STC3838-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3838-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-02416-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de treinta de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 14 de diciembre de 2021 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 1 de la Hom\u00f3loga Sala de Casaci\u00f3n Penal, que declar\u00f3 la improcedencia del amparo reclamado por Didier S\u00e1nchez Reinoso contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado 56 Penal del Circuito de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes en el proceso penal de radicado 2013-00542. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor demand\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades judiciales acusadas. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. Ante el Juzgado 56 Penal del Circuito de Bogot\u00e1 se est\u00e1 tramitando el proceso de radicado 2013-00542 en contra del tutelante y otro, acusados por el delito de peculado por apropiaci\u00f3n a favor de terceros. <\/p>\n
2.2. El 6 de enero de 2016, la abogada Margarita Rosa Santodomingo Lopera, quien actuaba como representante de la sociedad TRANSMARCA Ltda., parte civil del proceso, sustituy\u00f3 el poder a Karen Jhoanna Salazar en la Notar\u00eda 28 del C\u00edrculo de Medell\u00edn; sin embargo, resalt\u00f3 el accionante, dicho memorial solo fue radicado en el Juzgado cognoscente el 25 de octubre siguiente. <\/p>\n
2.3. El 15 de febrero de 2021, en audiencia p\u00fablica, el tutelante solicit\u00f3 la nulidad de la actuaci\u00f3n, por causa de la representaci\u00f3n de la parte civil, toda vez que a la abogada Santodomingo Lopera, por ser funcionaria p\u00fablica, no le era posible continuar como apoderada en ese juicio y tampoco hab\u00eda renunciado al mandado referido; por ello pidi\u00f3 que se compulsaran copias disciplinarias en su contra. <\/p>\n
2.4. El 11 de junio de 2021, el Juzgado accionado neg\u00f3 la nulidad y la compulsa de copias, indicando que, seg\u00fan las pruebas allegadas, cuando aquella recibi\u00f3 poder para representar a la parte civil y durante el t\u00e9rmino de su gesti\u00f3n no ejerci\u00f3 un cargo p\u00fablico y que, desde el momento en que hizo la sustituci\u00f3n no particip\u00f3 en el asunto; a su vez, destac\u00f3 que, \u00absi bien es cierto que la sustituci\u00f3n (\u2026) no pone fin al poder, como si lo hace la renuncia al mandato, tambi\u00e9n lo es que la sustituci\u00f3n a varios apoderados no genera ning\u00fan vicio (\u2026) que conlleve a la nulidad\u00bb, pues las doctoras Karen Jhoanna Salazar Monta\u00f1o y Paula Andrea Castro Daza estaban facultadas para intervenir en el proceso, por virtud de los poderes otorgados, al punto que se convalid\u00f3 lo actuado por ellas, pues los acusados y su defensa no presentaron oportuna oposici\u00f3n. <\/p>\n
2.5. La anterior decisi\u00f3n fue confirmada el 22 de septiembre siguiente por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1. <\/p>\n
2.6. En relaci\u00f3n con los hechos descritos, el actor censur\u00f3 que se vulneraron sus derechos, toda vez que la referida apoderada, \u00aba pesar de asumir un cargo p\u00fablico, no renunci\u00f3 a la representaci\u00f3n legal de la parte civil dentro del proceso, sino que sigui\u00f3 litigando y simplemente sustituy\u00f3 con posterioridad el poder conferido a otra abogada; a sabiendas de que el art\u00edculo 29 de la Ley 1123 de 2007 establece la incompatibilidad para ejercer la abogac\u00eda cuando se desempe\u00f1an funciones p\u00fablicas\u00bb. <\/p>\n
Sobre el particular, enfatiz\u00f3 que para la materializaci\u00f3n de la sustituci\u00f3n del poder \u00e9ste se deb\u00eda radicar en el \u00abjuzgado donde se tramita el asunto (lo que se hizo el 25 de octubre de 2016)\u00bb, por lo que no era suficiente tener en cuenta, como lo hizo el Tribunal accionado, la presentaci\u00f3n personal realizada el 6 de enero de 2016 ante Notario, para descartar la irregularidad alegada. <\/p>\n
