STC3539-2022<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3539-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-02217-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por Ramiro Jos\u00e9 Vargas Sabogal frente al fallo proferido el 2 de noviembre de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00e9l contra la Sala de Descongesti\u00f3n Nro. 1 de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, \u00abseguridad social en conexidad con el m\u00ednimo vital, vida digna, derechos adquiridos\u00bb, presuntamente vulnerados por la sede judicial acusada al no acceder al recurso extraordinario de casaci\u00f3n propuesto en el juicio laboral que inco\u00f3. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abdejar sin efectos la decisi\u00f3n emitida por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el d\u00eda 24 de marzo de 2021\u00bb y ordenar \u00abproferir una nueva\u2026 teniendo en cuenta el precedente sentado por la Corte Suprema de Justicia en las sentencias STL6990-2020 y STL8374 de 2021\u00bb. <\/p>\n
2. La situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante para definir el presente caso es la que as\u00ed se sintetiza: <\/p>\n
2.1. En el juicio ordinario laboral que el actor le inco\u00f3 a Colfondos S.A. Pensiones y Cesant\u00edas, ING Administradora de Fondos de Pensiones y Cesant\u00edas (hoy Protecci\u00f3n S.A.) y a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones (pretendiendo se declarara \u00abla \u00abnulidad\u00bb de la afiliaci\u00f3n efectuada a\u2026 Protecci\u00f3n\u2026 en diciembre de 1998, as\u00ed como [de] la realizada a\u2026 Colfondos\u2026 en agosto de 2000\u00bb, y consecuentemente, se condenara \u00aba Colpensiones para la reliquidaci\u00f3n de la pensi\u00f3n de vejez en los t\u00e9rminos previstos en el Acuerdo 049 de 1990, a partir del 19 de marzo de 2010, liquidando el IBL con el promedio de las \u00faltimas cien semanas\u00bb; o subsidiariamente, \u00abliquidar su prestaci\u00f3n con el IBL de las cotizaciones efectuadas durante los \u00faltimos diez a\u00f1os\u00bb), el 13 de abril de 2015 el Juzgado Treinta y Tres Laboral de Bogot\u00e1 dict\u00f3 sentencia acogiendo las pretensiones, decisi\u00f3n que el 11 de agosto siguiente revoc\u00f3 la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa ciudad para, en su lugar, absolver a las demandadas, determinaci\u00f3n \u00faltima que, el 13 de abril de 2021, no cas\u00f3 esta Corte. <\/p>\n
2.2. En sede de tutela, en concreto, el gestor adujo que con esa decisi\u00f3n se incurri\u00f3 en defecto sustantivo y desconocimiento de los precedentes sobre la materia (entre otros, SL17595-2017, SL1452-2019, STL6990-2020 y STL11928-2020), porque qued\u00f3 demostrado el derecho que le asist\u00eda a que se decretara \u00abla ineficacia de [su] afiliaci\u00f3n con [el] Fondo de Pensiones y Protecci\u00f3n S.A. \u2026en el mes de diciembre de 1998, por existir enga\u00f1o y asalto a [su] buena fe para que [s]e trasladara\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que all\u00ed se aplic\u00f3 erradamente el canon 1509 del C\u00f3digo Civil, porque \u00abpara definir la nulidad de traslado existe norma especial que regula la materia, en este caso[,] los art\u00edculos 11, 13, 33, 34, 36, 113, 114, 271 y 272 de la ley 100 de 1993, estableciendo que la afiliaci\u00f3n en cualquiera de los reg\u00edmenes debe ser \u201clibre y voluntaria\u201d[,] lo que demuestra que la informaci\u00f3n brindada debe ser exacta, precisa, suficiente y en caso de no cumplir con estos requisitos la consecuencia es la ineficacia y\/o nulidad de la afiliaci\u00f3n efectuada bajo premisas inexactas y la imposici\u00f3n de sanciones a cargo de la entidad\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. Colfondos S.A. se opuso a la prosperidad del resguardo porque \u00abno ha vulnerado derecho fundamental alguno del accionante\u00bb. <\/p>\n
