STC3528-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3528-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2022-00344-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veintitr\u00e9s de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 3 de marzo de 2022, proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Ada Janeth Castillo Ariza contra la Superintendencia de Sociedades. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante, actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales al acceso a la justicia, debido proceso, libertad de empresa, propiedad privada, m\u00ednimo vital, entre otras, supuestamente vulneradas por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. Del extenso escrito introductor, se desprende que la Delegatura de Inspecci\u00f3n, Vigilancia y Control de la Superintendencia de Sociedades profiri\u00f3 una medida de intervenci\u00f3n administrativa por captaci\u00f3n no autorizada de dineros al p\u00fablico de forma masiva, contra la sociedad ABC For Winners S.A.S., por lo que tom\u00f3 posesi\u00f3n inmediata de los bienes, haberes, negocios y patrimonio tanto de la empresa como de la libelista, en su calidad de accionista y miembro de la junta directiva. <\/p>\n
Por lo anterior, requiri\u00f3 su desvinculaci\u00f3n en la causa seguida con posterioridad ante la Direcci\u00f3n de Intervenci\u00f3n Judicial de la entidad, en tanto que \u00abdurante el desarrollo de las actividades no existi\u00f3 ninguna reclamaci\u00f3n, demanda o exigencia por hechos que vulneraran o colocaran en situaci\u00f3n de desequilibrio a los clientes, lo que mostraba confianza y respaldo en las operaciones de libranzas\u00bb, pero el 25 de junio de 2021 se celebr\u00f3 la audiencia de solicitudes de exclusi\u00f3n, resoluci\u00f3n de objeciones y aprobaci\u00f3n de inventario valorado en bienes distintos a dinero, la cual finaliz\u00f3 el 19 de julio siguiente, en la que se deneg\u00f3 su pedimento, aspecto que en su criterio es irregular y constitutivo de varios defectos de procedencia del amparo1. <\/p>\n
3. En tal virtud, pidi\u00f3, entre otros, que \u00abse declare que se incurri\u00f3 en un defecto org\u00e1nico al negar su exclusi\u00f3n debido a que la Resoluci\u00f3n 300-003195, identificada con el radicado 2017-01-0458548 por la cual se adopta una medida de intervenci\u00f3n administrativa respecto de la sociedad ABC For Winners S.A.S. no vincul\u00f3 a nadie m\u00e1s y por tanto el despacho le vincul\u00f3, tras haber desbordado su competencia de intervenci\u00f3n\u00bb; \u00abque se declare que se incurri\u00f3 en defecto org\u00e1nico al negar su exclusi\u00f3n [porque] no determin\u00f3 las evidencias que dieran cuenta de los supuestos hechos de captaci\u00f3n y por tanto el juez no ten\u00eda competencia para recabarlos\u00bb; \u00abque se declare un defecto procedimental absoluto al tomar la decisi\u00f3n con fundamento en unos hechos determinados\u00bb; \u00abque se declare un defecto procedimental absoluto al impedir que se pudiera alegar la culpa exclusiva de un tercero\u00bb; \u00abque se declare una inadecuada valoraci\u00f3n normativa por no respetar los l\u00edmites fijados en la Sentencia C-145 de 2009 [y] en consecuencia se dejen sin efectos los numerales primero y segundo del Auto que neg[\u00f3] la exclusi\u00f3n de [la] accionante\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Carlos Alberto Ante Ospina, Gabriel Talero Fandi\u00f1o y Ana Mercedes Barreto coadyuvaron el resguardo. <\/p>\n
2. El Director de Investigaciones Administrativas por Captaci\u00f3n y Asuntos Financieros Especiales de la Supersociedades adujo que \u00abla Resoluci\u00f3n 300-003195 del 29 de agosto de 2017, por medio de la cual se orden\u00f3 la suspensi\u00f3n de actividad de captaci\u00f3n como medida de intervenci\u00f3n a ABC FOR WINNERS S.A.S., fue promulgada en el a\u00f1o 2017 y, dado que contra la misma no proceden recursos, qued\u00f3 en firme el 22 de septiembre de 2017, como se observa en la Constancia de ejecutoria 515-002572 del 22 de septiembre de 2017 (radicado 2017-01-492646) emitida por el Grupo de Notificaciones Administrativas de la Superintendencia de Sociedades, por lo cual ha pasado un periodo de tiempo considerable desde la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos del accionante por la \u201cfalta de notificaci\u00f3n\u201d alegada\u00bb. <\/p>\n
3. La Directora de Intervenci\u00f3n Judicial de la citada entidad recalc\u00f3 que \u00abla accionante no logr\u00f3 desvirtuar la presunci\u00f3n de responsabilidad, que reca\u00eda en su contra, lo anterior, en virtud de los resultados arrojados en la Investigaci\u00f3n previa que fue adelantada por la Delegatura de Inspecci\u00f3n Vigilancia y Control de la Superintendencia de Sociedades, y a su participaci\u00f3n como Miembro Principal de la Junta Directiva y accionista de la sociedad ABC FOR WINNERS SAS. Sociedad que se encuentra probado capt\u00f3 dineros del p\u00fablico de manera ilegal, a trav\u00e9s de la comercializaci\u00f3n de cartera materializada en pagar\u00e9s libranzas, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 6 del Decreto 4334 de 2008. Se advierte que la solicitud de desintervenci\u00f3n de la aqu\u00ed accionante, fue abordada