STC3534-2022<\/p>\n
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3534-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2021-02623-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 13 de enero de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida, mediante apoderada judicial, por Luis Hernando Murcia Rodr\u00edguez contra la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral No. 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Colegiatura, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados la Sala Laboral del Tribunal Superior y el Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito, ambos de esta ciudad, as\u00ed como los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclama la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales al debido proceso, defensa, igualdad, seguridad social y \u00ablegalidad\u00bb presuntamente vulneradas por la autoridad acusada. <\/p>\n
En consecuencia, solicita se disponga \u00abdejar sin efectos la sentencia SL 1937-2021, mediante la cual la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral No. 2 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, decidi\u00f3 no casar la sentencia emitida por el Tribunal\u2026\u00bb; y se ordene a la accionada \u00abemitir nueva decisi\u00f3n que defina el recurso de casaci\u00f3n formulado, teniendo en cuenta el precedente definido en la sentencia SL 3443 DE 2020, en punto a las reglas definidas para la interpretaci\u00f3n de las disposiciones convencionales de naturaleza pensional, aplicando en casos de similares contornos al aqu\u00ed expuesto como lo fue en la sentencia SL 3671 de 2021\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Luis Hernando Murcia Rodr\u00edguez promovi\u00f3 juicio ordinario laboral contra Banco de la Rep\u00fablica, con miras a que se le reconociera el derecho a la pensi\u00f3n convencional prevista en el art\u00edculo 18 de la Convenci\u00f3n Colectiva con vigencia 1997-1999, por haber cumplido m\u00e1s de 20 a\u00f1os de servicio con el banco, antes de la vigencia del acto legislativo 01 de 2005 y de la expiraci\u00f3n general de la habilitaci\u00f3n de los reg\u00edmenes pensionales convencionales, la que se le deb\u00eda pagar a partir del cumplimiento de los 55 a\u00f1os, siendo el monto de la prestaci\u00f3n equivalente al 100% del \u00faltimo salario por completar m\u00e1s de 30 a\u00f1os en labores, adem\u00e1s del retroactivo pensional, los intereses moratorios, la indexaci\u00f3n y las costas. <\/p>\n
2.2. El conocimiento del asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, el que el 26 de enero de 2017 dict\u00f3 sentencia en la que absolvi\u00f3 al demandado. Esta decisi\u00f3n fue apelada y confirmada el 18 de julio de 2017 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de esta ciudad. <\/p>\n
2.3. Tras ser recurrida en casaci\u00f3n la aludida providencia, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, el 10 de mayo de 2021 no la cas\u00f3. <\/p>\n
2.4. Indic\u00f3 el accionante que el 14 de noviembre de 1983 se vincul\u00f3 laboralmente al Banco de la Rep\u00fablica para prestar sus servicios; y que por la recopilaci\u00f3n de convenciones colectivas dispuesta en la Convenci\u00f3n 1997-1999 se dispuso el reconocimiento de una pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n para los servidores con 20 a\u00f1os de servicio y 55 a\u00f1os de edad. <\/p>\n
2.5. Se\u00f1al\u00f3 que para el 31 de julio de 2010, fecha en la que se pod\u00edan extender los beneficios del r\u00e9gimen de transici\u00f3n y los convencionales, contaba con m\u00e1s de 20 a\u00f1os de servicio; que el 26 de agosto de 2016 cumpli\u00f3 los 55 a\u00f1os de edad; que solicit\u00f3 el reconocimiento de su pensi\u00f3n ante el Banco demandado, pero le fue denegada, por lo que instaur\u00f3 el proceso criticado. <\/p>\n
2.6. Adujo que fund\u00f3 sus pretensiones en que la cl\u00e1usula convencional se pod\u00eda entender en el sentido de que solo bastaba el cumplimiento de 20 a\u00f1os de servicio para obtener la pensi\u00f3n, pues la edad y el retiro solo eran requisitos para la exigibilidad del derecho; y que si bien se hab\u00eda modificado el reglamento de 1985 en el 2003, all\u00ed se consign\u00f3 que no pod\u00eda haber desmejora de las garant\u00edas. <\/p>\n
