STC3538-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-02156-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por M\u00f3nica Jazm\u00edn Montero Rodr\u00edguez frente al fallo proferido el 2 de noviembre de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por ella contra la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales al debido proceso, petici\u00f3n, \u00abseguridad social\u00bb, \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, salud y vida en condiciones dignas, presuntamente conculcadas por la sede judicial accionada, al confirmar la denegaci\u00f3n de la acci\u00f3n que de este mismo linaje inco\u00f3. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, en concreto, \u00ab[d]ejar sin efectos la decisi\u00f3n del 8 de septiembre de 2021, proferida por la Sala [encausada]\u00bb; ordenarle tener \u00aben cuenta el memorial de adici\u00f3n a la impugnaci\u00f3n\u2026, con las pruebas sobrevinientes\u2026[,] y con fundamento en ellas conmine a la ARL Positiva\u2026 para que cumpla con el deber legal de enviar el dictamen de p\u00e9rdida de la capacidad laboral y ocupacional\u2026, elaborado por esa ARL\u2026, junto con el desacuerdo presentado oportunamente el 19 de noviembre de 2020 y realice el correspondiente pago de honorarios a la\u2026 Junta de Calificaci\u00f3n, para que pueda estudiar ese dictamen\u00bb. <\/p>\n
2. La siguiente es la situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante para definir el presente caso: <\/p>\n
2.1. Narr\u00f3 la actora que debido a diferentes motivos por los cuales consider\u00f3 conculcados sus derechos fundamentales, en especial, porque la ARL Positiva nunca le inform\u00f3 el tr\u00e1mite dado al escrito que le present\u00f3 el 19 de noviembre de 2020, titulado \u00ab[d]esaprobaci\u00f3n, no convalidaci\u00f3n y rechazo. Solicitud de nulidad y desacuerdo o impugnaci\u00f3n a contenido del formulario de calificaci\u00f3n de la p\u00e9rdida de la capacidad laboral y ocupacional No. 2205132 del 13 de junio de 2020\u00bb; inco\u00f3 una previa acci\u00f3n de tutela en la que aquella entidad minti\u00f3 al a-quo constitucional, Sala Laboral del Tribunal Superior de Medell\u00edn, porque le indic\u00f3, en cuanto a la controversia suscitada por la quejosa en aquella fecha, \u00abbajo el radicado ENT-2020 01 002 156293\u00bb, que esa \u00abadministradora efectu\u00f3 pago de honorarios el\u2026 07\/12\/2020 en favor de la Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez de Antioquia\u2026 Informaci\u00f3n suministrada a la EPS Coomeva y a la accionante bajo el radicado SAL-2020 01 005 354139 de\u2026 04\/12\/2020\u00bb. <\/p>\n
2.2. Relat\u00f3 que, con apoyo en tal respuesta, en fallo de tutela del 21 de julio de 2021 la referida Colegiatura neg\u00f3 el resguardo en cuanto a ese espec\u00edfico aspecto, al advertir que la situaci\u00f3n denunciada se hab\u00eda superado porque de la contestaci\u00f3n de la ARL se desprend\u00eda que la inconformidad exteriorizada por la tutelante el 19 de noviembre de 2020 se hab\u00eda \u00abremitid[o] a la junta regional y dicha ARL ya efectu\u00f3 el pago correspondiente de los honorarios ante la Junta\u2026 para que procediera a dar tr\u00e1mite a la misma\u00bb; el que confirm\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte con sentencia del 20 de agosto siguiente; \u00faltima que el pasado 28 de febrero excluy\u00f3 de revisi\u00f3n la Corte Constitucional (rad. T8561534). <\/p>\n
2.3. La actora se doli\u00f3 de que esas determinaciones constitucionales son fraudulentas porque, para obtenerlas, como qued\u00f3 visto, la ARL enga\u00f1\u00f3 a los juzgadores, pues mientras que a \u00e9stos se\u00f1al\u00f3 que la referida inconformidad del 19 de noviembre de 2020 la remiti\u00f3 a la Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez, a ella le indic\u00f3 que, contrario a lo atr\u00e1s dicho, era improcedente \u00abel env\u00edo del expediente a la Junta Regional porque ya cursa controversia ante [\u00e9sta]\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que esa situaci\u00f3n la adujo y demostr\u00f3 oportunamente ante el ad-quem acusado, a trav\u00e9s de \u00abadici\u00f3n a la impugnaci\u00f3n a[l] fallo de primera instancia\u00bb, pero, \u00abextra\u00f1amente\u00bb, esa superioridad no efectu\u00f3 ning\u00fan pronunciamiento frente a ello al emitir la determinaci\u00f3n de segundo grado; y que para el momento de interposici\u00f3n de esta nueva queja supralegal, la ARL continuaba sin enviar la documentaci\u00f3n a la mentada Junta. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. Positiva Compa\u00f1\u00eda de Seguros S.A. adujo que la quejosa ha promovido m\u00e1s de veinte acciones de este linaje por hechos similares, siendo evidente su proceder temerario, y rog\u00f3 \u00abdeclarar improcedente la presente\u2026 Tutela\u2026 al tenor de los Postulados Constitucionales y del material probatorio allegado\u00bb; disponer su \u00abdesvinculaci\u00f3n y no vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales de la accionante\u00bb. <\/p>\n
