STC3541-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3541-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-22-13-000-2022-00071-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al debido proceso, \u00abdignidad humana\u00bb, defensa y \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, presuntamente trasgredidos por las autoridades acusadas en las acciones de este mismo linaje y policiva de las que, en su orden, conocieron. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, dejar sin efectos la resoluci\u00f3n dictada por la mentada Alcald\u00eda el 14 de febrero de 2022, ordenarle \u00abresolver en derecho el recurso de apelaci\u00f3n presentado en contra del auto de\u2026 03 de enero de 2022 expedido por la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de Magangu\u00e9 y confirm[ar] dicha decisi\u00f3n\u00bb; o en subsidio, restar efectos a la resoluci\u00f3n emitida por ese ente territorial el 4 de agosto de 2021, invalidar todo lo all\u00ed actuado, vincularla a ese tr\u00e1mite y \u00abdejar sin efectos la providencia de tutela de\u2026 09 de noviembre de 2021, [proferida por el Juzgado convocado,] y en consecuencia[,] se confirme la decisi\u00f3n impugnada\u00bb. <\/p>\n
2. Los hechos relevantes para definir este caso son los que as\u00ed se sintetizan. <\/p>\n
2.1. Narr\u00f3 el accionante que la querella policiva por perturbaci\u00f3n a la posesi\u00f3n respecto del predio con folio inmobiliario Nro. 064-16987 -el cual hace parte de la copropiedad accionante-, interpuesta por Antonio Botero Castro contra Fabi\u00e1n Campo P\u00e9rez, se tramit\u00f3 de forma acumulada con la formulada por \u00e9ste contra aqu\u00e9l, Jhovanna Barrientos Gonz\u00e1lez, Lety Cohen y Sof\u00eda Arrieta; y surtidas las etapas de rigor, el 2 de marzo de 2021 la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de Magangu\u00e9 la resolvi\u00f3 a favor de Botero Castro y \u00abtodos los copropietarios del Conjunto Residencial\u00bb; decisi\u00f3n que, previa acci\u00f3n de tutela en la que el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Magangu\u00e9 orden\u00f3 tramitar la apelaci\u00f3n propuesta por Campo P\u00e9rez (fallo confirmado por el Juzgado Primero de Familia del mismo lugar), el 4 de agosto siguiente revoc\u00f3 la Alcald\u00eda Municipal de Cicuco para, en su lugar, otorgar la posesi\u00f3n a \u00e9ste \u00faltimo y ordenar \u00aba todos los copropietarios\u2026[,] sin ser parte o intervinientes en el proceso, cesar cualquier acto perturbatorio de la posesi\u00f3n sobre el predio en disputa\u00bb. <\/p>\n
2.2. Se\u00f1al\u00f3 que el 23 de septiembre de 2021 pidi\u00f3 la anulaci\u00f3n de esa actuaci\u00f3n por su falta de vinculaci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. De otro lado, Botero Castro promovi\u00f3 otra acci\u00f3n de tutela contra la referida Alcald\u00eda aduciendo la incursi\u00f3n en defecto f\u00e1ctico, resguardo que el pasado 4 de octubre de 2021 le concedi\u00f3 el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Magangu\u00e9, pero esa determinaci\u00f3n, el 9 de noviembre posterior, la revoc\u00f3 el estrado judicial aqu\u00ed convocado, quien declar\u00f3 improcedente dicho ruego. Determinaci\u00f3n \u00faltima que el 15 de diciembre \u00faltimo la Corte Constitucional excluy\u00f3 de revisi\u00f3n. <\/p>\n
2.4. Adujo que, en el interregno de esos \u00faltimos fallos de tutela, Campo P\u00e9rez pidi\u00f3 la nulidad del tr\u00e1mite policivo por la indebida integraci\u00f3n del contradictorio, pero ante la sentencia supralegal del ad-quem, favorable a sus intereses, desisti\u00f3 de ello; y la copropiedad, el 25 de noviembre de 2021, tambi\u00e9n deprec\u00f3, por el mismo motivo, la invalidez de esa actuaci\u00f3n, a lo que el 3 de enero de este a\u00f1o accedi\u00f3 la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda, pero ello, el 14 de febrero siguiente, lo revoc\u00f3 la Alcald\u00eda de Cicuco. <\/p>\n
