STC3525-2022 <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3525-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 27001-22-08-000-2021-00089-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintitr\u00e9s de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibd\u00f3 el 30 de noviembre de 20211, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por el Alcalde de Istmina contra los Juzgados Primero Civil del Circuito y Segundo Promiscuo Municipal ambos con sede en la misma localidad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el resguardo distinguido con radicado n\u00b0 2021-00082. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, obrando a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, \u00abel principio de la confianza leg\u00edtima y extra limitaci\u00f3n en las \u00f3rdenes impartidas por parte del Consejo de Estado\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades querelladas. <\/p>\n
2. De la demanda y los medios de prueba recopilados se extracta que Natividad Perea Rey impetr\u00f3 acci\u00f3n de tutela contra la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n del Choc\u00f3, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, la Fiduprevisora S.A. y el Municipio de Istmina, buscando el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad social. <\/p>\n
Tal actuaci\u00f3n correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de aquella poblaci\u00f3n, despacho que el 19 de noviembre de 2019 profiri\u00f3 fallo estimatorio a trav\u00e9s del cual orden\u00f3 al mandatario local, para lo que ata\u00f1e al presente resguardo, \u00absuscrib[ir] convenio con el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio \u2013 Fiduprevisora S.A. asumiendo el pasivo prestacional generado por la no afiliaci\u00f3n oportuna de la actora\u2026 o en su defecto realice los tr\u00e1mites tendientes al pago de dicho pasivo prestacional, dentro del mismo t\u00e9rmino ordenado, correspondiente al per\u00edodo 2000-2003\u00bb. <\/p>\n
La anterior determinaci\u00f3n alcanz\u00f3 firmeza por cuanto no fue impugnada ni seleccionada para revisi\u00f3n por la Corte Constitucional. <\/p>\n
Ante el presunto incumplimiento de lo dispuesto por la c\u00e9lula judicial cognoscente la accionante promovi\u00f3 incidente de desacato dentro del cual, luego de surtidas las etapas respectivas, el 16 de octubre de 2020 se profiri\u00f3 auto declarando que el Alcalde de Istmina no cumpli\u00f3 las \u00f3rdenes impartidas, decisi\u00f3n que, en sede de consulta, fue anulada por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Istmina por cuanto el despacho de primer grado prescindi\u00f3 injustificadamente de una etapa probatoria, cuando dicho escenario se tornaba necesario para establecer el cumplimiento total o parcial del fallo constitucional. <\/p>\n
En cumplimiento de la anterior orden, el fallador reh\u00edzo el tr\u00e1mite que culmin\u00f3 con auto de 16 de diciembre de 2020 mediante el cual se abstuvo de sancionar a los accionados, aunque imparti\u00f3 nuevas \u00f3rdenes, esta vez dirigidas al FONPREMAG-Fiduprevisora y a la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n departamental del Choc\u00f3. <\/p>\n
Inconforme con dicha decisi\u00f3n, Natividad Perea Rey interpuso una nueva salvaguarda, contra el juzgado cognoscente y el Consejo Seccional de la Judicatura del Choc\u00f3, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 a la Secci\u00f3n Quinta del Consejo de Estado (rad. 2021-0116), la cual, mediante fallo de 13 de mayo de 2021 concedi\u00f3 el amparo, ordenando reabrir el tr\u00e1mite incidental a efectos de que el fallador \u00abdecrete y practique las pruebas encaminadas a determinar el alcance del derecho a la seguridad social de la accionante en punto del monto de las cesant\u00edas y dem\u00e1s prestaciones adeudadas por el departamento del Choc\u00f3, la afiliaci\u00f3n al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y los aportes para pensi\u00f3n y, con base en las pruebas allegadas, deber\u00e1 decidir el incidente de desacato en un t\u00e9rmino que no podr\u00e1 exceder de diez (10) d\u00edas h\u00e1biles adicionales\u00bb. <\/p>\n
Al retornar la actuaci\u00f3n cuestionada al Juzgado Primero Promiscuo Municipal a efectos de materializar la orden impartida por el Consejo de Estado, la titular del despacho se declar\u00f3 impedida para continuar con su conocimiento, raz\u00f3n por la cual fue asignada a su hom\u00f3logo Segundo el que, mediante auto del 2 de noviembre de 2021, declar\u00f3 en desacato al ac\u00e1 accionante, imponi\u00e9ndole cinco d\u00edas de arresto y multa de diez salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, determinaci\u00f3n ratificada, en sede de consulta, por el Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma poblaci\u00f3n el 9 de noviembre siguiente. <\/p>\n
