STC3790-2022<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3790-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-01101-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de treinta de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 10 de junio de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Luis Eduardo S\u00e1nchez Casta\u00f1o contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la misma Corporaci\u00f3n, tr\u00e1mite al que fueron vinculados la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de la misma ciudad, as\u00ed como las partes y dem\u00e1s intervinientes del proceso laboral a que alude el escrito introductorio. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al m\u00ednimo vital, a la seguridad social, al debido proceso, a la igualdad y a \u00abla legitima defensa\u00bb, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional convocada, en el marco del proceso ordinario laboral que promovi\u00f3 contra Colpensiones y Tiberio Cesar Pineda Jaramillo, con radicado No. 2015-00168. <\/p>\n
Solicita entonces para salvaguardar sus prerrogativas, concretamente, que se ordene a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, \u00abrevocar el contenido de la sentencia SL463-2021 de fecha 10 de febrero de 2021 (\u2026) por probar la relaci\u00f3n laboral con la empresa Canadadry de propiedad del se\u00f1or Tiberio Cesar Pineda\u00bb, y como consecuencia de ello, \u00abcond\u00e9nese a la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013 Colpensiones (\u2026) a reconocer[le] y pagar[le] la pensi\u00f3n de vejez, a partir de la fecha del lleno de requisitos [junto con] las mesadas retroactivas\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de sus reparos y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, aduce en lo que interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, que mediante sentencia del 25 de abril de 2018, el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Cali accedi\u00f3 a las pretensiones que elev\u00f3 dentro del referido proceso, condenando al demandado a \u00abcancelar el monto del c\u00e1lculo actuarial de los a\u00f1os que no aparecen en su historia laboral del a\u00f1o de 1967 a 1970\u00bb; no obstante, Colpensiones apel\u00f3, y el 29 de febrero de 2019 la Sala Laboral del Tribunal Superior de la misma ciudad revoc\u00f3 lo decidido, para entonces, negar sus pedimentos, bajo el argumento que \u00abno existe relaci\u00f3n laboral entre el se\u00f1or Tiberio Cesar Pineda y [\u00e9l] en el periodo demandado\u00bb. <\/p>\n
Afirma que atac\u00f3 la precitada determinaci\u00f3n mediante el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, pero el 10 de febrero de 2021 la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia decisi\u00f3n no casar el fallo, tras cuestionar la actuaci\u00f3n de su apoderada judicial, y m\u00e1s grave a\u00fan, no tener en cuenta los documentos que obran el archivo de Colpensiones y que, dice, evidencian que Canadadry fue su empleador, \u00ablo que indica que si existi\u00f3 una relaci\u00f3n laboral, pero el Instituto de Seguros Sociales le desapareci\u00f3 los aportes del periodo de 01 de enero de 1967 al a\u00f1o 1970\u00bb, todo lo cual, dice, justifica la intervenci\u00f3n del juez de tutela a su favor. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a.) La titular del Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Cali, dijo atenerse a las actuaciones del proceso cuestionado. <\/p>\n
b.) El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n indic\u00f3, que no fue parte del decurso criticado y que el cuestionamiento le corresponde atenderlo a Colpensiones. <\/p>\n
c.) El Procurador 29 Judicial II para Asuntos de Trabajo y Seguridad Social se\u00f1al\u00f3, que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia analiz\u00f3 el asunto puesto a su consideraci\u00f3n \u00abde acuerdo a la rigurosidad que se requiere para resolver el recurso extraordinario de casaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
