STC3583-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC3583-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-02485-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 9 de diciembre de 20211, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Diana Esperanza Hoyos Aristiz\u00e1bal contra la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00b04 de la Corte Suprema de Justicia y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados, el Juzgado Treinta Laboral del Circuito de esta ciudad y las partes e intervinientes en el ordinario laboral n\u00b0 2017-404. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, obrando a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la igualdad, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, debido proceso, m\u00ednimo vital, seguridad social y \u00ablibre selecci\u00f3n del r\u00e9gimen pensional\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas, indic\u00f3 que se afili\u00f3 al extinto Instituto de Seguros Sociales \u2013 hoy Colpensiones, el 14 de junio de 1988, donde cotiz\u00f3 209 semanas. Sin embargo, el 1 de junio de 1999, se cambi\u00f3 a Horizonte Pensiones y Cesant\u00edas S.A. \u2013hoy Porvenir S.A.\u2013, decisi\u00f3n que \u00abno estuvo precedida de la suficiente ilustraci\u00f3n por parte del fondo que [la] recibi\u00f3, por no haber suministrado (\u2026) una informaci\u00f3n, clara, cierta y comprensible, acerca de las caracter\u00edsticas, condiciones, acceso, ventajas y desventajas de cada uno de los dos reg\u00edmenes pensionales, as\u00ed como de los riesgos y consecuencias del traslado de r\u00e9gimen efectuado\u00bb. <\/p>\n
Precis\u00f3 que entre diciembre de 1999 y septiembre de 2006, realiz\u00f3 varios \u00abtraslados horizontales\u00bb dentro del R\u00e9gimen de Ahorro con Solidaridad, encontr\u00e1ndose actualmente afiliada a la AFP SKANDIA. <\/p>\n
Basada en la \u00abla nula informaci\u00f3n que suministr\u00f3 el fondo privado (\u2026) para convencerla que se trasladara de r\u00e9gimen\u00bb, inici\u00f3 el proceso de la referencia, en procura de obtener la invalidaci\u00f3n del traslado, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Treinta Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, quien acogi\u00f3 su pedimento; decisi\u00f3n que fue revocada en segunda instancia por la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa localidad y en su lugar deneg\u00f3 las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
Inconforme, recurri\u00f3 en sede extraordinaria, pero la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 4 dej\u00f3 en firme la resoluci\u00f3n absolutoria del ad quem al considerar, seg\u00fan la querellante que, \u00ablos traslados horizontales efectuados en el RAIS por la accionante (\u2026) constituyen actos de relacionamiento, dejando probado (\u2026) dentro del proceso que (\u2026) fue debidamente informada por el fondo privado de Pensiones Porvenir\u00bb. <\/p>\n
Resoluci\u00f3n que a juicio de la gestora, se aparta del precedente \u00aben donde la corporaci\u00f3n ha dejado en claro que es deber de las administradoras de pensiones suministrar al afiliado al momento de la vinculaci\u00f3n una informaci\u00f3n clara, cierta, comprensible, y oportuna, respecto de las caracter\u00edsticas, condiciones, beneficios, diferencias, riesgos, y consecuencias del cambio de r\u00e9gimen pensional, operando en este tipo de procesos la inversi\u00f3n de la carga de la prueba en favor del afiliado\u00bb y \u00ab[omite] valorar de manera conjunta el material probatorio que milita en el expediente, del cual no se concluye que la AFP hubiese cumplido con el deber de informaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, que se deje sin efectos el fallo SL2439 del 15 de junio de 2021 \u00abpara que en su lugar, se resuelva nuevamente el Recurso Extraordinario de Casaci\u00f3n, acatando el precedente jurisprudencial\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado ponente de la decisi\u00f3n confutada, realiz\u00f3 un recuento de la misma y resalt\u00f3 que en dicha providencia \u00abde manera expresa se reconoce la posici\u00f3n pac\u00edfica y mayoritaria de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, respecto del deber de informaci\u00f3n con el que cuentan las AFP, la cual se hace con la finalidad de proteger al afiliado, pero se evidenci\u00f3 que la tutelante interactu\u00f3 en el sistema, tanto as\u00ed, que se traslad\u00f3 de administradora y realiz\u00f3 aportes adicionales. Por lo que no se puede predicar una falta de informaci\u00f3n\u00bb <\/p>\n