y definida en la se\u00f1alada audiencia, en la que se tuvieron en cuenta las pruebas aportadas al proceso, particularmente aquellas que daban cuenta de su gesti\u00f3n. Prueba que el despacho se\u00f1al\u00f3 con total claridad en la providencia referida, otorgando valor a cada una de ellas, bajo las reglas de la sana critica. As\u00ed la decisi\u00f3n reprochada por la accionante es una decisi\u00f3n v\u00e1lida a la luz del Decreto Ley 4334 de 2008, norma que rige los procedimientos de intervenci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal a quo deneg\u00f3 el amparo, porque \u00abla determinaci\u00f3n objeto de queja constitucional, proferida por la Superintendencia de Sociedades, al margen de que el Tribunal la comparta o pudiera tener otro acercamiento jur\u00eddico al tema, no califica como una v\u00eda de hecho que imponga la intervenci\u00f3n del juez del amparo, habida cuenta que es el resultado de una interpretaci\u00f3n razonable de la normatividad vigente para el caso que se estudia, sin que sea susceptible de tildarse de antojadiza o caprichosa\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El apoderado de la censora recurri\u00f3 la precitada sentencia, reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial y agregando que \u00abel despacho al parecer no encuentra acreditado el defecto procedimental absoluto, sin considerar que el par\u00e1grafo del art\u00edculo 7 del Decreto 4334 de 2008 menciona que la providencia de toma de posesi\u00f3n, as\u00ed como la de liquidaci\u00f3n judicial, surte efectos desde su expedici\u00f3n y respecto de las cuales no procede recurso alguno, resaltando que en el numeral primero del Auto No 420-016334 del 17 (sic) de noviembre de 2017 se ordena la intervenci\u00f3n y luego se adopta la medida de toma de posesi\u00f3n, por lo que es preciso anotar que la intervenci\u00f3n no es una medida de las se\u00f1aladas en el art\u00edculo 7\u00b0 del Decreto 4334 de 2008 y por ende es objeto de recursos, por lo que la intervenci\u00f3n es per se una decisi\u00f3n administrativa que obedece a un juicio de reproche o responsabilidad, ese mismo juicio que NO SE PRACTIC\u00d3 en contra de la se\u00f1ora ADA JANETH CASTILLO ARIZA\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Superintendencia de Sociedades incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso de intervenci\u00f3n por captaci\u00f3n masiva de dineros al p\u00fablico iniciado contra ABC For Winners S.A.S., por (i) ordenar la \u00abintervenci\u00f3n mediante toma de posesi\u00f3n\u00bb de los bienes, haberes, negocios y patrimonio de algunos de los integrantes de la organizaci\u00f3n, dentro de los cuales se encuentra la libelista, en su calidad de miembro principal de la junta directiva y accionista; por (ii) decretar y rechazar algunas pruebas; y por (iii) no aceptar la solicitud de exclusi\u00f3n que ella formul\u00f3. <\/p>\n
2. El requisito de inmediatez. <\/p>\n
2.1. Esta exigencia impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado, entre otros, en STC11374-2016, 17 ago. rad. 01250-01 \u2013se resalta). <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
2.2. Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos, se concluye que el cuestionamiento relacionado con las supuestas irregularidades en que la Superintendencia de Sociedades habr\u00eda incurrido con la expedici\u00f3n del auto n.\u00ba 2017-01-576098 (consecutivo n.\u00ba 420-016334), expedido por la Coordinadora del Grupo de Intervenidas, no atiende el postulado que viene de comentarse, comoquiera que esa determinaci\u00f3n data del 14 de noviembre de 2017, mientras que la presente tutela se radic\u00f3 el 31 de diciembre de 20212; es decir, transcurri\u00f3 m\u00e1s del semestre establecido como prudente para proponer el resguardo. <\/p>\n
Visto desde la perspectiva de la finalidad del amparo, el requisito de la tempestividad impide que la tutela se convierta en un factor de inseguridad jur\u00eddica con el cual se produzca la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el mismo tr\u00e1mite, en tanto la defensa que constituye su objeto ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. <\/p>\n
Al respecto, esta Sala ha sostenido que el rese\u00f1ado t\u00e9rmino \u00abno puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n\u00bb, por tanto \u00abmuy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera (\u2026) el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (CSJ STC 2 ago. 2007, rad. 00188-01, reiterada, entre otras, en STC5023-2018, 19 abr., rad. 00438-01). <\/p>\n
