STC3536-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3536-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2022-00193-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 10 de febrero de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jorge Tadeo Hern\u00e1ndez D\u00edaz contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esta ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus prerrogativas fundamentales al debido acceso a la administraci\u00f3n de justicia, igualdad y vivienda digna, que dice vulneradas por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
En consecuencia, solicita \u00abdejar sin efecto los autos del 2 de junio de 2021 y del 11 de agosto de 2021\u2026\u00bb; y que se ordene al estrado acusado \u00abproferir una nueva providencia en l[a] que se tenga en cuenta las consideraciones del fallo de tutela\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Bancaf\u00e9 Internacional promovi\u00f3 proceso hipotecario contra Jorge Tadeo Hern\u00e1ndez D\u00edaz y Gabriela Restrepo Sarmiento, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1, el que en auto de 8 de septiembre de 2020 dispuso seguir adelante la ejecuci\u00f3n. Posteriormente, en junio de 2013, se radic\u00f3 la cesi\u00f3n entre Davivienda y Macla Schmidt & C\u00eda. S en C, la que fue aceptada el 29 de septiembre de 2014, decisi\u00f3n censurada, pero confirmada por el ad-quem el 25 de junio de 2015. <\/p>\n
2.2. Jorge Tadeo Hern\u00e1ndez D\u00edaz solicit\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso por pago total de la obligaci\u00f3n, petici\u00f3n que fue desestimada el 2 de junio de 2021, siendo recurrida la misma, pero que se mantuvo en auto de 11 de agosto siguiente, deneg\u00e1ndose la alzada. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 el gestor que el 4 de abril de 1997 celebr\u00f3 junto con Gabriela Sarmiento Restrepo un contrato de mutuo con Bancaf\u00e9 Internacional para financiar la adquisici\u00f3n de vivienda, constituy\u00e9ndose en marzo de 1998 la hipoteca; y que ante el incumplimiento de los pagos se inici\u00f3 el proceso criticado, en donde se dispuso el remate del bien. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que en abril de 2020 Bancaf\u00e9 cedi\u00f3 el cr\u00e9dito a CISA, el que a su vez hizo lo propio con Systemgroup, \u00faltimo que realiz\u00f3 las gestiones de cobro, logrando el pago de la obligaci\u00f3n y expidiendo el respectivo paz y salvo el 20 de enero de 2021. <\/p>\n
2.5. Adujo que el 24 de mayo de 2021 solicit\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso por pago total de la obligaci\u00f3n, empero, el 2 de junio siguiente el estrado acusado deneg\u00f3 la misma por no reunir los requisitos del art\u00edculo 461 del C\u00f3digo General del Proceso, decisi\u00f3n que recurri\u00f3, pero que se mantuvo. <\/p>\n
2.6. Sostuvo que el proceso se encontraba vigente; que no se hab\u00eda fijado fecha de remate; que pretend\u00eda evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio irremediable con la subasta de su bien; y que se desconocieron los presupuestos normativos y f\u00e1cticos del C\u00f3digo General del Proceso para la terminaci\u00f3n del juicio, en tanto que se encontraba a paz y salvo con la obligaci\u00f3n. <\/p>\n
2.7. Asever\u00f3 que no hubo congruencia con la cesi\u00f3n efectuada por Bancaf\u00e9 a CISA; que la firmeza del auto que reconoci\u00f3 como cesionaria Macla Schmidt & C\u00eda. S. en C. no significaba que dicha sociedad hubiere cumplido con el requisito de notificaci\u00f3n de los demandados, quienes tampoco aceptaron la cesi\u00f3n, incurri\u00e9ndose as\u00ed en un defecto sustantivo. <\/p>\n
2.8. Agreg\u00f3 que los documentos aportados de las cesiones constitu\u00edan plena prueba; que el fallador emiti\u00f3 una decisi\u00f3n caprichosa; y que se configur\u00f3 un defecto f\u00e1ctico extremo. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 indic\u00f3 que conoc\u00eda del juicio criticado; que en el proceso se presentaron diversas vicisitudes en torno a las cesiones del cr\u00e9dito ejecutado, las que fueron resueltas en auto de 29 de septiembre de 2014, confirmado por el ad-quem el 25 de junio de 2015, en donde se estableci\u00f3 que el actual cesionario del cr\u00e9dito y demandante era la sociedad Macla Schmid & C\u00eda. S. en C.; que el ejecutado hab\u00eda pretendido en diferentes oportunidades la terminaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n, pidiendo la aplicaci\u00f3n de distintos fen\u00f3menos; que el gestor deprec\u00f3 la culminaci\u00f3n del tr\u00e1mite con base en un paz y salvo emitido por una entidad que no era la acreedora, por lo que fue desestimada su solicitud al no encontrarse el sustento suficiente conforme con el art\u00edculo 461 del C\u00f3digo General del Proceso; que posteriormente pidi\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso por la extinci\u00f3n de la hipoteca, lo que tambi\u00e9n le fue resuelto desfavorablemente en auto de 4 de noviembre de 2021, decisi\u00f3n que recurrida se mantuvo; que hab\u00eda actuado conforme los fundamentos legales y reglamentarios aplicables; y que remit\u00eda copia de toda la actuaci\u00f3n procesal. <\/p>\n