2.5. En concreto, el gestor adujo que la aludida Alcald\u00eda, efectuando \u00abuna errada interpretaci\u00f3n de la ley, y no acorde al art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u00bb, revoc\u00f3 la declaraci\u00f3n de nulidad de la Inspecci\u00f3n \u00abargumentando que\u2026 el art\u00edculo 228 del C\u00f3digo de Convivencia Ciudadana, solo permite solicitar la nulidad dentro de la audiencia\u00bb, impidi\u00e9ndole, de forma injustificada, intervenir en el se\u00f1alado tr\u00e1mite policivo, desconociendo su inter\u00e9s en el mismo, especialmente su calidad de poseedora, aunado a que la copropiedad \u00abactualmente funge como demandante dentro de un proceso de pertenencia que cursa en el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Magangu\u00e9, con radicado 2021-00148-00, sobre el lote en disputa\u00bb. <\/p>\n
Enfatiz\u00f3 que las providencias atacadas son las \u00abdictadas en segunda instancia por el alcalde municipal de Cicuco, y la de primera instancia por el inspector de polic\u00eda de Magangu\u00e9, dentro del proceso policivo de perturbaci\u00f3n a la posesi\u00f3n\u00bb, en tanto que, con ellas, se incurri\u00f3 en defectos procedimental absoluto, material o sustantivo y de violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n, pues se le conden\u00f3 sin ser parte en el proceso; y que, \u00ab[e]n cuanto a la decisi\u00f3n del Juzgado Primero Civil del Circuito de Magangu\u00e9[,] se advierte que la pretensi\u00f3n va dirigida como [\u00fa]ltimo recurso subsidiario\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Magangu\u00e9 solicit\u00f3 \u00abDENEGAR por improcedente el amparo\u2026[,] en la medida en que no se incurri\u00f3 en ninguna v\u00eda de hecho y especialmente porque no se acredit[\u00f3] el cumplimiento de los requisitos de procedencia de la acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
2. Fabi\u00e1n Arturo Campo P\u00e9rez indic\u00f3 que ning\u00fan reclamo se plante\u00f3 en contra del Juzgado accionado, evidenci\u00e1ndose que se le relacion\u00f3 con el \u00fanico fin de que el Tribunal asumiera el conocimiento del asunto, sin embargo, las quejas constitucionales \u00fanicamente involucran las decisiones de la Alcald\u00eda de Cicuco, por lo que lo correcto era remitir el caso al juez de tutela realmente competente. <\/p>\n
3. La Alcald\u00eda Municipal de Cicuco deprec\u00f3 denegar el resguardo porque esa entidad \u00abactu\u00f3 dentro del margen razonable de su autonom\u00eda funcional, era viable adelantar el tr\u00e1mite correspondiente y culminar con una determinaci\u00f3n como la adoptada\u00bb. <\/p>\n
4. El Juzgado Promiscuo Municipal de Magangu\u00e9 rog\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de esta actuaci\u00f3n porque no vulner\u00f3 el debido proceso ni \u00abotro derecho fundamental del accionante; toda vez que el tr\u00e1mite impartido a la tutela [que all\u00ed curs\u00f3]\u2026, es el reglado en el Decreto 2591 de 1991 y dem\u00e1s normas relacionadas, y por ende, no comet[i\u00f3] ninguna v\u00eda de hecho que haga procedente [esta] acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
5. La Personer\u00eda y la Alcald\u00eda Municipal de Magangu\u00e9 limitaron sus intervenciones a rese\u00f1ar las actuaciones all\u00ed surtidas. <\/p>\n
6. El Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Magangu\u00e9 indic\u00f3 conocer del juicio de pertenencia impulsado por el accionante, pero que este tr\u00e1mite tutelar nada tiene que ver con aqu\u00e9l, por lo que tambi\u00e9n reclam\u00f3 su exclusi\u00f3n de este tr\u00e1mite. <\/p>\n
EL FALLO IMPUGNADO <\/p>\n
El a-quo constitucional deneg\u00f3 la protecci\u00f3n al considerar carente de legitimaci\u00f3n al accionante porque \u00ablas actuaciones policivas\u2026 surgieron del conflicto entre\u2026 Botero Castro, \u2026Barrientos Gonz\u00e1lez, ..Cohen, \u2026Arrieta con\u2026 Campo P\u00e9rez, mismas que han estado precedidas de varias acciones constitucionales y, en las cuales, cada uno ha hecho uso de sus medios de ley para procurar la protecci\u00f3n de sus derechos\u00bb; aunado a que \u00abno se evidencia que los derechos del Conjunto Residencial\u2026 o los de su representante legal est\u00e9n comprometidos con las actuaciones referidas\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La inco\u00f3 la parte actora aduciendo, en concreto, que est\u00e1 claramente acreditada su legitimaci\u00f3n en la causa por su evidente intervenci\u00f3n y necesaria vinculaci\u00f3n al tr\u00e1mite policivo fustigado, aunado a que lo pretendido con la salvaguarda era, precisamente, evitar la interrupci\u00f3n irregular de su ejercicio posesorio sobre el predio all\u00ed involucrado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Por l\u00ednea jurisprudencial, trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales y administrativas, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
