STC3537-2022<\/p>\n
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3537-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05000-22-13-000-2022-00010-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se deciden las impugnaciones incoadas por Libardo An\u00edbal Rodr\u00edguez P\u00e9rez y Johanny Andr\u00e9s Parra Rivera frente al fallo proferido el 1\u00ba de febrero de 2022 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por el primero de los nombrados contra la Superintendencia de Sociedades, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas al debido proceso y \u00abpropiedad privada\u00bb, presuntamente conculcadas por la autoridad encausada al resolver, en su disfavor, el incidente de ineficacia adelantado en la actuaci\u00f3n fustigada. <\/p>\n
Pidi\u00f3, entonces, ordenar a la acusada dejar \u00absin efectos la decisi\u00f3n adoptada en la Audiencia del\u2026 7 de Diciembre de 2021\u00bb, con el fin de que \u00abla ineficacia no [lo] afecte\u2026 [como] tercero adquirente de buena fe exenta de culpa\u00bb. <\/p>\n
2. Los hechos relevantes para la definici\u00f3n de esta causa son los que as\u00ed se sintetizan: <\/p>\n
2.1. Encontr\u00e1ndose intervenido por captaci\u00f3n ilegal, el 22 de mayo de 2020 Johanny Andr\u00e9s Parra Rivera vendi\u00f3 a su esposa, Paola Andrea Galeano Ospina, el predio identificado con matr\u00edcula Nro. 018-81271 (terreno de 1300 metros cuadrados de longitud, ubicado en la vereda Las Cuevas del municipio de El Pe\u00f1ol – Antioquia); luego, \u00e9sta, representada por aqu\u00e9l, lo transfiri\u00f3 al aqu\u00ed accionante, a trav\u00e9s de escritura p\u00fablica del 12 de marzo de 2021, la que la respectiva oficina de instrumentos p\u00fablicos inscribi\u00f3 el d\u00eda 23 siguiente en el folio inmobiliario correspondiente. <\/p>\n
2.3. El 30 de noviembre de 2021 la Superintendencia accionada resolvi\u00f3 el incidente de ineficacia, rest\u00f3 efectos al contrato celebrado entre Johanny Andr\u00e9s y Paola Andrea, y extendi\u00f3 los efectos de su decisi\u00f3n a la compraventa ajustada entre \u00e9sta y el quejoso. Determinaci\u00f3n que mantuvo el 7 de diciembre siguiente. <\/p>\n
2.4. Por v\u00eda de tutela el gestor adujo que, pasando por alto lo establecido en la sentencia C-145\/09 de la Corte Constitucional, en cuanto a la exequibilidad condicionada del numeral 15 del canon 9 del Decreto 4334 de 2008, la autoridad acusada, adem\u00e1s de no atender la solicitud probatoria que plante\u00f3 a trav\u00e9s de su apoderado judicial, al tenerla erradamente por tard\u00eda, a pesar de que nunca le reconoci\u00f3 personer\u00eda adjetiva a \u00e9ste, como correspond\u00eda; apreci\u00f3 indebidamente los medios suasorios recolectados, de los que se derivaba su claro proceder como tercero de buena fe, la cual se presume, suficiente para mantener todos los efectos de su adquisici\u00f3n, m\u00e1xime cuando efectu\u00f3 mejoras sobre el predio. <\/p>\n
Enfatiz\u00f3 que cuando compr\u00f3 el inmueble el mismo no ten\u00eda registro alguno de prohibici\u00f3n de enajenaci\u00f3n y que parte del precio lo pag\u00f3 mediante el giro de cheques a favor de Diego Restrepo, con anuencia de Johanny Andr\u00e9s Parra Rivera, apoderado de la vendedora Paola Andrea Galeano Ospina. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Superintendencia de Sociedades deprec\u00f3 \u00ab[d]eclarar la falta de competencia del Tribunal Superior de Antioquia\u2026, pues el juez competente para revisar las acciones de tutela instauradas en contra de una autoridad administrativa en ejercicio de facultades jurisdiccionales es el superior del juez que reemplaza, autoridad que para este caso es la Sala Civil del Tribunal Superior\u2026 de Bogot\u00e1\u00bb. <\/p>\n