2. La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones rog\u00f3 declarar improcedente este reclamo \u00abpor cuanto no se ha materializado ning\u00fan vicio, defecto o vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales por parte de la Sala [acusada]\u2026, as\u00ed como por la abierta improcedencia de la tutela contra sentencias judiciales\u00bb. <\/p>\n
3. El Juzgado Treinta y Tres Laboral de Bogot\u00e1 limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a remitir v\u00ednculo de acceso a algunas piezas del expediente contentivo del asunto fustigado. <\/p>\n
4. La Sala de Descongesti\u00f3n Nro. 1 de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte solicit\u00f3 \u00abdespachar desfavorablemente la tutela incoada\u00bb porque \u00abno se configur\u00f3 ning\u00fan defecto que pudiera dar lugar al amparo constitucional deprecado, en la medida que la decisi\u00f3n adoptada se ajust\u00f3 a los lineamientos legales y jurisprudenciales que sobre el particular ha edificado la Sala\u00bb. <\/p>\n
5. La Administradora de Fondos de Pensiones y Cesant\u00edas Protecci\u00f3n S.A. indic\u00f3 no observar \u00abninguna causal de nulidad dentro del tr\u00e1mite del proceso ordinario[,] por lo que\u2026 no es viable revivir un tr\u00e1mite que ya fue adelantado conforme a todas las normas sustanciales y procesales vigentes\u00bb; adem\u00e1s, \u00ab[t]ampoco ha existido por parte de [esa] Administradora[,] conducta alguna que constituya o se erija en la violaci\u00f3n de alg\u00fan derecho fundamental o legal del se\u00f1or Vargas Sabogal[,] raz\u00f3n por la cual, la presente acci\u00f3n debe ser denegada\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo neg\u00f3 el resguardo al hallar razonable la determinaci\u00f3n criticada, en tanto que \u00abla Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n judicial con prove\u00eddo CSJ SL373-2021 abandon\u00f3 el criterio que ven\u00eda sosteniendo desde la sentencia CSJ SL 9 sep. 2008, rad. 31989, respecto de la ineficacia de la afiliaci\u00f3n del pensionado y, en su lugar, resolvi\u00f3 negarla. Para el efecto, argument\u00f3 que es imposible retrotraer las cosas al mismo estado en el que se encontraban de no haber existido el acto de traslado del r\u00e9gimen de prima media con prestaci\u00f3n definida al de ahorro individual con solidaridad\u00bb; en tanto que \u00abla calidad de pensionado\u00bb que ostentaba el demandante, era \u00abuna situaci\u00f3n jur\u00eddica consolidada, un hecho consumado, un estatus que no es razonable revertir o retrotraer y, adem\u00e1s, una condici\u00f3n que no puede borrarse. Aclar\u00f3, entonces, que acceder a tal pretensi\u00f3n, dar\u00eda lugar a disfuncionalidades que afectar\u00eda a m\u00faltiples personas, entidades, actos, relaciones jur\u00eddicas y, como tal, derechos, obligaciones e intereses de terceros y, en especial, generar\u00eda un desfavorable efecto financiero en el sistema p\u00fablico de pensiones\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La inco\u00f3 el actor insistiendo en sus pretensiones, argument\u00f3 que, a diferencia de lo considerado por el juzgador constitucional de primer grado, el antecedente SL373-2021 no es aplicable a su caso y, contrario a lo expuesto en \u00e9ste, \u00abla Corte no ha cambiado su precedente judicial frente a la declaratoria de ineficacia de la afiliaci\u00f3n de los pensionados en el R\u00e9gimen de Prima Media con Prestaci\u00f3n Definida\u00bb, continuando \u00aben firme en cuanto a la posibilidad de solicitar la ineficacia de las personas que cumplen con esta caracter\u00edstica\u00bb; adem\u00e1s, su caso se ajusta a la situaci\u00f3n f\u00e1ctica estudiada en la sentencia STP17655-2021, en la que se le concedi\u00f3 el resguardo supralegal al all\u00ed solicitante, debi\u00e9ndose aplicar esa misma soluci\u00f3n en este asunto. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En este orden de ideas, se anticipa la improcedencia de la impugnaci\u00f3n impetrada y, por ende, la confirmaci\u00f3n del fallo opugnado, comoquiera que la providencia de casaci\u00f3n acusada no luce arbitraria, habida cuenta que la autoridad cuestionada, con apoyo en la normatividad y la jurisprudencia que encontr\u00f3 aplicables al caso, arrib\u00f3 a la decisi\u00f3n que se le reprocha. <\/p>\n
