STC3579-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC3579-2022 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 2 de noviembre de 20211, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Arturo Garc\u00eda Aldana contra la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00b01 de la Corte Suprema de Justicia y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados, el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de esta ciudad y las partes en el ordinario laboral n\u00b0 2018-00072. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la igualdad, trabajo, debido proceso, seguridad social, \u00absupremac\u00eda de la Constituci\u00f3n (\u2026) y favorabilidad\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, indic\u00f3 que present\u00f3 demanda contra CODENSA S.A. ESP, en procura del reajuste de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n extralegal, en tanto que en la liquidaci\u00f3n de esta, \u00ab[l]a empresa no tuvo en cuenta que la convenci\u00f3n colectiva de trabajo no diferencia entre el monto del salario y otros factores recibidos en contraprestaci\u00f3n del servicio, como el factor prestacional de la remuneraci\u00f3n (\u2026) y tampoco se incluyeron \u201clos componentes de la compensaci\u00f3n de lo devengado en el \u00faltimo a\u00f1o de servicios\u00bb, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, quien neg\u00f3 las pretensiones y en consecuencia absolvi\u00f3 a la querellada. <\/p>\n
Destac\u00f3 que posteriormente, en virtud de la apelaci\u00f3n interpuesta, la Sala Laboral del Tribunal Superior de esta localidad confirm\u00f3 lo resuelto por el a quo. Inconforme, recurri\u00f3 en sede extraordinaria, en donde la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 1, dej\u00f3 inc\u00f3lume la decisi\u00f3n desfavorable del ad quem al considerar que \u00ablos aspectos no regulados espec\u00edficamente por [el acuerdo laboral], como (\u2026) es, la determinaci\u00f3n de la base salarial para la liquidaci\u00f3n de la pensi\u00f3n (\u2026) en trat\u00e1ndose de salarios integrales\u2026 debe resolverse seg\u00fan lo dispuesto por el legislador\u00bb. <\/p>\n
Resoluci\u00f3n que a juicio del promotor, \u00abconstituye una infracci\u00f3n directa a la Constituci\u00f3n y materializa un defecto sustantivo pues (\u2026) decidi\u00f3 el asunto en contrav\u00eda de uno de los principios m\u00ednimos fundamentales que consagra el art\u00edculo 53 del estatuto fundamental\u00bb, adicional a ello la autoridad enjuiciada, \u00abdesconoci\u00f3 sus propios precedentes, contenidos en la sentencia SL1459 de 2020 de la misma Sala, en la que se examin\u00f3 un asunto similar al presente\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, que se revoque el fallo SL888 del 9 de marzo de 2021 y en consecuencia se disponga que \u00abtiene derecho a la liquidaci\u00f3n de la pensi\u00f3n convencional (\u2026) con el 100% del salario integral devengado, tal como lo establece el art\u00edculo 34 [del pacto] colectiv[o]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS VINCULADOS <\/p>\n
La hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 1, realiz\u00f3 un recuento de la providencia confutada y expuso que \u00abresulta evidente que lo que pretende el tutelante con [el presente mecanismo] es reabrir el debate en relaci\u00f3n con los temas discutidos y decididos en las instancias ordinarias, esto es, la base salarial para calcular la [prestaci\u00f3n] de jubilaci\u00f3n, (\u2026) lo cual no puede ser avalado por el juez constitucional. Adem\u00e1s, no es posible sustentar la petici\u00f3n de amparo en circunstancias acreditadas en otros procesos, pues las decisiones que debe adoptar esta Sala, son producto del debate probatorio desplegado en cada caso en particular, de ah\u00ed que no sea procedente invocar lo resuelto en la CSJ SL1459- 2020, m\u00e1s cuando no constituye precedente en la materia\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 respecto de la jurisprudencia en cita que \u00abaunque dicha decisi\u00f3n se profiri\u00f3 por la Sala 2 de Descongesti\u00f3n de esta corporaci\u00f3n en un proceso seguido contra la misma entidad accionada, en ella no se efectu\u00f3 un pronunciamiento de fondo en relaci\u00f3n con la base salarial para calcular