STC3830-2022<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3830-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00536-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de treinta de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Julia Daunas de Barriga; Cristina y Ana Mar\u00eda Barriga Daunas, frente a la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y el Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del juicio declarativo a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Las accionantes reclaman a trav\u00e9s de apoderado judicial, la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia y a la \u00abPREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL\u00bb, supuestamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales convocadas, con las decisiones proferidas en el marco del proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado que Pablo Barriga Vergara (q.e.p.d.), promovi\u00f3 frente a Mar\u00eda Nohelia T\u00e9llez Jim\u00e9nez, con rad. 2016-00460. <\/p>\n
Solicitan entonces, para la salvaguarda de sus garant\u00edas superiores, que se ordene a la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, \u00abREVOCAR\u00bb el prove\u00eddo adiado 26 de noviembre de 2021, y que como consecuencia de ello, \u00abse conceda y tr\u00e1mite el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la sentencia (\u2026) del 26 de noviembre de 2020\u00bb dentro del referido asunto. <\/p>\n
2. En apoyo de tales reparos aducen en compendio y en lo que interesa para la resoluci\u00f3n de la presente controversia, que aunque la causal invocada para promover el aludido litigio fue la mora en el pago de los c\u00e1nones de arrendamiento del local comercial propiedad de su esposo y padre fallecido, y que la demandada al alegar \u00abla supuesta \u201cInexistencia, invalidez e ineficacia del contrato de arrendamiento\u201d\u00bb fue escuchada, el Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de Bogot\u00e1 no solo declar\u00f3 probado dicho medio defensivo, sino que, omitiendo que \u00abya no se trata[ba] de un proceso de \u00fanica instancia\u00bb, neg\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n que formularon contra la anterior decisi\u00f3n. <\/p>\n
Se\u00f1alan que, aunque interpusieron queja contra tal determinaci\u00f3n, pues \u00abexist\u00edan dos (2) causales para pedir la terminaci\u00f3n del contrato (\u2026). Una presentada en la demanda y la otra, en virtud de lo establecido en el curso del proceso como consecuencia de la contestaci\u00f3n de la demanda y las excepciones que excepcionalmente le escucharon a la demanda\u00bb, el Tribunal convocado declar\u00f3 bien denegado el citado mecanismo, circunstancia, que aseguran, hace necesaria la intervenci\u00f3n del Juez constitucional. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el 22 de marzo de los corrientes, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado pronunciamientos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
2. En el presente asunto se observa que la censura de Julia Daunas de Barriga, Cristina y Ana Mar\u00eda Barriga Daunas, est\u00e1 encaminada concretamente, frente al prove\u00eddo dictado el 26 de noviembre de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, a trav\u00e9s del cual se declar\u00f3, \u00abBIEN DENEGADO el recurso de apelaci\u00f3n\u00bb interpuesto contra el fallo proferido el 26 de noviembre de 2020 por el Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de la misma ciudad, dentro del proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado que Pablo Barriga Vergara (q.e.p.d.) promovi\u00f3 frente a Mar\u00eda Nohelia T\u00e9llez Jim\u00e9nez, pues seg\u00fan su dicho, al escucharse los planteamientos de la demandada en relaci\u00f3n a la inexistencia del contrato de arrendamiento, el juicio admite segunda instancia. <\/p>\n
