir de los tr\u00e1mites judiciales. Cuando todos estos factores est\u00e1n dados, la disposici\u00f3n jur\u00eddica podr\u00eda cumplir su cometido de apremiar a los jueces para que act\u00faen con la mayor diligencia posible (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Sin embargo, cuando estas condiciones no est\u00e1n dadas en la realidad, una regla que imponga una descalificaci\u00f3n en la evaluaci\u00f3n de desempe\u00f1o del funcionario judicial por el solo vencimiento del plazo legal, en lugar de promover la celeridad en los procesos judiciales, se convierte en una herramienta de intimidaci\u00f3n que, por esta misma raz\u00f3n, provoca toda suerte de disfuncionalidades en el ejercicio de la funci\u00f3n jurisdiccional, entre ellos, el uso indiscriminado e injustificado de las figuras de la suspensi\u00f3n y de la interrupci\u00f3n de los plazos, la dilaci\u00f3n en los procesos de admisi\u00f3n y notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, o el ejercicio abusivo de los poderes de correctivos, de ordenaci\u00f3n e instrucci\u00f3n, e incluso fallos apresurados y poco reflexivos, inconsistentes con la naturaleza de las decisiones judiciales (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Todo lo anterior deviene en desconocimiento de los principios con arreglo a los cuales se configura el poder y la funci\u00f3n judicial, entre ellos, la celeridad y la eficiencia, la respuesta oportuna a las demandas de justicia, la imparcialidad, el debido proceso y el acceso a la administraci\u00f3n de justicia (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
La Sala observa, en consecuencia, que las determinaciones de los estrados refutados no constituyen quebranto a prerrogativa alguna, pues aqu\u00e9llas se adoptaron teniendo en cuenta las particularidades del caso.(CSJ, STC10852-2020). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Por lo dem\u00e1s, preciso es recordar la observancia de esta Sala, en anterior acci\u00f3n constitucional promovida por el ac\u00e1 promotor, contra el mismo despacho querellado, y respecto del mismo asunto fustigado, donde se indic\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026aunque se observa que el proceso ha tenido un retraso para resolver los memoriales presentados por las partes, no puede desconocer esta Sala, que el mismo se debe en gran parte a los m\u00faltiples recursos y solicitudes de adici\u00f3n y aclaraci\u00f3n allegados por el demandado, aun cuando muchos de estos resultan improcedentes, por ello, se exhorta a la titular del Juzgado Doce de Familia de Bogot\u00e1, para que as\u00ed como el art\u00edculo 42 del C\u00f3digo General del Proceso le impone deberes al Juez, haga uso de las facultades de ordenaci\u00f3n e instrucci\u00f3n y de los poderes correccionales que le confieren los art\u00edculos 43 y 44 del mismo estatuto procedimental, como directora del proceso, ante el abuso del derecho que se observa en este asunto. (CSJ, STC2309-2022; 2 mar., rad. 2021-01277-01) <\/p>\n
4. Lo consignado impone respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Corte Constitucional, sentencia C-443-19 de 15 de septiembre 2019, exp D-12981. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC3524-2022 ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR De conformidad con el \u00abART\u00cdCULO PRIMERO\u00bb del Acuerdo No. 034 de esta Sala, expedido el 16 de diciembre de 2020, atendiendo a que en esta providencia se resuelve una situaci\u00f3n jur\u00eddica relacionada con personas menores de edad, como medida de protecci\u00f3n a su intimidad, se emiten dos […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-62277","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62277","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62277"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62277\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62277"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62277"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62277"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}