la pensi\u00f3n convencional, en raz\u00f3n a las graves deficiencias t\u00e9cnicas en que incurri\u00f3 el all\u00ed recurrente en la formulaci\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n. De ah\u00ed que no es correcto afirmar que la Corte haya avalado lo dispuesto en la sentencia de segundo grado que all\u00ed se impugn\u00f3\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, estableci\u00f3 que \u00abno existe vulneraci\u00f3n alguna de los derechos fundamentales del accionante, pues la Sala atendi\u00f3 de manera adecuada lo dispuesto en la referida cl\u00e1usula extralegal, y en virtud de ello, dio aplicaci\u00f3n a la regulaci\u00f3n legal respecto de la base salarial que debe tenerse en cuenta para liquidar una pensi\u00f3n, cuando la remuneraci\u00f3n que se percibe es integral\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo al advertir que \u00abla l\u00ednea de pensamiento, con fundamento en la cual se emiti\u00f3 la sentencia de casaci\u00f3n, para este juez constitucional emerge razonable, ponderada y est\u00e1 debidamente sustentada en los preceptos que gobiernan el reconocimiento reclamado, por lo que no es posible considerar que sea producto de arbitrariedad o ajena al ordenamiento jur\u00eddico\u00bb. Respecto del desconocimiento del precedente, concretamente del fallo SL1459 de 2020, coligi\u00f3 que \u00abno fue una situaci\u00f3n que planteara en la instancia para fundamento de su pretensi\u00f3n, es decir, en ning\u00fan momento trajo a colaci\u00f3n dicha manifestaci\u00f3n jurisprudencial en aras de plantear una aplicaci\u00f3n de lo que pudiere favorecerle de aqu\u00e9lla en aras de provocar una r\u00e9plica de la Judicatura, la cual, al momento de responder al traslado, indic\u00f3 que esa decisi\u00f3n no constituye precedente en la materia, toda vez que en ella no se abord\u00f3 un examen de fondo en relaci\u00f3n con la base salarial para calcular la pensi\u00f3n convencional\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impetr\u00f3 el apoderado del convocante sin precisar los motivos de desacuerdo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso laboral que inici\u00f3 el gestor (SL888-2021, rad. 85485), por mantener en firme la resoluci\u00f3n desestimatoria del tribunal, supuestamente en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las decisiones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n querellada mantuvo inc\u00f3lume la resoluci\u00f3n desestimatoria del tribunal ad quem, en tanto consider\u00f3 que \u00ablos aspectos no regulados espec\u00edficamente por [el acuerdo laboral], como (\u2026) es, la determinaci\u00f3n de la base salarial para la liquidaci\u00f3n de la pensi\u00f3n (\u2026) en trat\u00e1ndose de salarios integrales\u2026 debe resolverse seg\u00fan lo dispuesto por el legislador\u00bb, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al resolver el cargo \u00fanico, en el que se acus\u00f3 al fallador de segunda instancia de haber infringido en forma indirecta la ley sustancial, por aplicaci\u00f3n indebida de \u00abart\u00edculos 132 del CST y 18 de la Ley 50 de 1990, en relaci\u00f3n con los art\u00edculos 467, 468, 469 y 470 del \u00abmismo estatuto\u00bb; 1\u00b0 del Decreto 174 de 1991, 49 de la Ley 789 de 2002, 18 y 21 de la Ley 100 de 1993, 25, 27, 28, 32, 1618 y 1620 del C\u00f3digo Civil, 13 de la Ley 53 de 1887, 53 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y la sentencia CC C 988-1999\u00bb, el estrado enjuiciado expuso que: <\/p>\n
\u00abEl censor (\u2026) asegura que la base salarial para calcular la prestaci\u00f3n de jubilaci\u00f3n otorgada al actor corresponde al \u00faltimo salario percibido, dado que el par\u00e1metro para fijarla no es la ley sino el texto extralegal. As\u00ed, refiere que una interpretaci\u00f3n de la norma convencional bajo los principios de favorabilidad e in dubio pro operario, aplicables en raz\u00f3n a su car\u00e1cter de fuente de derecho objetivo, permite colegir que el porcentaje del 100% all\u00ed previsto debe aplicarse a la totalidad de lo percibido por el actor como salario integral, y no solo al 70%\u00bb. <\/p>\n