d.) La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte, por intermedio de la Magistrada Ponente de la decisi\u00f3n cuestionada a esa autoridad, explic\u00f3 que en el fallo reprochado \u00abno se detect\u00f3 un yerro f\u00e1ctico protuberante capaz de generar el quiebre de la sentencia del Tribunal. Por el contrario, se corrobor\u00f3 la apreciaci\u00f3n cr\u00edtica y conjunta de las pruebas que le permiti\u00f3 al ad quem detectar las contradicciones del actor y por las cuales descart\u00f3 la existencia de una relaci\u00f3n de trabajo\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n neg\u00f3 la protecci\u00f3n reclamada, tras considerar que en la decisi\u00f3n cuestionada a la Sala Especializada en lo Laboral, se encuentra \u00abacreditada la prestaci\u00f3n del servicio por parte del demandante, desde el 1\u00ba. de enero de 1967 al 31 de enero de 1971. Por ello record\u00f3 que sin desconocer la naturaleza f\u00e1ctica de la acusaci\u00f3n, esa Corporaci\u00f3n, de manera reiterada y pac\u00edfica, ha considerado que el hecho generador de las cotizaciones al sistema pensional es la relaci\u00f3n de trabajo. As\u00ed, la actividad efectiva, desarrollada en favor de un empleador, causa o genera el deber de aportar al sistema pensional a nombre del trabajador afiliado. De all\u00ed que, precisamente, para que un empleador sea condenado a pagar aportes es necesario que existan pruebas razonables o inferencias plausibles sobre la existencia de un v\u00ednculo laboral subordinado, bien bajo la \u00e9gida de un contrato de trabajo o de una relaci\u00f3n legal y reglamentaria. Es decir, los per\u00edodos que se reclaman al empleador deben tener sustento en una relaci\u00f3n de trabajo real. <\/p>\n
En seguida cit\u00f3 apartes que consider\u00f3 relevantes de la decisi\u00f3n en comento, para concluir, que \u00abes claro que los cuestionamientos del petente fueron debidamente analizados, lo que evidencia que la parte accionante busca cuestionar el raciocinio jur\u00eddico de la jurisdicci\u00f3n laboral y, con ello, protestar por el sentido de la decisi\u00f3n adoptada por la accionada\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el gestor, con similares motivos a los que expuso en su escrito inicial, insistiendo en que debe darse \u00abcredibilidad\u00bb al fallo emitido por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Cali, con que se accedi\u00f3 a las pretensiones. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De entrada resulta indispensable puntualizar, que la salvaguarda constitucional resulta improcedente para reabrir los asuntos ya decididos en los respectivos procesos judiciales, pues de interpretarse de esa manera las normas que regulan la acci\u00f3n de tutela no solo se desconocer\u00eda la instituci\u00f3n de la cosa juzgada sino que se quebrantar\u00edan los principios de la autonom\u00eda e independencia de los jueces; sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha considerado que excepcionalmente se puede acudir a la protecci\u00f3n ius fundamental, en el evento en que el juzgador adopte una determinaci\u00f3n o adelante un tr\u00e1mite en forma alejada de lo atendible, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso. <\/p>\n
2. En el caso bajo estudio se observa, que el ciudadano S\u00e1nchez Casta\u00f1o se duele, concretamente, de la decisi\u00f3n proferida el 10 de febrero de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte, a trav\u00e9s de la cual, no se cas\u00f3 la sentencia dictada el 4 de febrero de 2019 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, con que se revoc\u00f3 \u00edntegramente el fallo del 24 de abril de 2018 del Juzgado Quinto Laboral del Circuito de la misma ciudad, para en \u00faltimas, negar las pretensiones del proceso ordinario laboral que tramit\u00f3 contra Colpensiones y Tiberio C\u00e9sar Pineda Jaramillo, con el prop\u00f3sito que este \u00faltimo le pagara unos aportes pendientes para as\u00ed poder obtener su pensi\u00f3n de vejez, pues seg\u00fan su dicho, la decisi\u00f3n emitida en sede del recurso extraordinario result\u00f3 de la indebida valoraci\u00f3n de los medios de prueba allegados. <\/p>\n
En la mentada decisi\u00f3n, la Corporaci\u00f3n accionada, respaldada en un pronunciamiento jurisprudencial, memor\u00f3 de entrada que, \u00abel hecho generador de las cotizaciones al sistema pensional es la relaci\u00f3n de trabajo. As\u00ed, la actividad efectiva, desarrollada en favor de un empleador, causa o genera el deber de aportar al sistema pensional a nombre del trabajador afiliado (\u2026). Es claro entonces que los derechos pensionales y las cotizaciones son un corolario del trabajo, se causan por el hecho de haber laborado y est\u00e1n dirigidos a garantizar al trabajador dependiente o independiente un ingreso econ\u00f3mico peri\u00f3dico, tras largos a\u00f1os de servicio que han redundado en su desgaste f\u00edsico natural. De all\u00ed que, precisamente para que un empleador sea condenado a pagar aportes es necesario que existan pruebas razonables o inferencias plausibles sobre la existencia de un v\u00ednculo laboral subordinado, bien bajo la \u00e9gida de un contrato de trabajo o de una relaci\u00f3n legal y reglamentaria. Es decir, los periodos que se reclaman al empleador deben tener sustento en una relaci\u00f3n de trabajo real\u00bb. <\/p>\n