El planteamiento anterior se aplica en \u00abuna medida a\u00fan mayor cuando la providencia atacada fue proferida por un juez constitucional como ep\u00edlogo del tr\u00e1mite de amparo; de lo contrario, se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertir\u00eda ad aeternum lo expresado en el primer fallo\u00bb (CSJ STC, 8 jul. 2008, rad. 2008-01018-00). <\/p>\n
2. Con fundamento en las premisas anotadas, los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias y muy a pesar de las alegaciones del inconforme, en lo que tiene que ver con el reclamo tutelar dirigido contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Magangu\u00e9, advierte la Sala que efectivamente su solicitud de resguardo estaba llamada al fracaso, pero atendiendo a que la dirigi\u00f3 frente al fallo dictado en segunda instancia en un asunto constitucional previo de este mismo linaje, impulsado por Antonio Botero Castro contra la Alcald\u00eda Municipal de Cicuco. <\/p>\n
2.1. En punto a la improcedencia de esta herramienta supralegal respecto a decisiones adoptadas en actuaciones de la misma naturaleza, la jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u2026el derecho de amparo constitucional no procede contra sentencias judiciales dictadas en el curso de tutela anterior, debido a que, de admitirse tal posibilidad, se permitir\u00eda una espiral sin l\u00edmite de acciones de dicha estirpe en procura de discutir las decisiones que deben cumplirse antes que someterse nuevamente a juicio de id\u00e9ntica naturaleza, pues no puede soslayarse el hecho relevante que lo considerado son garant\u00edas superiores, al extremo que, si el debate se reinicia, tales derechos y su vigencia en cada caso particular resultar\u00edan atacados y erosionada en forma profunda la efectividad de la justicia, as\u00ed como la seguridad jur\u00eddica que el fallo debe comportar\u2026 Igualmente, ha de tenerse en cuenta que en el tr\u00e1mite de la tutela existen mecanismos judiciales de defensa que tornan improcedente dicha acci\u00f3n constitucional contra una sentencia de amparo, cuales son el de impugnaci\u00f3n ante el inmediato superior funcional y la revisi\u00f3n eventual de la Corte Constitucional, de suerte que estos especiales y restringidos medios son los expeditos como instrumentos judiciales defensivos (CSJ STC, 2 oct. 2008, rad. 01619-00; reiterada en STC8097-2016, 16 jun., rad. 2015-00243-02). <\/p>\n
En el mismo sentido se ha resaltado que: <\/p>\n
\u2026\u2018ante una equivocaci\u00f3n o arbitrariedad en que puedan incurrir los jueces en sede de tutela al ocuparse de la pertinente decisi\u00f3n, no ser\u00eda una nueva queja de tal naturaleza la id\u00f3nea para contrarrestar el supuesto quebranto, sino \u00fanicamente la impugnaci\u00f3n y la revisi\u00f3n eventual, instrumentos que deben surtirse ante los funcionarios habilitados para ello, aspecto que pone de relieve la existencia de otros medios de defensa judicial, a los que debe acudir el interesado en procura de dilucidar las inconformidades referidas, pues, la tutela no puede convertirse en un mecanismo paralelo\u2019 (expedientes 2006-01425-01 y 2007-02023-00). <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, surge palmario que son dos los mecanismos previstos en el ordenamiento para recurrir una decisi\u00f3n en materia de tutela, esto es, por medio de la impugnaci\u00f3n de la providencia de primera instancia y la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, quedando, por consiguiente, cerrada la oportunidad de que se examine una determinaci\u00f3n tomada por otro juez en sede constitucional (CSJ STC, 2 ag. 2013, rad. 00851-01; reiterada en STC8097-2016, 16 jun. 2016, rad. 2015-00243-02). <\/p>\n