Asimismo, indic\u00f3 que el ad quem incurri\u00f3 en defecto sustantivo, pues interpret\u00f3 en forma indebida el art\u00edculo 75 del C\u00f3digo General del Proceso, por \u00abequiparar los efectos de la sustituci\u00f3n del poder con los de la renuncia al mismo; los cuales se encuentran reglados es en el art. 76 ibidem\u00bb y por no evaluar que la sustituci\u00f3n realizada no pod\u00eda entenderse como una renuncia, ya que \u00abesta conservaba la facultad de reasumir en cualquier tiempo\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, esgrimi\u00f3 que se pudo presentar un \u00aberror inducido\u00bb, como quiera que en el correo enviado el 24 de agosto de 2021 por Margarita Rosa al Tribunal Superior de Bogot\u00e1, en el que refiri\u00f3 que \u00abla sustituci\u00f3n se debe entender como una renuncia al poder otorgado\u00bb, se confundi\u00f3 al \u00f3rgano colegiado frente a la intenci\u00f3n real de la togada. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, solicit\u00f3 que se ordene a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 modificar \u00abla decisi\u00f3n de fecha 22 de septiembre de 2021 (\u2026), en el sentido de que se establezca que la mera presentaci\u00f3n personal de fecha 6 de enero de 2016 ante la Notar\u00eda 28 del C\u00edrculo Medell\u00edn de un memorial de sustituci\u00f3n conferida a otra abogada, no debe de tenerse como su renuncia t\u00e1cita al mandato conferido a la abogada Margarita Rosa Santodomingo Lopera, por parte del representante legal de la parte civil la empresa Transmarca Ltda.; y por el contrario se disponga que la mencionada abogada, sigue vinculada (\u2026) hasta tanto no renuncie en debida forma al poder conferido\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 pidi\u00f3 que se negara el amparo constitucional, porque no se vulner\u00f3 derecho alguno al promotor. <\/p>\n
2. El Juzgado 56 Penal del Circuito advirti\u00f3 que \u00aben un principio no acept\u00f3 la renuncia de la apoderada Santodomingo Lopera, por cuanto no cumpl\u00eda con los requisitos exigidos en el art\u00edculo 76 del C.G.P; sin embargo, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 al analizar el asunto, en prevalencia del derecho sustancial sobre el procedimental, le dio a las manifestaciones de la mencionada profesional el alcance de renuncia t\u00e1cita al mandato, dado que la abogada no ten\u00eda la intenci\u00f3n de volver a asumir la representaci\u00f3n de la parte civil\u00bb. Adicionalmente, se\u00f1al\u00f3 que ha atendido todos los requerimientos del accionante sin vulnerar sus derechos. <\/p>\n
3. La defensora suplente de H\u00e9ctor Varela peticion\u00f3 que fuera concedido el amparo rogado por el se\u00f1or S\u00e1nchez. <\/p>\n
4. La Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional de Cundinamarca CAR afirm\u00f3 que no se cumpl\u00eda con el requisito de subsidiariedad, pues el juicio estaba en curso y que la negativa a compulsar copias no afectaba la validez del proceso penal. <\/p>\n
5. Parques Nacionales Naturales de Colombia -PNNC, pidi\u00f3 que se declarara la inexistencia de vulneraci\u00f3n del derecho por parte de la entidad. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La a quo constitucional declar\u00f3 la improcedencia de la salvaguarda, \u00abcomoquiera que incumple con el requisito general de subsidiariedad (\u2026) puesto que el proceso penal 2013-00542, se encuentra en curso\u00bb y, mientras el asunto est\u00e9 en tr\u00e1mite, \u00abcualquier solicitud de protecci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales debe hacerse exclusivamente en ese escenario, porque de lo contrario todas las decisiones provisionales que se tomen en el transcurso de la actuaci\u00f3n penal, estar\u00edan siempre sometidas a la eventual revisi\u00f3n de un juez ajeno a ella\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 el extremo activo, quien indic\u00f3 que el a quo constitucional \u00absoslay\u00f3 su obligaci\u00f3n de fallar de fondo el asunto (\u2026), aduciendo err\u00f3neamente la falta de un requisito de procedencia de la acci\u00f3n de tutela (subsidiariedad)\u00bb. En este sentido, manifest\u00f3 que la abogada \u00absigue vinculada al proceso como parte por lo menos hasta el d\u00eda 22 de septiembre de 2022, fecha en la cual el Honorable Tribunal, tiene en cuenta un e mail que ella remite al juzgado, en el que informa que su intenci\u00f3n es renunciar al poder\u00bb, por lo que se deben adoptar medidas para remediar esa irregularidad. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el asunto sub examine, el accionante pretende que se ampare el derecho fundamental invocado, el cual considera vulnerado, debido a que no se declar\u00f3 la nulidad de lo actuado ni se compulsaron copias, pese a las irregularidades evidenciadas frente a la no presentaci\u00f3n oportuna de la sustituci\u00f3n del poder de la apoderada de la parte civil y su falta de renuncia al mandato otorgado. <\/p>\n