3. No obstante, una vez examinado el contenido de la determinaci\u00f3n criticada a trav\u00e9s de este mecanismo especial, se advierte el fracaso de la protecci\u00f3n constitucional implorada, teniendo en cuenta que la Corporaci\u00f3n convocada para decidir como lo hizo, en punto de considerar bien denegado la alzada formulada en contra de la sentencia que result\u00f3 desfavorable para los intereses de las aqu\u00ed actoras, precis\u00f3 que en ese mismo juicio y con anterioridad ya se hab\u00eda pronunciado sobre la procedencia del mecanismo vertical, oportunidad en la que advirti\u00f3 que \u00ab\u201caqu\u00ed, no cab\u00eda la apelaci\u00f3n, (\u2026), por la sencilla raz\u00f3n de que el numeral 9\u00b0 del art\u00edculo 384 de la ley de procedimiento (\u2026), dispone que en trat\u00e1ndose del juicio de restituci\u00f3n de inmueble arrendado, como el presente, \u201c[c]uando la causal de restituci\u00f3n sea exclusivamente la mora en el pago del canon de arrendamiento, el proceso se tramitar\u00e1 en \u00fanica instancia\u201d y que \u201cpuestas as\u00ed las cosas, es claro que eventos puestos en la particular situaci\u00f3n descrita en el C\u00f3digo General del Proceso, por imposici\u00f3n de ese mismo cuerpo normativo y al amparo de la Constituci\u00f3n, pueden quedar exentos de la regla general sin que ello implique, per se, un desconocimiento de las garant\u00edas de la parte a quien se le restrinja la prerrogativa de la doble instancia\u201d\u00bb. <\/p>\n
Y siguiendo esa misma l\u00ednea argumentativa, en relaci\u00f3n a la doble instancia, puntualiz\u00f3 que no era procedente \u00abpor el hecho de que los demandados hubieren desconocido la existencia del contrato de arrendamiento \u2013que es algo que sugiere el quejoso-, pues tal circunstancia, meramente accidental, no enerva la situaci\u00f3n que dio lugar a la aplicaci\u00f3n de la excepci\u00f3n a la doble instancia que por norma general impera en trat\u00e1ndose de sentencias judiciales, esto, es que aqu\u00ed solo se adujo la mora en el pago de los c\u00e1nones, como causal de terminaci\u00f3n del negocio jur\u00eddico tenencial, hip\u00f3tesis en la que no tiene cabida la apelaci\u00f3n, por mandato del numeral 9 del art\u00edculo 384 del C.G. del P.\u00bb. <\/p>\n
Concluyendo entonces, que \u00ab[t]ampoco cabe predicar un trato desigual a la parte actora \u2013que fue lo que se sugiri\u00f3 al sustentar su recurso de queja-, por cuanto, en este mismo proceso, como ya se dijo, tambi\u00e9n se le deneg\u00f3 la alzada a su contraparte. Adem\u00e1s, sin desconocer la indudable trascendencia que, in genere, tiene el principio de la doble instancia en el ordenamiento jur\u00eddico, no puede pasarse por alto que la misma Constituci\u00f3n Pol\u00edtica previene en su art\u00edculo 31 que \u201c[t]oda sentencia judicial podr\u00e1 ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley\u201d\u00bb. <\/p>\n
4. Visto lo anterior, m\u00e1s all\u00e1 que la Sala comparta o no \u00edntegramente las conclusiones a las que arrib\u00f3 la Colegiatura criticada, como aqu\u00e9llas son producto de una motivaci\u00f3n que no es el resultado de su subjetividad o arbitrariedad, no puede intervenir excepcionalmente el juez de tutela para lograr su invalidez o modificaci\u00f3n, pues ello depende de la verificaci\u00f3n de todos los requisitos generales, y al menos, de una causal espec\u00edfica de procedibilidad, la cual, como qued\u00f3 visto, no se configur\u00f3 en el presente caso, pues de este modo se protegen los intereses que se materializan en la ejecutoria de las providencias judiciales, m\u00e1xime cuando lo que realmente pretenden las peticionarias del amparo (all\u00ed sucesoras procesales del demandante), es anteponer su propio criterio frente a lo resuelto, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, pues dada su naturaleza residual, no fue creada para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los procesos judiciales, en tanto que en este escenario no es posible debatir sobre la interpretaci\u00f3n normativa. <\/p>\n