2. La Directora de Acciones Constitucionales de Colpensiones reliev\u00f3 que \u00abel despacho [convocado] procedi\u00f3 conforme a la ley y la constituci\u00f3n as\u00ed: (i) aplic\u00f3 las normas relativas en la materia (ii) aplic\u00f3 los preceptos constitucionales sobre el particular (iii) aplic\u00f3 la jurisprudencia existente en la materia y (iv) las actuaciones del despacho no transgreden, violan o amenazan los derechos fundamentales del accionante. De otro lado, es evidente que la tutela frente al caso particular no es el mecanismo adecuado para conseguir la satisfacci\u00f3n del derecho reclamado por el actor, teniendo en cuenta que no puede constituirse en una tercera instancia para analizar el litigio objeto de debate\u00bb. <\/p>\n
3. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en liquidaci\u00f3n \u2013 P.A.R.I.S.S. adujo que \u00aba ra\u00edz de la orden de supresi\u00f3n y liquidaci\u00f3n del extinto I.S.S. emanada del Gobierno Nacional con la expedici\u00f3n y entrada en vigencia del Decreto 2013 de 2012, la extinta entidad perdi\u00f3 la competencia para resolver peticiones relacionadas con la administraci\u00f3n del R\u00e9gimen de Prima Media con Prestaci\u00f3n Definida, toda vez que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2011 de 28 de septiembre de 2012, la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013 COLPENSIONES, es la entidad competente como nueva administradora del referido r\u00e9gimen pensional. De conformidad con (\u2026) los Decretos 2011, 2012 y 2013 de fecha 28 de septiembre de 2012, se reglament\u00f3 la entrada en operaci\u00f3n de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES \u201cCOLPENSIONES\u201d, (\u2026) quien asumi\u00f3 la competencia para administrar el R\u00e9gimen de Prima Media con Prestaci\u00f3n Definida y dem\u00e1s actividades afines\u00bb. <\/p>\n
4. La Directora de Acciones Constitucionales de la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesant\u00edas Porvenir S.A. expuso que \u00aben el caso que nos ocupa es palmario que la [solicitante] no allega una sola prueba tendiente a demostrar que se encuentra ad portas de sufrir un perjuicio de naturaleza irremediable; pues tal como se expresa en la jurisprudencia en cita, deben aportarse los elementos f\u00e1cticos que indiquen el cumplimiento de cada uno de los requisitos se\u00f1alados, por cuya raz\u00f3n la acci\u00f3n debe ser desestimada\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n concedi\u00f3 el amparo, porque \u00abla Sala de Descongesti\u00f3n, al dar por acreditado el cumplimiento del deber informaci\u00f3n por parte de la administradora, tom\u00f3 en cuenta actos posteriores -aportes adicionales y traslado entre fondos privados-, desconociendo que \u201cello no contrarresta el incumplimiento del deber de informaci\u00f3n exigible a la administradora privada de pensiones, el cual como ya se advirti\u00f3, debe ser oportuno e integral al momento del traslado.\u201d (CSJ, SL3611, 11 agosto de 2021, Rad. 88467). Es decir, que con la aplicaci\u00f3n de estos criterios la autoridad judicial accionada dej\u00f3 de lado, sin justificaci\u00f3n razonable alguna, la l\u00ednea jurisprudencial consolidada por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral \u2013permanente- de esta Corte, en cuanto que el cumplimiento de la asesor\u00eda o informaci\u00f3n debidas debe analizarse al momento del acto jur\u00eddico del traslado, sin que resulten relevantes las actividades o actuaciones que el afiliado realice con posterioridad\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, coligi\u00f3 que \u00abla Sala de Descongesti\u00f3n, en el an\u00e1lisis que le permiti\u00f3 concluir que en este caso el deber de informaci\u00f3n hab\u00eda sido satisfecho por la AFP demandada, introdujo la tesis de los llamados \u00abactos de relacionamiento\u00bb, que fue abordada por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral \u2013 permanente- de esta Corte en la SL413-2018, no para definir un caso de ineficacia del traslado de r\u00e9gimen pensional, sino en un asunto en el que se discut\u00eda el reconocimiento de una pensi\u00f3n de sobrevivientes, donde result\u00f3 necesario el an\u00e1lisis de la