2.7. Sostuvo que el Tribunal convocado consider\u00f3 que como cumpli\u00f3 los requisitos de edad y tiempo se servicios despu\u00e9s del 31 de julio de 2010, no ten\u00eda derecho a la pensi\u00f3n reclamada, posici\u00f3n acogida por la Sala de Casaci\u00f3n accionada; y que se concluy\u00f3 que la convenci\u00f3n colectiva no admit\u00eda otra interpretaci\u00f3n, por lo que dichos presupuestos deb\u00edan acreditarse de forma coet\u00e1nea. <\/p>\n
2.8. Refiri\u00f3 que una magistrada aclar\u00f3 voto, pues bajo su criterio si era posible aplicar el principio de favorabilidad; que la sentencia criticada era contraria al propio precedente horizontal, pues las normas convencionales de derechos pensionales deb\u00edan cumplirse teniendo en cuenta sus caracter\u00edsticas y finalidad; y que la edad era un requisito de exigibilidad. <\/p>\n
2.9. Asever\u00f3 que no contaba con otro mecanismo de defensa; que exist\u00eda un perjuicio irremediable; y que la inmediatez deb\u00eda ser verificada en cada caso concreto, encontr\u00e1ndose dentro del plazo razonable. <\/p>\n
2.10. Afirm\u00f3 que no efectu\u00f3 un an\u00e1lisis profundo sobre el art\u00edculo 18 de la Convenci\u00f3n Colectiva para aplicar los criterios de indubio pro operario o favorabilidad; que la Corporaci\u00f3n acusada se limit\u00f3 a establecer que los requisitos de tiempo de servicios y edad deb\u00edan acreditarse antes del 31 de julio de 2010, conforme con el Acto Legislativo 01 de 2005; y que se desconoc\u00eda la prelaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
2.11. Manifest\u00f3 que no era justificable la edad como requisito de causaci\u00f3n del derecho, pues la convenci\u00f3n preve\u00eda un sistema cuasi actuarial para su reconocimiento, el que no ten\u00eda en cuenta la esperanza de vida del pensionado, ni las tasas de inter\u00e9s del mercado; que la edad se pod\u00eda demostrar despu\u00e9s del retiro; y que se hizo una lectura gramatical. <\/p>\n
2.12. Se\u00f1al\u00f3 que la Sala Permanente en la sentencia SL3343 de 2020 concluy\u00f3 que las pensiones se generaban con el tiempo de servicio y que la edad era una condici\u00f3n de mera exigibilidad; y que se incurri\u00f3 en yerros al no tener en cuenta la favorabilidad y los precedentes jurisprudenciales. <\/p>\n
2.13. Agreg\u00f3 que se transgred\u00eda el derecho a la igualdad, en tanto que se interpretaba de forma dis\u00edmil las cl\u00e1usulas convencionales; que la Sala querellada ten\u00eda dos interpretaciones; y que se debi\u00f3 acudir a una interpretaci\u00f3n teol\u00f3gica de la norma. <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n Laboral No. 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Colegiatura indic\u00f3 que la decisi\u00f3n criticada acudi\u00f3 a los precedentes de la Sala Permanente, en especial a la providencia SL660-2021, que era un caso contra la misma entidad e iguales pretensiones, en el que se concluy\u00f3 que la cl\u00e1usula 18 cuestionada exig\u00eda que el tiempo de servicios y la edad deb\u00edan reunirse de forma concomitante; que al revisar el fallo citado por el gestor evidenciaba que nada ten\u00eda que ver con el tema controvertido en el proceso, pues all\u00ed no se debat\u00eda derecho pensional de estirpe convencional; que se sigui\u00f3 en estricto sentido la jurisprudencia consolidada; que no vulner\u00f3 derecho fundamental alguno, sino que advert\u00eda era la simple inconformidad con la decisi\u00f3n, acudiendo a esta acci\u00f3n como una instancia adicional. <\/p>\n