2.2. Con apoyo en lo dicho, es palmario que los inconformes tienen dos mecanismos previstos en el ordenamiento jur\u00eddico para recurrir una decisi\u00f3n de tutela, el primero es la impugnaci\u00f3n frente a la dictada por el a-quo y, el segundo, la eventual revisi\u00f3n por parte de la Corte Constitucional, quedando as\u00ed imposibilitada cualquier otra oportunidad para que se examine una determinaci\u00f3n tomada por otro juez supralegal. <\/p>\n
2.3. De modo que la petici\u00f3n elevada por el actor, a pesar de su insistencia y al margen de pretender plantearse como subsidiaria, no pod\u00eda ser atendida, m\u00e1xime cuando el citado tr\u00e1mite no fue seleccionado para revisi\u00f3n por la Corte Constitucional, de lo que se desprende la inmutabilidad de la cosa juzgada, que comprende toda la actuaci\u00f3n all\u00ed surtida, incluidos su tr\u00e1mite y el fallo dictados por el ad-quem, que impide volver sobre los aspectos all\u00ed definidos. <\/p>\n
En dicho sentido esta Sala ha precisado que: <\/p>\n
[Si] la Corte Constitucional excluy\u00f3 de revisi\u00f3n la acci\u00f3n de tutela fallada por las Oficinas Judiciales accionadas, ello no hace, per se, viable una nueva solicitud de amparo por cuanto en este evento el afectado que se encuentre inconforme con un fallo de tutela puede acudir ante el \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n constitucional para solicitar la revisi\u00f3n del fallo, con fundamento en lo dispuesto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991. Empero, en firme la aludida decisi\u00f3n de exclusi\u00f3n deviene la ejecutoria formal del fallo… ahora censurado, con lo cual queda clausurado en forma definitiva el debate iusfundamental (CSJ STC, 19 jul. 2011, rad. 2011-01439-00; reiterada en STC2884-2015, 13 mar. 2015, rad. 2015-00092-01). <\/p>\n
2.4. Ahora bien, no olvida la Corte que, en casos excepcionales, ha aceptado la procedencia del mecanismo de amparo contra sentencias de tutela, espec\u00edficamente \u00aben presencia de una vulneraci\u00f3n del debido proceso y, en particular, cuando se omite la integraci\u00f3n del contradictorio, …para restablecer el statu quo lesivo del derecho fundamental\u00bb (STC11156-2014, 22 ag., rad. 01804-00; STC15516-2015, 11 nov., rad. 02680-00; STC-2016, 21 en., rad. 2015-03107-00; STC-2016, 11 feb., rad. 00188-00; y STC- 2016, 7 abr., rad. 00744-00; citadas en STC8768-2016, 6 jul., rad. 2016-00141); no obstante, en el caso de autos no se aleg\u00f3 ni se evidencia la configuraci\u00f3n de alguno de esos eventos, que permitir\u00edan un an\u00e1lisis respecto de tal situaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Por otro lado, en cuanto a la queja contra el fustigado tr\u00e1mite policivo del que conoci\u00f3 la Alcald\u00eda Municipal de Cicuco, se desprende la inviabilidad de que esta Corporaci\u00f3n decida de fondo tal impugnaci\u00f3n, pues la actuaci\u00f3n constitucional surtida est\u00e1 viciada de nulidad, en la medida en que el a-quo supralegal carec\u00eda de competencia para tramitarla en primer grado. <\/p>\n
3.1. En efecto, para el reparto de la demanda tutelar en cuanto a esa autoridad eran aplicables los par\u00e1metros establecidos en el canon 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015 (modificado por el precepto 1\u00ba del Decreto 333 de 2021), seg\u00fan el cual \u00ab[p]ara los efectos previstos en el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocer\u00e1n de la acci\u00f3n de tutela, a prevenci\u00f3n, los jueces con jurisdicci\u00f3n donde ocurriere la violaci\u00f3n o la amenaza que motivare la presentaci\u00f3n de la solicitud o donde se produjeren sus efectos\u00bb; y acorde con su numeral 1\u00ba, \u00ab[l]as acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden\u2026 municipal\u2026 ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces Municipales\u00bb (se destac\u00f3). <\/p>\n
3.2. Entonces, el fallo proferido en este tr\u00e1mite respecto a la Alcald\u00eda Municipal de Cicuco est\u00e1 viciado de nulidad, por falta de competencia, de acuerdo al precepto 16 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del decreto 306 de 1992. <\/p>\n
Al respecto, ha se\u00f1alado esta Corte que: <\/p>\n