Subsidiariamente pidi\u00f3 declarar la improcedencia del ruego por insatisfacer los requisitos generales para su buen suceso, comoquiera que \u00abno hay relevancia constitucional en el asunto discutido, pues no hay derechos fundamentales afectados ni amenazados, en tanto que lo que se puede advertir\u2026 es que se han respetado todas las garant\u00edas constitucionales y se ha actuado en el marco del Decreto Ley 4334 de 2008 y dem\u00e1s normas concordantes\u00bb; y en todo caso, \u00abno existe violaci\u00f3n de la ley sustancial ni procedimental de la providencia que orden\u00f3 la cancelaci\u00f3n de la escritura p\u00fablica\u2026 mediante la cual Paola Galeano vendi\u00f3 el bien\u2026 al se\u00f1or Libardo An\u00edbal Rodr\u00edguez P\u00e9rez; como consecuencia del reconocimiento de los presupuestos de ineficacia del acto de venta contenido [en] la escritura 695 de 22 de mayo de 2020, por tratarse de un acto jur\u00eddico ineficaz, por cuanto la providencia proferida por [ese] Despacho es consecuente con los efectos previstos para el cumplimiento del objeto de los procesos de intervenci\u00f3n, adicionalmente, goza de total validez desde el punto de vista procesal y sustancial\u00bb. <\/p>\n
2. Adriana Mar\u00eda Mej\u00eda Ramos, quien dijo ser la esposa del accionante, insisti\u00f3 en la deficiente valoraci\u00f3n probatoria denunciada en la demanda de amparo y enfatiz\u00f3 que la juzgadora acusada, al valorar los documentos con los que se quiso acreditar el pago del precio, erradamente sum\u00f3 dos veces la suma de $50.000.000, lo que la llev\u00f3 a considerar, equivocadamente, que exist\u00eda una abierta diferencia entre el valor aducido como pagado con el acreditado como efectivamente entregado. <\/p>\n
Resalt\u00f3, tambi\u00e9n, que en la actuaci\u00f3n reprochada se presentaron diferentes irregularidades que terminaron cercenando el derecho de defensa de su pareja y que la interventora ha ejercido actuaciones arbitrarias en su contra con miras a obtener, a toda costa, que le entreguen el predio. <\/p>\n
3. Johanny Andr\u00e9s Parra Rivera, quien asegur\u00f3 que siempre obr\u00f3 conforme a derecho y haber sido vinculado equivocadamente a la referida intervenci\u00f3n por captaci\u00f3n ilegal de dineros, a pesar de ser una v\u00edctima m\u00e1s; deprec\u00f3 se accediera a la salvaguarda por ser el reclamante un tercero de buena fe a quien se conculcaron sus garant\u00edas esenciales. <\/p>\n
Destac\u00f3 que las tratativas que desembocaron en el contrato de compraventa sobre el predio realmente se dieron entre el accionante y Jos\u00e9 Restrepo, s\u00f3lo que \u00e9ste previamente se lo transfiri\u00f3 a \u00e9l pero solamente a modo de garant\u00eda, por un pr\u00e9stamo de $50.000.000 que le proporcion\u00f3; sin embargo, al celebrarse aquella negociaci\u00f3n, se le retorn\u00f3 tal suma, mediante la entrega de parte del precio pactado. <\/p>\n
4. El Notario \u00danico encargado de Marinilla indic\u00f3 que para cuando se efectuaron las escrituras p\u00fablicas de compraventa de Johanny Andr\u00e9s Parra Rivera a Paola Andrea Galeano Ospina y de \u00e9sta al aqu\u00ed reclamante, sobre el folio inmobiliario respectivo no reca\u00eda medida restrictiva alguna que las imposibilitara; y que el pasado mes de diciembre efectu\u00f3 las respectivas anotaciones de cancelaci\u00f3n sobre los instrumentos contentivos de aquellas negociaciones, en atenci\u00f3n a la orden emitida en ese sentido por la Superintendencia de Sociedades en decisiones del 30 de noviembre y 7 de diciembre de 2021. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal a-quo previamente se\u00f1al\u00f3 ser competente para definir el asunto porque, en lo medular, \u00aba partir del Decreto 1983 de 2017 (sic), todas las acciones de tutela instauradas\u2026 en contra de autoridad administrativa en ejercicio de facultades jurisdiccionales, deber\u00e1 conocerlas el Tribunal Superior con jurisdicci\u00f3n donde ocurriere la violaci\u00f3n que motivare la presentaci\u00f3n de la solicitud\u00bb, y en el caso de autos, \u00abla vulneraci\u00f3n o amenaza que se predica frente a la Superintendencia de Sociedades surte sus efectos en el municipio de Marinilla\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, resolvi\u00f3 negar el amparo al hallar razonables los argumentos de la Superintendencia acusada para resolver en la forma en que lo hizo, en lo medular, porque \u00aben las providencias que se refutan tutelarmente, la funcionaria accionada procedi\u00f3 a realizar la valoraci\u00f3n de los elementos probatorios recaudados en el proceso a la luz de las reglas de la sana cr\u00edtica, an\u00e1lisis este que en realidad no se atisba arbitrario, ni irracional, en tanto fue clara la cognoscente al enunciar las pruebas a valorar y establecer el fundamento y las razones por las cuales les otorg\u00f3 valor probatorio, adem\u00e1s de haber realizado un an\u00e1lisis individual y conjunto de dicho caudal confirmatorio, ejercicio este que fue el que finalmente la llev\u00f3 a un convencimiento, sin que sea dable al Judex constitucional tener injerencia en la forma como la juez natural de la causa analiz\u00f3, interpret\u00f3 y asumi\u00f3 las pruebas que fueron expuestas a su consideraci\u00f3n, y es as\u00ed como el operador de tutela debe limitarse a verificar que se haya efectuado una labor probatoria coherente y seria por parte del juez ordinario, en tanto se itera, no le est\u00e1 dado invadir la autonom\u00eda e independencia judicial\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formularon el accionante y Johanny Andr\u00e9s Parra Rivera. <\/p>\n
El primero reiter\u00f3 la carencia de competencia que, planteada inicialmente por la Superintendencia enjuiciada, desech\u00f3 el a-quo constitucional; e insisti\u00f3 en sus planteamientos iniciales, espec\u00edficamente en torno a la incursi\u00f3n en defecto factico por parte de aquella entidad. <\/p>\n
El segundo, recalcando las solicitudes exteriorizadas en su escrito de contestaci\u00f3n, hizo \u00e9nfasis en que el proceder de buena fe del accionante no fue derruido, evidenci\u00e1ndose que actu\u00f3 con diligencia y cuidado, de donde era notable la conculcaci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
2. De entrada, de cara a la manifestaci\u00f3n del accionante en torno a la supuesta incompetencia del a-quo para conocer de este asunto constitucional, basta se\u00f1alar que, de acuerdo a las reglas contempladas en el Decreto 333 de 2021 y la jurisprudencia sobre la materia, dicha colegiatura s\u00ed ten\u00eda aquella prerrogativa, observando el lugar al que irradi\u00f3 efectos la decisi\u00f3n reprochada a la Superintendencia encartada y que \u00abpara las acciones de amparo no existe competencia privativa para que sea el Tribunal de Bogot\u00e1 el que \u00fanicamente pueda avocar conocimiento de las\u2026 propuestas contra esa autoridad cuando ejerce funciones jurisdiccionales\u00bb (CSJ STC5863-2017, 28 abr., rad. 2017-00040-01). <\/p>\n
3. Zanjado lo anterior y circunscrita la Sala a las impugnaciones incoadas, en el caso bajo an\u00e1lisis se observa que la salvaguarda propuesta estaba llamada al fracaso, lo que fuerza refrendar el fallo opugnado, comoquiera que en los prove\u00eddos de 30 de noviembre y 7 de diciembre de 2021, mediante los cuales, en su orden, la Superintendencia convocada encontr\u00f3 pr\u00f3spero el incidente de ineficacia, extendiendo sus alcances a la compraventa por la cual el actor adquiri\u00f3 el predio con folio inmobiliario Nro. 018-81217, y mantuvo tal determinaci\u00f3n, esa autoridad explic\u00f3 suficiente y razonadamente los motivos para tal proceder. <\/p>\n