2.1. En efecto, tras precisar que la demanda de casaci\u00f3n del censor \u00abno es precisamente un modelo, pues adolece de algunas deficiencias de orden t\u00e9cnico, las mismas son superables y no impiden el estudio de fondo, en la medida que del desarrollo de la acusaci\u00f3n la Sala logra entender que la recurrente le atribuye yerros f\u00e1cticos al sentenciador de segundo grado originados en la indebida apreciaci\u00f3n de la demanda inaugural y la prueba testimonial\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, resalt\u00f3 que, para revocar la decisi\u00f3n del Juzgado, el ad-quem, \u00abadem\u00e1s de no haber encontrado acreditada la excepci\u00f3n de cosa juzgada, fundament\u00f3 su decisi\u00f3n en que no existe prueba alguna que acredite vicios en el consentimiento del actor al momento de suscribir el formulario de traslado de r\u00e9gimen pensional, por un eventual error inducido o dolo, c\u00f3mo (sic) se hab\u00eda afirmado en la demanda inaugural, pues ni siquiera se pod\u00edan deducir los argumentos que expusieron las administradoras para entender el eventual enga\u00f1o sobre las consecuencias que acarrear\u00eda el traslado en su particular condici\u00f3n, m\u00e1xime que las mismas est\u00e1n definidas en el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993\u00bb; a lo cual el Tribunal a\u00f1adi\u00f3 que \u00abla jurisprudencia de esta Corte ha exigido como un deber de las entidades administradoras proporcionar la informaci\u00f3n suficiente y detallada sobre las consecuencias del traslado del r\u00e9gimen\u00bb. <\/p>\n
Luego, anot\u00f3 que \u00abla censura funda el ataque asegurando que el Tribunal cometi\u00f3 errores f\u00e1cticos derivados de la indebida apreciaci\u00f3n de la demanda inicial y de las versiones rendidas por los testigos, pues de ellas se evidencia que fue asaltado en su buena fe para que se trasladara de r\u00e9gimen pensional. Precisa que, como lo ha indicado esta Corte, la AFP ten\u00eda como obligaci\u00f3n brindarle toda la informaci\u00f3n respecto de las circunstancias particulares que eran relevantes para que tomara la mejor decisi\u00f3n, sin que as\u00ed lo hiciera; de tal suerte que fue enga\u00f1ado, comportamiento que se debe predicar no solo cuando se da una asesor\u00eda equivocada sino tambi\u00e9n cuando se guarda silencio, como ocurri\u00f3 en el presente caso\u00bb. <\/p>\n
Bajo esos supuestos, observ\u00f3 que le correspond\u00eda determinar si el ad-quem err\u00f3 \u00abdesde el punto de vista f\u00e1ctico, al establecer que\u2026 no estaban acreditados los supuestos del enga\u00f1o derivado de la presencia de vicios del consentimiento y si no tuvo en cuenta que la falta de informaci\u00f3n al demandante tambi\u00e9n soportaba la solicitud de nulidad o ineficacia de ese acto para el paso al RAIS, a efectos de recuperar el r\u00e9gimen de transici\u00f3n, no obstante haber retornado al de prima media\u00bb. <\/p>\n
Por ese sendero, se\u00f1al\u00f3 que a pesar de atacarse la sentencia por la v\u00eda indirecta, no eran \u00abobjeto de discusi\u00f3n los siguientes supuestos de hecho: i) el actor naci\u00f3 el 19 de marzo de 1950 y, por tanto, era beneficiario del r\u00e9gimen de transici\u00f3n consagrado en el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez que para el 1\u00ba de abril de 1994 ten\u00eda m\u00e1s de 40 a\u00f1os de edad; ii) se traslad\u00f3 del r\u00e9gimen solidario de prima media administrado por el ISS, al de ahorro individual con solidaridad a cargo de ING Pensiones y Cesant\u00edas, hoy Protecci\u00f3n S. A., a partir del ciclo de diciembre 1998; iii) se pas\u00f3 a Colfondos S. A. en septiembre 1999; iv) retorn\u00f3 al ISS en febrero de 2004; y v) el Instituto de Seguros Sociales, con fundamento en el art\u00edculo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 9 de la Ley 797 de 2003, le reconoci\u00f3 al demandante la pensi\u00f3n de vejez, sin transici\u00f3n, mediante la Resoluci\u00f3n 15189 de 2011[,] en cuant\u00eda inicial de $6.051.421, a partir del 19 de marzo de 2010\u00bb. <\/p>\n