3.1. Ahora bien, al revisar las decisiones sometidas a escrutinio de esta Corte, a saber: el auto n.\u00ba 2021-01-101941 de 29 de marzo, adicionado mediante prove\u00eddo n.\u00ba 2021-01-143481 de 15 de abril y confirmado con resoluci\u00f3n n.\u00ba 2021-01-365826 de 27 de mayo, todos de 2021, \u00faltimo que, a su vez, fue objeto de solicitudes de aclaraci\u00f3n y complementaci\u00f3n \u2013dirimidas en audiencia de 25 de junio de 2021\u2013, con los cuales, grosso modo, la Direcci\u00f3n de Intervenci\u00f3n Judicial de la Superintendencia de Sociedades dispuso tener como pruebas para resolver los requerimientos de exclusi\u00f3n las documentales aportadas por las partes y las que se encuentran en el proceso; no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al analizar los reparos formulados por el mandatario judicial de la convocante y de otros de los vinculados a ese asunto frente a la mentada determinaci\u00f3n, as\u00ed como lo atinente a las \u00abexcepciones de inconstitucionalidad\u00bb, la entidad cognoscente precis\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00abEntonces el Despacho para resolver el recurso va a pronunciarse sobre dos asuntos. El primero es que la decisi\u00f3n de control de legalidad respecto de las pruebas, lo que buscaba, era que el juez se pronunciara espec\u00edficamente sobre ciertas circunstancias que a juicio de quien present\u00f3 la solicitud, eran o ten\u00edan problemas de legalidad, sobre todo por temas muy formales, es decir, por temas de traslado, por n\u00fameros de radicados, etc\u00e9tera. <\/p>\n
En este sentido, el despacho decidi\u00f3 negarlas porque no encontr\u00f3 dichos problemas de legalidad, y sin embargo, el recurso insiste en que todo el auto que decret\u00f3 sobre las pruebas es, en s\u00ed mismo, un auto ilegal. <\/p>\n
Para resolver entonces y pronunciarse primero sobre las normas que rigen la actuaci\u00f3n (dejando claro que, esta manifestaci\u00f3n se hace porque varias de las intervenciones que se hicieron en las coadyuvancias del recurso, incluso en el mismo recurso, evidencian que, no es claro cu\u00e1l es la naturaleza del proceso que estamos adelantando en este momento). <\/p>\n
El despacho lo ha manifestado en m\u00faltiples providencias y ha sido la l\u00ednea no solo en este proceso sino en varios procesos, respecto de las decisiones que han sido cuestionadas v\u00eda tutela en los distintos procesos, es que este es un proceso de naturaleza judicial, pero esta interpretaci\u00f3n, no es una interpretaci\u00f3n arbitraria o caprichosa como lo han calificado, sino que, por el contrario, es lo que dice el decreto 4334 del 2008. Hay que recordar que el Decreto 4334 de 2008 es una norma legal, vigente en nuestro ordenamiento jur\u00eddico y que adicionalmente fue objeto de pronunciamiento por la Corte Constitucional que encontr\u00f3 el Decreto 4334 ajustado a la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
Es decir, que las normas que hacen parte del Decreto 4334 de 2008 son normas que ya la autoridad constitucional, quien es la que tiene la competencia para pronunciarse sobre estas normas, ya lo hizo y encontr\u00f3 que las mismas se ajustaban a la Constituci\u00f3n. El Decreto 4334 establece en su art\u00edculo 6 que la intervenci\u00f3n proceder\u00e1 cuando, a juicio de la Superintendencia de Sociedades, se determine que se configuran hechos objetivos o notorios de captaci\u00f3n ilegal de recursos del p\u00fablico. Para garantizar o para establecer cu\u00e1l ha sido una l\u00ednea de decisi\u00f3n del despacho frente a este punto se ha dicho que la intervenci\u00f3n reconoce dos momentos distintos, un primer momento es la investigaci\u00f3n que adelanta una autoridad en ejercicio de funciones administrativas, no judiciales. <\/p>\n
Es una investigaci\u00f3n administrativa y esa investigaci\u00f3n administrativa es la oportunidad en la que la autoridad competente (competente po rel Decreto 4334 del 2008) determina si se configuran hechos objetivos o notorios de captaci\u00f3n ilegal de recursos del p\u00fablico, con base en las consideraciones o en los elementos de la configuraci\u00f3n que est\u00e1n establecidos en el mismo decreto en el art\u00edculo 6, esa investigaci\u00f3n es administrativa. <\/p>\n
Es decir, no es un juez el que adopta la decisi\u00f3n. Esa decisi\u00f3n administrativa puede ser adoptada por la Superintendencia de Sociedades, y tambi\u00e9n puede hacerlo la Superintendencia Financiera. Que determinan que existen esos hechos objetivos y notorios de captaci\u00f3n, y pueden tomar una medida de intervenci\u00f3n que est\u00e1 establecida en el art\u00edculo 7 del Decreto 4334, y es la suspensi\u00f3n de estas actividades de captaci\u00f3n. Ese es el primer momento de la intervenci\u00f3n. <\/p>\n
El segundo momento de la intervenci\u00f3n es un proceso judicial. Un proceso judicial que conoce la Superintendencia de Sociedades, pero en ejercicio de funciones jurisdiccionales. El Juez advierte que son dos cosas distintas, teniendo en cuenta varias de las manifestaciones que se han hecho a lo largo de este proceso confunden esas dos esferas de la intervenci\u00f3n. La intervenci\u00f3n judicial inicia porque en la investigaci\u00f3n administrativa que se realiza se determina que ocurrieron hechos objetivos y notorios de captaci\u00f3n. En esa investigaci\u00f3n se determinan los sujetos de intervenci\u00f3n con base en el art\u00edculo 5 del Decreto 4334 del 2008, norma que tambi\u00e9n fue objeto de un an\u00e1lisis de control constitucionalidad, encontr\u00e1ndola ajustada a la Constituci\u00f3n y se determina el per\u00edodo de captaci\u00f3n. <\/p>\n