3.1. En efecto, en la \u00faltima de esas decisiones, sobre la cual recae este an\u00e1lisis, por ser aquella mediante la cual se desat\u00f3 de forma definitiva la situaci\u00f3n sometida a conocimiento, en primer lugar, la autoridad criticada desech\u00f3 la alegaci\u00f3n concerniente a la aducida obstrucci\u00f3n al derecho de defensa del quejoso, teniendo de presente que en el caso concreto intervino directamente desde el 17 de septiembre de 2021 y del 5 al 7 de octubre siguientes se le corri\u00f3 el traslado respectivo del incidente de ineficacia, lo que de suyo implicaba que el ejercicio de sus actuaciones, contrario a lo que erradamente adujo, no estaba condicionado a la previa constituci\u00f3n y reconocimiento de apoderado judicial para su representaci\u00f3n, as\u00ed como que las solicitudes probatorias efectuadas luego de ese lapso eran tard\u00edas, siendo evidente que, si alg\u00fan reparo le merec\u00eda el auto que el 18 de noviembre posterior resolvi\u00f3 sobre el decreto de pruebas para resolver tal tr\u00e1mite, debi\u00f3 interponer los recursos que considerara adecuados, lo cual no hizo. <\/p>\n
Sobre el particular, as\u00ed razon\u00f3 la Superintendencia encausada: <\/p>\n
En primer lugar, en lo que concierne al reconocimiento de personer\u00eda jur\u00eddica (sic) para actuar del apoderado, se reitera que el nuevo estatuto procesal suprimi\u00f3 el reconocimiento expreso de la personer\u00eda jur\u00eddica (sic) para actuar que exist\u00eda en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil. As\u00ed, salvo alg\u00fan vicio en el poder otorgado que haga ineficaz o inoponible el mandato judicial, los abogados estar\u00edan facultados para actuar desde el momento de incorporaci\u00f3n del poder en el expediente. <\/p>\n
En consecuencia, la solicitud de reconocimiento de personer\u00eda jur\u00eddica (sic) es una formalidad innecesaria, en ese sentido se requiere a la parte para que se abstenga de exigir la ejecuci\u00f3n de actos procesales que desaparecieron del ordenamiento jur\u00eddico, seg\u00fan lo previsto en el art\u00edculo 11 del C\u00f3digo General de Proceso. As\u00ed las cosas, el tr\u00e1mite dado a las actuaciones del apoderado implica[n] el reconocimiento de su personer\u00eda, se insiste, de acuerdo con las normas procesales, no con la interpretaci\u00f3n de este Despacho. <\/p>\n
En consecuencia, no son de recibo los argumentos encaminados a se\u00f1alar que como el Despacho no expidi\u00f3 providencia de reconocimiento de personer\u00eda para actuar, el apoderado del se\u00f1or Libardo Anibal Rodr\u00edguez, no hab\u00eda presentado ning\u00fan pronunciamiento y que s\u00f3lo lo hizo hasta el \u00faltimo momento por falta del reconocimiento de personer\u00eda para actuar, pues como ya se mencion\u00f3, no es dable exigir al juez de la intervenci\u00f3n pronunciamientos adicionales al respecto. En virtud de ello, el recurso en este aspecto no est\u00e1 llamado a prosperar. <\/p>\n
En punto al acceso al expediente, es de advertir que este, es decir, el expediente del proceso de intervenci\u00f3n, corresponde al n\u00famero 91.943 y se encuentra a disposici\u00f3n del p\u00fablico en el Grupo de Apoyo Judicial de la entidad y, sobre todo, disponible para consulta a trav\u00e9s de las diferentes herramientas virtuales dispuestas, resaltando que, conforme se indica en la p\u00e1gina web de la entidad: \u201cAVISO LEGAL: La informaci\u00f3n aqu\u00ed publicada es una herramienta de servicio al usuario que no compromete la responsabilidad de la Superintendencia de Sociedades. Por tanto, no sustituye el deber legal de las partes que intervienen en los procesos de consultar personalmente el expediente de su inter\u00e9s\u201d. <\/p>\n