El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo1, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992.2 (Criterio expuesto en CSJ, ATC1396-2016; reiterado, entre muchos otros, en ATC1684-2016, ATC1686-2016 y ATC2521-2016). <\/p>\n
3.3. Por otro lado, en torno a la facultad para declarar \u00abnulidades\u00bb a partir de las reglas fijadas en el Decreto 1983 de 2017, cuyo razonamiento ahora se hace extensivo al Decreto 333 de 2021, esta Corporaci\u00f3n ha precisado que: <\/p>\n
3. La situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n
4. Bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u201d. <\/p>\n
\u201c[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01) (criterio expuesto en ATC298-2018, 31 en., rad. 2017-00314-01; reiterado, entre muchos otros, en ATC472-2018, 15 feb., rad. 2017-01316-01). <\/p>\n
4. En atenci\u00f3n a lo considerado, se confirmar\u00e1 la determinaci\u00f3n de primer grado en cuanto a denegar el resguardo frente al Juzgado Primero Civil del Circuito de Magangu\u00e9; mientras que respecto de la Alcald\u00eda Municipal de Cicuco se declarar\u00e1 la nulidad de la misma, por falta de competencia de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena para emitirla, y en consecuencia, se dispondr\u00e1 la remisi\u00f3n de copia de la queja al reparto de los Juzgados Promiscuos Municipales de Magangu\u00e9, llamados para tramitarla en primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: <\/p>\n
Primero. Confirmar el fallo impugnado en cuanto deneg\u00f3 el amparo deprecado por el accionante en lo que tiene que ver con el accionado Juzgado Primero Civil del Circuito de Magangu\u00e9. <\/p>\n
Segundo. Declarar la nulidad del fallo dictado el 7 de marzo de 2022 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena en esta acci\u00f3n de tutela, exclusivamente en lo referente a la encausada Alcald\u00eda Municipal de Cicuco – Bol\u00edvar; sin perjuicio de la validez de todo lo actuado, salvo aquella decisi\u00f3n, en los t\u00e9rminos del inciso 1\u00ba del precepto 16 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
En consecuencia, se ordena remitir de inmediato copia de este expediente a la oficina de reparto de los Juzgados Promiscuos Municipales de Magangu\u00e9, con el fin de que, efectuada la asignaci\u00f3n respectiva, se imprima al asunto el tr\u00e1mite de primera instancia de rigor en torno al reclamo tutelar del actor contra el ente territorial referido a espacio y en cuanto al tr\u00e1mite policivo all\u00ed surtido. <\/p>\n
Tercero. Notificar lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante el medio m\u00e1s expedito y eficaz, l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes y env\u00edense las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de la Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00abART\u00cdCULO 16. PRORROGABILIDAD E IMPRORROGABILIDAD DE LA JURISDICCI\u00d3N Y LA COMPETENCIA. La jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. [Se subray\u00f3]. <\/p>\n
2\u0002 Ese aparte normativo fue incluido en el canon 2.2.3.1.1.3. del decreto 1069 de 2015 (Por medio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho), precisando que antes ense\u00f1aba que, \u00abpara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991\u2026, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto\u00bb, se aplicar\u00edan los principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a \u00e9ste estatuto sino al C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
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STC3541-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC3541-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-22-13-000-2022-00071-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de marzo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). ANTECEDENTES 1. El promotor del amparo, a […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-62293","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62293","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62293"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62293\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62293"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62293"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62293"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}