voluntad de permanencia del afiliado en un espec\u00edfico r\u00e9gimen pensional. Esta interpretaci\u00f3n implic\u00f3, a no dudarlo, una modificaci\u00f3n o variaci\u00f3n de la l\u00ednea jurisprudencial de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral \u2013permanente- de esta Corte, en punto a que el an\u00e1lisis probatorio para determinar si se cumpli\u00f3 el deber de informaci\u00f3n en los actos de traslado de r\u00e9gimen pensional, debe ser antecedente o concomitante al mismo, sin tener en cuenta los actos posteriores que el afiliado hubiera podido realizar\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, concluy\u00f3 que \u00absi los integrantes de la Sala de Descongesti\u00f3n No. 4- de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral consideraban que resultaba necesaria variar la l\u00ednea jurisprudencial en materia de eficacia del traslado de r\u00e9gimen pensional, con el fin de introducir como factor de definici\u00f3n la tesis de los llamados \u00abactos de relacionamiento\u00bb, debieron abstenerse de emitir sentencia y, en su lugar, surtir el tr\u00e1mite previsto en el art\u00edculo 2\u00ba de la Ley 1781 de 2016. De esta manera, se advierte tambi\u00e9n estructurado un defecto org\u00e1nico, que torna viable la concesi\u00f3n del amparo constitucional\u00bb. <\/p>\n
Por ende, dispuso dejar sin efectos la providencia SL2439- 2021 y \u00ab[e]n consecuencia, ordenar a la Sala de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia que, en el t\u00e9rmino de los veinte (20) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n (\u2026) i) resuelva nuevamente el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, acatando los precedentes jurisprudenciales de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral \u2013permanente- de esta Corte, en relaci\u00f3n con la ineficacia del traslado de r\u00e9gimen pensional; o, de considerarlo necesario, ii) surta el tr\u00e1mite previsto en el art\u00edculo 2\u00ba de la Ley 1781 de 2016, con el fin de devolver el expediente a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral para que estudie y decida, si es viable o no, la modificaci\u00f3n de la l\u00ednea jurisprudencial en punto de la inclusi\u00f3n de la tesis de los \u00abactos de relacionamiento\u00bb como factor de definici\u00f3n de la eficacia del traslado de r\u00e9gimen pensional\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Colpensiones recurri\u00f3 el precitado fallo, argumentando que \u00abla decisi\u00f3n tomada por la Honorable Corte Suprema de Justicia Sala de Casaci\u00f3n Laboral se encuentra ajustada a derecho, pues declarar la ineficacia o nulidad del traslado de r\u00e9gimen afecta gravemente el principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional, ya que esta decisi\u00f3n impacta el sistema financiero, pues el traslado de los aportes realizados al RPM del RAIS, sin el respeto del t\u00e9rmino estipulado en la ley toda vez que la distribuci\u00f3n es distinta teniendo en cuenta las caracter\u00edsticas del mismo, ya que en el RPM se utiliza para financiar pensiones, sin mirar los riesgos que existen en el RAIS, por lo cual mi representada dar\u00eda la utilizaci\u00f3n del aporte conforme le conviene al r\u00e9gimen\u00bb e insisti\u00f3 que \u00abla acci\u00f3n de tutela no est\u00e1 orientada a reabrir un debate de las pretensiones en litigio a partir de nuevos argumentos, su objeto est\u00e1 encaminado a verificar si la [resoluci\u00f3n] judicial acatada desborda el marco constitucional dentro del cual debe producirse y vulnera derechos fundamentales del afectado, situaci\u00f3n que en el caso en concreto no se observa\u00bb <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso laboral que inici\u00f3 la gestora (SL2439-2021, rad. 87788), por mantener en firme la sentencia desfavorable del tribunal ad quem, supuestamente, en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
2.1. Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las resoluciones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
No obstante, en los precisos casos en los cuales los funcionarios respectivos incurran en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
2.2. Si bien los falladores ordinarios tienen libertad discrecional y razonable para interpretar y aplicar el ordenamiento jur\u00eddico, los jueces constitucionales pueden intervenir en esa funci\u00f3n, cuando aquellos incurren en una flagrante desviaci\u00f3n del mismo. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que: <\/p>\n