Adicionalmente, verificado el expediente se tiene que, en cumplimiento al Auto 2021-01-678734 de 18 de noviembre de 2021, el 19 de noviembre siguiente se envi\u00f3 por correo electr\u00f3nico copia de la providencia as\u00ed como el link contentivo del enlace onedrive de la copia digital del expediente del proceso, lo cual consta en radicado 2021-01-684645 de 22 de noviembre de 2021, contentivo del certificado de comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica. En dicho certificado se observa que el 19 de noviembre de 2021 el apoderado del se\u00f1or Libardo An\u00edbal Rodr\u00edguez recibi\u00f3 los documentos se\u00f1alados. De esta forma, no es cierto que no se hayan remitido los documentos en la fecha se\u00f1alada por el recurrente. Adicionalmente, como el mismo lo reconoce, el expediente est\u00e1 a disposici\u00f3n de las partes para consulta, por lo que a\u00fan, a pesar de que fuera cierto que no hubiera recibido este documento, si ten\u00eda acceso al expediente y es carga de las partes del proceso la consulta de los mismos. <\/p>\n
Ahora bien, es de advertir que conforme se se\u00f1al\u00f3 en la primera sesi\u00f3n de la audiencia, el 30 de noviembre de 2021, las pruebas a petici\u00f3n de parte en relaci\u00f3n con librar oficio a la ORIP de Marinilla Antioquia, as\u00ed como la solicitud de prueba testimonial de\u2026 Adriana Mar\u00eda Mej\u00eda, son improcedentes en atenci\u00f3n a su extemporaneidad, de conformidad con el art\u00edculo 129 del CGP. Esto comoquiera que mediante Auto\u2026 de 18 de noviembre de 2021, este Despacho resolvi\u00f3 tener como pruebas para resolver el incidente, las documentales que fueron aportadas por las partes, as\u00ed como las allegadas durante los traslados y todos los dem\u00e1s documentos que reposan en el expediente. Este auto fue debidamente notificado, contra el mismo no se presentaron recursos\u2026 ni manifestaciones en relaci\u00f3n con las pruebas decretadas, siendo esta la oportunidad procesal pertinente para poder pronunciarse sobre las mismas, hacer manifestaciones, incluso, solicitudes, si llegara a considerarse que deb\u00eda hacerse; aunque el momento oportuno hubiera sido el traslado del incidente, el pronunciamiento que hizo\u2026 An\u00edbal Rodr\u00edguez no\u2026 contempla la pr\u00e1ctica de ninguna prueba dentro del incidente como la que s\u00ed la tienen el documento que fue radicado el d\u00eda antes de la audiencia, cuando era evidente que ya hab\u00eda transcurrido el t\u00e9rmino procesal. Se insiste, eso no corresponde a una interpretaci\u00f3n del Despacho sino simplemente a la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 129 del C\u00f3digo General del Proceso que establece el tr\u00e1mite de los incidentes. <\/p>\n
Seguidamente, anot\u00f3 proceder a resolver los recursos atendiendo \u00ablas pruebas aportadas al expediente y que ya fueron objeto de an\u00e1lisis\u2026, incluyendo las remitidas con memorial 2021-01-699111 de 29 de noviembre de 2021\u00bb, destacando que al decretarlas advirti\u00f3 que se tendr\u00edan como tales \u00abtodas las documentales aportadas al expediente, de all\u00ed que, en la decisi\u00f3n objeto de este recurso, ya\u2026 hab\u00eda analizado los documentos que fueron aportados en el memorial que el recurrente\u2026 afirma no fueron tenidos en cuenta\u00bb (se destac\u00f3). <\/p>\n
Luego, tras relacionar uno a uno esos medios suasorios, los analiz\u00f3 de forma conjunta, bajo el tamiz de la sana cr\u00edtica, hallando que: <\/p>\n
\u2026en punto a los documentos remitidos como documento preliminar para negociaci\u00f3n, es de se\u00f1alar que\u2026 ya hab\u00edan sido remitidos como adjuntos al memorial 2021-01-562432 de 17 de septiembre de 2021. <\/p>\n