(\u2026) En el caso de ABC FOR WINNERS y as\u00ed lo estableci\u00f3 el despacho en el auto del 29 marzo del 2021, el inventario valorado de bienes distintos a dinero corri\u00f3 traslado antes de la derogatoria del art\u00edculo 2.2.2.9.3.2 numeral 6 del Decreto 991 del 2018. Por lo que, las solicitudes de intervenci\u00f3n deben tramitarse como objeciones al inventario, siendo este el tr\u00e1mite que les corresponde, pues est\u00e1 relacionado con el inventario valorado de bienes distintos a dinero. As\u00ed, al ya haberse puesto en traslado el inventario valorado de bienes distintos a dinero, no puede darse un tr\u00e1mite distinto a las solicitudes de desintervenci\u00f3n, porque ya el t\u00e9rmino empez\u00f3 a correr. Por lo tanto, la norma procesal aplicable es la que estaba vigente al momento que empezaron a correrse los t\u00e9rminos para el procedimiento, en este caso, para la resoluci\u00f3n de objeciones al inventario. \u00bfQu\u00e9 quiere decir eso? (y as\u00ed lo ha sostenido el despacho), quiere decir que, las solicitudes de desintervenci\u00f3n en el proceso de ABC FOR WINNERS SAS se tramitan como objeciones al inventario valorado de bienes distintos a dinero. <\/p>\n
En este sentido, encontramos que el Decreto 1074 del 2015 establece que, para el inventario valorado de bienes distintos a dinero dentro del proceso de intervenci\u00f3n judicial, aplican las reglas del estatuto de insolvencia, aplicables de acuerdo con la remisi\u00f3n que hace el art\u00edculo 15 del Decreto 4334 del 2008. Entonces, para tramitar las solicitudes de desintervenci\u00f3n hay que ir a lo que est\u00e1 establecido para el proceso de liquidaci\u00f3n judicial en la Ley 1116 del 2006. La Ley 1116 de 2006, en su art\u00edculo 53 establece que, para las objeciones al inventario (que es lo que se aplica en este caso) se aplicar\u00e1 lo previsto para el proceso de reorganizaci\u00f3n, es decir, el art\u00edculo 53 que, a su vez, remite al art\u00edculo 29 y 30 de la Ley 1116 del 2006. El art\u00edculo 29 establece expresamente que la \u00fanica prueba admisible para resolver las objeciones al inventario valorado ser\u00e1n las documentales. Por su parte, el art\u00edculo 30 establece que tambi\u00e9n la \u00fanica prueba admisible va a ser la prueba documental. <\/p>\n
Estas son las reglas que rigen el proceso de intervenci\u00f3n judicial, respecto de las pruebas que se deben tener en cuenta para resolver las solicitudes de desintervenci\u00f3n que se tramitan, en este caso, como objeciones al inventario valorado de bienes distintos a dinero, y estas fueron las reglas que se aplicaron para proferir el auto del 29 de marzo del 2021, que se insiste, fue objeto de aclaraciones y adiciones, se resolvieron los recursos de reposici\u00f3n presentados por lo que se encuentra en firme. <\/p>\n
Para el Despacho, ni quien present\u00f3 el recurso, ni quienes lo coadyuvaron, indicaron cu\u00e1l es la inconstitucionalidad de la norma, [pues] se limitan a decir que no se est\u00e1 garantizando el derecho a la defensa, y eso los hace inconstitucionales. Pero, no es cierto. El art\u00edculo 5 y el 6 del Decreto 4334 del 2008 fueron objeto de an\u00e1lisis de control constitucional y la Corte Constitucional en la sentencia C 145 del 2009 encontr\u00f3 que estas normas se ajustan a la Constituci\u00f3n, que las medidas decretadas en el Decreto 4334 del 2008 persegu\u00edan la finalidad prevista en la norma y, por lo tanto, se ajustan a la carta pol\u00edtica. Tampoco existe manifestaci\u00f3n de un juez que diga que el art\u00edculo 29 y el art\u00edculo 30 de la Ley 1116 del 2006 son inconstitucionales y tampoco hay ninguna decisi\u00f3n que diga que las decisiones o la forma como se tramitan las solicitudes de desintervenci\u00f3n, o que el art\u00edculo 2.2.2.9.3.2 del decreto 991 del 2018 eran inconstitucionales. <\/p>\n
(\u2026) Ahora, para resolver el segundo aspecto formulado, porque una cosa es el recurso, pero adicionalmente proponen una excepci\u00f3n de inconstitucionalidad al Decreto 4334 del 2008, se insiste, \u00bfcu\u00e1l es el argumento de la inconstitucionalidad? Porque contrario a lo manifestado, ya el Decreto 4334 del 2008 fue objeto de control de constitucionalidad que lo encontr\u00f3 ajustado, y hay una sentencia, la C 145 del 2009 que encontr\u00f3 que el decreto 4334 del 2008 es constitucional. <\/p>\n
Por lo tanto, estamos en un escenario de una norma que fue encontrada ajustada a la Constituci\u00f3n y por lo tanto no se puede aplicar la excepci\u00f3n de inconstitucionalidad formulada. <\/p>\n
(\u2026) En este orden de ideas no encuentra el Despacho cu\u00e1l es la inconstitucionalidad del Decreto 4334 de 2008, tampoco, y continuando con la argumentaci\u00f3n, se encuentra cu\u00e1l es la inconstitucionalidad del Decreto 991 del 2018 en su momento vigente, que determin\u00f3 el procedimiento que se iba a establecer para decidir las solicitudes de desintervenci\u00f3n. Esta norma no fue derogada por inconstitucional, sino porque el legislador consider\u00f3 que deb\u00eda adoptarse una decisi\u00f3n distinta, y, sin embargo, procesalmente es la norma que debe aplicarse en este caso. <\/p>\n
