STC3778-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC3778-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-00901-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Iv\u00e1n D\u00edaz Mateus contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso penal con radicado N\u00b0 29769. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor solicit\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental a la igualdad, presuntamente vulnerado en el asunto mencionado, y, en consecuencia, requiri\u00f3 que \u00abse le ordene a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia conceder[le] el recurso de apelaci\u00f3n en contra de la sentencia dictada en [su] contra, en el proceso de \u00fanica instancia con radicado 29769\u00bb. <\/p>\n
En apoyo de su queja expuso que en el tr\u00e1mite referido dada su condici\u00f3n de excongresista, fue condenado por la Sala accionada en \u00fanica instancia el 3 de junio de 2009, por el delito de concusi\u00f3n en calidad de autor, y se le impuso como pena seis a\u00f1os de prisi\u00f3n sin el beneficio de prisi\u00f3n sustitutiva. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que si bien esa decisi\u00f3n, \u00aben su momento no pudo ser objeto del recurso de apelaci\u00f3n (\u2026) [porque] el dise\u00f1o legal establecido para el juzgamiento de aforados\u00bb no contemplaba ese recurso, en raz\u00f3n de la sentencia SU-146 de 2020 de la Corte Constitucional, se abri\u00f3 tal posibilidad y por tal raz\u00f3n acudi\u00f3 ante la Sala de Casaci\u00f3n Especializada aqu\u00ed accionada para proponer ese medio de defensa. <\/p>\n
Sin embargo, la autoridad censurada, en auto AP1809-2021 de 12 de mayo de 2021 se neg\u00f3 a concederla, toda vez que estim\u00f3 que su caso \u00abno se enc[ontraba] cobijad[o] por la actualizaci\u00f3n hacia el pasado de la garant\u00eda de impugnaci\u00f3n, cuyo rango (\u2026) comenz\u00f3 el d\u00eda 30 de enero de 2014\u00bb y, aunque interpuso reposici\u00f3n frente a esa \u00faltima determinaci\u00f3n, la misma se mantuvo en prove\u00eddo AP3092-2021 de 28 de julio siguiente. <\/p>\n
2. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, y se orden\u00f3 el traslado a la accionada para que ejerciera su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en el proceso penal con radicado N\u00b0 29769. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
La Procuradora Segunda Delegada para la Investigaci\u00f3n y Juzgamiento Penal expres\u00f3 que al solicitante no le fue vulnerado el derecho a la igualdad, pues la sentencia SU-140 de 2020 no resultaba aplicable a su caso; adem\u00e1s, anot\u00f3 que la tutela incumpl\u00eda el presupuesto de inmediatez. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Se advierte que, en l\u00ednea de principio, la tutela no procede contra las providencias o actuaciones jurisdiccionales, pues ello ir\u00eda en desmedro de los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, sin embargo, cuando los funcionarios judiciales incurren en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento jur\u00eddico de forma arbitraria o caprichosa y los interesados no cuentan con otro medio de defensa judicial y acuden a esta acci\u00f3n oportunamente, esta jurisdicci\u00f3n est\u00e1 llamada a intervenir, en aras de conjurar o evitar la lesi\u00f3n de las garant\u00edas constitucionales involucradas. <\/p>\n
2. Revisado el escrito de tutela y los soportes allegados, se establece el fracaso de la protecci\u00f3n demandada, por cuanto no se halla en la actuaci\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Penal aqu\u00ed accionada, irregularidad alguna que habilite la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
