STC3578-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC3578-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-01774-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 14 de septiembre de 20211, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00c1lvaro Barbosa Castillo contra la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 4 de la Corte Suprema de Justicia y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados, el Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito de esta ciudad, la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social \u2015UGPP\u2015 y las partes e intervinientes en el ordinario laboral n\u00b0 2016-349. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la igualdad, m\u00ednimo vital, \u00abla falta de aplicaci\u00f3n del precedente jurisprudencial, el principio de favorabilidad en materia laboral (\u2026) [y] de primac\u00eda del derecho sustancial sobre el formal\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, indic\u00f3 que present\u00f3 demanda contra la Caja de Previsi\u00f3n Social de Comunicaciones CAPRECOM hoy U.G.P.P., en procura del reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n jubilaci\u00f3n extralegal, en tanto que \u00ablabor\u00f3 como trabajador oficial durante 24 a\u00f1os, 7 meses y 18 d\u00edas exclusivamente para Teletolima\u00bb, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, quien acogi\u00f3 las pretensiones y en consecuencia \u00abconcedi\u00f3\u00bb la prestaci\u00f3n. <\/p>\n
Destac\u00f3 que posteriormente, en virtud de la apelaci\u00f3n interpuesta, la Sala Laboral del Tribunal Superior de esta localidad revoc\u00f3 lo resuelto por el a quo. Inconforme, recurri\u00f3 en sede extraordinaria, en donde la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 4, dej\u00f3 inc\u00f3lume la decisi\u00f3n desfavorable del ad quem, al considerar que \u00ab[de] la convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo se interpreta (\u2026) que el trabajador debe encontrarse activo en la empresa al momento de solicitar la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Resoluciones que a juicio del promotor desconocieron el precedente y el principio de favorabilidad, por cuanto \u00abresulta (\u2026) absurda la posici\u00f3n de que como en todas las partes del art\u00edculo y su par\u00e1grafo se habla de trabajador entonces debe entenderse que esta norma es para trabajadores activos, sin tener en cuenta que trabajador se le denomina a todo aquel hombre o mujer que hace parte de la fuerza productiva al servicio privado o estatal encu\u00e9ntrese o no laborando\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, que se \u00abdicte por parte de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral sentencia de Unificaci\u00f3n de la Jurisprudencia sobre las pensiones del Sector de las Telecomunicaciones\u00bb y en consecuencia, se dejen sin efectos: el fallo SL1060 del 15 de marzo de 2021 y el de segunda instancia. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, expuso las actuaciones surtidas y manifest\u00f3 que \u00abdeber\u00e1 denegarse la acci\u00f3n constitucional, al no haberse vulnerado derecho fundamental alguno a la parte actora, toda vez que esta Sede Judicial, durante el tr\u00e1mite procesal le garantiz\u00f3 fielmente sus derechos\u00bb. <\/p>\n
2. La U.G.P.P., indic\u00f3 que \u00ablo pretendido por la parte accionante es sustituir una decisi\u00f3n judicial proferida por el juez natural de la causa, quien con base en lo probado en este caso fall\u00f3 el proceso ordinario laboral en debida forma sin que se observe que el mismo haya incurrido en v\u00eda de hecho como lo pretende hacer ver la parte actora; aunado el hecho que la petici\u00f3n constitucional de dejar sin efecto las decisiones impartidas por las autoridades accionadas para que en su lugar se proceda a reabrir una actuaci\u00f3n culminada hace que dicha solicitud sea improcedente\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo al advertir que \u00abla providencia revisada no comporta los vicios alegados por el accionante, susceptibles de ser enmendados a trav\u00e9s del amparo constitucional. Prevalece el principio de autonom\u00eda judicial que le impide al juez de tutela inmiscuirse en decisiones como la controvertida, la cual hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada, s\u00f3lo porque el demandante no la comparte o tiene una comprensi\u00f3n diversa a la concretada en dicha determinaci\u00f3n\u00bb. Respecto del desconocimiento del precedente alegado, precis\u00f3 que \u00aben esos asuntos no s\u00f3lo las partes y entidades eran disimiles a las aqu\u00ed convocadas, sino que se examinaron cl\u00e1usulas convencionales que consagraban pensiones de jubilaci\u00f3n diferentes a la planteada en el proceso objeto de tutela\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impetr\u00f3 el apoderado del convocante para insistir en su pretensi\u00f3n, resaltando respecto del acuerdo colectivo que \u00ab[no] hay restricci\u00f3n alguna que se\u00f1ale que se debe cumplir la edad estando al servicio de la Empresa\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso laboral que inici\u00f3 el gestor (SL1060-2021, rad. 81352), por mantener en firme la resoluci\u00f3n desestimatoria del tribunal, supuestamente en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