2. Central de Inversiones S.A. refiri\u00f3 que adquiri\u00f3 la obligaci\u00f3n de buena fe por compra realizada a Granbanco \u2013 Bancaf\u00e9; que cedi\u00f3 la misma en mayo de 2006 a Sistemcobro; que no le constaban muchos los hechos narrados; que exist\u00eda falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, pues no era la llamada a responder por los perjuicios alegados por el accionante ni conculc\u00f3 prerrogativa esencial alguna; y que ped\u00eda su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite excepcional. <\/p>\n
4. Pablo Enrique Zamora Rojas, quien dice actuar en su condici\u00f3n de apoderado de Maclai SAS en liquidaci\u00f3n, antes Macla Schmitd & CIA S. en C., alleg\u00f3 memorial, el cual no es tenido en cuenta por la Sala por no aportar el poder especial que lo habilite para representar a dicha vinculada. <\/p>\n
5. Banco Davivienda SA adujo que ninguna actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n suya hab\u00eda violado los derechos fundamentales del gestor; que a la fecha el accionante no reportaba la existencia de cr\u00e9dito alguno; que desde el 27 de octubre de 2020 la obligaci\u00f3n fue objeto de una cesi\u00f3n de cr\u00e9ditos, por lo que no era la legitimada para atender las pretensiones del solicitante; que la controversia era netamente econ\u00f3mica; que no acredit\u00f3 la existencia de un perjuicio irremediable; que no hab\u00eda legitimaci\u00f3n pasiva; y que ped\u00eda su desvinculaci\u00f3n. <\/p>\n
6. Conforme a los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que no se transgredi\u00f3 el derecho fundamental invocado, pues con la petici\u00f3n de terminaci\u00f3n del proceso por pago total de la obligaci\u00f3n se aport\u00f3 un paz y salvo expedido por Systemgroup, entidad que no era la acreedora y demandante; que el gestor desconoci\u00f3 que el 13 de junio de 2013 se radic\u00f3 contrato de cesi\u00f3n entre Davivienda Internacional y Macla Schmidt & C\u00eda., siendo aceptada el 15 de julio de 2013, decisi\u00f3n que controvertida fue confirmada el 25 de junio de 2015, quedando en firme; que la determinaci\u00f3n criticada se adopt\u00f3 en estricto cumplimiento de la norma, pues el art\u00edculo 461 del C\u00f3digo General del Proceso establec\u00eda que si se presentaba escrito proveniente del ejecutante o del apoderado facultado que acreditara el pago de la obligaci\u00f3n, se declarar\u00eda terminado el proceso, sin embargo, al no ser Systemgroup la entidad acreedora no era posible acceder a dicha petici\u00f3n; que la providencia cuestionada se encontraba debidamente motivada, no era arbitraria y no se avizoraba un desconocimiento de la ley; y que el prove\u00eddo de 11 de agosto de 2021 con el que se mantuvo la mencionada decisi\u00f3n y se neg\u00f3 la alzada impetrada se emiti\u00f3 conforme a derecho. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en su escrito inicial y aduciendo que el Tribunal Constitucional se soport\u00f3 en un an\u00e1lisis superficial, sin razonamiento l\u00f3gico y sin el cumplimiento del principio de congruencia; que no se aplicaron los postulados de la cesi\u00f3n del cr\u00e9dito; que no se valoraron las pruebas que soportaban la cesi\u00f3n efectuada; que Bancaf\u00e9, hoy Davivienda, fue el que ejerci\u00f3 la cesi\u00f3n de la obligaci\u00f3n; que se pretend\u00eda invalidar de forma caprichosa, arbitraria e ilegal el contrato suscrito; y que las providencias criticadas eran resultado de criterios subjetivos, caprichosos y alejados del ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
\u2026Analizados los argumentos que edifican la censura, advierte el Despacho, desde ya, que el recurso aqu\u00ed planteado no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, por las razones que a continuaci\u00f3n se exponen. <\/p>\n