El juez no encuentra, ni le justifican, cu\u00e1l es la raz\u00f3n de la inconstitucionalidad, porque si la raz\u00f3n de la inconstitucionalidad es que no se est\u00e1 garantizando el derecho a la defensa, este si se est\u00e1 garantizando. Porque las reglas son claras y se est\u00e1 estableciendo, cu\u00e1les son las normas que rigen el proceso de intervenci\u00f3n y las que aplican en este caso para decidir las solicitudes de desintervenci\u00f3n, y cu\u00e1les son las pruebas, que adem\u00e1s est\u00e1 establecida en la Ley 1116 de 2006 y que adem\u00e1s es constitucional, porque no hay ninguna manifestaci\u00f3n, consideraci\u00f3n, decisi\u00f3n de un juez que diga lo contrario. Por lo tanto, no hay esa excepci\u00f3n de inconstitucionalidad, el juez no encuentra que haya una contradicci\u00f3n entre las decisiones que haya adoptado, y entre las normas que haya aplicado y la Constituci\u00f3n. Resaltando que en todo momento se ha garantizado el debido proceso. <\/p>\n
Por esta raz\u00f3n, el despacho debe desestimar el recurso de reposici\u00f3n presentado por el se\u00f1or Borja respecto de la decisi\u00f3n adoptada sobre el control de legalidad probatorio, hecho, por el apoderado de Carlos Alberto Ante, y tambi\u00e9n deber\u00e1 desestimar la solicitud de aplicaci\u00f3n de una excepci\u00f3n de inconstitucionalidad propuesta en el traslado del recurso, por Rodrigo Sebasti\u00e1n Hern\u00e1ndez, apoderado de Ada Janeth Castillo. En este sentido, queda resuelto el recurso propuesto\u00bb. <\/p>\n
3.2. De otra parte, en esa diligencia se propusieron varias nulidades, las cuales se rechazaron en la misma oportunidad, momento en el cual el mandatario judicial de la censora tambi\u00e9n formul\u00f3 recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, porque \u00abel Decreto 4334 de 2008 cuando refiere a la \u00fanica instancia refiere solo a la decisi\u00f3n de toma de posesi\u00f3n, no a las nulidades\u00bb, sobre lo cual se explic\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abRespecto del Recurso de reposici\u00f3n propuesto por Rodrigo Hern\u00e1ndez, \u00c9l se refiere tambi\u00e9n a la resoluci\u00f3n de la nulidad propuesta por Alexandra Mej\u00eda. Afirma el recurrente que el proceso no es legal y pide que el juez se pronuncie sobre esto. Al respecto se insiste que, la causal o la raz\u00f3n que fundament\u00f3 la negativa de la nulidad propuesta por Alexandra Mej\u00eda es que la nulitente no fundament\u00f3, no argument\u00f3 las causales que en su sentir fundamentaban la nulidad bajo las dos causales, numeral 8 y 5 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso. Esa fue la raz\u00f3n por la que se encontr\u00f3 que la nulidad era improcedente y se decidi\u00f3 negar la misma. <\/p>\n
Sin embargo, el Despacho respecto a las manifestaciones que hace el recurrente, insiste que, la intervenci\u00f3n tiene dos momentos distintos, en este momento, nos encontramos en el proceso judicial, y como el juez ha explicado, el proceso se ha llevado conforme a las normas que rigen el proceso de intervenci\u00f3n judicial. <\/p>\n
El proceso ha garantizado el debido proceso, como se acab\u00f3 de explicar, y no vale la pena, repetir nuevamente los argumentos. Por lo que, en realidad no se advierte la irregularidad alegada, ni la ausencia de legalidad del proceso judicial de intervenci\u00f3n. <\/p>\n
Se insiste en la competencia de este Juez para decretar la intervenci\u00f3n judicial de acuerdo con el art\u00edculo 116 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, de acuerdo con el art\u00edculo 4 del Decreto 4334 de 2008, de acuerdo con el art\u00edculo 6 de la Ley 1116 de 2006 y de acuerdo con el art\u00edculo 24 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Adem\u00e1s, se ha permitido en las etapas presentar pruebas, interponer recursos, etc. Como el recurrente solicita que el juez expresamente se manifieste sobre las causales previstas en el numeral 8 y en el numeral 5, se advierte que, la causal No. 8 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, que fue propuesta por la abogada Alexandra Mej\u00eda, se rechaz\u00f3 porque no fue sustentada. <\/p>\n
No obstante, se insiste [en] que el Juez no puede pronunciarse frente a decisiones que no corresponden al proceso de intervenci\u00f3n judicial que inicia con el auto que decreta la intervenci\u00f3n. Dicho auto, dicho sea de paso, fue debidamente notificado. Respecto de la causal n\u00famero 5 se insiste que, esta tampoco fue sustentada por la nulitante (raz\u00f3n por la que fue rechazada). <\/p>\n
No obstante, se permite el Despacho insistir que, a lo largo del proceso se permiti\u00f3 a los sujetos del mismo presentar las pruebas, en la oportunidad procesal prevista, que adicionalmente ha sido explicada a lo largo del proceso. De suerte que, ha sido ampliamente explicado, c\u00f3mo si se ha garantizado la etapa procesal de presentar pruebas y de solicitar pruebas, y tambi\u00e9n, de decretarse las pruebas a lo largo del proceso y bajo las reglas que rigen el mismo. Respetando as\u00ed las etapas procesales. De esta forma entonces, el recurso debe desestimarse por las razones que fueron expuestas\u00bb. <\/p>\n
