STC3530-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3530-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2021-01350-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n que se formul\u00f3 frente al fallo proferido el 21 de septiembre de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Miguel Alfredo Ledesma Chavarro contra el Consejo Superior de la Judicatura. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su garant\u00eda al debido proceso, que dice vulnerada por la autoridad accionada, por lo que pidi\u00f3 que se le ordene que \u00abconforme la lista oficial de auxiliares de la justicia, en la modalidad de \u201cCurador Especial\u201d \u2026\u00bb. <\/p>\n
2. Como soporte de tales pretensiones, expres\u00f3 el promotor que, en su condici\u00f3n de Notario Primero del C\u00edrculo de Buga reclam\u00f3 a la accionada, en dos oportunidades, \u00abel env\u00edo\u2026 de la lista de curadores especiales conformada y la tarifa de honorarios para tales auxiliares de la justicia, y as\u00ed poder cumplir en debida forma el proceso o tr\u00e1mite notarial consagrado\u2026 especialmente [en] el art. 2.2.6.15.2.3.4 del Decreto 1664\/2015\u00bb, toda vez que \u00abpor falta de esa lista de curadores especiales y su tarifa de honorarios, en [esa] notar\u00eda no se ha podido cumplir a cabalidad el debido proceso para el tr\u00e1mite de lo que ordena aquella normativa\u00bb, pero que en \u00ab[a]mbas solicitudes fueron negadas\u2026\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
2. La Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura destac\u00f3 que \u00abacorde con la normatividad\u2026 se considera que el [accionante] puede proceder a designar un curador conforme a las facultades que la ley le otorga, raz\u00f3n por la cual ning\u00fan derecho fundamental puede haberle sido vulnerado\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 la protecci\u00f3n pedida, por cuanto el promotor \u00abcuenta con otro medio de defensa judicial cual es la presentaci\u00f3n de una acci\u00f3n de cumplimiento, la cual est\u00e1 prevista en el art\u00edculo 87 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y reglamentada en la Ley 393 de 1997\u2026\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El gestor reiter\u00f3 sus alegaciones iniciales, enfiladas a predicar que la autoridad enjuiciada ha incumplido con su obligaci\u00f3n legal de crear una \u00ablista de curador especial\u00bb. <\/p>\n
Adicion\u00f3 que \u00abel derecho fundamental que h[a] venido reclamando es el debido proceso, especialmente el notarial, y para que este derecho constitucional y fundamental pueda ser una realidad, se requiere del nombramiento de los curadores especiales de que tratan el Decreto 1664\/2015 y los arts. 169 y 170 del C\u00f3digo Civil\u00bb; y que \u00abuna de las formas de conculcar el debido proceso por la entidad accionada, es a trav\u00e9s de su omisi\u00f3n en hacer el tr\u00e1mite para la creaci\u00f3n de esas listas, camino omisivo por el que se impide que el tr\u00e1mite notarial de que trata la Subsecci\u00f3n 3 de ese Decreto 1664\/2015, se haga en debida forma por los notarios\u2026\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
2. Bajo esa \u00f3ptica y analizada la controversia suscitada, de los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias se anticipa la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que, tal y como lo expres\u00f3 el a quo constitucional, el actor cuenta con otro mecanismo de defensa para exponer las quejas que por esta v\u00eda contempla. <\/p>\n
Y es que, como lo consider\u00f3 el fallador de primer grado, lo que pregona el actor es que la autoridad accionada ha incumplido el deber legal que, seg\u00fan \u00e9l, le asiste de configurar la lista de auxiliares de la justicia de \u00abcurador especial\u00bb, luego se concluye la improcedencia del resguardo, comoquiera que para ventilar dicha situaci\u00f3n el actor ha tenido a su alcance la acci\u00f3n de cumplimiento de que trata la ley 393 de 19971, siendo ese el mecanismo id\u00f3neo para debatir tal asunto. <\/p>\n
En ese orden de ideas, se configura la causal de improcedencia establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, esto es, \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, al existir ese otro medio judicial para alegar las inconformidades planteadas en sede constitucional, no es posible acceder a las s\u00faplicas del quejoso, pues se desnaturalizar\u00eda esta especial\u00edsima acci\u00f3n, convirti\u00e9ndola en un instrumento paralelo al mecanismo regular de protecci\u00f3n, reiterando que la tutela no se erige como sustituta de las herramientas o procedimientos ordinarios creados por el legislador para debatir t\u00f3picos espec\u00edficos, cuando quiera que las partes interesadas en obtener una determinada decisi\u00f3n, teni\u00e9ndolos a su alcance, no los agotan, pues debido a su finalidad ius fundamental \u00abno est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos, subsanar falencias procesales en que haya podido incurrir el promotor de la acci\u00f3n, ni mucho menos para restablecer oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos\u00bb (CSJ STC, 8 abr. 2008, rad. 2008-00065-01; reiterada, entre otras, en CSJ STC, 4 jun. 2013, rad. 2013-00585-01; CSJ STC, 21 ago. 2013, rad. 2013-01258-01; y CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-01329-01). <\/p>\n
3. En este punto, cabe a\u00f1adir, que no verifica la Sala que est\u00e9 demostrada la vulneraci\u00f3n al derecho al debido proceso que invoc\u00f3 el tutelante, pues lo que se evidencia de los elementos de juicio recaudados, es que existe una controversia sobre la interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 2.2.6.15.2.3.4 del Decreto 1664 de 2015, pues el actor considera que de la redacci\u00f3n de dicho texto legal surge la obligaci\u00f3n del Consejo Superior de la Judicatura de conformar la lista de \u00abcuradores especiales\u00bb, mientras que dicho ente considera que no tiene tal deber, divergencia interpretativa que no compete resolverse a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela, sino que debe ser dilucidada, conforme qued\u00f3 dicho, mediante el ejercicio de la acci\u00f3n de cumplimiento. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Mem\u00f3rese que el art\u00edculo primero de dicha norma establece que \u00abToda persona podr\u00e1 acudir ante la autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o Actos Administrativos\u00bb. <\/p>\n
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