2. El Banco de la Rep\u00fablica se\u00f1al\u00f3 que suscribi\u00f3 una Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo en la que se estableci\u00f3 que los trabajadores que cumplieran 20 a\u00f1os de servicio en la entidad y 55 a\u00f1os de edad, en el caso de los hombres, tendr\u00edan derecho a disfrutar una pensi\u00f3n vitalicia, interpretaci\u00f3n que no puede ser distinta, teniendo en cuenta la redacci\u00f3n de la norma; que si bien exist\u00edan prestaciones en las que la edad era un requisito de exigibilidad, eran totalmente diferentes; que el texto del que pretend\u00eda amparar el accionante hab\u00eda sido estudiado, por lo que no se vulneraban derechos fundamentales con la decisi\u00f3n cuestionada; que no se configuraba el desconocimiento del precedente jurisprudencial y constitucional sobre la materia, pues en casos id\u00e9nticos la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema hab\u00eda concluido que la edad era un requisito de causaci\u00f3n del derecho y no de mera exigibilidad, as\u00ed como la Corte Constitucional hab\u00eda precisado que no se contaba con un derecho adquirido ni una expectiva leg\u00edtima; que no se prob\u00f3 un perjuicio irremediable; que no se configuraron las causales de procedibilidad; y que la sentencia emitida se encontraba ajustada a derecho, por lo que se opon\u00eda a las pretensiones de la presente acci\u00f3n excepcional. <\/p>\n
3. El Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 refiri\u00f3 que contra ese despacho no se dirig\u00eda pretension alguna; y que no hab\u00eda transgredido ninguna prerrogativa esencial. <\/p>\n
4. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el amparo al considerar que la decisi\u00f3n criticada era razonable, pues fund\u00f3 su postura en una ponderaci\u00f3n jur\u00eddica y probatoria; que se dio cabal respuesta a los cuestionamientos planteados por el casacionista; que el gestor pretend\u00eda reabrir un debate finiquitado dentro del diligenciamiento y por las autoridades judiciales competentes; que los razonamientos de la accionada no pod\u00edan controvertirse en el marco de la tutela, pues no eran arbitrarios o caprichosos; que no se incurri\u00f3 en desconocimiento del precedente judicial, en tanto que la Sala acusada trajo a colaci\u00f3n argumentos esbozados por la Sala de Casaci\u00f3n Permanente, en distintas decisiones, en las que se analiz\u00f3 la tem\u00e1tica planteada por el actor y se determin\u00f3 que para acceder a la pensi\u00f3n de origen convencional era necesario cumplir los presupuestos de tiempo de servicios y edad; que el precedente que se ped\u00eda aplicar no ten\u00eda que ver con el reconocimiento de un derecho pensional derivado de una convenci\u00f3n colectiva ni la ratio decidendi de dicha decisi\u00f3n se enmarcaba en los patrones f\u00e1cticos que dieron origen a la controversia suscitada por el actor; y que no se configuraba ninguna de las causales espec\u00edficas de procedibilidad de la tutela. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 la referida decisi\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en su escrito inicial y aduciendo que cumpl\u00eda con los requisitos de procedibilidad del resguardo; que se desconoc\u00eda que la Corporaci\u00f3n acusada en otros escenarios hab\u00eda otorgado la pensi\u00f3n; que los principios de favorabilidad e igualdad no eran herramientas hermen\u00e9uticas sino obligatorias; que exist\u00edan distintos precedentes, que aunque se refirieran a otra norma convencional, dejaban claro que la edad era un presupuesto de exigibilidad; que otras convenciones eran id\u00e9nticas y se aplic\u00f3 la favorabilidad; y que se desconoci\u00f3 el propio precedente. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que la sentencia definitoria del asunto criticado no luce arbitraria, pues consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026El art\u00edculo 18 de la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo 1997-1999\u2026, contentivo del derecho pretendido, consagra: ART\u00cdCULO 18- Los trabajadores que se retiren a partir del trece (13) de diciembre de mil novecientos setenta y tres (1973), a disfrutar de la pensi\u00f3n jubilatoria con los requisitos legales de tiempo m\u00ednimo de servicio de veinte (20) a\u00f1os y de edad m\u00ednima de cincuenta y cinco (55) a\u00f1os si son varones, y de cincuenta (50) a\u00f1os si son mujeres, tendr\u00e1n derecho a la liquidaci\u00f3n, seg\u00fan la siguiente tabla\u2026 <\/p>\n