En efecto, se observa que el actor fue condenado el 3 de junio de 2009, en su calidad de Representante a la C\u00e1mara, al ser encontrado responsable del delito de concusi\u00f3n, decisi\u00f3n frente a la cual el 16 de julio de 2020, solicit\u00f3 que le fuese concedido el \u00abmecanismo de impugnaci\u00f3n especial\u00bb, pues, en su criterio, resultaba procedente en los t\u00e9rminos del Concepto dictado en su favor por el Comit\u00e9 de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en comunicaci\u00f3n N\u00b0 2414\/2014 de 25 de julio de 2018, y la sentencia SU-146 de 2020 emitida por la Corte Constitucional en el caso del exministro Andr\u00e9s Felipe Arias Leiva. <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal, en auto AP1809-2021 neg\u00f3 la concesi\u00f3n del mencionado mecanismo, en s\u00edntesis, porque la Corte Constitucional, en el fallo antes mencionado, se\u00f1al\u00f3 <\/p>\n
\u00abque el est\u00e1ndar de protecci\u00f3n del derecho a impugnar la sentencia condenatoria contra aforados constitucionales condenados en procesos de \u00fanica instancia, anteriores por supuesto al Acto Legislativo 01 de 2108, resulta exigible desde el 30 de enero de 2014, dado que en esa fecha la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Liakat Ali Alibux vs. Surinam dictamin\u00f3 que dicha naci\u00f3n le viol\u00f3 al demandante, ex ministro de ese pa\u00eds condenado en \u00fanica instancia por la Corte Suprema de Surinam, el derecho a impugnar ante un superior funcional la primera condena dictada en su contra\u00bb (subraya del texto). <\/p>\n
As\u00ed, tras mencionar las consideraciones del Alto Tribunal Constitucional para establecer dicho l\u00edmite temporal, relacionadas particularmente con el respeto al sistema regional de DDHH, se\u00f1al\u00f3 que esa Sala Especializada, atendiendo a la sentencia SU-146 de 2020, emiti\u00f3 el auto AP2118-2020, Rad. 34017, fijando \u00abalgunas directrices para darle vigencia a la garant\u00eda de doble conformidad (\u2026) pautas, sistematizadas en las decisiones CSJ AP2235-2020, Rad. 46176 y CSJ AP2330-2020, Rad. 44312 (\u2026)\u00bb, de donde pod\u00eda extraerse que <\/p>\n
\u00aben seguimiento del principio de igualdad, hizo extensiva la garant\u00eda a: (i) los aforados constitucionales condenados entre el 30 de enero de 2014 y el 17 de enero de 2018; (ii) todas las personas sin fuero constitucional que resultaron condenadas desde el 30 de enero de 2014 por la Corte Suprema de Justicia, en segunda instancia o en el marco del recurso extraordinario de casaci\u00f3n; y (iii) a los ciudadanos sin fuero constitucional que hayan sido condenados, por primera vez en segunda instancia, desde el 30 de enero de 2014, por los Tribunales Superiores de Distrito y el Tribunal Superior Militar\u00bb. <\/p>\n
A la luz de lo expuesto, precis\u00f3 que, si la sentencia condenatoria emitida contra el accionante fue proferida el 3 de junio de 2009, resultaba claro que frente a la misma no proced\u00eda \u00abla garant\u00eda a la impugnaci\u00f3n\u00bb porque el rango temporal fijado para ese recurso comenz\u00f3 el 30 de enero de 2014, \u00abfecha en la cual, se insiste, fue proferido fallo en el caso Liakat Ali Alibux vs. Surinam\u00bb; por tanto, la accionada destac\u00f3 que no se desconoc\u00eda el derecho a la igualdad del solicitante, pues no era <\/p>\n
El accionante interpuso reposici\u00f3n contra la decisi\u00f3n anterior, reclamando la observancia del Concepto del Comit\u00e9 de Derechos Humanos de Naciones Unidas dictado en su favor en comunicaci\u00f3n N\u00b0 2414\/2014 del 25 de julio de 2018, pues, en su criterio, el mismo ten\u00eda fuerza vinculante, expuso adem\u00e1s, que all\u00ed se reconoci\u00f3 su derecho a apelar el fallo condenatorio emitido en su contra \u00absin que en momento alguno se hubiese fijado un l\u00edmite temporal para ejercer la referida garant\u00eda\u00bb. <\/p>\n