2. El Ministerio del Trabajo adujo carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, comoquiera que la llamada a atender el reclamo supralegal es la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte. <\/p>\n
3. La Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez de Antioquia solicit\u00f3 el despacho adverso de la salvaguarda por no ser la v\u00eda id\u00f3nea para que \u00abla actora pretenda que se emitan [\u00f3]rdenes relacionadas con los procesos de calificaci\u00f3n adelantados a su nombre, toda vez que la misma se torna improcedente al no existir orden l\u00f3gico-jur\u00eddico entre la acci\u00f3n adelantada por [esa] Junta\u2026 y la presunta violaci\u00f3n de derechos fundamentales [que] alega\u2026\u00bb <\/p>\n
4. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a informar que \u00abha decidido dos acciones de tutela en las que\u2026 Montero Rodr\u00edguez obra como accionante\u00bb, STL10519-2020 y STL12788-2021, y remiti\u00f3 copia de tales providencias. <\/p>\n
5. La Superintendencia de Salud tambi\u00e9n pidi\u00f3 su exclusi\u00f3n de este tr\u00e1mite porque \u00abno ha vulnerado los derechos fundamentales de la accionante, ni\u2026 [los] que se alegan como conculcados, adem\u00e1s\u2026[,] no es superior jer\u00e1rquico de los actores que hacen parte del sistema de seguridad social en salud\u00bb. <\/p>\n
EL FALLO IMPUGNADO <\/p>\n
El a-quo constitucional hall\u00f3 improcedente el reclamo supralegal al evidenciar que se formul\u00f3 contra decisiones adoptadas en un tr\u00e1mite de id\u00e9ntica naturaleza, \u00abm\u00e1xime cuando, ante la Corte Constitucional, juez natural competente para revisar en instancia definitiva dichos diligenciamientos, se estudiar\u00e1 la posibilidad de seleccionar el fallo y el tr\u00e1mite que se imparti\u00f3 en general a la acci\u00f3n de tutela que se censura\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que aunque la actora adujo que \u00aben las decisiones cuestionadas se verifica la cosa juzgada fraudulenta, \u2026tal reclamo es infundado, pues, dicha acci\u00f3n de tutela, ten\u00eda como prop\u00f3sito que se ampara[ra] su derecho fundamental de petici\u00f3n, en tanto que solicit\u00f3 a la ARL Positiva, informaci\u00f3n sobre las actuaciones adelantadas para lograr la remisi\u00f3n del dictamen de p\u00e9rdida de capacidad laboral No. 2205132 de fecha 13 junio de 2020, elaborado por esa entidad; hecho sobre el cual, esta \u00faltima entidad, dio contestaci\u00f3n de fondo a su planteamiento, lo que le permiti\u00f3 tanto al Tribunal\u2026 como a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral\u2026 negar el amparo deprecado\u00bb; y que \u00absiendo que la pretensi\u00f3n de la accionante siempre se ha encaminado a que la Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez de Antioquia, tenga en cuenta el dictamen de p\u00e9rdida de capacidad laboral elaborado por COOMEVA E.P.S., y como quiera que el mismo ya se encuentra radicado en la mencionada entidad y sobre \u00e9ste, la ARP Positiva, efectu\u00f3 el pago de honorarios para que se resuelvan los reparos propuestos, era dable considerar que su pretensi\u00f3n estaba resuelta\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La inco\u00f3 la actora insistiendo en sus planteamientos iniciales y rogando la modificaci\u00f3n de la determinaci\u00f3n del a-quo supralegal en el sentido de que se \u00abconmine a la Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez de Antioquia, para que suspenda el estudio de [su] p\u00e9rdida de la capacidad laboral\u2026, con fundamento en la PCL elaborada por Coomeva E.P.S. y de estricto cumplimiento a lo normado en el art\u00edculo 29 y 32 del Decreto 1352 de 2013, esto es[,] compulsar copias contra la ARL Positiva por haber realizado un segundo dictamen de PCL y por haber omitido\u2026 enviar a esa Junta el desacuerdo presentado por [ella]\u2026, pretensi\u00f3n original efectuada en la acci\u00f3n de tutela fallada por la Sala\u2026 Laboral del Tribunal Superior de Medell\u00edn\u00bb; aspecto puntual respecto del cual, adujo, nada se dijo en el fallo opugnado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por l\u00ednea jurisprudencial, trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