Esta Sala ha establecido que, trat\u00e1ndose de acuerdos de orden colectivo, ellos deben ser tratados de igual forma que cualquier otra disposici\u00f3n laboral, pues son fuente de derecho, por lo que su intelecci\u00f3n debe erigirse a partir de los principios \u00ab[\u2026] de favorabilidad ante varios criterios razonables, interpretaci\u00f3n conforme a la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y, por su naturaleza de norma voluntaria, contractual y autorreguladora, el esp\u00edritu de las disposiciones y la intenci\u00f3n y expectativas de los contratantes[\u2026]\u00bb (CSJ SL351-2018, CSJ SL5052-2018 y SL4105-2020). <\/p>\n
En armon\u00eda con lo anterior, la Corporaci\u00f3n tambi\u00e9n ha predicado que las interpretaciones que el sentenciador haga de las disposiciones convencionales, como prueba del proceso que son, deben ser respetadas siempre que hayan sido orientadas con las reglas cient\u00edficas de valoraci\u00f3n probatoria, la sana cr\u00edtica o no constituyan un dislate capaz de configurar un error de hecho evidente. Tal criterio se puede avizorar de lo plasmado en la sentencia CSJ SL 3781-2019, cuando dice\u2026 <\/p>\n
En reciente pronunciamiento CSJ SL660-2021, esta Sala puntualiz\u00f3 el criterio interpretativo sobre esta misma norma convencional, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
\u201cDel texto transcrito se tiene que los trabajadores del Banco de la Rep\u00fablica que se retiren con posterioridad a la fecha se\u00f1alada, con el anhelo de disfrutar de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n con los \u00abrequisitos legales\u00bb de \u00abm\u00ednimo\u00bb 20 a\u00f1os de servicio y la edad \u00abm\u00ednima\u00bb de 50 a\u00f1os de edad si son mujeres o 55 a\u00f1os de edad si son hombres, tienen derecho a que su prestaci\u00f3n se liquide de acuerdo a las tasas de remplazo que all\u00ed se incorporan, porcentajes que se incrementan \u00fanicamente en raz\u00f3n al tiempo laborado. <\/p>\n
\u201cRefulge de la norma convencional trascrita, sin lugar a duda, la necesidad de confluir tanto tiempo de servicios y edad para que el trabajador sea acreedor de la pensi\u00f3n convencional, pues, al hacer la norma referencia a contarse con el acatamiento de los \u00abrequisitos legales\u00bb es obvio que se trata de la reuni\u00f3n de la edad con el tiempo de servicios. Resulta de tanta trascendencia el cumplimiento de la edad para causar la pensi\u00f3n que, el tiempo de servicios, conforme a la tabla anexa, luego de satisfacerse su requerimiento m\u00ednimo, viene a ser un factor de incremento de la tasa de reemplazo a ser tenida en cuenta en la liquidaci\u00f3n del derecho. <\/p>\n
\u201cLa Sala pone a guisa de ejemplo la siguiente situaci\u00f3n: el trabajador hombre tiene 20 a\u00f1os de servicio y 50 a\u00f1os de edad, a\u00fan no tiene derecho a pensi\u00f3n, cinco a\u00f1os despu\u00e9s, con 25 a\u00f1os de servicio y 55 a\u00f1os de edad tiene derecho a pensi\u00f3n con una tasa de reemplazo del 85%, entre tanto, si se tratara de una mujer, en el primer evento causar\u00eda el derecho a la pensi\u00f3n con una tasa de reemplazo de 75%, quien de continuar laborando y cinco a\u00f1os despu\u00e9s anunciara su retiro para hacer uso de su derecho pensional, este se liquidar\u00eda ya no con una tasa del 85%, sino, con un plus otorgado en el art\u00edculo 20 ibidem. El anterior ejemplo muestra claramente, en la norma sub-examine, como la concurrencia de los requisitos m\u00ednimos (edad y tiempo de servicios), seg\u00fan el g\u00e9nero, bastar\u00e1n para causar el derecho, entre tanto, el incremento del tiempo de servicios sobre el m\u00ednimo requerido, servir\u00e1 para incrementar el monto de la pensi\u00f3n. <\/p>\n
\u201cEn efecto, en el marco de las distintas formas de relacionamiento en el \u00e1mbito del trabajo, es un hecho usual que las pensiones se ofrezcan a los trabajadores como una compensaci\u00f3n a la prestaci\u00f3n de los servicios personales en favor de un empleador, de suerte que, adem\u00e1s de indemnizar el deterioro laboral, tambi\u00e9n funcionan como premio a la fidelidad con aquel, por tanto, resulta acorde y coherente, luego de plantarse unos requisitos m\u00ednimos, que entre m\u00e1s tiempo preste servicios el trabajador m\u00e1s alto pueda ser el monto de su pensi\u00f3n y, as\u00ed el empleador, genere un incentivo adicional para poder contar un mayor tiempo con ese trabajador. <\/p>\n