Lo anterior, porque si bien el reclamo involucra los fallos del 28 de noviembre de 2017 y 15 marzo de 2021, proferidos por los estrados convocados, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 a este \u00faltimo, esto es, el de la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 4, por cuanto fue el que defini\u00f3 el asunto, pues como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015, rad 01992-00). <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las decisiones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n querellada mantuvo inc\u00f3lume la resoluci\u00f3n desestimatoria del tribunal ad quem, en tanto advirti\u00f3 que \u00abno [err\u00f3] (\u2026) por entender, conforme a la cl\u00e1usula pensional trascrita y al art\u00edculo 467 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, que el demandante no era beneficiario de la pensi\u00f3n, por cuanto en realidad la misma se adquir\u00eda o causaba estando al servicio de la empresa\u00bb, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al resolver el cargo \u00fanico, en el que la entidad recurrente acus\u00f3 al fallador de segunda instancia de haber infringido en forma indirecta la ley sustancial, por aplicaci\u00f3n indebida de \u00ablos art\u00edculos 260, 467, 476 y 471 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, lo que condujo a la infracci\u00f3n del 39, 53 y 55 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, inciso 1\u00ba del 1\u00ba de la Ley 28 de 1943, 17 de la Ley 6\u00aa de 1945, 47, literal f, del Decreto 2127 de 1945, 1\u00ba de la Ley 22 de 1945, 9\u00ba del Decreto 2661 de 1960, 12 de la Ley 790 de 2002, 60, 61 y 145 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y 174, 177 y 305 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, lo que [conllev\u00f3] a dar una equ\u00edvoca interpretaci\u00f3n a la convenci\u00f3n suscrita el 11 de enero de 2002\u00bb, el estrado enjuiciado expuso que: <\/p>\n
\u00abEl recurrente radica su inconformidad en que [la] lectura [dada a la] cl\u00e1usula convencional no consulta el principio de favorabilidad ni respeta los derechos adquiridos por haber cumplido con los 20 a\u00f1os de servicios a la empresa, que ha sido la soluci\u00f3n que esta Corte ha ofrecido en casos de otras entidades como Inravisi\u00f3n, Caja Agraria y Adpostal\u00bb. <\/p>\n
En este sentido resalt\u00f3 que \u00ab[e]l problema jur\u00eddico que debe resolverse, en consecuencia, consiste en establecer si incurri\u00f3 el Tribunal en los errores de hecho mencionados, por haber definido que conforme al art\u00edculo 42 de la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo, suscrita entre Teletolima S.A. ESP y Sintraofitel para la vigencia 2002-2003, en armon\u00eda con lo dispuesto en el art\u00edculo 467 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, el se\u00f1or Barbosa Castillo no caus\u00f3 el derecho a la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n que reclama\u00bb. <\/p>\n
Ahora bien, frente al entendimiento que se le debe dar a estas estipulaciones extralegales, dijo que \u00ablo que ha dejado sentado esta Sala en torno a la forma como deben entenderse las cl\u00e1usulas (\u2026) consagratorias de pensiones de jubilaci\u00f3n en los acuerdos suscritos en Inravisi\u00f3n, Caja Agraria o Adpostal, no puede servir de fuente para la soluci\u00f3n del presente caso, pues debe analizarse de manera individual lo dispuesto por el art\u00edculo 42 [del convenio], m\u00e1xime porque se acusa una violaci\u00f3n de la ley por la v\u00eda indirecta, precisamente porque hay que acudir al texto (\u2026) para desentra\u00f1ar de \u00e9ste lo pretendido por las partes suscribientes de ese acuerdo, sin que sea v\u00e1lido acudir a lo dicho de forma general por la Sala, cuando ha resuelto controversias similares\u00bb. <\/p>\n
En lo ateniente a lo consagrado en el art\u00edculo 42 del precitado pacto laboral, indic\u00f3 que, \u00abse pueden extraer varias conclusiones: (i) que en todas las referencias que se hacen a los beneficiarios de la pensi\u00f3n y dem\u00e1s derechos, se utiliza la expresi\u00f3n trabajadores; (ii) que para \u00abadquirir\u00bb el derecho a la pensi\u00f3n, el trabajor debe cumplir tres condiciones, a saber: 20 a\u00f1os de servicios continuos o discontinuos a la empresa, tener 50 de edad y haberse vinculado mediante contrato de trabajo indefinido antes del 31 de enero de 1996 y (iii) que el funcionario se comprometa a presentar la solicitud de pensi\u00f3n y los documentos para el tr\u00e1mite, 6 meses antes de cumplir el \u00abestatus de pensionado\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, de conformidad con la sentencia SL1021-2020, estim\u00f3 que \u00abno se haya equivocado el Tribunal por entender, conforme a la cl\u00e1usula pensional trascrita y al art\u00edculo 467 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, que el demandante no era beneficiario de la pensi\u00f3n, por cuanto en realidad la misma se adquir\u00eda o causaba estando al servicio de la empresa, previo cumplimiento de los tres requisitos mencionados. No de otra forma puede entenderse lo acordado por las partes a rengl\u00f3n seguido, cuando dispusieron \u00abLos trabajadores se comprometen a presentar ante la Empresa la solicitud de pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n y los documentos para su tr\u00e1mite seis (6) meses antes de cumplir el estatus de pensionado\u00bb. <\/p>\n
