STC3802-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC3802-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-00849-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de treinta de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Desata la Corte la tutela que Enrique Ardila Franco y Ram\u00f3n Alberto Rodr\u00edguez Andrade instauraron en contra de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga y el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartago, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2021-00122. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Los libelistas, en nombre propio, exigieron la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso\u00bb, \u00abbuen nombre\u00bb y \u00ablibre locomoci\u00f3n\u00bb, para que se ordenara a las autoridades querelladas dejar sin efecto los prove\u00eddos emitidos el 7 de febrero, 31 y 19 de enero de 2022 y \u00abdeclarar cumplido el fallo proferido dentro de la acci\u00f3n de tutela presentada por Carlos Arturo Caicedo Casta\u00f1eda contra la Unidad para las V\u00edctimas rad. 2021-00122 o en su defecto modular la sentencia en relaci\u00f3n con la fijaci\u00f3n de un turno de pago atendiendo a lo reglado en la Resoluci\u00f3n 01049 de 2019 y aplicaci\u00f3n del m\u00e9todo t\u00e9cnico de priorizaci\u00f3n, as\u00ed como la imposibilidad material del pago de la indemnizaci\u00f3n reclamada\u00bb. <\/p>\n
En compendio, adujeron que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartago ampar\u00f3 las prerrogativas invocadas en el resguardo que Carlos Arturo Caicedo Casta\u00f1eda inco\u00f3 en contra de la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas (n\u00ba 2021-00122) y, por consiguiente, dispuso \u201cproced[iera] a pronunciarse sobre la petici\u00f3n n\u00ba 2 contenida en el escrito que recibi\u00f3 del accionante el d\u00eda 6 de agosto de 2021\u201d (13 sep. 2021); fallo que modific\u00f3 el superior, quien mand\u00f3 a la Unidad enjuiciada que \u201cinform[ara] al accionante el plazo aproximado en el que acceder\u00e1 a la indemnizaci\u00f3n administrativa, teniendo en cuenta que no fue priorizado en el a\u00f1o 2021\u201d (25 oct.). <\/p>\n
Sostuvieron que, despu\u00e9s, Caicedo Casta\u00f1eda denunci\u00f3 la presunta desatenci\u00f3n de dicha determinaci\u00f3n y el juez de primer nivel los sancion\u00f3 con arresto de dos (2) d\u00edas y multa de 5.84 UVT, en calidad de \u201cDirector T\u00e9cnico de Reparaci\u00f3n\u201d y \u201cDirector General\u201d de la UARIV (19 en. 2022), pronunciamiento ratificado por el ad quem (24 en.). <\/p>\n
Refirieron que el estrado del circuito censurado neg\u00f3 las solicitudes de inaplicaci\u00f3n de la \u00absanci\u00f3n\u00bb que elevaron (31 en. y 7 feb. 2022), aun cuando adelantaron las actuaciones tendientes a garantizar el cumplimiento de la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Se\u00f1alaron que en virtud del Auto 206 de 2017expedido por la Corte Constitucional, construyeron el \u201cM\u00e9todo T\u00e9cnico de Priorizaci\u00f3n\u201d a trav\u00e9s de la Resoluci\u00f3n n\u00ba 01049 de 15 de marzo de 2019 y, all\u00ed, se estableci\u00f3 el procedimiento para reconocer y otorgar la indemnizaci\u00f3n por v\u00eda administrativa, el cual debe desarrollarse en coordinaci\u00f3n con el Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico y del Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n. <\/p>\n