En auto AP3092 de 28 de julio de 2021, notificado el 18 de agosto siguiente, la Sala de Casaci\u00f3n Penal mantuvo la determinaci\u00f3n recurrida, reiterando la postura antes expuesta y, en cuanto al instrumento internacional que el actor pretendi\u00f3 se aplicara, se\u00f1al\u00f3 que \u00abcon independencia de las discusiones doctrinales que se puedan suscitar respecto del car\u00e1cter vinculante o no de los dict\u00e1menes emitidos por el Comit\u00e9 de Derechos Humanos de las Naciones Unidas\u00bb, el Concepto proferido por esa entidad respecto del accionante, fue proferido antes de la sentencia SU-146 de 2020 emitida por la Corte Constitucional, a la cual deb\u00eda acogerse la Sala Especializada para definir la solicitud del accionante, comoquiera que aquella autoridad adem\u00e1s de ser el int\u00e9rprete aut\u00e9ntico de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, realiz\u00f3 una interpretaci\u00f3n arm\u00f3nica de las disposiciones jur\u00eddicas nacionales e internacionales para concluir la fecha desde la cual tendr\u00eda vigor la \u00abgarant\u00eda a la impugnaci\u00f3n\u00bb de la condena emitida en \u00fanica instancia para aforados. <\/p>\n
Sobre lo expuesto, adujo: <\/p>\n
\u00ab[L]a Corte Constitucional, (\u2026) es el int\u00e9rprete aut\u00e9ntico de la Constituci\u00f3n Nacional y, por lo tanto, la autoridad llamada a adelantar interpretaciones arm\u00f3nicas y sist\u00e9micas entre disposiciones jur\u00eddicas de diverso origen, a partir de lo que ordena, proh\u00edbe y permite la Carta de 1991 (CC C-067\/03), dado que los mandatos que se incorporan con el mayor estatus normativo por virtud del bloque de constitucionalidad, no tienen prevalencia sobre la Constituci\u00f3n misma, sino que dinamizan su sentido, en beneficio de un Orden Superior viviente que maximiza la garant\u00eda de los derechos y principios de las personas; en la sentencia CC SU-146\/20, realiz\u00f3 el an\u00e1lisis sobre el tema espec\u00edfico y construy\u00f3 una l\u00ednea sobre la correcta comprensi\u00f3n del est\u00e1ndar de protecci\u00f3n del derecho a la impugnaci\u00f3n derivado del art\u00edculo 29 de la Carta, de cara a las normas que integran el Bloque de Constitucionalidad <\/p>\n
En esa decisi\u00f3n la Corte se plante\u00f3 el problema jur\u00eddico que ahora nos concita, esto es, \u00ab\u00bfqu\u00e9 sucede con los casos que se definieron en \u00fanica instancia antes del tal actualizaci\u00f3n jurisprudencial y normativa?\u00bb, e indic\u00f3 que la respuesta a ese interrogante depende de la valoraci\u00f3n de los siguientes aspectos: \u00ab(i) del momento en el que se profiri\u00f3 la sentencia condenatoria, con miras a determinar si para tal fecha ya exist\u00eda un est\u00e1ndar internacional configurado en el sentido en el que ahora se reclama por el accionante; (ii) del tipo de garant\u00eda de que se trata, esto es, un derecho subjetivo de aplicaci\u00f3n inmediata que encuentra en el escenario del juicio penal su espacio de protecci\u00f3n; y, (iii) de la permanencia en el tiempo de las consecuencias que emanan de la aplicaci\u00f3n de un est\u00e1ndar que no se ajusta -ahora- a la interpretaci\u00f3n correcta del derecho al debido proceso\u00bb. <\/p>\n
Con relaci\u00f3n al primer punto, la Corte defini\u00f3 que el est\u00e1ndar internacional que fij\u00f3 el alcance del derecho previsto en el art\u00edculo 8.2.h., de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos, surgi\u00f3 el 30 de enero de 2014, fecha en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emiti\u00f3 la sentencia en el caso Liakat Ali Alibux vs. Suriname\u00bb (negrilla fuera del texto). <\/p>\n
Luego, tras citar las razones de la Corte Constitucional para fijar la fecha mencionada, concretamente, el hecho de que la providencia en el caso Liakat Ali Alibux vs. Suriname tuviera \u00abun papel fundamental para establecer el alcance del derecho convencional previsto en el art\u00edculo 8.2.h. de la Convenci\u00f3n (\u2026) que hace parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto\u00bb, que en dicho asunto se hubiese efectuado un pronunciamiento \u00abexpreso sobre el caso de un funcionario que, en un Estado tambi\u00e9n vinculado a la Convenci\u00f3n Americana, fue juzgado en \u00fanica instancia -como aforado- por el m\u00e1ximo \u00f3rgano de justicia de su pa\u00eds\u00bb, decisi\u00f3n que segu\u00eda los lineamientos del Sistema Universal de Derechos Humanos sobre el derecho a la doble instancia, y que tal sentencia permitiera una interpretaci\u00f3n amplia del art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, destac\u00f3 la importancia del principio a la \u00abseguridad jur\u00eddica\u00bb, tambi\u00e9n desarrollado en el mencionado fallo por el Alto Tribunal Constitucional, y nuevamente precis\u00f3 que, de acuerdo al nuevo est\u00e1ndar de protecci\u00f3n del \u00abderecho a impugnar\u00bb la sentencia condenatoria contra un aforado, <\/p>\n