Efectuadas tales precisiones, en cuanto a la t\u00e9cnica y especialidad de la senda casacional elegida, resalt\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026la v\u00eda seleccionada y de conformidad con lo normado en el art\u00edculo 7 de la Ley 16 de 1969, modificatorio del 23 de la Ley 16 de 1968, para que se configure error de hecho, es indispensable que venga acompa\u00f1ado de las razones que lo demuestren, que su existencia aparezca notoria, protuberante y manifiesta y, adem\u00e1s, como lo ha dicho de vieja data la Corte, que provenga de manera evidente de alguna de las tres pruebas calificadas, esto es, documento aut\u00e9ntico, confesi\u00f3n judicial o inspecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Igualmente, no es cualquier hipot\u00e9tica equivocaci\u00f3n del Tribunal la que puede dar al traste o quebrantar su decisi\u00f3n, sino aquella que revista la entidad de palmaria, que surja a primera vista por ser notoria, protuberante y manifiesta; caracter\u00edsticas que no son de \u00abcreaci\u00f3n o invento jurisprudencial sino un n\u00edtido mandato legal inexcusable que exige que el recurrente demuestre el yerro de \u201cmodo manifiesto\u201d. As\u00ed lo determina claramente el art\u00edculo 60 del Decreto 528 de 1964\u00bb (CSJ SL, 20 en. 2000, rad. 12679). <\/p>\n
Bajo esos postulados, de cara a auscultar \u00abla pieza procesal acusada\u00bb, indic\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026Demanda inicial (f.\u00ba 2), esta corporaci\u00f3n ha manifestado que el error de hecho se puede configurar por la falta de apreciaci\u00f3n o err\u00f3nea valoraci\u00f3n de piezas procesales -demanda, contestaci\u00f3n y el escrito de apelaci\u00f3n-, tal como se aprecia en la providencia CSJ SL, 5 ag. 1996, rad. 8616, reiterada por en la CSJ SL14542-2016, cuyo texto se\u00f1ala: <\/p>\n
La demanda inicial del juicio puede ser acusada en la casaci\u00f3n laboral como pieza procesal y no solo en cuanto contenga confesi\u00f3n judicial. La demanda es medio escrito, que representa la voluntad de quien pone en actividad la jurisdicci\u00f3n. Tambi\u00e9n es acto del proceso, desde luego el primero, y en tal condici\u00f3n es susceptible de generar en la casaci\u00f3n laboral el error manifiesto de hecho, pues si la voluntad del actor es desconocida o tergiversada ostensiblemente, el dicho error puede conducir a la violaci\u00f3n de la ley sustancial, como que el sentenciador puede producir un fallo sobre lo que no se ha pedido (por yerro en la apreciaci\u00f3n del petitum o de los hechos, o por su desconocimiento) o desatendiendo los fundamentos f\u00e1cticos de lo pedido, bien en perjuicio del propio demandante o de la parte demandada. Varias han sido las decisiones de esta Sala sobre esa tesis, como tambi\u00e9n las que se han adoptado reconociendo la capacidad de generar error de hecho a otras actuaciones escritas del juicio laboral, como la contestaci\u00f3n de la demanda, el escrito sustentatorio de la apelaci\u00f3n, el desistimiento parcial, etc. Subrayado fuera de texto. <\/p>\n
En cuanto a la valoraci\u00f3n e interpretaci\u00f3n de los actos procesales, en decisiones CSJ SL532-2013; CSJ SL, 20 mar. 2013, rad. 45120; CSJ SL, 4 jul. 2012, rad. 38051 y CSJ SL, 5 nov. 2014 rad. 42613, se ha dicho: <\/p>\n
[\u2026] corresponde al Juez interpretar el escrito de demanda para la obtenci\u00f3n de los fines de la administraci\u00f3n de justicia, teniendo en cuenta para ello todo el l\u00edbelo introductorio procesal y con el debido cuidado de no alterar sus factores esenciales, en pro de descubrir la aut\u00e9ntica intenci\u00f3n del suplicante, tal como lo ha asentado esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