Afirmaron que, en lo que respecta a Carlos Arturo Caicedo Casta\u00f1eda y su n\u00facleo familiar, una vez acataron lo indicado en dicho acto, concluyeron que no se acredit\u00f3 ninguna situaci\u00f3n de extrema vulnerabilidad o urgencia manifiesta al tenor del art\u00edculo 4\u00ba \u00eddem, esto es, \u201ci) tener m\u00e1s de 68 a\u00f1os, o ii) tener enfermedad hu\u00e9rfana, de tipo ruinoso, catastr\u00f3fico o de alto costo definidas como tales por el Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social, o iii) tener discapacidad que se certifique bajo los criterios, condiciones e instrumentos pertinentes y conducentes que establezca el Ministerio de Salud (\u2026)\u201d; de manera que \u201cen estos momentos no es posible asignar una fecha de pago\u201d, habida cuenta que la evaluaci\u00f3n se emprender\u00eda de nuevo este a\u00f1o (2022) para analizar si en la actualidad satisfacen los requisitos con posibilidad de ubicarlos en la lista de favorecidos. <\/p>\n
Aludieron que las circunstancias de imposibilidad de atender el \u00abfallo constitucional\u00bb en el sentido de materializar la entrega de la medida indemnizatoria a los beneficiados por el hecho victimizante del desplazamiento forzado, se pusieron de presente ante los organismos convocados, pero fueron desconocidas. <\/p>\n
2.- El Tribunal Superior de Buga defendi\u00f3 la legalidad de las providencias criticadas, puesto que \u201cfueron tomadas tras realizar una adecuada valoraci\u00f3n probatoria, con sustento y aplicaci\u00f3n razonable de la normatividad, doctrina y jurisprudencia vigente\u201d. <\/p>\n
La Unidad Administrativa Especial de Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n realiz\u00f3 un recuento del procedimiento que debe agotar para la entrega de la indemnizaci\u00f3n administrativa de acuerdo con la resoluci\u00f3n n\u00ba 01049 de 2019 y pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
Carlos Arturo Caicedo Casta\u00f1eda exigi\u00f3 desestimar las aspiraciones invocadas por las accionantes, puesto que es \u201cuna persona que solamente t[iene] un bachillerato (\u2026) y el incidente de desacato es el \u00fanico mecanismo judicial que por el momento t[iene] para al menor [optar] por una mejor calidad de vida\u201d. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En materia de \u00abincidentes de desacatos\u00bb, esta Corporaci\u00f3n en aras de no abrir la puerta a infinitas acciones de la misma naturaleza por similares hechos, ha permitido la procedencia excepcional de la \u00abtutela\u00bb, sujetando la factibilidad a una vulneraci\u00f3n clara y ostensible del \u00abderecho al debido proceso\u00bb de alguna de las partes o de terceros con inter\u00e9s en el resultado de \u00e9sta. <\/p>\n
Sobre el particular, siguiendo la postura de la Corte Constitucional fijada en la SU-627 (1\u00ba oct. 2015), se acepta dicho instrumento bajo los siguientes derroteros: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) 4.6.1. Para establecer la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si \u00e9sta se dirige contra la sentencia proferida dentro de \u00e9l o contra una actuaci\u00f3n previa o posterior a ella (\u2026). <\/p>\n
4.6.3. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si \u00e9stas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia (\u2026). <\/p>\n
4.6.3.2. Si la actuaci\u00f3n acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas en dicha sentencia, la acci\u00f3n de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protecci\u00f3n de un derecho fundamental que habr\u00eda sido vulnerado en el tr\u00e1mite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional\u00bb (citada en STC7007-2021). <\/p>\n
Por su parte, esta Sala ha colegido que, \u201cexcepcionalmente, la acci\u00f3n de tutela\u201d es procedente contra los \u201cincidentes de desacato\u201d, cuando se est\u00e9 \u00abfrente a una burda trasgresi\u00f3n del debido proceso, como cuando se omite la citaci\u00f3n de los inculpados o se dejan de apreciar elementos demostrativos relevantes o su valoraci\u00f3n es contraevidente, bajo el entendido que toda decisi\u00f3n judicial debe fundarse en las pruebas regularmente allegadas, so pena de desatender el deber de imparcialidad y menoscabar el derecho a la igualdad de las partes litigantes\u00bb (STC 20922-2017, reiterada en STC1233-2022). <\/p>\n