\u00abla sentencia de condena contra IV\u00c1N D\u00cdAZ MATEUS fue dictada por esta Corporaci\u00f3n el 3 de junio de 2009, es decir, por fuera del criterio temporal determinado por la Corte Constitucional para establecer desde cu\u00e1ndo es exigible la referida garant\u00eda -30 de enero de 2014-, fecha en la cual, se insiste, fue proferido fallo en el caso Liakat Ali Alibux vs. Surinam\u00bb. <\/p>\n
3. Puestas as\u00ed las cosas, la argumentaci\u00f3n anterior no contiene desafuero ni arbitrariedad lesiva de las garant\u00edas del solicitante, pues, como se expuso, la Sala accionada expres\u00f3 con suficiencia los motivos por los cuales la \u00abimpugnaci\u00f3n\u00bb frente al fallo condenatorio emitido contra el accionante no pod\u00eda concederse. Justamente, al tratarse de un criterio objetivo, esto es, la fecha establecida para la viabilidad del recurso mencionado -30 de enero de 2014-, ninguna vulneraci\u00f3n se extrae del derecho a la igualdad del querellante, dado que frente a \u00e9l no ha sido impartido un trato diferenciado sin justificaci\u00f3n, por el contrario, la data previamente establecida para la procedencia de la \u00abimpugnaci\u00f3n\u00bb viene siendo aplicada en varios casos y de igual manera. <\/p>\n
En torno a lo advertido, esta Sala en otro caso equiparable, hall\u00f3 razonables las consideraciones de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, por cuanto, <\/p>\n
\u00abresuelven suficientemente los cuestionamientos aducidos por el tutelante, a quien se le explic\u00f3 la imposibilidad de acoger su interpretaci\u00f3n, dado que la accionada estableci\u00f3 una fecha de car\u00e1cter \u00abobjetivo\u00bb en aras de garantizar el derecho a la igualdad de todos los interesados en proponer el \u00abrecurso de impugnaci\u00f3n\u00bb frente a la condena emitida en \u00fanica instancia o por primera vez en segundo grado. Al punto, es necesario memorar que esta Sala, en un asunto reciente de id\u00e9nticos perfiles, estim\u00f3 razonada la postura del Alto Tribunal de Casaci\u00f3n Penal, concerniente a atender a la expedici\u00f3n de la sentencia susceptible del mencionado mecanismo y no a la data de su lectura o ejecutoria, en efecto, frente a tal postura, adujo, \u00abno se revela prima facie la disonancia argumental que el censor pregona de la accionada, ya que las consideraciones expuestas por aqu\u00e9lla no se observan arbitrarias o caprichosas, ni se hallan desprovistas de soporte legal o jurisprudencial, pues adem\u00e1s, lo resuelto encuentra consonancia con el pronunciamiento de la misma Sala \u2013 AP2118-2020 \u2013 en el que, al revalidar la aplicaci\u00f3n de la reclamada garant\u00eda, precis\u00f3 que la delimitaci\u00f3n en el tiempo fijada por el Alto Tribunal Constitucional obedeci\u00f3 a un an\u00e1lisis ponderado de los casos espec\u00edficos que se admitieron como \u00abest\u00e1ndares\u00bb internacionales de reconocimiento del mencionado recurso. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, y al margen del criterio que esta Sala pudiera tener frente a esa postura, mientras no se observe infundada, no hay lugar a la intervenci\u00f3n de esta particular justicia, reservada para casos de indiscutible desafuero judicial\u00bb (CSJ STC5085-2021)\u00bb (CSJ, STC14010-2021). <\/p>\n
Por tanto, la decisi\u00f3n proferida por la Sala accionada consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente, que, como tal, debe ser respetado. <\/p>\n
4. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve NEGAR la tutela promovida por Iv\u00e1n D\u00edaz Mateus contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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