En este sentido resalt\u00f3 que, \u00able corresponde a la Sala establecer si el juez de la alzada incurri\u00f3 en error al acudir a las normas legales para determinar la base salarial a fin de calcular la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n extralegal reconocida al demandante, en los t\u00e9rminos del literal b) del art\u00edculo 34 de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo\u00bb. <\/p>\n
Inicialmente, recapitul\u00f3 los hechos que no fueron controvertidos, tales como \u00abi) el se\u00f1or Garc\u00eda Aldana labor\u00f3 durante 30 a\u00f1os, 8 meses y 24 d\u00edas al servicio de Codensa S.A. ESP; ii) le fue reconocida una pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n con fundamento en el literal b) del art\u00edculo 34 de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo, tal como se orden\u00f3 en sentencia dictada por esta corporaci\u00f3n el 27 de abril de 2016 y iii) la prestaci\u00f3n se le otorg\u00f3 en el equivalente al 70% del salario integral devengado por el actor\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, cit\u00f3 el art\u00edculo 42 del acuerdo laboral, y respecto de su an\u00e1lisis, refiri\u00f3 que \u00abes razonable entender, como lo hizo el Tribunal, que, frente a los aspectos no regulados por la [referida cl\u00e1usula], se debe acudir a las normas legales respectivas, tal como lo dispuso el par\u00e1grafo primero\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, \u00abtambi\u00e9n se ajusta al texto de la disposici\u00f3n (\u2026) citada la conclusi\u00f3n del colegiado en cuanto a que, en los eventos contemplados en el literal b) de tal art\u00edculo, conforme al cual se orden\u00f3 el reconocimiento de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n a favor del [solicitante], las partes que firmaron el acuerdo (\u2026) solamente pactaron el aspecto atinente al monto de [este beneficio] en correspondencia al tiempo de servicios. As\u00ed, expresamente se\u00f1alaron que el porcentaje ser\u00eda entre el 85% y el 100% dependiendo del tiempo laborado al servicio de la empresa demandada. Sin embargo, es dable extraer de su contenido que nada se acord\u00f3 en relaci\u00f3n con el ingreso base sobre el cual deb\u00eda aplicarse dicho porcentaje o tasa de reemplazo\u00bb. Subrayado fuera de texto. <\/p>\n
En lo ateniente al salario integral devengado por el promotor, indic\u00f3 que, \u00abdeb\u00edan atenderse las disposiciones del art\u00edculo 132 del CST modificado por el art\u00edculo 18 de la Ley 50 de 1990, norma legal que establece que el 30% de esta modalidad de remuneraci\u00f3n corresponde al factor prestacional, el cual no tiene connotaci\u00f3n salarial, y, por tanto, el 70% es la base salarial que ten\u00eda que atenderse en un 100%\u00bb. <\/p>\n
En consonancia con lo previamente expuesto y con base en la providencia SL, 25 abr. 2005, rad. 21396, estim\u00f3 que \u00abel Tribunal entendi\u00f3 razonablemente que, para efectos de liquidar una prestaci\u00f3n pensional, solamente deb\u00eda tomar como ingreso base el equivalente al 100% del componente salarial, esto es, el 70% del salario integral devengado, pues el restante corresponde al factor prestacional que no ser\u00eda dable incluir como salario pues no tiene tal car\u00e1cter. As\u00ed, en sentencia CSJ SL5504-2014, se concluy\u00f3 que era improcedente tomar el 100% del salario integral, esto es, el 70% como base salarial m\u00e1s el 30% de factor prestacional, para liquidar una pensi\u00f3n, que, aunque en ese caso, si bien fue de car\u00e1cter legal y a cargo de un empleador, aplica para el evento presente en la medida que se trata de un tema no regulado expresamente por [el pacto]\u00bb. <\/p>\n
De conformidad con lo anterior, adujo que \u00abla Sala no advierte equivocaci\u00f3n del colegiado, menos con el car\u00e1cter de evidente, pues atendi\u00f3 de manera adecuada lo dispuesto en la referida cl\u00e1usula extralegal, y en virtud de ello, dio aplicaci\u00f3n a la regulaci\u00f3n legal respecto del porcentaje que debe tenerse en cuenta en trat\u00e1ndose del salario integral para efectos de liquidar una prestaci\u00f3n pensional [de jubilaci\u00f3n], frente a la cual, el texto (\u2026) acordado en el art\u00edculo pertinente, guard\u00f3 silencio\u00bb. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, reliev\u00f3 que \u00aben los eventos en que la disposici\u00f3n extralegal no es di\u00e1fana en su contenido y tenor literal, y, por ende, genera duda y conflicto en su entendimiento y aplicaci\u00f3n, pueda ser factible acudir, entre otros, al principio de favorabilidad para interpretarla, tal como lo refiere el recurrente. Sin embargo, cuando, seg\u00fan el Tribunal, la cl\u00e1usula resulta clara y de ella no se deriva alguna duda o ambivalencia en su intelecci\u00f3n, no es procedente atender tal par\u00e1metro de interpretaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, destac\u00f3 que \u00ab[e]n el presente caso no surge una verdadera disputa interpretativa como lo sugiere el censor, dado que la cl\u00e1usula 34 convencional no da lugar a dudas en cuanto a la forma de resolver cu\u00e1l es la base salarial para liquidar la [prestaci\u00f3n] contemplada en su literal b), en los t\u00e9rminos sugeridos por la censura. Para ello, el Tribunal se\u00f1al\u00f3 que, en cuanto a los asuntos no tratados en dicho apartado extralegal, como en este caso, es el referido ingreso base de liquidaci\u00f3n, debe acudirse a la regulaci\u00f3n legal sobre tal respecto\u00bb. Raz\u00f3n por la cual \u00abno tiene lugar la injerencia del juzgador a partir del principio de favorabilidad o in dubio pro operario, pues ello solo es posible cuando se presenta una ambivalencia en su intelecci\u00f3n, lo que no ocurre en este caso\u00bb. <\/p>\n
En lo referente al IBL, coligi\u00f3 que \u00abla determinaci\u00f3n de la base salarial para la liquidaci\u00f3n de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n extralegal, en trat\u00e1ndose de salarios integrales (\u2026) debe resolverse seg\u00fan lo dispuesto por el legislador\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, en lo que concierne a la \u00abfalta de valoraci\u00f3n de las comunicaciones visibles a folios 26 a 32\u00bb denunciada por el censor, la Corporaci\u00f3n enjuiciada inform\u00f3 que, \u00aben el desarrollo del cargo no [sustent\u00f3] en que consisti\u00f3 el defecto valorativo del juzgador, por lo que mal podr\u00eda la Sala entrar a estudiar estos medios de prueba. En todo caso, si pudiese hacerlo, advertir\u00eda que corresponden a dos solicitudes del actor sobre el reconocimiento de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n (\u2026) con base en el 100% del salario integral devengado, documentos que tan solo evidencian el propio dicho del demandante y, por ende, nada pueden demostrar para lograr el cometido de la casaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Todo ello para concluir que \u00abal no haberse acreditado los errores f\u00e1cticos endilgados con el car\u00e1cter de ostensibles por parte del sentenciador de la alzada, el cargo no prospera\u00bb. <\/p>\n
Conforme con ello, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo del gestor no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se advierte es una diferencia de criterio de aquel frente a la autoridad accionada, en tanto lo fallado fue contrario a sus intereses. <\/p>\n
3.2. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la determinaci\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00). <\/p>\n
3.3. De otra parte, en lo que respecta al alegado desconocimiento de los \u00abprecedentes\u00bb enunciados en el libelo inicial, esta Sala colige que la diferencia de criterios, por s\u00ed misma, no tiene la entidad de enervar la juridicidad de la sentencia de casaci\u00f3n, aunado a que en la misma se hizo alusi\u00f3n a los postulados jurisprudenciales del \u00f3rgano de cierre laboral en lo concerniente a la problem\u00e1tica estudiada \u2013entre otros, se apoy\u00f3 en los fallos SL, 25 abr. 2005, rad. 21396; SL5504-2014, 30 abr., rad. 55550; SL17642-2015, 24 nov., rad. 45185; SL4934-2017, 29 mar., rad. 48786 y SL 1240-2019, 3 abr., rad. 52016\u2013, aspecto del cual no se puede desprender la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas reclamadas. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La determinaci\u00f3n cuestionada se advierte razonable, en tanto no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El expediente ingres\u00f3 a este despacho el pasado 11 de marzo de 2022, de conformidad con la informaci\u00f3n consignada en el acta de reparto. <\/p>\n
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