El planteamiento anterior se aplica en \u00abuna medida a\u00fan mayor cuando la providencia atacada fue proferida por un juez constitucional como ep\u00edlogo del tr\u00e1mite de amparo; de lo contrario, se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertir\u00eda ad aeternum lo expresado en el primer fallo\u00bb (CSJ STC, 8 jul. 2008, rad. 2008-01018-00). <\/p>\n
2. Con fundamento en las premisas anotadas y muy a pesar de las alegaciones de la inconforme, advierte la Sala que efectivamente su solicitud de resguardo estaba llamada al fracaso, atendiendo a que la dirigi\u00f3 frente al tr\u00e1mite y los fallos dictados en un asunto constitucional previo de este mismo linaje, impulsado por ella contra, entre otros, la ARL Positiva, siendo pertinente destacar que no es cierto que el a-quo constitucional dejara de estudiar alg\u00fan t\u00f3pico de su reclamo, dado que sus pretensiones frente a la ARL y la EPS vinculadas pend\u00edan de que su ruego prosperara frente a la Sala de Casaci\u00f3n acusada, lo que no ocurri\u00f3. <\/p>\n
2.1. En punto a la improcedencia de esta herramienta supralegal respecto a decisiones adoptadas en actuaciones de la misma naturaleza, la jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u2026el derecho de amparo constitucional no procede contra sentencias judiciales dictadas en el curso de tutela anterior, debido a que, de admitirse tal posibilidad, se permitir\u00eda una espiral sin l\u00edmite de acciones de dicha estirpe en procura de discutir las decisiones que deben cumplirse antes que someterse nuevamente a juicio de id\u00e9ntica naturaleza, pues no puede soslayarse el hecho relevante que lo considerado son garant\u00edas superiores, al extremo que, si el debate se reinicia, tales derechos y su vigencia en cada caso particular resultar\u00edan atacados y erosionada en forma profunda la efectividad de la justicia, as\u00ed como la seguridad jur\u00eddica que el fallo debe comportar\u2026 Igualmente, ha de tenerse en cuenta que en el tr\u00e1mite de la tutela existen mecanismos judiciales de defensa que tornan improcedente dicha acci\u00f3n constitucional contra una sentencia de amparo, cuales son el de impugnaci\u00f3n ante el inmediato superior funcional y la revisi\u00f3n eventual de la Corte Constitucional, de suerte que estos especiales y restringidos medios son los expeditos como instrumentos judiciales defensivos (CSJ STC, 2 oct. 2008, rad. 01619-00; reiterada en STC8097-2016, 16 jun., rad. 2015-00243-02). <\/p>\n
En el mismo sentido se ha resaltado que: <\/p>\n
\u2026\u2018ante una equivocaci\u00f3n o arbitrariedad en que puedan incurrir los jueces en sede de tutela al ocuparse de la pertinente decisi\u00f3n, no ser\u00eda una nueva queja de tal naturaleza la id\u00f3nea para contrarrestar el supuesto quebranto, sino \u00fanicamente la impugnaci\u00f3n y la revisi\u00f3n eventual, instrumentos que deben surtirse ante los funcionarios habilitados para ello, aspecto que pone de relieve la existencia de otros medios de defensa judicial, a los que debe acudir el interesado en procura de dilucidar las inconformidades referidas, pues, la tutela no puede convertirse en un mecanismo paralelo\u2019 (expedientes 2006-01425-01 y 2007-02023-00). <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, surge palmario que son dos los mecanismos previstos en el ordenamiento para recurrir una decisi\u00f3n en materia de tutela, esto es, por medio de la impugnaci\u00f3n de la providencia de primera instancia y la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, quedando, por consiguiente, cerrada la oportunidad de que se examine una determinaci\u00f3n tomada por otro juez en sede constitucional (CSJ STC, 2 ag. 2013, rad. 00851-01; reiterada en STC8097-2016, 16 jun. 2016, rad. 2015-00243-02). <\/p>\n
2.2. Con apoyo en lo dicho, es palmario que los inconformes tienen dos mecanismos previstos en el ordenamiento jur\u00eddico para recurrir una decisi\u00f3n de tutela, el primero es la impugnaci\u00f3n frente a la dictada por el a-quo y, el segundo, la eventual revisi\u00f3n por parte de la Corte Constitucional, quedando as\u00ed imposibilitada cualquier otra oportunidad para que se examine una determinaci\u00f3n tomada por otro juez supralegal. <\/p>\n
