STC3526-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC3526-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-01710-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintitr\u00e9s de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 31 de agosto de 20211, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Hernando Mart\u00ednez Mora contra la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 2 de la Corte Suprema de Justicia, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de esta ciudad y las partes e intervinientes en el ordinario laboral n\u00b0 2015-00315. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor, obrando a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, \u00absolidaridad social y estabilidad ocupacional reforzada\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad enjuiciada. <\/p>\n
2. Del escrito incoatorio y los medios de prueba recopilados se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
Que el reclamante promovi\u00f3 proceso ordinario contra el Consorcio El Porvenir \u2013 Miraflorez, argumentando despido sin justa causa, en raz\u00f3n de la \u00abestabilidad reforzada\u00bb que lo cobijaba debido a su condici\u00f3n de salud; cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, quien acogi\u00f3 las pretensiones de la demanda y en consecuencia \u00abconden\u00f3 a los integrantes del Consorcio El Porvenir \u2013 Miraflorez al reintegro del trabajador y al pago de salarios y dem\u00e1s prestaciones econ\u00f3micas\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, en virtud de la apelaci\u00f3n interpuesta, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esta ciudad, revoc\u00f3 lo adoptado en primera instancia y en su lugar absolvi\u00f3 a los convocados. Inconforme, el gestor recurri\u00f3 en sede extraordinaria, en donde la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 2, dej\u00f3 inc\u00f3lume la decisi\u00f3n desfavorable del ad quem, por cuanto \u00abno demostr\u00f3 que padec\u00eda de una discapacidad, por lo menos moderada, para la fecha de la terminaci\u00f3n del contrato de trabajo\u00bb y en lo que respecta al segundo cargo, el mismo fue desestimado por defectos en su formulaci\u00f3n. <\/p>\n
Resoluci\u00f3n que, a juicio del querellante, incurri\u00f3 en defecto sustantivo por \u00abel desconocimiento del precedente fijado por la Corte Constitucional en la sentencia de unificaci\u00f3n SU-049\/2017\u00bb. <\/p>\n
3. Conforme lo anterior, se desprende que, el solicitante pretende que se deje sin efectos el fallo SL338-2021 del 25 de enero de 2021. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado ponente de la providencia confutada, realiz\u00f3 un recuento de la misma y manifest\u00f3 que \u00abno se demostr\u00f3, por lo menos en el proceso, que se encontraba amparado de la protecci\u00f3n de estabilidad reforzada para la fecha en que se le dio por terminado el contrato de trabajo, en consonancia con el precedente fijado para esta clase de situaciones por parte de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, am\u00e9n de que no estaba incapacitado, no ten\u00eda tratamiento m\u00e9dico como ninguna limitaci\u00f3n de discapacidad\u00bb. <\/p>\n
3. SOCAR Ingenier\u00eda S.A.S. en reorganizaci\u00f3n, solicit\u00f3 se niegue el amparo, en tanto que, la decisi\u00f3n atacada no incurri\u00f3 en las v\u00edas de hecho denunciadas. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo al advertir que el promotor \u00abno acredit\u00f3 que la providencia reprobada, est\u00e9 fundada en conceptos irrazonables o arbitrarios de tal trascendencia, que corresponda al juez constitucional conjurarlos mediante este excepcional instrumento de amparo para los derechos fundamentales invocados\u00bb. Agreg\u00f3 que \u00ab[l]o que se [percibe] sin lugar a equ\u00edvocos es la discrepancia frente a la interpretaci\u00f3n de una norma, la valoraci\u00f3n probatoria y el alcance de la jurisprudencia que le quiere imprimir a la misma MART\u00cdNEZ MORA desde su \u00f3ptica personal, en contraste con la conclusi\u00f3n a la que arrib\u00f3 la Sala accionada, al considerar que no hab\u00eda lugar a declarar el reintegro del trabajador y el pago de las prestaciones reclamadas con ocasi\u00f3n de la terminaci\u00f3n del contrato de obra\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impetr\u00f3 el apoderado del querellante para insistir en los argumentos expuestos en el escrito introductorio, resaltando la objeci\u00f3n respecto de \u00abla no