2. En primer lugar, resulta indispensable puntualizar que la acci\u00f3n de tutela es improcedente para reabrir los asuntos ya discutidos en los respectivos procesos judiciales, pues, de interpretarse de esa manera las reglas que regulan este mecanismo, se quebrantar\u00edan los principios de la autonom\u00eda e independencia de los jueces; en ese orden, la jurisprudencia constitucional ha considerado que solo excepcionalmente se puede acudir a la protecci\u00f3n ius fundamental en el evento en que el juzgador adopte una determinaci\u00f3n o adelante un tr\u00e1mite en forma ostensiblemente alejada de lo atendible, fruto de la arbitrariedad o el capricho y de manera totalmente desconectada del ordenamiento aplicable1. <\/p>\n
3. Pues bien, del escrutinio del decurso procesal se evidencia que la supuesta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso y la nulidad invocada se consideraron inexistentes por las autoridades judiciales accionadas, como quiera que la queja elevada por el gestor -relacionada con el momento en que la sustituci\u00f3n del poder de la abogada que represent\u00f3 a la parte civil surti\u00f3 efectos- carec\u00eda de trascendencia frente a sus garant\u00edas superlativas. <\/p>\n
Lo anterior, debido a que Margarita Rosa Santodomingo Lopera no particip\u00f3 en la causa penal desde el momento en que suscribi\u00f3 la sustituci\u00f3n del poder otorgado para actuar en el juicio y, por tanto, al no desplegar actuaci\u00f3n alguna en el litigio y habiendo sido asumida la representaci\u00f3n de la sociedad TRANSMARCA Ltda. a trav\u00e9s de otros profesionales del derecho, mal pod\u00eda colegirse que se configur\u00f3 alg\u00fan tipo de acto que cercenara los derechos del actor; m\u00e1xime que, seg\u00fan lo advirti\u00f3 el Colegiado convocado, \u00abal no haber presentado oposici\u00f3n alguna a las actuaciones de las abogadas sustitutas de la parte civil, en su momento los procesados y su defensa las convalidaron, por lo que no pueden alegar, a\u00f1os despu\u00e9s, una nulidad por un requisito de forma\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
3.1. En este sentido, se destaca lo definido por el ad quem natural en la providencia del 22 de septiembre de 2021, en la cual estableci\u00f3 que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) desde el 6 de enero de 2016, la abogada Karen Jhoanna Salazar Monta\u00f1o asumi\u00f3 la representaci\u00f3n de la parte civil, independientemente de que el memorial se hubiera radicado meses despu\u00e9s en el juzgado y que se le haya reconocido personer\u00eda con posterioridad. Lo cierto es que, durante ese lapso, la togada Margarita Rosa Santodomingo Lopera no despleg\u00f3 ninguna actividad en el proceso penal, es decir, no ejerci\u00f3 la abogac\u00eda como apoderada de la parte civil\u2026 <\/p>\n
Si bien la profesional del derecho Margarita Rosa Santodomingo Lopera cometi\u00f3 el error de creer que, con la sustituci\u00f3n del poder hab\u00eda renunciado al proceso, como lo indic\u00f3 en el correo electr\u00f3nico de 24 de agosto de 2021; lo cierto es que ese yerro carece de trascendencia para restarle validez a las actuaciones de las apoderadas que la sustituyeron con posterioridad en la representaci\u00f3n de la parte civil (Karen Jhoanna Salazar Monta\u00f1o y Paula Andrea Castro Daza), por lo que no hay razones para excluir a la parte civil de este proceso. <\/p>\n
Esta formalidad resulta insuficiente para inferir una vulneraci\u00f3n al debido proceso de la defensa y de los acusados, pues la elecci\u00f3n del profesional del derecho que represente a la parte civil solo le compete a la sociedad Transmarca Ltda., quien asumir\u00e1 las consecuencias de no elegir a su apoderado, antes de que el proceso culmine\u00bb. <\/p>\n
3.2. De otro lado, precis\u00f3 que no era procedente la compulsa de copias, pues \u00abla profesional del derecho Margarita Rosa Santodomingo Lopera asumi\u00f3 la funci\u00f3n p\u00fablica el 1\u00ba de febrero de 2016, y desde ese momento hasta la fecha no ha ejercido la abogac\u00eda en esta causa\u00bb, sin perjuicio de que los interesados presentaran la queja ante la autoridad competente. <\/p>\n