No obstante, verificados nuevamente, se encuentra que, contrario a lo afirmado, de ellos no se puede derivar certeza de la negociaci\u00f3n que efectu\u00f3\u2026 Libardo An\u00edbal Rodr\u00edguez para comprar a\u2026 Paola Andrea Galeano el bien inmueble identificado con el folio de matr\u00edcula\u2026 018-81271, sino que, antes bien, ratifica que no existe en el acervo probatorio documento que soporte la compraventa realizada, las obligaciones contra\u00eddas por las partes, el precio y forma de pago. <\/p>\n
Lo que si consta, conforme el certificado y la escritura p\u00fablica No. 583 de 12 de marzo de 2021, es que el intervenido\u2026 Johanny Andr\u00e9s Parra si era el due\u00f1o del bien inmueble y que, pese a que no ten\u00eda facultad para disponer del mismo, lo vendi\u00f3 a su esposa, Paola Andrea Galeano, y as\u00ed se registr\u00f3 en el certificado de libertad y tradici\u00f3n del bien, conforme lo dispone el art\u00edculo 756 del C\u00f3digo Civil\u2026 <\/p>\n
Por lo tanto, no hay duda de que el intervenido\u2026 era el due\u00f1o inicial del bien, luego\u2026 Paola Andrea Galeano y no, como lo han insistido, \u2026Jos\u00e9 Fernando Restrepo. <\/p>\n
Adicionalmente, consta que el intervenido\u2026 vendi\u00f3 a\u2026 Paola Andrea Galeano Ospina, quien luego, mediante poder otorgado a su esposo, Johanny Andr\u00e9s Parra, en toma de posesi\u00f3n como medida de intervenci\u00f3n, vendi\u00f3 el predio al se\u00f1or Libardo Rodr\u00edguez. Actuaci\u00f3n que se registr\u00f3 en la anotaci\u00f3n No. 7 del folio de matr\u00edcula del bien inmueble. <\/p>\n
Despu\u00e9s, en punto al precio de esa \u00faltima transferencia, advirti\u00f3 que se mostraba incierto, \u00abdados los valores que se encontraron se\u00f1alados en diferentes documentos en el expediente\u00bb, comoquiera que en la referida escritura p\u00fablica se consign\u00f3 como tal la suma de $3.000.000, en la oposici\u00f3n al incidente se adujo haber cancelado $130.000.000, mientras que para acreditar el monto correspondiente se trajeron comprobantes por $179.813.719; aunado a que: <\/p>\n
\u2026nada se dijo al interior del proceso ni en la interposici\u00f3n del recurso de reposici\u00f3n respecto de la diferencia entre el valor declarado en la escritura p\u00fablica, el\u2026 manifestado en el escrito sobre el incidente y los\u2026 reportados como pagados. <\/p>\n
No obstante, de acuerdo con los documentos aportados, se advierte que no hay certeza de que se haya efectuado el pago, y la imposibilidad de imputar los comprobantes remitidos al pago del precio, \u2026porque la escritura dice que el precio de venta son $3.000.000, valor declarado bajo juramento; \u2026An\u00edbal Rodr\u00edguez afirma que pag\u00f3 $130.000.000; pero entreg\u00f3 comprobantes por $178.000.000 (sic). No se\u2026 tiene certeza de cu\u00e1l es el precio de la venta, salvo la manifestaci\u00f3n bajo juramento que se hace, por lo que no se puede saber la realidad de los pagos realizados por\u2026 An\u00edbal Rodr\u00edguez respecto del inmueble. <\/p>\n
Por tanto, sostuvo, en lo medular, que \u00abno existe documento que soporte el negocio jur\u00eddico realizado con certeza, ni precio ni la forma de pago, no hay, entonces, evidencia de que algunas de las sumas de dinero de las descritas anteriormente tuvieran relaci\u00f3n alguna con el pago del precio del\u2026 inmueble, ni que hayan sido imputadas al pago del precio convenido. Si bien es cierto que existe evidencia de que se entregaron unos dineros, el hecho de que existan tales diferencias entre las sumas reportadas y las que habr\u00edan sido pagadas impide tener certeza de que, efectivamente, se haya realizado con estos recursos el pago de la venta\u00bb. <\/p>\n
Por ese sendero, agreg\u00f3 que el acopio suasorio, incluidas las versiones brindadas por el accionante y el intervenido, daba cuenta de \u00abalgunas situaciones que resultan extra\u00f1as en el negocio mercantil celebrado\u00bb, tales como que: <\/p>\n