3.3. En lo que respecta a las solicitudes de exclusi\u00f3n y levantamiento de las cautelas decretadas en ese asunto, presentadas por Castillo Ariza, a trav\u00e9s de los memoriales \u00ab2018-01-176531 de 18 de abril de 2018, 2018-01-437701 de 3 de octubre de 2018 y 2018-01-451969 de 12 de octubre de 2018\u00bb, en tanto que, en su criterio, es una tercera de buena fe, la autoridad encartada se pronunci\u00f3 en la misma audiencia, realizando un recuento de su participaci\u00f3n en las actividades investigadas, para recalcar que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el Despacho encuentra probado que la se\u00f1ora Castillo, fue accionista de ABC for Winners S.A.S. en toma de posesi\u00f3n como medida de intervenci\u00f3n de 7 de noviembre de 2012 a la fecha en la cual fue intervenida, tiempo en el cual particip\u00f3 en las siguientes reuniones de la asamblea de accionistas durante el periodo de captaci\u00f3n definido por la investigaci\u00f3n, respecto de las que ya el juez hizo una descripci\u00f3n previamente: <\/p>\n
1. Asamblea extraordinaria de 20 de septiembre de 2013, que consta en Acta No. 6. <\/p>\n
2. Asamblea extraordinaria de 14 de febrero de 2014, que consta en Acta 7. <\/p>\n
3. Asamblea extraordinaria de 14 de febrero de 2014, Acta 8. <\/p>\n
4. Asamblea extraordinaria de 4 de marzo de 2014, que consta en Acta 10. <\/p>\n
5. Asamblea general de 7 de marzo de 2014, que consta en Acta 11. <\/p>\n
7. Asamblea extraordinaria de 18 de diciembre de 2014, Acta 13. <\/p>\n
8. Asamblea extraordinaria de 21 de enero de 2016, Acta 15. <\/p>\n
9. Asamblea extraordinaria de 4 de agosto de 2016, Acta 17. <\/p>\n
10. Asamblea extraordinaria de 25 de agosto de 2016, Acta 18. <\/p>\n
Adicionalmente particip\u00f3 en la siguiente reuni\u00f3n de accionistas: Asamblea general de 7 de marzo de 2014, que consta en Acta 5125, en la cual se present\u00f3 y aprob\u00f3 el informe de gesti\u00f3n, los estados financieros a 31 de diciembre de 2012, se refrend\u00f3 el presupuesto para el a\u00f1o 2013 y se eligi\u00f3 a la junta directiva. <\/p>\n
De igual manera consta que, por concepto de dividendos, se caus\u00f3 a favor de la se\u00f1ora Castillo, las siguientes partidas: A\u00f1o 2015: $9.384.000 A\u00f1o 2016: $ 9.760.000 Por otra parte, est\u00e1 probado que la intervenida, fue miembro principal de la junta directiva ABC for Winners S.A.S. en toma de posesi\u00f3n como medida de intervenci\u00f3n y en su funci\u00f3n como administradora, estaba sometida a los deberes y responsabilidades establecidos en la ley y los estatutos sociales. <\/p>\n
En el expediente est\u00e1 acreditado que la solicitante particip\u00f3 en las siguientes reuniones de junta directiva que constan en las siguientes actas que fueron relacionadas al momento de resolver la solicitud de Gabriel Talero: Actas 3 a 14, 16 a 22, 24, 26 a 32, 36 a 38. <\/p>\n
Adem\u00e1s de esto, particip\u00f3 de las siguientes reuniones de junta directiva: <\/p>\n
1. Reuni\u00f3n de 13 de febrero de 2015, Acta 23, en la cual se present\u00f3 el informe de auditor\u00eda de las cooperativas, se presentaron y aprobaron los estados financieros y ejecuci\u00f3n presupuesta con corte a 31 de diciembre de 2014 y 31 de enero de 2015, presentaci\u00f3n de flujo de caja enero-marzo 2015, se presentaron y aprobaron los informes de operaciones, comercial y del gerente entre otros. <\/p>\n
2. Reuni\u00f3n de junta directiva de 16 de abril de 2015, Acta 25, en la cual se present\u00f3 el informe comercial, el informe de auditor\u00eda de las cooperativas, estados financieros, los cuales se solicit\u00f3 su ajuste, se presentaron los informes de operaciones y de gerencia, entre otros. <\/p>\n
3. Reuni\u00f3n de junta directiva de 16 de febrero de 2016, Acta 34, en la cual se expuso sobre la auditoria a las cooperativas, la gran concentraci\u00f3n de riesgo por tener la mayor\u00eda de las cuentas por cobrar en unos pocos proveedores, la pretensi\u00f3n de realizar una inspecci\u00f3n de las mayor\u00eda de libranzas que est\u00e1n operando a nivel nacional desde Bogot\u00e1, qued\u00f3 constancia que se prob\u00f3 por unanimidad el informe de las cooperativas, se presentaron y aprobaron los estados financieros y la ejecuci\u00f3n presupuestal con corte de 31 de diciembre y 31 de enero de 2016, se present\u00f3 y aprob\u00f3 el flujo de caja de febrero-marzo 2016; se present\u00f3 el informe NIIF se propuso una distribuci\u00f3n de utilidades de $100.000.000 de las utilidades de 2015 y el restante dejarlo como reserva legal. <\/p>\n
4. Reuni\u00f3n de junta directiva de 15 de marzo de 2016, Acta 35, en la cual se abri\u00f3 el debate sobre el informe de revisor\u00eda fiscal, en el cual no hubo comentarios ni reparos sobre el documento. Sobre el informe de las cooperativas, se hizo menci\u00f3n a cada uno de los originadores, entre los que se encontraban las cooperativas Coocredimed, Grupo Barranquilla y Cooemar, intervenidas por este Despacho, se reiter\u00f3 en la inspecci\u00f3n de las libranzas, dicho informe qued\u00f3 aprobado por unanimidad. Se inform\u00f3 que en el mes de febrero no se cumplieron las metas de ventas, lo que golpe\u00f3 la ejecuci\u00f3n presupuestal, sin afectar la posici\u00f3n financiera de la empresa, los estados financieros fueron aprobados por unanimidad. Se aprobaron los informes de operaciones y comercial, as\u00ed como el del gerente\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, enfatiz\u00f3 en que \u00abest\u00e1 probado que la se\u00f1ora Castillo, durante el tiempo que estuvo vinculada con la sociedad ocup\u00f3 el cargo de gerente financiera y contadora, siendo la encargada de presentar financieros