\u201cDe ah\u00ed que el entendimiento realista y coherente de la cl\u00e1usula, acorde con su finalidad inteligible, determinable y asimilada a una perspectiva legal, es aquel seg\u00fan el cual los requisitos de causaci\u00f3n del derecho los son, concurrentemente, el tiempo de servicios y la edad, asimilados, se itera, a su m\u00ednima regulaci\u00f3n legal. <\/p>\n
\u201cEsa conclusi\u00f3n seg\u00fan la cual los requisitos de causaci\u00f3n del derecho los son, concurrentemente, el tiempo de servicios y la edad, se ve reforzada con el hecho de que los art\u00edculos subsiguientes del instrumento colectivo, consagran otras formas de reconocimiento de la prestaci\u00f3n, donde en raz\u00f3n a un mayor tiempo de servicios, con relaci\u00f3n al m\u00ednimo legal aludido en el primer precepto, para que se pueda acceder a la prestaci\u00f3n \u00absin consideraci\u00f3n a la edad\u00bb, as\u00ed\u2026 <\/p>\n
\u201cLo anterior sirve para diferenciar que el instrumento colectivo consagra dos formas de reconocimiento de derechos pensionales; i) una forma con consideraci\u00f3n a la edad como factor concurrente al tiempo de servicios para su causaci\u00f3n y, ii) otra forma, que en raz\u00f3n de un mayor tiempo de servicios -con relaci\u00f3n al m\u00ednimo- se causa sin consideraci\u00f3n a edad alguna. <\/p>\n
\u201cSi bien es cierto que esta Sala ha expuesto que las reglas gramaticales y del lenguaje, por s\u00ed solas, no siempre le permiten al juez encontrar el verdadero sentido de una cl\u00e1usula convencional, tambi\u00e9n es cierto, que al desentra\u00f1ar la redacci\u00f3n y estipulaci\u00f3n de cada disposici\u00f3n normativa no se compromete con ello un uso arbitrario del lenguaje, sino, procurar situarse lo m\u00e1s cercanamente a la voluntad e inter\u00e9s de los contratantes. Aqu\u00ed no se trata de auscultar una interpretaci\u00f3n que restrinja el alcance de la disposici\u00f3n examinada sino el desarrollo franco de la obligaci\u00f3n de interpretarla bajo los par\u00e1metros de la hermen\u00e9utica jur\u00eddica laboral, sin pretender darle un sentido subrepticio so pretexto de entra\u00f1ar diversas interpretaciones a efectos de entregar a la misma un alcance distinto del que sencillamente se deduce del texto de la pluricitada disposici\u00f3n. <\/p>\n
\u201cEn suma, bajo el principio de favorabilidad se\u00f1alado por el recurrente, no podr\u00eda accederse al reconocimiento pensional deprecado, pues para el sub judice la edad no constituye un requisito de exigibilidad sino de causaci\u00f3n, p\u00faes dada su relaci\u00f3n sim\u00e9trica con el tiempo de servicios, que se haya prestado a la empresa un m\u00ednimo de veinte (20) a\u00f1os y de edad m\u00ednima de cincuenta y cinco (55) a\u00f1os si son varones, y de cincuenta (50) a\u00f1os si son mujeres, ambas condiciones vienen a constituirse en elementos necesarios, en sus adecuadas proporciones y equilibrios correspondientes a fin de consolidar el derecho pensional. <\/p>\n
\u201cPor \u00faltimo, si bien es cierto la argumentaci\u00f3n vertida en la sentencia confutada respecto de la aplicaci\u00f3n del Acto Legislativo 01 de 2005, bien podr\u00eda constituir un pilar fundamental de la decisi\u00f3n, ello lo fue con car\u00e1cter eminentemente consecuencial a la interpretaci\u00f3n de la cl\u00e1usula convencional, debi\u00e9ndose destacar que incluso la misma censura se abstuvo de se\u00f1alarla como norma infringida dejando, desde luego, inc\u00f3lumes esos argumentos, por lo tanto, la Sala se encuentra relevada de referirse a sus efectos. <\/p>\n
En los t\u00e9rminos de la providencia que se transcribe, el cual se acoge, en acatamiento a lo dispuesto en la Ley 1781 de 2016, que ordena seguir el precedente de la Sala Permanente, el que se produjo recientemente en proceso contra la misma demandada, el cargo resulta infundado. <\/p>\n
Y respecto del otro cargo, puntualiz\u00f3: <\/p>\n