Respecto del momento en que debe acreditarse el cumplimiento de la edad, adujo que \u00ab[s]i bien es cierto que la Corte ha admitido, a trav\u00e9s del an\u00e1lisis de otras disposiciones convencionales, que la edad para acceder al beneficio sea considerada simplemente como un requisito de exigibilidad, en este caso puntual se advierte que la edad, la prestaci\u00f3n del servicio y la suscripci\u00f3n del contrato a t\u00e9rmino indefinido antes del 1\u00ba de enero de 1996, fueron los tres requisitos concurrentes que definieron las partes para \u00abadquirir\u00bb el derecho a la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, reliev\u00f3 que \u00ab[n]o se pact\u00f3, (\u2026) que se tendr\u00eda el derecho a percibir la pensi\u00f3n convencional cuando se llegara a determinada edad, caso en el que a todas luces resultar\u00eda incomprensible entenderlo como requisito de causaci\u00f3n y no de exigibilidad, pero se reitera, no fue esa la intenci\u00f3n de los firmantes del acuerdo que se analiza, porque a la condici\u00f3n de ser trabajador se le juntaron, simult\u00e1neamente, los ya citados, imponi\u00e9ndose la obligaci\u00f3n de solicitarla 6 meses antes de su cumplimiento, que ser\u00eda la fecha en que se obtendr\u00eda el estatus de pensionado\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, precis\u00f3 que \u00ab[n]o es que ahora la Sala pretenda desconocer los lineamientos generales de interpretaci\u00f3n, que en asuntos como el que ahora ocupa su atenci\u00f3n ha emitido esta Corte, en los que se ha indicado que no corresponde hacer \u00e9nfasis en expresiones textuales, ni focalizadas en frases o palabras al margen de los sujetos y los contextos (CSJ SL16811-2017), y sin tener en cuenta que la favorabilidad debe ser gu\u00eda de hermen\u00e9utica y entendimiento de los acuerdos colectivos (CSJ SL 4846-2019). Lo que acontece es que, so pretexto de la favorabilidad, no pueden desconocerse los acuerdos que en desarrollo del principio de autocomposici\u00f3n, han logrado las partes dentro del escenario de la negociaci\u00f3n colectiva\u00bb. Subrayado fuera de texto. <\/p>\n
En este aspecto, coligi\u00f3 que \u00ab[e]llo ser\u00eda tanto como aceptar que la regla general de interpretaci\u00f3n conduce a sentenciar que todas las pensiones convencionales de jubilaci\u00f3n, consagran el cumplimiento de la edad como un requisito de mera exigibilidad y nunca de causaci\u00f3n, evento \u00faltimo que, como se ha explicado, es el que se desprende del an\u00e1lisis del art\u00edculo 42 de la (\u2026) suscrita por Teletolima S.A. ESP y Sintraofitel, para la vigencia 2002-2003\u00bb, para concluir que \u00abla interpretaci\u00f3n que realiz\u00f3 el Tribunal no fue derruida con el recurso extraordinario, raz\u00f3n por la cual ha de considerarse acertada y al no evidenciarse los errores que el recurrente le enrostra a[l] [fallo], no prospera el cargo\u00bb. <\/p>\n
Conforme con ello, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo del gestor no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se advierte es una diferencia de criterio de aquel frente a la autoridad accionada, en tanto lo fallado fue contrario a sus intereses. <\/p>\n
3.2. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la determinaci\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00). <\/p>\n
3.3. De otra parte, en lo que respecta al alegado desconocimiento de los \u00abprecedentes\u00bb enunciados en el libelo inicial, esta Sala colige que la diferencia de criterios, por s\u00ed misma, no tiene la entidad de enervar la juridicidad de la sentencia de casaci\u00f3n, aunado a que en la misma se hizo alusi\u00f3n a los postulados jurisprudenciales del \u00f3rgano de cierre laboral en lo concerniente a la problem\u00e1tica estudiada \u2013entre otros, se apoy\u00f3 en los fallos SL1021-2020, 10 mar., rad. 73394; SL16811-2017, 3 oct., rad. 52775 y SL 4846-2019, 30 oct., rad. 71933\u2013, aspecto del cual no se puede desprender la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas reclamadas. <\/p>\n
Con todo, se reitera que, mirada nuevamente la postura que en el pasado hab\u00eda tenido esta Colegiatura en relaci\u00f3n con asuntos de contornos similares al presente, se encuentra necesario adecuarla, puesto que, como atr\u00e1s se indic\u00f3, la procedencia de la tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el asunto presente, a pesar de que pudiera eventualmente esta Sala o cualquier observador discrepar de lo sostenido por el \u00f3rgano de cierre de la justicia laboral, pero que no por ello merecen necesariamente ser pasibles de la acci\u00f3n de tutela. Por lo tanto, se impone mantener la providencia refutada, advirtiendo que, para la Sala, es procedente el respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo, comp\u00e1rtase o no lo decidido por el juez natural. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La determinaci\u00f3n cuestionada se advierte razonable, en tanto no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El expediente ingres\u00f3 a este despacho el pasado 10 de marzo de 2022, de conformidad con la informaci\u00f3n consignada en el acta de reparto. <\/p>\n
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