\u00ab[e]l Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u201cse detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183, reiterada en STC4269-2015, 16 abr. 2015). <\/p>\n
As\u00ed mismo, se presenta v\u00eda de hecho cuando se omite por cuenta del fallador en su disposici\u00f3n, ahondar y resolver sobre aspectos esenciales de la controversia suscitada, circunstancia que a la postre representa una falta de motivaci\u00f3n. <\/p>\n
Ciertamente, uno de los eventos en los cuales se habilita el amparo para conjurar la afectaci\u00f3n que pueden causar los actos judiciales a los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia es el proferimiento de una providencia que desconozca la obligaci\u00f3n de una \u00abdebida motivaci\u00f3n\u00bb. Sobre el tema, esta Sala ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la motivaci\u00f3n de las sentencias constituye imperativo que surge del debido proceso, cuya finalidad consiste en brindar el derecho a las partes e intervinientes de asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el juez natural frente al caso objeto de controversia, raz\u00f3n por la cual \u00e9sta debe ser, para el caso concreto, suficiente, es decir, \u2018(\u2026) la funci\u00f3n del juez tiene un rol fundamental, pues no se entiende cumplida con el proferimiento de una decisi\u00f3n que resuelva formalmente, el asunto sometido a su consideraci\u00f3n. La sentencia, como acto procesal que es, [\u2026] debe ser motivada \u2018de manera breve y precisa\u2019 \u2013pero necesariamente fundamentada-, dicha evaluaci\u00f3n debe cobijar el \u2018examen cr\u00edtico de las pruebas y a los razonamientos legales\u2019 que sean indispensables para fundamentarla [\u2026] la funci\u00f3n del juez radica en la definici\u00f3n del derecho y uno de los principios en que se inspira reside en el imperativo de que, sin excepciones, sus providencias est\u00e9n clara y completamente motivadas. <\/p>\n
La obligatoriedad e intangibilidad de las decisiones judiciales proviene de la autoridad que les confiere la Constituci\u00f3n para resolver los casos concretos, con base en la aplicaci\u00f3n de los preceptos, principios y valores plasmados en la propia Carta y en las leyes, y de ninguna manera emanan de la simple voluntad o de la imposici\u00f3n que pretenda hacer el juez de una determinada conducta o abstenci\u00f3n, forzosa para el sujeto pasivo del fallo\u00bb (Sentencia de 22 de mayo de 2003, exp. 00526-01, citada en STC, 3 nov. 2011, exp. 02274-00, ratificada y reiterada en STC7781-2016, 13 jun. rad. 00057-01, y STC6688-2018, 23 may. 2018, rad. 00074-01). <\/p>\n
Igualmente, esta Corporaci\u00f3n ha dicho que, en situaciones como esta, \u00absufre mengua el derecho fundamental al debido proceso por obra de sentencias en las que, a pesar de la existencia objetiva de argumentos y razones, la motivaci\u00f3n resulta ser notoriamente insuficiente, contradictoria o impertinente frente a los requerimientos constitucionales\u00bb (CSJ STC 2 mar. 2008, rad. 00384-00, reiterada entre otras en STC 16 feb. 2011, rad. 2010-445-01, y STC9162-2015, 15 jul. 2015, rad. 00281-01). <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
4.1. Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n querellada mantuvo inc\u00f3lume la resoluci\u00f3n absolutoria del tribunal ad quem, en tanto consider\u00f3 que \u00abla recurrente no logr\u00f3 desvirtuar, ni con argumentos f\u00e1cticos ni jur\u00eddicos, la doble presunci\u00f3n de legalidad y acierto con la que cuenta la [decisi\u00f3n] de atacada. Adem\u00e1s, acudi\u00f3 a manifestaciones gen\u00e9ricas que se constituyen m\u00e1s bien en alegatos de instancia, como lo apunt\u00f3 la r\u00e9plica, ajenos al prop\u00f3sito del recurso de casaci\u00f3n\u00bb, se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, por la insuficiente motivaci\u00f3n de esa resoluci\u00f3n, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En ese sentido, y si bien inicialmente el colegiado enjuiciado expuso que \u00abel escrito contentivo de la demanda extraordinaria (\u2026) carece de los requisitos formales m\u00ednimos para que se asuma su estudio de fondo\u00bb, posteriormente se ocup\u00f3 de analizar el cargo formulado por la promotora e