Solicita la demanda el reconocimiento de la pensi\u00f3n establecida en el reglamento interno de trabajo de 1985, que prev\u00e9 tal derecho a los trabajadores que lleguen o hayan llegado 55 a\u00f1os los hombres o 50 las mujeres, despu\u00e9s de un tiempo de labores de 20 a\u00f1os. Al igual que en el cargo anterior, aduce que la edad para acceder a la prestaci\u00f3n es solo para la exigibilidad y no para la causaci\u00f3n, pues el \u00fanico necesario para la configuraci\u00f3n del derecho es completar un per\u00edodo de trabajo de dos d\u00e9cadas, luego, para el disfrute debe alcanzar la edad m\u00ednima y retirarse del servicio. <\/p>\n
El Tribunal sustent\u00f3 su negativa en que la norma de 1985 ya no exist\u00eda, habida cuenta la expedici\u00f3n de un nuevo reglamento en el 2003 el cual qued\u00f3 ejecutoriado mediante Resoluci\u00f3n n.\u00b0 03228 del 24 de noviembre de 2003\u2026, que este pod\u00eda ser elaborado por el empleador sin intervenci\u00f3n ajena, salvo que se hubiere dispuesto cosa distinta en el pacto, convenci\u00f3n, fallo arbitral o acuerdo con sus trabajadores, lo que no se acredit\u00f3; que, adem\u00e1s, la desmejora de las condiciones del trabajador se impon\u00eda en comparaci\u00f3n con las leyes, contratos individuales, pactos, convenciones colectivas, arbitrales, pero no en el reglamento. <\/p>\n
De igual forma, consider\u00f3 que no pod\u00eda otorgar la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n extralegal, porque a los 55 a\u00f1os lleg\u00f3 con posterioridad al 31 de julio de 2010 y el reglamento de 2003, exig\u00eda la misma edad establecida en el r\u00e9gimen de pensiones, es decir 62 a\u00f1os, a la cual no ha llegado el demandante. <\/p>\n
La presente acusaci\u00f3n pretende el quiebre de la segunda sentencia, repitiendo los argumentos de las instancias, pues reitera que el precepto reglamentario del 2003 no es eficaz en la medida que plantea desmejoras a las condiciones de trabajo de los empleados del banco y reitera que la edad es condici\u00f3n de exigibilidad y no de causaci\u00f3n; que por tal raz\u00f3n deb\u00eda acudirse al reglamento de trabajo de 1985 y ordenar la prestaci\u00f3n a partir del retiro del servicio, como quiera que sobrepas\u00f3 los 20 a\u00f1os de labor y los 55 de edad. <\/p>\n
Tambi\u00e9n este escenario de la disputa fue analizado en la sentencia CSJ SL660-2021, as\u00ed… <\/p>\n
De ah\u00ed que, se declarar\u00e1 infundada la acusaci\u00f3n\u2026 <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, esta Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta o no, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que plante\u00f3 el tutelante es una diferencia de criterio frente a la valoraci\u00f3n efectuada en la determinaci\u00f3n con la que no se cas\u00f3 la sentencia de segundo grado, en cuyo caso tal labor no puede ser desaprobada de plano o calificada de absurda o arbitraria, \u00abm\u00e1xime si la [interpretaci\u00f3n] que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4. Corolario de lo discurrido en precedencia, se advierte que la procedencia de la tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el asunto presente, a pesar de que pudiera eventualmente esta Sala o cualquier observador discrepar de lo sostenido por el \u00f3rgano de cierre de la justicia laboral pero que no por ello merecen necesariamente ser pasibles de la acci\u00f3n de tutela. Por lo tanto, se impone mantener el fallo refutado, advirtiendo que para la Sala es procedente el respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo, comp\u00e1rtase o no lo decidido por el juez natural. <\/p>\n
5. Se impone, entonces, confirmar el fallo objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC3534-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC3534-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2021-02623-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de marzo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 13 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-62286","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62286","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62286"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62286\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62286"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62286"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62286"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}