5. T\u00e9ngase en cuenta que, a diferencia de lo considerado por el gestor del amparo, la decisi\u00f3n del Tribunal se apoy\u00f3 en la normatividad aplicable al asunto puesto en su conocimiento, esto es, el numeral 9 del art\u00edculo 384 del C\u00f3digo General del Proceso, en cuanto que prev\u00e9 que si la causal invocada para demandar la restituci\u00f3n es la mora en los c\u00e1nones de arrendamiento, dicho tr\u00e1mite se surte en \u00fanica instancia, con independencia, ha considerado esta Sala, que la parte demandada sea escuchada cuando se cuestiona la existencia del contrato de tenencia, luego, tal y como se advirti\u00f3 en precedencia, estuvo bien denegado el recurso de apelaci\u00f3n que se formul\u00f3 en contra de la sentencia que result\u00f3 contraria a los intereses de las aqu\u00ed accionantes. <\/p>\n
6. En punto del an\u00e1lisis de las providencias judiciales a trav\u00e9s de este mecanismo, esta Colegiatura de vieja data ha considerado, que \u00ab[A]l juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (ver entre otras, recientemente, CSJ STC1161-2021). <\/p>\n
As\u00ed mismo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (ib.). <\/p>\n
7. Debe indicarse que esta Corte en torno a la procedencia del enunciado recurso de apelaci\u00f3n, en casos como el estudiado, ha precisado que \u00ab\u201c(\u2026) [A] la luz de nuestra legislaci\u00f3n el proceso cuestionado es de \u00fanica instancia (art\u00edculo 39, inciso 2\u00b0 de la Ley 820 de 2003), pues, como lo ha asentado la [Corte Suprema en sede de Casaci\u00f3n Civil], \u201clas normas procesales contenidas en la Ley 820 de 2003 son aplicables, no s\u00f3lo al contrato de arrendamiento de vivienda urbana, sino a aquel que tiene por objeto inmuebles con vocaci\u00f3n comercial. A su turno, el art\u00edculo 39 de dicho cuerpo normativo estipula que cuando la causal invocada para demandar la restituci\u00f3n de inmueble arrendado es exclusivamente la mora en el pago del canon, el proceso se tramitar\u00e1 en \u00fanica instancia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) De otra parte, si bien el demandado, en dicho tr\u00e1mite abreviado, tiene derecho a ser o\u00eddo, cuando razonadamente controvierta la existencia o naturaleza jur\u00eddica del contrato invocado como soporte de la pretensi\u00f3n restitutoria, apelando para ese efecto a la inaplicaci\u00f3n del numeral 2\u00b0 del par\u00e1grafo 2\u00b0 del art\u00edculo 424 del C. de P. Civil, la concesi\u00f3n de esa prerrogativa no convierte el tr\u00e1mite de \u00fanica instancia arriba rese\u00f1ado en uno de primera\u201d (Sentencia de 22 de junio de 2012, Exp. T. N\u00b0. 01213-00) (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) En un negocio que guarda simetr\u00eda con el ahora auscultado, a trav\u00e9s de CSJ STC1803-2016, 18 feb. 2016, rad. 2016-00267-00, esta Corporaci\u00f3n pregon\u00f3 que: <\/p>\n
\u201cEn el presente asunto, el reclamo se dirige contra el auto del 19 de noviembre de 2015, mediante el cual la Sala Civil del Tribunal de Medell\u00edn, declar\u00f3 inadmisible el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la sentencia proferida el 25 de septiembre del a\u00f1o pasado, tras considerar que el tr\u00e1mite correspond\u00eda al de un proceso de \u00fanica instancia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) [N]o se evidencia que el ad quem haya incurrido en una v\u00eda de hecho al no darle tr\u00e1mite a la impugnaci\u00f3n, toda vez que al tratarse de un proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado, \u00abcomo causal para solicitar la terminaci\u00f3n del contrato de arrendamiento, se adujo la mora en los c\u00e1nones de arrendamiento, por lo que el proceso se debe tramitar en \u00fanica instancia conforme lo precept\u00faa la parte final del Art. 39 de la Ley 820 de 2003\u00bb (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cDe ah\u00ed, la inadmisibilidad del tr\u00e1mite bajo una motivaci\u00f3n que no puede calificarse de irrazonable, pues se soport\u00f3 en la aplicaci\u00f3n leg\u00edtima de la normatividad que regula estos asuntos, espec\u00edficamente, el inciso 2\u00ba del art. 39 de la Ley 820 de 2003 (\u2026)\u201d1 (subraya fuera de texto). <\/p>\n
8. En consecuencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se desestimar\u00e1 la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 CSJ. STC de 20 sep. 2012, rad. 2012-00251-01, reiterada en STC11726-2016 <\/p>\n
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