indic\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab[D]e suponer que se plante\u00f3 por la v\u00eda indirecta, es necesario tener en cuenta que cuando se plantea un cargo por la v\u00eda de los yerros f\u00e1cticos \u2026 Por tratarse de errores enrostrados a la sentencia atacada, con base en el an\u00e1lisis del material probatorio, que puede ser susceptible de decisiones similares o contrarias a las que tom\u00f3 el tribunal, como se plantea en el recurso, la existencia del error tiene que ser evidente, patente, manifiesta, que brille al ojo humano, pues el art\u00edculo 61 del CPTSS, que habla sobre la libre formaci\u00f3n del convencimiento, permite al juez, en las instancias, tomar su decisi\u00f3n con libertad\u00bb. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, reliev\u00f3 que \u00ab[l]a facultad otorgada por el art\u00edculo 61 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social de apreciar libremente las pruebas, hace que resulte inmodificable la valoraci\u00f3n realizada por el tribunal mientras ella no lo lleve a decidir contra la evidencia de los hechos en la forma como fueron probados en el proceso (CSJ SL12299-2017)\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, se\u00f1al\u00f3 que, para el fallador de segundo grado en esa causa, el precitado deber de informaci\u00f3n se satisfizo correctamente, pues se evidenci\u00f3 la configuraci\u00f3n de \u00abactos de relacionamiento\u00bb, de acuerdo con los cuales \u00abla presencia o no de cotizaciones consistente con el formato de vinculaci\u00f3n no es la \u00fanica expresi\u00f3n de esa voluntad, pueden existir otras, tales como las solicitudes de informaci\u00f3n de saldos, actualizaci\u00f3n de datos, asignaci\u00f3n y cambio de claves, por mencionar algunos actos de relacionamiento con la entidad que pueden denotar el compromiso serio de pertenecer a ella. Lo importante es que exista correspondencia entre voluntad y acci\u00f3n, es decir, que la realidad sea un reflejo de lo que aparece firmado, de modo tal que no quede duda del deseo del trabajador de pertenecer a un r\u00e9gimen pensional determinado\u00bb; esto, en atenci\u00f3n a las precisiones formuladas en la sentencia SL413-2018, 21 feb., rad. 52704. <\/p>\n
Seguidamente, a\u00f1adi\u00f3 que \u00abla se\u00f1ora Hoyos Aristiz\u00e1bal se traslad\u00f3 de Porvenir a Old Mutual, ello quiere significar que comprend\u00eda las caracter\u00edsticas propias del R\u00e9gimen de Ahorro Individual con Solidaridad, pues su interacci\u00f3n en \u00e9l fue de tal manera que busc\u00f3 aprovechar los beneficios que le ofrec\u00eda\u00bb. <\/p>\n
Conforme lo previamente expuesto, coligi\u00f3 que \u00abla recurrente no logr\u00f3 desvirtuar, ni con argumentos f\u00e1cticos ni jur\u00eddicos, la doble presunci\u00f3n de legalidad y acierto con la que cuenta la sentencia de atacada. Adem\u00e1s, acudi\u00f3 a manifestaciones gen\u00e9ricas que se constituyen m\u00e1s bien en alegatos de instancia, como lo apunt\u00f3 la r\u00e9plica, ajenos al prop\u00f3sito del recurso de casaci\u00f3n, que es, precisamente, confrontar la [decisi\u00f3n] acusada con la ley y no con la jurisprudencia como lo hizo en el sub lite\u00bb; raz\u00f3n por la cual, declar\u00f3 la no prosperidad del cargo. <\/p>\n
4.2. As\u00ed, de las actuaciones rese\u00f1adas se desprende el quebrantamiento del deber de motivar adecuadamente las providencias judiciales, comoquiera que, si bien el cargo \u00fanico se encamin\u00f3 por la infracci\u00f3n directa de la ley sustancial, la Corporaci\u00f3n convocada procedi\u00f3 a la revisi\u00f3n del reproche en el sentido \u00abde suponer que se plante\u00f3 por la v\u00eda indirecta\u00bb por estar dirigido a \u00aberrores enrostrados a la sentencia atacada, con base en el an\u00e1lisis del material probatorio\u00bb, con lo que estudi\u00f3 de fondo la valoraci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