aplicaci\u00f3n del antecedente jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de (\u2026) la Corte Constitucional, que por \u00e9se motivo es de obligatorio cumplimiento as\u00ed se trate del cuerpo colegiado de cierre de la jurisdicci\u00f3n ordinaria laboral, por estarse debatiendo la aplicaci\u00f3n de las disposiciones de la Constituci\u00f3n, y en su interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n manda la Corte Constitucional y no la Corte Suprema de Justicia\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso laboral promovido por el solicitante (SL338-2021, rad. 85619), por mantener en firme la resoluci\u00f3n desestimatoria del tribunal, supuestamente en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las decisiones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n convocada mantuvo inc\u00f3lume la resoluci\u00f3n desestimatoria del tribunal ad quem, en tanto estableci\u00f3 que el gestor \u00abno demostr\u00f3 que padec\u00eda de una discapacidad, por lo menos moderada, para la fecha de la terminaci\u00f3n del contrato de trabajo\u00bb, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al resolver el primer embate, encaminado por la v\u00eda directa, en la modalidad de infracci\u00f3n de la constituci\u00f3n \u00abconcretamente de sus art\u00edculos 4\u00b0 (sic), por haber dejado el Tribunal de aplicar disposiciones ius fundamentales al caso debatido en el sub judice; y haber aplicado la ley al margen de los dictados de la Constituci\u00f3n (\u2026) [concretamente] los art\u00edculos 1, 48, 95 (\u2026) 13, 93, (\u2026) 25,(\u2026) 47, (\u2026) 53 (\u2026) y 94\u00bb, el estrado enjuiciado expuso que: <\/p>\n
\u00ab[Con la finalidad] de resolver los reproches del censor, corresponde decir, en primer lugar, que esta Corporaci\u00f3n ha promulgado de manera reiterada y pac\u00edfica que los destinatarios de la protecci\u00f3n de estabilidad reforzada son aquellos trabajadores que tienen una limitaci\u00f3n f\u00edsica, ps\u00edquica o sensorial y con el car\u00e1cter al menos, de moderada, esto es, cuya discapacidad comienza en el 15 % de p\u00e9rdida de capacidad laboral, independientemente del origen de la misma y sin exigencias adicionales\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, resalt\u00f3 que \u00abno cualquier quebranto de salud del trabajador o el simple hecho de encontrarse en incapacidad m\u00e9dica lo hace merecedor al fuero de estabilidad reforzada de la Ley 361 de 1997, sino que debe acreditarse la \u00ablimitaci\u00f3n\u00bb, f\u00edsica, ps\u00edquica o sensorial, correspondiente a una PCL con el car\u00e1cter de \u00abmoderada\u00bb, \u00absevera\u00bb o \u00abprofunda\u00bb; criterio que sustent\u00f3 en las sentencias SL4609-2020 y SL2841-2020. <\/p>\n
En tal sentido, consider\u00f3 que el tribunal \u00abno incurri\u00f3 en el quebranto normativo denunciado en el cargo, cuando concluy\u00f3 que la estabilidad laboral reforzada all\u00ed prevista no aplicaba para el actor, por cuanto, para que opere la presunci\u00f3n que sugiere el censor, debe previamente acreditarse el fundamento f\u00e1ctico de la misma y, se recuerda, que el [libelista] no demostr\u00f3 que padec\u00eda de una discapacidad, por lo menos moderada, para la fecha de la terminaci\u00f3n del contrato de trabajo, situaci\u00f3n f\u00e1ctica, que vale pena destacar, olvid\u00f3 el censor atacar por la v\u00eda adecuada, la indirecta, por lo que la providencia sigue cobijada de la doble presunci\u00f3n de legalidad que pregonan\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, en lo ateniente a la terminaci\u00f3n del nexo laboral, la autoridad adujo que, \u00ab[al haber ocurrido el] 1\u00b0 de abril de 2012, no es posible abordar el caso frente a lo dispuesto por la Ley 1618 de 2013, puesto que su entrada en vigencia fue posterior, por ello se acude a los grados y porcentajes de discapacidad establecidos en el art\u00edculo 7\u00b0 del Decreto 2436 de 2001, vigente para la fecha del rompimiento del contrato de trabajo. Tambi\u00e9n resulta de inter\u00e9s poner de presente que, para aquella data, ya estaba en vigor la \u00abConvenci\u00f3n sobre los Derechos de las personas con Discapacidad\u00bb, que fue aprobada por la Ley 1346 de 2009, empero su cometido no se cumplir\u00eda en este asunto, ante la ausencia de demostraci\u00f3n de la discapacidad del demandante, como se advirti\u00f3 en l\u00edneas precedentes\u00bb. De esta manera desestim\u00f3 el ataque formulado. <\/p>\n