\u2026la negociaci\u00f3n inicial de venta la hace con terceros, quienes, de acuerdo con el certificado de tradici\u00f3n y libertad, no son los propietarios del bien ofrecido en venta. Como lo manifiesta, la negociaci\u00f3n la hizo con Diego Restrepo y Jos\u00e9 Fernando Restrepo, quienes, de acuerdo con el certificado, insisto, no eran los due\u00f1os del bien; as\u00ed mismo, indica que el pago lo hizo a un tercero distinto, el se\u00f1or Johanny Parra, quien tampoco era el due\u00f1o del inmueble en el momento de la venta\u2026 Todo esto, sin conocer a la due\u00f1a del inmueble, con quien celebr\u00f3 el contrato\u2026 <\/p>\n
Con fundamento en esas consideraciones y otras de similar contenido, de forma categ\u00f3rica concluy\u00f3 que: <\/p>\n
Lo cierto es que, jur\u00eddicamente\u2026[,] con las pruebas que obran en el expediente\u2026, se encuentra, sin asomo de duda, que… Johanny Andr\u00e9s Parra era propietario del inmueble al inicio de la intervenci\u00f3n; que lo vendi\u00f3, con posterioridad a la intervenci\u00f3n, a pesar de no contar con la facultad para ello; que, despu\u00e9s, actuando como apoderado de\u2026 Paola Andrea Galeano, le vendi\u00f3 ese bien a Libardo An\u00edbal Rodr\u00edguez; que\u2026 Libardo An\u00edbal Rodr\u00edguez manifiesta que le compr\u00f3 el bien a unos terceros que no eran los due\u00f1os\u2026; que le pag\u00f3 el precio a\u2026 Johanny Parra, quien no era el due\u00f1o; que manifest\u00f3 bajo la declaraci\u00f3n (sic) de juramento, como consta en la escritura p\u00fablica que el mismo alleg\u00f3, que el precio pactado fueron $3.000.000 pero que, en realidad, el precio que fue pagado fueron $130.000.000. <\/p>\n
Bajo todo esto, jur\u00eddicamente, es clara la situaci\u00f3n y es claro cu\u00e1l fue la cadena de traspaso de la propiedad y es clara las circunstancias en la que esta se dio (sic)\u2026 <\/p>\n
3.2. De esta manera, se advierte que las decisiones criticadas no lucen antojadizas, caprichosas o subjetivas, con independencia de que se compartan, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que plante\u00f3 el inconforme, en verdad, no es m\u00e1s que una diferencia de criterio acerca de la manera como la autoridad convocada interpret\u00f3 las disposiciones normativas aplicables al caso y, contrario a lo aducido por \u00e9l, de la valoraci\u00f3n conjunta de todo el material probatorio recopilado, extrajo que era inviable sostener que el proceder del actor fue prudente y diligente, resaltando encontrar \u00abalgunas situaciones que resultan extra\u00f1as en el negocio mercantil celebrado\u00bb, por las que no se ten\u00eda certeza del monto de la negociaci\u00f3n, pues en la escritura p\u00fablica de compraventa se fij\u00f3 como precio la suma de $3.000.000, mientras que en el tr\u00e1mite incidental se adujo haber pagado por el predio $130.000.000 y, contradictoriamente, se trajeron comprobantes por $179.813.719; adem\u00e1s, en \u00faltimas, el interesado celebr\u00f3 \u00abun negocio con personas que no eran due\u00f1as del bien\u00bb, sin hallarse justificaci\u00f3n para que \u00abhaya pagado el precio a un tercero que tampoco era el propietario\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, destacando que, sin estar en discusi\u00f3n el hecho cierto que sobre el folio de matr\u00edcula inmobiliaria no se hab\u00eda registrado ninguna prohibici\u00f3n de enajenaci\u00f3n, lo cierto es que, en el caso concreto, con antelaci\u00f3n a pronunciamiento alguno respecto a las alegadas mejoras, deb\u00eda establecerse la legitimidad de la compraventa, respecto de la cual la Superintendencia de Sociedades, con apoyo en el material suasorio regular y oportunamente recaudado, concluy\u00f3 que exist\u00edan diferentes situaciones que derru\u00edan la verosimilitud del acto contractual, en especial, la disonancia entre el monto inserto como precio, bajo la gravedad de juramento, en instrumento p\u00fablico suscrito ante fedatario, y el que despu\u00e9s adujo el censor en el tr\u00e1mite incidental como supuestamente convenido y pagado en forma real, disloc\u00e1ndose, por su mismo actuar difuso, la presunci\u00f3n de buena fe que hasta entonces lo amparaba y aqu\u00ed invoc\u00f3, en tanto que a nadie le es dado beneficiarse de su indebido proceder.1 <\/p>\n