Hecha esta precisi\u00f3n, en seguida observ\u00f3 que, \u00abel Tribunal revoc\u00f3 la condena impartida en primer nivel por considerar que no se demostr\u00f3 la existencia de una relaci\u00f3n de trabajo subordinada entre las partes\u00bb, frente a lo cual consider\u00f3 que \u00abno se constata el yerro evidente endilgado al Tribunal, pues, aunque las instrumentales referidas indican que entre las partes hubo una relaci\u00f3n laboral del 1\u00ba de enero de 1967 al 31 de diciembre de 1971, dicha informaci\u00f3n no se compadece con lo que afirm\u00f3 el actor al sustentar su recurso contra la Resoluci\u00f3n No. 021509 de 2009 (fl. 4 y 5), en el que ni siquiera mencion\u00f3 los periodos que reclama en este proceso y, adem\u00e1s, afirm\u00f3 haber laborado en Canad\u00e1 Dry 4 a\u00f1os, luego de trabajar dos d\u00e9cadas en la empresa de transportes Verde Plateada, informaci\u00f3n que tampoco concuerda con su historia laboral visible a folios 75 a 78. <\/p>\n
Tambi\u00e9n caus\u00f3 extra\u00f1eza al ad quem que no existiera alguna planilla de n\u00f3mina de empleados, comprobante de alg\u00fan pago efectuado al trabajador o evidencia de la empresa que Pineda Jaramillo afirm\u00f3 haber tenido, si se tiene en cuenta que a folio 11, \u00e9ste \u00faltimo certific\u00f3 que el accionante le prest\u00f3 sus servicios y que \u201cno el cotiz\u00f3 [sic] a Colpensiones, porque hace muchos a\u00f1os termin\u00e9 [sic] con mi empresa y la liquid\u00e9 [sic]\u201d (negrilla fuera del texto). <\/p>\n
Aunque el ad quem se equivoc\u00f3 al esgrimir que para el a\u00f1o 1967 el actor ya era mayor de edad por tener 18 a\u00f1os de edad, sin considerar que para esa \u00e9poca tal condici\u00f3n se adquir\u00eda a los 21 a\u00f1os conforme al art\u00edculo 34 de la Ley 84 de 1873 y el art\u00edculo 2\u00ba del Acto Legislativo 01 de 1945, que modific\u00f3 el art\u00edculo 13 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1886, ese error en nada afecta la premisa cardinal del fallo, pues aun cuando se aceptara que el demandante era menor de edad, ello no demuestra la relaci\u00f3n laboral ac\u00e1 alegada\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, puntualiz\u00f3 que, \u00abno se detecta yerro f\u00e1ctico protuberante capaz de generar el quiebre de la decisi\u00f3n. Por el contrario, se corrobora la apreciaci\u00f3n cr\u00edtica y conjunta de las pruebas que le permiti\u00f3 al Tribunal detectar las contradicciones ya enunciadas y por las cuales descart\u00f3 la existencia de una relaci\u00f3n de trabajo\u00bb. <\/p>\n
4. De este modo, a diferencia de lo considerado por el actor, la decisi\u00f3n emitida por Sala de Casaci\u00f3n endilgada se soport\u00f3 en el an\u00e1lisis de las pruebas y el razonable entendimiento de las normas y la jurisprudencia aplicables al caso concreto, por lo que el mero disentimiento de \u00e9ste con la interpretaci\u00f3n realizada por esa autoridad, no permite per se la intromisi\u00f3n del juez constitucional para modificar o invalidar lo resuelto, ya que como qued\u00f3 visto, para arribar a lo determinado dicha autoridad concluy\u00f3 que, no estaba presente el yerro may\u00fasculo, atribuido al Tribunal en la labor probatoria realizada en el fallo objeto de casaci\u00f3n, pues, el an\u00e1lisis realizado por esa autoridad permiti\u00f3 colegir que no se hab\u00eda acreditado la existencia de la relaci\u00f3n de trabajo denunciada por el actor, lo que imped\u00eda exigir el pago de prestaciones sociales adicionales y por ende imposibilitaba el reconocimiento pensional solicitado. <\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, por m\u00e1s discutible que pudiera ser la postura asumida por la autoridad jurisdiccional convocada, como la sola divergencia conceptual expuesta por el aqu\u00ed inconforme, no permite abrir camino a esta herramienta, dado que la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las posibilidades de interpretaci\u00f3n se ajusta a la norma adjetiva o sustancial que est\u00e1 llamada a aplicarse al caso concreto, no cabe duda que en el presente caso la protecci\u00f3n reclamada est\u00e1 llamada al fracaso, pues, como lo ha se\u00f1alado invariablemente la Sala de tiempo atr\u00e1s, \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC1920-2022). <\/p>\n
6. Corolario de lo esgrimido, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone ratificar el fallo constitucional de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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