2.- Delanteramente, se anuncia que el anhelo tuitivo tiene vocaci\u00f3n de \u00e9xito, por cuanto la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Buga al solventar el grado jurisdiccional de consulta del \u201cincidente de desacato\u201d, en el radicado 2021-00122 (24 en. 2022), incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico y sustantivo que quebrant\u00f3 el \u00abdebido proceso\u00bb de los contendientes, quienes act\u00faan en calidad de \u201cDirector T\u00e9cnico de Reparaci\u00f3n\u201d y \u201cDirector General\u201d de la UARIV. <\/p>\n
Ello, porque, se evidenci\u00f3 que convalid\u00f3 de manera irreflexiva el castigo impuesto por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartago (19 en. 2022), sin valorar el material probatorio aportado por los quejosos al cartapacio y las contestaciones brindadas por aquellos en el curso de la articulaci\u00f3n, de cara a los derroteros fijados en la Resoluci\u00f3n n\u00ba 01049 de 15 de marzo de 2019, a trav\u00e9s de la cual se estableci\u00f3 el \u201cM\u00e9todo T\u00e9cnico de Priorizaci\u00f3n\u201d, inspirado en el \u201cauto 206 de 2017\u201d de la Corte Constitucional, en la que se ciment\u00f3 el procedimiento para reconocer y otorgar la indemnizaci\u00f3n por v\u00eda administrativa a los beneficiados por el hecho victimizante del desplazamiento forzado. <\/p>\n
N\u00f3tese que la Magistratura adver\u00f3 que lo justificado por los incidentados \u00abresulta[ba] desproporcionado e inadmisible\u00bb, en tanto el mandato constitucional objeto de discusi\u00f3n (25 oct. 2021) \u00abno determin\u00f3 que deb\u00eda inform\u00e1rsele una fecha cierta, sino aproximada en la que acceder\u00e1 a la indemnizaci\u00f3n\u00bb y, bajo ese raciocinio, los aqu\u00ed petentes no se encontraban imposibilitados para cristalizar tal disposici\u00f3n, toda vez que con los \u00abdatos, estad\u00edsticas y experiencia con la que cuenta la entidad\u00bb perfectamente pod\u00edan suministrar la data tentativa para el prop\u00f3sito perseguido por Carlos Arturo, m\u00e1xime \u00abporque claramente la Corte Constitucional ha se\u00f1alado que el proceso de priorizaci\u00f3n no puede generar un estado de incertidumbre indefinido para las v\u00edctimas del conflicto armado\u00bb. <\/p>\n
No obstante, contrario a lo as\u00ed cavilado, las exculpaciones allegadas por los precursores s\u00ed tienen asidero en esa sede, lo que conduce a la ausencia de responsabilidad subjetiva invocada, por la imposibilidad material de cumplimiento de la sentencia tutelar y, por tanto, se desdibuja la rebeld\u00eda que les fue atribuida. <\/p>\n
Dest\u00e1quese que, las reglas definidas en la Resoluci\u00f3n n\u00ba 01049 de 15 de marzo de 2019, buscan precisamente organizar las fases a evacuar para lograr el reconocimiento y orientar de forma equitativa los turnos para el desembolso de los estipendios a aquellas personas que, previamente son favorecidas con la indemnizaci\u00f3n que otorga el Estado. <\/p>\n