Ahora bien, en el an\u00e1lisis del cargo segundo fundado en la v\u00eda directa, por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea \u00abdel art\u00edculo 5\u00b0 de la Ley 361 de 1997, y 7\u00b0 del Decreto 2463 del 20 de noviembre de 2001\u00bb, esa Corporaci\u00f3n rese\u00f1\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abA prima facie encuentra la Sala, que la forma como se present[a] [la inconformidad], pugna contra la t\u00e9cnica del recurso de casaci\u00f3n. En efecto, la interpretaci\u00f3n err\u00f3nea de la ley, sub motivo al cual acudi\u00f3 el censor, se da como lo ha dicho Corte, cuando \u00abel sentenciador halla en la norma una inteligencia o un alcance, distintos de los de los que contiene, es decir, cuando el entendimiento de la misma por aquel es equivocado o err\u00f3neo; de aqu\u00ed que el casacionista est\u00e9 obligado en su demanda a indicar cu\u00e1l fue el sentido errado que le imprimi\u00f3 el Juzgador y cu\u00e1l el verdadero que debi\u00f3 darle\u00bb (CSJ SL, 24 ene. 1973)\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, manifest\u00f3 que \u00abobserva la Sala que el proponente controvierte un argumento que no utiliz\u00f3 el Juez de apelaciones, ya que cuando se hizo el compendi\u00f3 de la sentencia recurrida, en ninguno de sus apartes se refiri\u00f3 a la exigencia del aludido carn\u00e9 de seguridad social, de modo que no se puede endilgar un quebranto normativo cuando la decisi\u00f3n estuvo soportada en una fundamentaci\u00f3n diferente a la que exhibe el recurrente\u00bb. <\/p>\n
En este aspecto, coligi\u00f3 que \u00ablo que en realidad se cuestiona es la apreciaci\u00f3n probatoria del ad quem en cuanto no hall\u00f3 la demostraci\u00f3n de la discapacidad del actor, lo que es inadmisible en la senda directa seleccionada para el ataque\u00bb. <\/p>\n
Esto, para concluir que, \u00ab[e]n este punto, importa reiterar que cuando la acusaci\u00f3n se encamina por la v\u00eda directa no se puede incursionar en temas facticos como lo ha explicado la jurisprudencia de esta Sala, ya que por esta senda solo se acepta una elocuci\u00f3n exclusivamente jur\u00eddica con independencia de las cuestiones f\u00e1cticas del Tribunal. Se sigue de lo precedente, la desestimaci\u00f3n del cargo\u00bb. <\/p>\n
Conforme con ello, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo del gestor no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se advierte es una diferencia de criterio de aquel frente a la accionada, en tanto lo fallado fue contrario a sus intereses. <\/p>\n
3.2. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la determinaci\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar [fallos] judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00). <\/p>\n
3.3. De otra parte, en lo que respecta al alegado desconocimiento de los \u00abprecedentes\u00bb enunciados en el libelo inicial, esta Sala colige que la diferencia de criterios, por s\u00ed misma, no tiene la entidad de enervar la juridicidad de la sentencia de casaci\u00f3n, aunado a que en la misma se hizo alusi\u00f3n a los postulados jurisprudenciales del \u00f3rgano de cierre laboral en lo concerniente a la problem\u00e1tica estudiada \u2013entre otros, se apoy\u00f3 en las providencias SL, 28 ago. 2012, rad. 39207; SL4609-2020, 9 sep., rad. 60859; SL2841-2020, 22 jul., rad. 67130 y SL, 24 ene. 1973-, aspecto del cual no se puede desprender la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas reclamadas. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La determinaci\u00f3n cuestionada se advierte razonable, en tanto no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El expediente ingres\u00f3 a este despacho el pasado 10 de marzo de 2022, de conformidad con la informaci\u00f3n consignada en el acta de reparto. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC3526-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC3526-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-01710-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintitr\u00e9s de marzo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-62279","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62279","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62279"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62279\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62279"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62279"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62279"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}