En este orden de ideas, tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la[s] que ha hecho no resulta[n] contraria[s] a la raz\u00f3n, es decir[,] si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello [se] desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda [el juzgador constitucional] a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo [se refiere al fallador ordinario] para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451). <\/p>\n
Lo anterior, debido a que la funci\u00f3n jurisdiccional dota al juez de autonom\u00eda plena, de manera que s\u00f3lo el yerro ostensible, innegable y trascendente, sirve de apoyo por v\u00eda de tutela para dar al traste con el pronunciamiento del juzgador natural, lo que aqu\u00ed no ocurri\u00f3. <\/p>\n
4. Sin perjuicio de las diferentes acciones ordinarias a las que puede acudir el actor frente a las personas con las que realiz\u00f3 la negociaci\u00f3n que aqu\u00ed cuestiona, para obtener la reparaci\u00f3n a la que considera tener derecho (obviamente demostrando adecuadamente sus alegaciones), lo cierto es que lo aqu\u00ed expuesto se muestra suficiente para respaldar la sentencia de primer grado, en tanto que, se itera, los razonamientos exteriorizados por la autoridad encausada, en esa especial\u00edsima actuaci\u00f3n en la que se produjo su veredicto, no se muestran arbitrarios sino ajustados al material probatorio que all\u00ed se recab\u00f3. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de la Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Entre otros muchos pronunciamientos al respecto, esta Corte ha dejado dicho que \u00ab[n]o puede o\u00edrse la alegaci\u00f3n de la propia falta como algo que apoye o favorezca a quien la invoca\u00bb (CSJ SC, 23 nov. 1936, G.J. 1918, p\u00e1g. 484); que \u00aba nadie se le permite beneficiarse de su propio dolo\u00bb (CSJ SC, 23 jun. 1958); que tal es un postulado con \u00abun gran contenido \u00e9tico, fundado en el principio cl\u00e1sico que impide sacar provecho o repetici\u00f3n de la propia torpeza o conducta culpable\u00bb (CSJ SC4654-2019, 30 oct.); y \u00ab[a]uscultado una vez m\u00e1s el punto de esta regla moral en las obligaciones, conocida desde los romanos, cabe puntualizar que la justicia debe denegar la protecci\u00f3n cuando quien la exhorta ha actuado de una manera irregular, bien sea por simple descuido o culpa, o por dolo (nemo creditur turpitudinem suam allegans)\u00bb (ib\u00eddem). <\/p>\n
<\/p>\n
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STC3537-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC3537-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05000-22-13-000-2022-00010-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de marzo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se deciden las impugnaciones incoadas por Libardo An\u00edbal Rodr\u00edguez P\u00e9rez y […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-62289","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62289","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62289"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62289\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62289"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62289"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62289"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}