certificados de 2012 a 2017 a la junta directiva\u00bb. Adem\u00e1s, en cuanto al principio de buena fe y su aplicaci\u00f3n en el caso de la tutelante, adujo que \u00abquien invoca la buena fe en su defensa no le basta alegarla para pretender que de manera autom\u00e1tica se le aplique la presunci\u00f3n, puesto que debe acreditar que efectivamente se encuentra dentro del supuesto de hecho consagrado por el legislador para que pueda ampararse de la presunci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Por ello, en el sub-lite, estim\u00f3 que la interesada deb\u00eda demostrar un m\u00ednimo de diligencia en su actuar como accionista y miembro de junta directiva, \u00abm\u00e1xime si ocupaba el cargo de gerente financiera y contadora\u00bb, por lo que \u00abel argumento de haber invertido su dinero en pagar\u00e9s libranza no es de recibo por este Despacho\u00bb, dados los roles que detent\u00f3 dentro de la sociedad, los que impon\u00edan \u00abun deber de actuar con mayor diligencia, informaci\u00f3n y cuidado y no escudarse posteriormente con un hecho simple de haber actuado sin conocer de la captaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, el alegato consistente en ser una \u00abtercera de buena fe\u00bb tambi\u00e9n se despach\u00f3 desfavorablemente, porque \u00abfue intervenida por haber ocupado los cargos de accionista y miembro de junta directiva, durante el periodo de captaci\u00f3n, con base en los supuestos establecidos en art\u00edculo 5 del Decreto 4334 de 2008, por lo que, no puede tomarse como un tercero proveedor de bienes y servicios que hayan procedido de buena fe como lo pretende hacer ver en su solicitud de desintervenci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En cuanto a la responsabilidad de los administradores, la funcionaria de Intervenci\u00f3n Judicial se\u00f1al\u00f3 que la Ley 222 de 1995 refiere que estos deben obrar de buena fe, con lealtad y diligencia, pero la solicitante no cumpli\u00f3 con dicha carga, pues \u00abel hecho de haber actuado en m\u00faltiples reuniones, tanto de accionistas como de junta directiva, de la sociedad durante el periodo de captaci\u00f3n, en la cual se discutieron temas relacionados con la compraventa de pagar\u00e9s libranza y el seguimiento o auditoria a las originadoras de cr\u00e9ditos, no hace posible inferir que su actuaci\u00f3n como administradora, frente a la operaci\u00f3n ilegal por la que se encuentra intervenida, haya estado mediada por la buena fe y la diligencia que le impon\u00eda su cargo\u00bb. <\/p>\n
Esto, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que, dentro de la investigaci\u00f3n administrativa realizada por la autoridad encargada de verificar los hechos de captaci\u00f3n ilegal, se encontr\u00f3 que ABC For Winners S.A.S. \u00abvendi\u00f3 cartera de la cual no se ten\u00eda certeza sobre su real existencia, lo que configur\u00f3 hechos objetivos y notorios de captaci\u00f3n no autorizada de recursos del p\u00fablico, de igual manera dentro de la verificaci\u00f3n que se realiz\u00f3 dentro de la mencionada investigaci\u00f3n se evidenci\u00f3 que la sociedad intervenida recibi\u00f3 recursos que fueron entregados a sus clientes por la venta de cartera hasta 31 de julio de 2016, flujos mensuales sin explicaci\u00f3n financiera razonable, ya que en algunos casos, ante la pagadur\u00eda no se dio el registro de los cr\u00e9ditos que soportaban dichos flujos, por lo que no eran trasladados a la entidad originado; de igual manera se encontr\u00f3 que, los pagar\u00e9s vendidos, sin que se realizara descuento por parte de la pagadur\u00eda, que corresponda a la cartera vendida, no hab\u00eda concordancia ente el valor de la cuota y de los cr\u00e9ditos\u00bb. <\/p>\n
A m\u00e1s de lo anterior, desde la \u00f3ptica de la responsabilidad de los profesionales de la contabilidad, arguy\u00f3 que \u00abest[a] implica un estudio de la responsabilidad subjetiva intermedia, por lo que se precisa estudiar los elementos de la misma en relaci\u00f3n con esta intervenida. Se advierte que la intervenida, adem\u00e1s de accionista, miembro principal de junta directiva, era contadora de la sociedad\u00bb, de modo que, trasladadas esas premisas al caso puntual, estableci\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) respecto de la ocurrencia de un da\u00f1o, consta en el expediente que, al proceso de intervenci\u00f3n de ABC for Winners S.A.S. en toma de posesi\u00f3n como medida de intervenci\u00f3n, concurrieron afectados 136 personas, que fueron reconocidos por el interventor por un valor de $9.486.597.650. Es decir, por lo menos se produjo un da\u00f1o a 136 personas, por el valor se\u00f1alado. <\/p>\n
Sobre la conducta que causa el da\u00f1o, de acuerdo con lo expuesto y las pruebas analizadas previamente, esta obedece al actuar no diligente de la se\u00f1ora Castillo, como administradora (miembro de junta directiva que particip\u00f3 activamente), accionista y contadora de la sociedad. Sobre este punto existe evidencia que particip\u00f3 activamente en reuniones de asamblea y junta directiva durante el periodo de captaci\u00f3n, adem\u00e1s certific\u00f3 los estados financieros de 2012 a 2017. Esto significa que, existen pruebas que particip\u00f3 de las decisiones de una sociedad que capt\u00f3 dineros del p\u00fablico seg\u00fan se evidenci\u00f3 en la investigaci\u00f3n adelantada, adem\u00e1s consta en las reuniones de junta directiva que la intervenida adem\u00e1s de ser accionista, contadora y miembro de junta directiva, era la gerente financiera. <\/p>\n