4. Por tanto, al no hallarse conducta alguna atribuible a las autoridades convocadas respecto de la cual pueda determinarse una amenaza o violaci\u00f3n de un derecho fundamental al tutelante, dado que habi\u00e9ndose evidenciado que la apoderada judicial de la parte civil sustituy\u00f3 el poder, previo a acceder a un cargo p\u00fablico, y que no realiz\u00f3 actuaciones en el tr\u00e1mite una vez asumi\u00f3 esa calidad, se descart\u00f3 razonadamente la existencia de la alegada irregularidad en la representaci\u00f3n y actuaciones posteriores de la parte civil que pudiera afectar la validez del proceso, pues continu\u00f3 actuando a trav\u00e9s de las apoderadas designadas. <\/p>\n
As\u00ed, al margen de la radicaci\u00f3n posterior de la sustituci\u00f3n del poder y de que no se hubiera radicado y aceptado la renuncia al mandato, esa circunstancia, por las razones expuestas, no ten\u00eda la virtualidad de afectar la legalidad del proceso, pues, se reitera, las actuaciones subsiguientes se surtieron por las abogadas de la parte sin que se presentara oposici\u00f3n a las mismas en su momento, de manera que no era procedente decretar la nulidad reclamada, por lo que no se vislumbra que las determinaciones adoptadas sean arbitrarias o manifiestamente alejadas del ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
4.1. En ese sentido, la Sala ha sostenido que, \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (STC 28. mar. 2012, Rad. 00022-01, reiterada en STC7348-2020. 14 sep, Rad. 2020-00485-01); y que al juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en las decisiones de los operadores judiciales competentes, m\u00e1xime cuando, como ocurri\u00f3 en este caso, \u00abla determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (CSJ STC1161-2021), sin que se encuentre acreditada una vulneraci\u00f3n de los derechos del procesado que pudiera afectar la validez del juicio, como en efecto lo establecieron las autoridades cognoscentes. <\/p>\n
4.2. Aunado a ello, ha de destacarse que, como lo ha reiterado la jurisprudencia de esta esta Sala, mientras el proceso penal en contra del accionante se encuentre activo es aqu\u00e9l el escenario en el que debe hacer valer las prerrogativas presuntamente vulneradas, dado que puede ejercer, en su momento, los mecanismos de defensa pertinentes contra las sentencias que resuelvan el fondo del asunto, lo cual torna, igualmente, inviable la salvaguarda invocada2. <\/p>\n
5. Por \u00faltimo, resulta imperioso se\u00f1alar que como uno de los argumentos de la tutela gravita, en parte, en que la apoderada cuestionada habr\u00eda actuado estando incursa en una incompatibilidad, lo procedente es que el interesado, si lo estima pertinente, presente esa queja ante la autoridad competente y que sea aquella la que resuelva lo que corresponda, pues no es el juez de tutela el llamado a sustituir los procedimientos previstos en el ordenamiento jur\u00eddico para tal fin. <\/p>\n
6. Hechas las anteriores precisiones, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado, en cuanto neg\u00f3 el amparo, por las razones aqu\u00ed expuestas. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Ver, entre otros, STC796-2022 (Exp. 2022-00187-00) y STC1563-2022 (Exp. 2021-02635-01). <\/p>\n
2\u0002 Ver, entre otras, STC3056-2022, STC5463-2021, STC2674-2020. <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC3838-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente STC3838-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-02416-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de treinta de marzo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 14 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-62345","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62345","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62345"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62345\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62345"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62345"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62345"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}