2.3. De modo que la petici\u00f3n elevada por la actora, a pesar de su insistencia, no pod\u00eda ser atendida, m\u00e1xime cuando el citado tr\u00e1mite no fue seleccionado para revisi\u00f3n por la Corte Constitucional, de lo que se desprende la inmutabilidad de la cosa juzgada, que comprende toda la actuaci\u00f3n all\u00ed surtida, incluidos su tr\u00e1mite y los fallos dictados, que impide volver sobre los aspectos all\u00ed definidos. <\/p>\n
En dicho sentido esta Sala ha precisado que: <\/p>\n
[Si] la Corte Constitucional excluy\u00f3 de revisi\u00f3n la acci\u00f3n de tutela fallada por las Oficinas Judiciales accionadas, ello no hace, per se, viable una nueva solicitud de amparo por cuanto en este evento el afectado que se encuentre inconforme con un fallo de tutela puede acudir ante el \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n constitucional para solicitar la revisi\u00f3n del fallo, con fundamento en lo dispuesto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991. Empero, en firme la aludida decisi\u00f3n de exclusi\u00f3n deviene la ejecutoria formal del fallo… ahora censurado, con lo cual queda clausurado en forma definitiva el debate iusfundamental (CSJ STC, 19 jul. 2011, rad. 2011-01439-00; reiterada en STC2884-2015, 13 mar. 2015, rad. 2015-00092-01). <\/p>\n
2.4. Ahora bien, no olvida la Corte que, en casos excepcionales, ha aceptado la procedencia del mecanismo de amparo contra sentencias de tutela, espec\u00edficamente \u00aben presencia de una vulneraci\u00f3n del debido proceso y, en particular, cuando se omite la integraci\u00f3n del contradictorio, …para restablecer el statu quo lesivo del derecho fundamental\u00bb (STC11156-2014, 22 ag., rad. 01804-00; STC15516-2015, 11 nov., rad. 02680-00; STC-2016, 21 en., rad. 2015-03107-00; STC-2016, 11 feb., rad. 00188-00; y STC- 2016, 7 abr., rad. 00744-00; citadas en STC8768-2016, 6 jul., rad. 2016-00141). <\/p>\n
No obstante, en el caso de autos no se evidencia la configuraci\u00f3n de alguno de esos eventos, que permitir\u00edan un an\u00e1lisis respecto de tal situaci\u00f3n, sumado a que, en verdad, la censora no s\u00f3lo dej\u00f3 de pedir complementaci\u00f3n del fallo del ad-quem aduciendo all\u00ed la aqu\u00ed aducida omisi\u00f3n de resoluci\u00f3n sobre la adici\u00f3n de su impugnaci\u00f3n, sino que aunque en esta sede pretendi\u00f3 enmarcar sus alegaciones en que se present\u00f3 \u00abuna situaci\u00f3n de fraude\u00bb, lo que se vislumbra no es la acreditaci\u00f3n certera de un evento de tal tipo sino su disparidad de entendimiento con lo razonado por las autoridades acusadas de cara a las pruebas recaudadas en el tr\u00e1mite atacado y, en ese sentido, lo que confronta es el fondo de los fallos de tutela que censura, por una mera diferencia de criterio, sin que, se itera, \u00abse demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit)\u00bb (se destac\u00f3) (CC SU-627\/15). <\/p>\n
3. Finalmente, si la inconforme considera que en alg\u00fan proceder irregular han incurrido las autoridades judiciales o los distintos intervinientes en el tr\u00e1mite fustigado, otras son las v\u00edas que debe agotar, ya sean de orden disciplinario o penal, a las cuales, si a bien lo tiene, ha de acudir, asumiendo la responsabilidad que ello implica. <\/p>\n
En cuanto al particular, en un asunto con alguna simetr\u00eda, que mutatis mutandis resulta aplicable al de ahora, dej\u00f3 dicho esta Colegiatura que: <\/p>\n
\u2026es necesario precisar que si\u2026 [el censor] considera que existe alguna actuaci\u00f3n irregular atribuible al Juez\u2026, est\u00e1 a su alcance ponerla en conocimiento de las autoridades respectivas, asumiendo su responsabilidad por la denuncia y las consecuencias derivadas de ello. <\/p>\n
\u2026es preciso indicar que si… estima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias. Sobre el punto ha dicho la Sala: \u2018En relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuentan con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito\u2026 (CSJ STC13871-2016 y STC14669-2016) (CSJ STC011-2018, 17 en., rad. 2017-03402-00). <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, se torna inviable abordar el fondo del reclamo planteado, en tanto que no se est\u00e1 en presencia de una de las excepciones a la regla general de la improcedencia de la tutela contra tutela, lo que impone respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en oportunidad, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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