Por consiguiente, los jueces del trabajo y de la seguridad social, en su labor de impartir justicia, est\u00e1n obligados a interpretar el escrito de la demanda, en pro de descubrir la aut\u00e9ntica intenci\u00f3n del suplicante, la contestaci\u00f3n de la demanda y cualquier otra actuaci\u00f3n, como tambi\u00e9n apreciar en su correcta dimensi\u00f3n el material probatorio recaudado, para concretar la declaraci\u00f3n del derecho sustancial, haciendo uso inclusive de sus facultades oficiosas y empleando todos los medios legales que est\u00e9n a su alcance, en aras de proteger el derecho a favor de quien corresponda. <\/p>\n
Despu\u00e9s, al analizar la mentada pieza procesal, encontr\u00f3: <\/p>\n
\u2026revisado el escrito de demanda inicial se observa que la pretensi\u00f3n radica en \u00abque se declare la nulidad de la afiliaci\u00f3n\u00bb, a la AFP Protecci\u00f3n S. A. realizada en el mes de diciembre de 1998; la cual se fundamenta, seg\u00fan el hecho 5 del libelo introductorio, en que el accionante fue enga\u00f1ado y asaltado en su buena fe, no solamente por la \u00abfalta de informaci\u00f3n, sino porque en ning\u00fan momento se le indic\u00f3 [\u2026] que el hecho de trasladarse le generar\u00eda que perder\u00eda los beneficios del r\u00e9gimen de transici\u00f3n\u00bb. Tambi\u00e9n adujo que los asesores del fondo de pensiones le ofrecieron \u00abbeneficios superiores a los que podr\u00eda obtener en el r\u00e9gimen de prima media\u00bb, como \u00abuna mesada pensional superior a la que podr\u00eda llegar a obtener con el ISS\u00bb (hechos 3 y 4). <\/p>\n
Igualmente, en los fundamentos jur\u00eddicos cit\u00f3 apartes de las providencias de CSJ SL, 9 sep. 2008, rad. 31989 y CSJ SL, 22 nov. 2011, rad. 33083. As\u00ed mismo, en las razones de derecho, argument\u00f3 que no solo exist\u00eda enga\u00f1o por acci\u00f3n sino tambi\u00e9n por omisi\u00f3n de los asesores, \u00abal no proporcionarle una informaci\u00f3n completa, pues nunca se le indic\u00f3 a mi poderdante que perder\u00eda el r\u00e9gimen de transici\u00f3n, igualmente le prometieron condiciones muy superiores y beneficiosas al momento en que se le reconociera su derecho pensional, indicando que su mesada pensional ser\u00eda m\u00e1s elevada que la que podr\u00eda obtener con el Instituto de los Seguros Sociales\u00bb. <\/p>\n
Al efecto, trajo a colaci\u00f3n apartes de las providencias referidas y transcribi\u00f3 de manera extensa la CSJ SL, 9 sep. 2008, rad. 31989, cuyo tenor refiere al deber de las administradoras de pensiones de proporcionar una informaci\u00f3n completa y comprensible, de brindar un buen consejo, de ilustrar suficientemente las alternativas, beneficios e inconvenientes del r\u00e9gimen pensional, e incluso, desanimar al interesado de tomar una opci\u00f3n que claramente le perjudica. <\/p>\n
De lo anterior luce inequ\u00edvoco que la pretensi\u00f3n de nulidad de traslado de r\u00e9gimen se soport\u00f3 en dos razones fundamentales: la primera, que fue enga\u00f1ado y asaltado en su buena fe, no solamente por la falta de informaci\u00f3n completa, sino porque no se le indic\u00f3 claramente que el cambiarse de r\u00e9gimen le generaba la p\u00e9rdida del beneficio de transici\u00f3n; y la segunda, que lo indujeron en error porque los asesores del fondo de pensiones le prometieron condiciones y beneficios superiores a los que le reconocer\u00eda el Instituto de Seguros Sociales. <\/p>\n
De lo anterior se establece que tales argumentos se refieren tanto a la oferta equivocada de beneficios como a la inexistencia u omisi\u00f3n por parte de la administradora de pensiones ING Administradora de Fondos de Pensiones y Cesant\u00edas, hoy Protecci\u00f3n S. A., en su deber de informaci\u00f3n al momento de producirse el traslado de r\u00e9gimen pensional y que le permitieran dar su consentimiento bajo la convicci\u00f3n de conocer las incidencias de tan importante decisi\u00f3n (CSJ SL2611-2020). <\/p>\n