En primera medida, el censor debe tener en cuenta que en reiteradas oportunidades esta judicatura se ha pronunciado frente a la firmeza del auto del 29 de septiembre de 2014, el cual, reconoci\u00f3 como cesionario y actual acreedor a la sociedad Macla Shmidt & C\u00eda S en C., de manera que los documentos provenientes de otras entidades distintas no cuentan con la virtualidad de extinguir la obligaci\u00f3n que aqu\u00ed se ejecuta. Sumado a que, ya no es este el momento procesal para exponer sus reproches. <\/p>\n
Ahora bien, frente a la solicitud de terminaci\u00f3n por pago total de la obligaci\u00f3n, vale la pena aclarar que el art\u00edculo 461 del estatuto procedimental general, establece los eventos espec\u00edficos en los que el juez podr\u00e1 tomar la determinaci\u00f3n de finalizar el litigio por esa causa, a saber: <\/p>\n
\u201cSi antes de iniciada la audiencia de remate, se presentare escrito proveniente del ejecutante o de su apoderado con facultad para recibir, que acredite el pago de la obligaci\u00f3n demandada y las costas, el juez declarar\u00e1 terminado el proceso y dispondr\u00e1 la cancelaci\u00f3n de los embargos y secuestros, si no estuviere embargado el remanente. Si existieren liquidaciones en firme del cr\u00e9dito y de las costas, y el ejecutado presenta la liquidaci\u00f3n adicional a que hubiere lugar, acompa\u00f1ada del t\u00edtulo de consignaci\u00f3n de dichos valores a \u00f3rdenes del juzgado, el juez declarar\u00e1 terminado el proceso una vez sea aprobada aquella, y dispondr\u00e1 la cancelaci\u00f3n de los embargos y secuestros, si no estuviere embargado el remanente. Cuando se trate de ejecuciones por sumas de dinero, y no existan liquidaciones del cr\u00e9dito y de las costas, podr\u00e1 el ejecutado presentarlas con el objeto de pagar su importe, acompa\u00f1adas del t\u00edtulo de su consignaci\u00f3n a \u00f3rdenes del juzgado, con especificaci\u00f3n de la tasa de inter\u00e9s o de cambio, seg\u00fan el caso. Sin que se suspenda el tr\u00e1mite del proceso, se dar\u00e1 traslado de ella al ejecutante por tres (3) d\u00edas como dispone el art\u00edculo 110; objetada o no, el juez la aprobar\u00e1 cuando la encuentre ajustada a la ley. (\u2026)\u201d <\/p>\n
En este orden de ideas, el proceso terminar\u00e1 por pago total de la obligaci\u00f3n en tres espec\u00edficos eventos, i) si antes de iniciada la audiencia de remate, el ejecutante o de su apoderado con facultad para recibir, presenta escrito que acredite el pago de la obligaci\u00f3n demandada y las costas; ii) si existen liquidaciones en firme del cr\u00e9dito y de las costas, y el ejecutado presenta la liquidaci\u00f3n adicional a que hubiere lugar, acompa\u00f1ada del t\u00edtulo de consignaci\u00f3n de dichos valores a \u00f3rdenes del juzgado; y iii) no existan liquidaciones del cr\u00e9dito y de las costas, podr\u00e1 el ejecutado presentarlas con el objeto de pagar su importe, acompa\u00f1adas del t\u00edtulo de su consignaci\u00f3n a \u00f3rdenes del juzgado. <\/p>\n
N\u00f3tese entonces que los pedimentos elevados por la parte pasiva no se ajustan a ninguno de los presupuestos establecidos para la terminaci\u00f3n del proceso por esa v\u00eda, luego no puede en esta oportunidad acoger las solicitudes del censor. <\/p>\n
Al amparo de las anteriores reflexiones, queda evidenciado que, al no haberse aportado documental proveniente del acreedor en la que conste el pago de la obligaci\u00f3n y como quiera que la solicitud de terminaci\u00f3n por pago total, en definitiva, no se ajusta a lo reglado en el art\u00edculo 461 del C.G.P., la solicitud del inconforme necesariamente deb\u00eda ser denegada, tal como se hizo. Por lo anterior, no encuentra el Despacho raz\u00f3n legalmente v\u00e1lida para acceder a las peticiones del inconforme, motivo por el cual, el Despacho mantiene la decisi\u00f3n adoptada en el auto objeto de censura, y por tanto permanecer\u00e1 inc\u00f3lume esa providencia. <\/p>\n
Finalmente, en cuanto al recurso de apelaci\u00f3n subsidiariamente interpuesto, tenga en cuenta el recurrente que la decisi\u00f3n en censura no es de aquellas susceptibles de alzada de conformidad con el art\u00edculo 321 del C\u00f3digo General del Proceso, ni norma expresa, por lo que la concesi\u00f3n del recurso ser\u00e1 denegada. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el tutelante es una diferencia de criterio acerca de la valoraci\u00f3n efectuada en la providencia con la que se desestim\u00f3 la solicitud de terminaci\u00f3n del proceso; en cuyo caso tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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