Pese a lo anterior, la hom\u00f3loga de Descongesti\u00f3n querellada se limit\u00f3 a exponer algunos planteamientos sobre los denominados \u00abactos de relacionamiento\u00bb para concluir que la solicitante comprend\u00eda las caracter\u00edsticas propias del RAIS\u2013 que, al margen de que se comparta o no ese criterio\u2013, es una instituci\u00f3n que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente utiliz\u00f3 en un caso con diferencias f\u00e1cticas y jur\u00eddicas al aqu\u00ed analizado. <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, n\u00f3tese que en el fallo SL413-2018, 21 feb., rad. 52704, con el cual se fundament\u00f3 el despacho desfavorable de la impugnaci\u00f3n extraordinaria, se estudi\u00f3 la \u00abmaterializaci\u00f3n del acto jur\u00eddico de la afiliaci\u00f3n o traslado\u00bb, para efectos de determinar cu\u00e1les son las expresiones que permitir\u00edan colegir la \u00abvoluntad\u00bb del interesado, fijando como regla que \u00abla presencia o no de cotizaciones consistente con el formato de vinculaci\u00f3n no es la \u00fanica expresi\u00f3n de esa voluntad, pueden existir otras (\u2026), que pueden denotar el compromiso serio de pertenecer a ella\u00bb. <\/p>\n
No obstante, en la rese\u00f1ada decisi\u00f3n no se abarc\u00f3 la tem\u00e1tica sobre el deber de informaci\u00f3n al momento de efectuar el precitado traslado \u2013que, para este caso, fue el del r\u00e9gimen de prima media con prestaci\u00f3n definida administrado por Colpensiones, al de ahorro individual con solidaridad, a cargo de las AFP\u2013, ni de los requisitos para acreditarlo, elementos que precisamente fueron objeto de debate en el sub ex\u00e1mine; por lo que, como se evidencia, no hubo correspondencia entre la discusi\u00f3n jur\u00eddica y los argumentos utilizados para definir la defensa extraordinaria. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, deviene di\u00e1fano que, tal como lo recalc\u00f3 el a quo al conceder el amparo, deb\u00edan tenerse en cuenta elementos como \u00abel cumplimiento de la asesor\u00eda o informaci\u00f3n debidas\u00bb, para resolver de forma integral la problem\u00e1tica expuesta por la querellante; pues, se itera, \u00abla tesis de los llamados \u00abactos de relacionamiento\u00bb, que fue abordada por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral \u2013 permanente- de esta Corte en la SL413-2018, no para definir un caso de ineficacia del traslado de r\u00e9gimen pensional, sino en un asunto en el que se discut\u00eda el reconocimiento de una pensi\u00f3n de sobrevivientes, donde result\u00f3 necesario el an\u00e1lisis de la voluntad de permanencia del afiliado en un espec\u00edfico r\u00e9gimen pensional\u00bb, como en efecto se concluy\u00f3 en primera instancia. <\/p>\n
4.3. De manera que, como preliminarmente se dijo, cuando la determinaci\u00f3n objeto de discusi\u00f3n prescinde de efectuar consideraciones relevantes se configura la trasgresi\u00f3n de las garant\u00edas de los sujetos procesales. Al respecto, ha enfatizado la Corte: \u00ab(\u2026) la motivaci\u00f3n de las providencias judiciales es un imperativo dimanado del debido proceso en garant\u00eda del derecho de las partes e intervinientes a asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el operador jur\u00eddico frente al caso materia de juzgamiento\u00bb (CSJ STC, 4 dic. 2009, rad. 2009-02174-00; reiterada en CSJ STC, 10 oct. 2013, rad. 2013-01931-00). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, al ser claro que existe una situaci\u00f3n que es necesario corregir, en procura de salvaguardar el derecho fundamental al debido proceso \u2013en sus modalidades de defensa y contradicci\u00f3n\u2013, y a fin de evitar una denegaci\u00f3n de justicia, se justifica la intervenci\u00f3n excepcional\u00edsima del juez de tutela. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme con ello, se ratificar\u00e1 la concesi\u00f3n de la protecci\u00f3n deprecada, al evidenciarse la trasgresi\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales que le asisten a la libelista, como consecuencia de la insuficiente motivaci\u00f3n del fallo sometido a revisi\u00f3n a trav\u00e9s de este mecanismo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC3583-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC3583-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-02485-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de marzo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-62315","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62315","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62315"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62315\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62315"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62315"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62315"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}