De all\u00ed, la encausada concluy\u00f3 que \u00abel sentenciador de segundo grado acert\u00f3 al afirmar que la reclamaci\u00f3n del demandante se fundaba en los vicios del consentimiento porque supuestamente los asesores lo enga\u00f1aron al prometerle una mesada pensional superior a la que obtendr\u00eda en el r\u00e9gimen de prima media con prestaci\u00f3n definida\u00bb; y que \u00ab[t]ampoco se equivoc\u00f3 en la apreciaci\u00f3n de la demanda inaugural, en lo que hace referencia a la falta de informaci\u00f3n por parte de la administradora de pensiones del r\u00e9gimen de ahorro individual, hoy Protecci\u00f3n S. A., al momento del traslado, que alega la censura\u00bb, en tanto que: <\/p>\n
\u2026expresamente se\u00f1al\u00f3 que la jurisprudencia de esta Corte ha exigido que las entidades administradoras deben probar la informaci\u00f3n detallada sobre las consecuencias del traslado del r\u00e9gimen solo para aquellos casos en que los afiliados ten\u00edan cumplido uno de los dos requisitos para acceder a la pensi\u00f3n en el r\u00e9gimen de prima media, para el momento del traslado, circunstancia que en el presente caso no se presentaba, como quiera que el actor, para la fecha referida, contaba con 44 a\u00f1os de edad, 436 semanas de cotizaci\u00f3n en los \u00faltimos 20 a\u00f1os y 735,16 semanas en toda su vida laboral. <\/p>\n
Por tanto, consider\u00f3, que el juez ad-quem \u00abrealiz\u00f3 el an\u00e1lisis desde las dos aristas planteadas en el escrito inaugural, esto es, los vicios del consentimiento y la falta de informaci\u00f3n\u00bb; siendo evidente que, \u00abfrente al segundo supuesto, es decir, la omisi\u00f3n por parte de la administradora de pensiones, discurri\u00f3 que en el presente asunto no era necesario suministrar informaci\u00f3n detallada sobre las consecuencias del traslado de r\u00e9gimen pensional, porque dicho presupuesto solo era exigible en favor de los afiliados que tuvieran cumplida la edad o las semanas de cotizaci\u00f3n, argumento de estirpe eminentemente jur\u00eddico, el cual, si el demandante no compart\u00eda, debi\u00f3 combatir por la senda directa\u00bb (se destac\u00f3), lo que no hizo; y es que ese fundamento, \u00abpunto esencial de la decisi\u00f3n que conllev\u00f3 la absoluci\u00f3n de la entidad demandada, no se discuti\u00f3 por la senda directa como ya se dijo, omisi\u00f3n que impide el quiebre de la sentencia impugnada, pues es sabido que basta con que uno solo de los pilares de la providencia quede inc\u00f3lume, para mantener la decisi\u00f3n, en virtud de la presunci\u00f3n de acierto y legalidad que la abriga (CSJ SL9179-2017; CSJ SL7100-2017; SL6036-2017 y SL2727-2018)\u00bb. <\/p>\n
Con apoyo en ello, \u00abdesde la \u00f3ptica f\u00e1ctica\u00bb, la encausada hall\u00f3 ausente la supuesta errada \u00abapreciaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n de la demanda inaugural\u00bb, en tanto que el Tribunal \u00abrealiz\u00f3 el estudio de la controversia sobre los dos supuestos esenciales en que se fundament\u00f3 el petitum\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, en lo tocante con los testimonios de Aponte Cabrera y Leal Jim\u00e9nez, record\u00f3 que esos medios suasorios \u00abno son prueba h\u00e1bil para acudir en casaci\u00f3n, pues, no se encuentran incluidos en los establecidos por el art\u00edculo 7 de la Ley 16 de 1969. En efecto, al desatar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n laboral, no es dable analizar la valoraci\u00f3n efectuada por el juez de alzada de la prueba testimonial por no estar prevista como calificada (CSJ SL, 2 jun. 2009, rad. 34390)\u00bb; siendo evidente que \u00abpara poder estudiar las declaraciones denunciadas era necesario demostrar la existencia de un error f\u00e1ctico derivado de una pieza procesal o una prueba calificada, \u00fanica forma posible de adentrarse en el estudio de aquellas, lo que no ocurre en el presente caso\u00bb. <\/p>\n