3. Para el gestor la providencia por medio de la cual se le declar\u00f3 en desacato y aquella que, en sede de consulta, confirm\u00f3 la sanci\u00f3n impuesta, adolecen de defecto f\u00e1ctico habida consideraci\u00f3n que \u00abse desconoci\u00f3 el tr\u00e1mite probatorio surtido por el juzgado primero municipal de Istmina [sic], en el cual se pudo corroborar y evidenciar que la administraci\u00f3n municipal\u2026 hab\u00eda realizado el pago por concepto de cesant\u00edas con sus respectivas sanciones\u00bb y no tuvo en cuenta que \u00abla administraci\u00f3n municipal\u2026 era el \u00fanico de las tres entidades tuteladas que hab\u00eda dado cumplimiento a lo solicitado por la accionante [sic]\u00bb <\/p>\n
Adujo adem\u00e1s, que las autoridades cognoscentes se \u00abextra limitaron [sic] en las ordenes [sic] impartidas por parte del Consejo de Estado\u00bb pues en el fallo a trav\u00e9s del cual se resolvi\u00f3 el amparo formulado por Natividad Perea Rey distinguido con radicaci\u00f3n 2021-00116, la Alta Corporaci\u00f3n estableci\u00f3 \u00abun cumplimiento parcial de la orden judicial, acatamiento que si bien resulta parcial para el despacho judicial, en el caso del municipio de Istmina, resulta total ya que las razones por las cuales nos vinculan en la presente acci\u00f3n se logra demostrar y probar que ya fueron surtidas en debida forma, es decir, durante el tr\u00e1mite incidental demostramos que dichas cesant\u00edas ya hab\u00edan sido reconocidas y canceladas a la accionante [sic]\u00bb <\/p>\n
Por lo anterior, pidi\u00f3 ordenar a las querelladas \u00abprocedan a expedir (\u2026) un nuevo auto interlocutorio por medio del cual se abstienen de sancionar al municipio de Istmina [sic], por encontrarse reflejado en el expediente todas las actuaciones realizadas por la administraci\u00f3n municipal en procura de dar cumplimiento al fallo de tutela que dio origen al incidente de desacato\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Juez Segunda Promiscuo Municipal de Istmina se opuso a la prosperidad del resguardo tras considerar que no existi\u00f3 lesi\u00f3n de los derechos fundamentales invocados, toda vez que los hechos narrados por el funcionario accionante \u00abson parcialmente ciertos\u00bb pues de conformidad con las pruebas allegadas al tr\u00e1mite incidental, pudo constatar que la orden constitucional impartida no hab\u00eda sido completamente materializada por cuanto \u00absi bien la accionante acepta que le pagaron la suma de 27.867.217, su afiliaci\u00f3n a la Fiduprevisora no se ha corregido, ni actualizado, ni existe un convenio con la administraci\u00f3n municipal en aras de cumplir con la orden impartida\u00bb, pese a que la entidad fiduciaria \u00abremiti\u00f3 a la alcald\u00eda el c\u00e1lculo actuarial de las prestaciones sociales de la docente, no solo en lo que tiene que ver con cesant\u00edas sino tambi\u00e9n con lo traslados de cotizaci\u00f3n en pensi\u00f3n\u00bb frente a lo que el gestor guard\u00f3 silencio, pues no alleg\u00f3 documentaci\u00f3n alguna que acreditara el acatamiento del fallo en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
2. El Juez Primero Civil del Circuito de esa localidad, luego de detallar las actuaciones surtidas en la consulta, pidi\u00f3 igualmente desestimar la salvaguarda dado que la providencia confirmatoria de la sanci\u00f3n por desacato se encuentra sustentada en los medios de convicci\u00f3n aportados, seg\u00fan los cuales \u00ablas entidades involucradas\u2026 no han conciliado ni trasladado los recurso para poner al d\u00eda la afiliaci\u00f3n al sistema de seguridad social y cesant\u00edas de la docente, si bien existe declaraci\u00f3n que a la accionante ya se le trasladaron de forma directa unos dineros correspondientes a las cesant\u00edas parciales, por parte del municipio de Istmina, esto no es excusa para que la alcald\u00eda de Istmina no realice el convenio administrativo necesario para actualizar y corregir la afiliaci\u00f3n de la docente\u00bb de all\u00ed que las accionadas no hayan \u00abobedecido ni demostrado voluntad para ello, tampoco se demuestra la suscripci\u00f3n de un convenio para poner al d\u00eda a la docente, ni tr\u00e1mites ni gestiones pertinentes para no vulnerar m\u00e1s derechos de la actora, simplemente las responsabilidades se la pasan entre las entidades\u00bb. <\/p>\n
3. La Fiduprevisora S.A., en su calidad de vocera y administradora del Patrimonio Aut\u00f3nomo Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, dijo que remiti\u00f3 la documentaci\u00f3n al municipio de Istmina a efectos de que procediera con el pago del pasivo prestacional a la docente Natividad Perea Rey, pero que, \u00aba la fecha no se ha obtenido el correspondiente giro de los recursos econ\u00f3micos por parte de la entidad territorial Istmina\u00bb situaci\u00f3n que, resalta, fue omitida deliberadamente por el apoderado del accionante en el libelo introductor y que fue precisamente la que desencaden\u00f3 en la imposici\u00f3n de la sanci\u00f3n por desacato al funcionario. <\/p>\n
