STC3580-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3580-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05000-22-13-000-2022-00021-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintitr\u00e9s de marzo dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Antioquia el 10 de febrero de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Sebasti\u00e1n Colorado L\u00f3pez contra el Juzgado Civil del Circuito de Andes, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el radicado 2021-00151. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. Del escrito introductor, se desprende que su inconformidad consiste en que funge como parte demandante al interior de la acci\u00f3n popular (radicaci\u00f3n 2021-00151) y el estrado judicial ha \u00abincumplido los t\u00e9rminos perentorios\u00bb de la Ley 472 de 1998, y, adem\u00e1s, seg\u00fan acota, no ha \u00abvalorado las pruebas aportadas insaciablemente al proceso, manifiesto que desisto de mi acci\u00f3n constitucional, as\u00ed lo dijo en la acci\u00f3n popular 2021-205 y basado en ello y en la renuncia y aparente mora judicial desisto de mi acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, pidi\u00f3, (i) ordenar al estrado fustigado valore las pruebas aportadas; (ii) aceptar el \u00abdesistimiento\u00bb, ante el incumplimiento de los t\u00e9rminos perentorios de la Ley 472 de 1998; e (iii) informar \u00ab (\u2026) [el] porqu\u00e9 lo obliga a seguir perdiendo el tiempo (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Andes relacion\u00f3 en detalle lo acontecido en el asunto que origin\u00f3 la queja, destac\u00e1ndose que la dirigi\u00f3 contra la \u00abDroguer\u00eda Guaticama\u00bb de ese municipio y fue admitida el 27 de septiembre de 2021. <\/p>\n
Aduj\u00f3 que luego de varias actuaciones, profiri\u00f3 el auto del 10 de diciembre de 2021, donde se resolvieron varios asuntos entre ellos, ordenar la citaci\u00f3n del propietario del inmueble en el que funciona el establecimiento de comercio demandado, decisi\u00f3n contra la cual el actor popular interpuso reposici\u00f3n, resuelto negativamente y, dispuso la vinculaci\u00f3n de \u00c1ngela Mar\u00eda Ortiz Zapata \u2013 titular del inmueble \u00abcomo posible responsable de la vulneraci\u00f3n de los derechos colectivos invocados\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo que, los t\u00e9rminos de la Ley 472 de 1998 se han respetado y que el proceso no se encuentra en la etapa procesal correspondiente para la valoraci\u00f3n de las pruebas aportadas y que, en cuanto al \u00abdesistimiento\u00bb solicitado por el actor, han sido presentadas en algunas acciones populares que se tramitan, se le ha expuesto \u00absi lo que el actor popular quiere indicar es que desiste de actuar en esa acci\u00f3n popular, as\u00ed lo puede hacer su participaci\u00f3n no es necesaria para el impulso del tr\u00e1mite (\u2026) es obligaci\u00f3n del juez impulsarla oficiosamente y producir decisi\u00f3n de m\u00e9rito\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, defendi\u00f3 la gesti\u00f3n del despacho, indicando que no ha incurrido en mora judicial en el asunto en cuesti\u00f3n y que, en todo caso, existe una alta carga laboral por tratarse de un juzgado que adem\u00e1s conoce de asuntos laborales. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal a quo neg\u00f3 el auxilio por ausencia de vulneraci\u00f3n de las prerrogativas, tras considerar que el pleito objeto de queja se encuentra en la etapa inicial, por lo que no hay raz\u00f3n para que la c\u00e9lula judicial valore las pruebas que hasta ahora se han presentado y, adem\u00e1s, no existe una demora injustificada. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El censor recurri\u00f3 la precitada providencia, aseverando en s\u00edntesis que \u00abante lo manifestado por la tutelada sin prueba alguna, se le aplico la buena fe, pido amparar mi tutela, s\u00ed se cumplieron los t\u00e9rminos de tiempo perentorios que ordena la Ley 472 de 1998 existir\u00eda sentencia\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, si el Juzgado Civil del Circuito de Andes, vulner\u00f3 las garant\u00edas superiores del accionante dentro de la acci\u00f3n popular n\u00b0 2021-00151 que promovi\u00f3 contra la \u00abDroguer\u00eda Guaticama\u00bb de ese municipio por (i) por incurrir, supuestamente, en mora judicial por el incumplimiento de los art\u00edculos 5, 34 y 84 de la Ley 472 de 1998; (ii) no valorar las pruebas; y (iii) no decretar el \u00abdesistimiento\u00bb. <\/p>\n
2. De los presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse a la hora de establecer la procedencia de la intervenci\u00f3n del juez de tutela, ellos son: <\/p>\n
\u00ab(i) \u2026que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC. Sentencias C-590\/05; SU-813\/07). <\/p>\n
Resulta imprescindible, entonces, que en el examen previo se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, pero forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado desvele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidos derechos fundamentales pues, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha se\u00f1alado que, para el efecto, es necesario: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 2018-00023-01, entre otras). <\/p>\n
3. Del caso concreto <\/p>\n
Revisadas las diligencias, esta Sala precisa que se ratificar\u00e1 lo resuelto por el tribunal, comoquiera que, de las circunstancias expuestas por el memorialista, no se puede colegir la amenaza o vulneraci\u00f3n de las prerrogativas esenciales invocadas, ni la consumaci\u00f3n de un perjuicio irremediable, de tal forma que se habilite la interposici\u00f3n del resguardo, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, n\u00f3tese que la queja se circunscribe a que el en el curso de la acci\u00f3n popular (radicaci\u00f3n 2019-151), el despacho accionado supuestamente desatendi\u00f3 los art\u00edculos 5, 34, y 84 de la Ley 472 de 1998, relacionados con el tr\u00e1mite, plazos perentorios y el t\u00e9rmino para dictar sentencia, pero lo cierto es que, de las pruebas documentales aportadas, se colige que, el Juzgado Civil del Circuito el pasado mes de diciembre, orden\u00f3 la citaci\u00f3n del propietario del inmueble en el que funciona el establecimiento de comercio demandado, decisi\u00f3n contra la cual el actor popular interpuso reposici\u00f3n el 13 de diciembre de 2021, resuelto negativamente el 31 de enero de 2022 y, orden\u00f3 la vinculaci\u00f3n de \u00c1ngela Mar\u00eda Ortiz Zapata \u2013 titular del inmueble \u00abcomo posible responsable de la vulneraci\u00f3n de los derechos colectivos\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, queda claro, que la autoridad judicial accionada ha realizado las gestiones necesarias para dar impulso a la acci\u00f3n popular. <\/p>\n
Adicionalmente, se avalan las consideraciones realizadas por el tribunal para declarar improcedente las dem\u00e1s peticiones formuladas, tendientes a que se ordene al despacho (i) valorar las pruebas; y (ii) decretar el \u00abdesistimiento\u00bb del pleito, por cuanto el litigio se encuentra en etapa inicial, y adem\u00e1s, la petici\u00f3n no ha sido presentada dentro del proceso. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se desestimar\u00e1 la solicitud de amparo porque los hechos expuestos por el censor en esta sede excepcional no constituyen, por s\u00ed mismos, una vulneraci\u00f3n que deba ser enmendada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de primera instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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