2.2. As\u00ed, es claro que lo dispuesto por la Colegiatura que emiti\u00f3 la decisi\u00f3n atacada responde a su interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas y jurisprudenciales aplicables al caso concreto, especialmente, de sus precedentes sobre el particular, como \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n ordinaria en materia laboral, dando cuenta, en lo que aqu\u00ed interesa, a la insuficiencia t\u00e9cnica de la demanda extraordinaria que propuso el censor, lo que impidi\u00f3 el an\u00e1lisis de fondo de las alegaciones que tard\u00edamente exterioriza en esta sede excepcional, pues no combati\u00f3 all\u00e1, como debi\u00f3 hacerlo, \u00abpor la senda directa\u00bb, \u00abel argumento de estirpe eminentemente jur\u00eddico\u00bb del ad-quem en torno a que en el asunto \u00abno era necesario suministrar informaci\u00f3n detallada sobre las consecuencias del traslado de r\u00e9gimen pensional, porque dicho presupuesto solo era exigible en favor de los afiliados que tuvieran cumplida la edad o las semanas de cotizaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En este orden de ideas, muy a pesar de las alegaciones del quejoso, espec\u00edficamente en cuanto a la aplicaci\u00f3n de los precedentes invocados, lo cierto es que aquellas inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la[s] que ha hecho no resulta[n] contraria[s] a la raz\u00f3n, es decir[,] si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello [se] desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y [el juzgador constitucional] entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo [se refiere al fallador ordinario] para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451). <\/p>\n
Lo anterior debido a que la funci\u00f3n jurisdiccional dota al juez de autonom\u00eda plena, de manera que s\u00f3lo el yerro ostensible, innegable y trascendente, sirve de apoyo por v\u00eda de tutela para dar al traste con el pronunciamiento del juzgador natural, aunado a que, como recientemente se ha dejado por sentado al denegar acciones de resguardo tambi\u00e9n impulsadas contra la hom\u00f3loga de casaci\u00f3n laboral, cuyo criterio, mutatis mutandis, resulta aqu\u00ed aplicable, \u00abmirada nuevamente la postura que en el pasado hab\u00eda tenido esta Sala con relaci\u00f3n a asuntos de contornos similares al presente[,] encuentra necesario adecuarla puesto que, como atr\u00e1s se indic\u00f3, la procedencia de la tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el asunto presente, a pesar de que pudiera eventualmente esta Sala o cualquier observador discrepar de lo sostenido por el \u00f3rgano de cierre de la justicia laboral pero que no por ello merecen necesariamente ser pasibles de la acci\u00f3n de tutela. Por lo tanto, se impone mantener el fallo refutado, advirtiendo que para la Sala es procedente el respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo, comp\u00e1rtase o no lo decidido por el juez natural\u00bb (STC13803-2021, STC13814-2021, STC13815-2021, STC13816-2021, STC13817-2021 y STC13947-2021, STC13983-2021). <\/p>\n
3. Lo dicho impone respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC3539-2022 Magistrado ponente STC3539-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-02217-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de marzo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por Ramiro Jos\u00e9 Vargas Sabogal frente al fallo proferido el 2 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-62291","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62291","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62291"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62291\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62291"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62291"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62291"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}