Al margen de lo dicho, solicit\u00f3 la \u00abdesvinculaci\u00f3n\u00bb del presente tr\u00e1mite por carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, dado que \u00abno [es] de nuestro resorte la competencia para satisfacer [la] pretensi\u00f3n\u00bb sobre la que recae la queja constitucional. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Quibd\u00f3 concedi\u00f3 la salvaguarda frente al Juzgado Primero Civil del Circuito de Istmina, pues consider\u00f3 que en el auto del 9 de noviembre de 2021, a trav\u00e9s del cual resolvi\u00f3 el grado jurisdiccional de consulta de la providencia en que se declar\u00f3 en desacato al Alcalde de aquel poblaci\u00f3n, no se \u00abrealiz\u00f3 un an\u00e1lisis frente al caso particular tendiente a determinar si hubo incumplimiento del fallo y si este fue total o parcial y si la sanci\u00f3n impuesta resulta adecuada, quedado as\u00ed la providencia inmersa en un defecto sustantivo\u00bb dada la ausencia de motivaci\u00f3n suficiente. <\/p>\n
Por ello, dej\u00f3 sin efectos la aludida providencia y, orden\u00f3 a dicho despacho emitir un nuevo pronunciamiento en el que desarrolle con suficiencia los \u00edtems previamente indicados. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si al convocante le asiste inter\u00e9s para recurrir el fallo constitucional de primer grado proferido por el tribunal a quo que ampar\u00f3 los derechos fundamentales invocados al remover los efectos el auto del 9 de noviembre de 2021 a trav\u00e9s del cual el Juzgado Primero Civil del Circuito de Istmina, en grado jurisdiccional de consulta, confirm\u00f3 la sanci\u00f3n impuesta en el incidente radicado 2021-00082 y, le orden\u00f3 volver a pronunciarse. <\/p>\n
De superarse lo anterior, se examinar\u00e1 si las autoridades querelladas vulneraron los derechos fundamentales invocados al declarar que el Alcalde del municipio de Istmina incurri\u00f3 en desacato de la sentencia de tutela de 19 de noviembre de 2019, desconociendo, supuestamente, el material probatorio que daba cuenta del cumplimiento de la orden all\u00ed impartida. <\/p>\n
2. Del inter\u00e9s para recurrir <\/p>\n
M\u00e1s all\u00e1 de la especial naturaleza del resguardo constitucional, resulta claro que al mismo no le son ajenos algunos de los presupuestos b\u00e1sicos de ciertos actos procesales, como es el caso de la legitimaci\u00f3n en la causa, ya sea por activa o por pasiva, as\u00ed como la debida representaci\u00f3n y, particularmente, en ejercicio del derecho de postulaci\u00f3n, el inter\u00e9s jur\u00eddico para recurrir. <\/p>\n
En el presente tr\u00e1mite, se advierte que no concurre en el censor alg\u00fan inter\u00e9s jur\u00eddico concreto para impugnar la decisi\u00f3n, entendido \u00e9ste como la facultad de la parte para oponerse a la providencia que es contraria a sus pretensiones. <\/p>\n
Ello por cuanto no es posible inferir del fallo confutado un agravio concreto, principalmente porque las aspiraciones del convocante fueron acogidas al dejar sin efectos el auto por medio del cual el Juzgado Primero Civil del Circuito de Istmina, confirm\u00f3, en grado jurisdiccional de consulta, la sanci\u00f3n por desacato irrogada al orden\u00e1ndole a dicho despacho emitir un nuevo pronunciamiento al amparo de las pruebas recaudadas; decisi\u00f3n que, a juicio de la Corte, se muestra suficiente para proteger las garant\u00edas que se dicen conculcadas, de cara al yerro advertido por la colegiatura de primer grado, resultando improcedente abordar, en este tr\u00e1mite, el acierto o no de la providencia proferida por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal, pues dicho t\u00f3pico deber\u00e1 ser examinado por su superior funcional. <\/p>\n
Entonces, al obtener la resoluci\u00f3n del asunto de acuerdo con lo solicitado, el accionante no se encontraba legitimado para recurrir el fallo, pues dicho inter\u00e9s constituye el l\u00edmite de la competencia del superior, la cual puede extenderse a los asuntos que surjan como consecuencia del perjuicio provocado con la decisi\u00f3n judicial al sujeto procesal que la impugna, lo que, se itera, no ocurri\u00f3 por resultar favorecido con la determinaci\u00f3n. <\/p>\n
Por lo resaltado, se torna improcedente la objeci\u00f3n contra lo adoptado por el a quo, al no observarse una situaci\u00f3n de amenaza o peligro actual que amerite dictar una orden distinta a la emitida. <\/p>\n
3. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
La impugnaci\u00f3n planteada resulta infundada pues quien la formul\u00f3 carece de inter\u00e9s jur\u00eddico para recurrir lo decidido, habida consideraci\u00f3n que la colegiatura a quo resolvi\u00f3 el asunto de acuerdo con lo solicitado y la protecci\u00f3n dispensada se muestra suficiente de cara al yerro advertido. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por un medio expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la sala a quo y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El expediente fue ingresado a este despacho el 10 de marzo de 2022, de conformidad con la informaci\u00f3n consignada en el acta de reparto. <\/p>\n
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