Con ese derrotero, los precursores, en representaci\u00f3n de la UARIV, informaron a los despachos confutados el tr\u00e1mite adelantado en favor de Carlos Arturo Caicedo y su n\u00facleo familiar. Explicaron que en \u00abResoluci\u00f3n n\u00ba 04102019 -713739 del 3 de junio de 2020 (\u2026) se reconoci\u00f3 la medida de indemnizaci\u00f3n administrativa\u00bb empero, una vez se efectu\u00f3 el \u201cM\u00e9todo T\u00e9cnico de Priorizaci\u00f3n\u201d en aras de registrar la fecha de entrega de los emolumentos, arroj\u00f3 un puntaje de 24.8767 el cual era insuficiente para alcanzar la prelaci\u00f3n reclamada en la lista para el a\u00f1o 2021, as\u00ed como tampoco pod\u00edan dar un tiempo aproximado de cuando ocurrir\u00eda pues, para ello, se requer\u00eda gestionar, nuevamente, el mismo an\u00e1lisis con el presupuesto asignado por el Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico y el Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n para el a\u00f1o 2022. <\/p>\n
En s\u00edntesis, tales postulados ameritaban una apreciaci\u00f3n conjunta y arm\u00f3nica de los elementos de convicci\u00f3n arrimados al infolio y evitar incurrir en posible contradicci\u00f3n con lo establecido en la \u201cResoluci\u00f3n n\u00ba 01049 de 15 de marzo de 2019\u201d y en el \u201cAuto 206 de 2017\u201d de la Corte Constitucional, sobre todo porque \u00abmaterializar\u00bb lo ordenado implicaba per se alterar los turnos fijados transgrediendo las garant\u00edas supralegales de las v\u00edctimas del conflicto armado que se encuentran en similares condiciones a las acreditadas por Carlos Arturo. <\/p>\n
Entonces, era indispensable determinar si la conducta de los promotores era susceptible de ser calificada, en el plano objetivo y subjetivo, como omisiva frente al \u00abfallo constitucional\u00bb dictado; de ah\u00ed que, lo que correspond\u00eda era apreciar y justificar si eran merecedores o no de las sanciones imputadas. <\/p>\n
Frente a la responsabilidad del infractor, se ha sostenido que es subjetiva, \u00aben la medida que es imperativo apreciar, no solo el incumplimiento, sino, tambi\u00e9n, las condiciones en las que \u00e9ste se produjo, vale decir, el descuido o negligencia que le sean imputables, a trav\u00e9s de juicios valorativos que den cuenta de su \u00e1nimo rebelde\u00bb (CSJ STC9408-2021). <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n en asunto an\u00e1logo, razon\u00f3: <\/p>\n
En su lugar, el Tribunal se limit\u00f3 a revisar que el procedimiento impartido por el funcionario de primer grado se ajustara a las prescripciones legales, sin reparar en que las manifestaciones del convocado, a pesar de haber sido expuestas en el tr\u00e1mite de la tutela, estaban estrechamente ligadas con las circunstancias por las que adujo no poder cumplir materialmente la orden constitucional y con su intenci\u00f3n de desdibujar su eventual rebeld\u00eda al acatamiento de la sentencia. <\/p>\n
As\u00ed, ante la omisi\u00f3n valorativa expuesta no queda alternativa distinta a conceder el amparo para que el Tribunal resuelva nuevamente el asunto conforme a las pruebas que obren en el expediente y a los par\u00e1metros expuestos en precedentes de esta Sala donde se resolvieron causas de similares contornos y respecto del mismo accionante (STC5699-2021, STC7126-2021, STC9408-2021, entre otras)\u00bb (CSJ STC1233-2022). <\/p>\n
3.- Ergo, se impone acoger la rogativa supralegal. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
Primero: CONCEDER la tutela instada por Enrique Ardila Franco y Ram\u00f3n Alberto Rodr\u00edguez Andrade contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga y el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartago. <\/p>\n
En consecuencia, SE ORDENA a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su notificaci\u00f3n, deje sin efectos el interlocutorio de 24 de enero de 2022, para que, proceda nuevamente a resolver la consulta del incidente de desacato en el radicado n\u00ba 2021-00122, con observancia de las pruebas que obren en el expediente y con los par\u00e1metros aqu\u00ed esbozados. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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