Esto se traduce en que omiti\u00f3 sus deberes legales y esto propici\u00f3 que ABC for Winners S.A.S. vendiera a inversionistas pagar\u00e9s libranza que no ten\u00edan un cr\u00e9dito subyacente que los soportara o sobre los cuales las pagadur\u00edas no hac\u00edan ning\u00fan tipo de descuento, actividades determinadas de captaci\u00f3n, defraudando a los inversionistas que resultaron afectados. <\/p>\n
En tercer lugar, el nexo causal entre el da\u00f1o y la conducta, siendo el da\u00f1o la afectaci\u00f3n de las personas que adquirieron los pagar\u00e9s libranza defectuosos, comercializados por ABC for Winners S.A.S. en toma de posesi\u00f3n como medida de intervenci\u00f3n y la conducta el actuar sin diligencia de la intervenida, el nexo es que la sociedad en la que particip\u00f3 la intervenida fue la captadora. <\/p>\n
Esto en cuanto el actuar de la intervenida permiti\u00f3 que la sociedad captara recursos del p\u00fablico. Ahora, debe precisarse el alcance de la culpa o dolo que causa el da\u00f1o. Como ya ha sido sostenido por este Despacho, los sujetos de la medida, una vez determinada su participaci\u00f3n en la captaci\u00f3n, asumen una responsabilidad subjetiva pero intermedia, en la que el elemento de culpa se presume y por lo tanto, se traslada a ellos la posibilidad de exonerarse de la responsabilidad, probando la ausencia de culpa. Es decir, no son los afectados ni mucho menos el Juez quien tiene que probar la culpa en las actividades de captaci\u00f3n, sino que de acuerdo al r\u00e9gimen establecido en el Decreto 4334 de 2008, son los intervenidos los que deben aportar las pruebas que desvirt\u00faen la presunci\u00f3n legal generada. <\/p>\n
En ese orden, coligi\u00f3 que \u00abal no haber actuado como se esperaba legalmente como administradora de una sociedad que capt\u00f3 dineros del p\u00fablico, como contadora y como accionista (que particip\u00f3 activamente), se gener\u00f3 el da\u00f1o. La intervenida no prob\u00f3 su actuar diligente, con lo que no desvirtu\u00f3 la presunci\u00f3n legal generada, conforme se indic\u00f3 en los apartados precedentes. De esta forma, es la ausencia de diligencia la conducta que genera la responsabilidad en la configuraci\u00f3n de los hechos objetivos y notorios de captaci\u00f3n y, por lo tanto, el deber de responder por el da\u00f1o. Raz\u00f3n por la cual no se acceder\u00e1 a su solicitud de desintervenci\u00f3n y esta se desestimar\u00e1\u00bb. <\/p>\n
Conforme con ello, las decisiones adoptadas, como se anticip\u00f3, no son infundadas o arbitrarias, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo de la censora no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se advierte es una diferencia de criterio de aquella frente a la autoridad accionada, en tanto no acogi\u00f3 sus argumentos. <\/p>\n
3.3. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la determinaci\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00). <\/p>\n
4. Conclusiones. <\/p>\n
4.1. Los reproches primigenios desatienden el criterio de tempestividad que rige este mecanismo excepcional, por lo que no se abren paso. <\/p>\n
4.2. Frente a las dem\u00e1s determinaciones cuestionadas, se advierte su razonabilidad, en tanto no son resultado de un subjetivo criterio que conlleven la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tengan aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Defectos f\u00e1ctico, org\u00e1nico, sustancial, procedimental absoluto, error inducido, falta de motivaci\u00f3n, violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n, desconocimiento del precedente. <\/p>\n
2\u0002 Lo anterior, de acuerdo con el acta de reparto de este asunto constitucional, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 inicialmente al Juzgado Sexto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1, quien dict\u00f3 fallo desestimatorio el 11 de enero de 2022; y, producto de la impugnaci\u00f3n formulada por la inconforme, la Sala Penal del Tribunal Superior de esa localidad, con auto de 11 de febrero siguiente, decret\u00f3 la nulidad de todo lo actuado y orden\u00f3 remitir las diligencias a la hom\u00f3loga Civil del mismo tribunal. <\/p>\n
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STC3528-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC3528-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2022-00344-01 (Aprobado en Sala de veintitr\u00e9s de marzo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 3 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-62281","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62281","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62281"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62281\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62281"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62281"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62281"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}