STC3842-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC3842-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2022-00182-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual del treinta de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 9 de febrero de 2022, que neg\u00f3 el amparo invocado por el Edificio Mosaico P.H. contra el Juzgado Cuarenta y Seis Civil del Circuito de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio y a los intervinientes en el proceso de radicado 2019-123622. <\/p>\n
<\/p>\n
1. El promotor, a trav\u00e9s de apoderado, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad Judicial cuestionada al interior de la causa referida. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito introductorio1 y las probanzas que obran en el plenario, se observa la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica: <\/p>\n
2.1. Ante la Superintendencia de Industria y Comercio, el actor, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, formul\u00f3 acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor en contra de la constructora Inversiones Mendebal S.A., con el fin de que cumpliera con lo prometido en la publicidad del proyecto, \u00abbrindara soluciones a los hallazgos identificados en el Informe General del Estado de las Zonas Comunes\u00bb y pago de perjuicios ocasionados. <\/p>\n
2.2. Dicha autoridad -con prove\u00eddo del 13 de febrero de 2020-2, resolvi\u00f3 declarar probada la excepci\u00f3n de m\u00e9rito denominada ausencia de los requisitos para la procedencia de la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor. Por lo tanto, neg\u00f3 las pretensiones del aqu\u00ed accionante. <\/p>\n
Inconforme con esa determinaci\u00f3n, present\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n. Sin embargo, el Juzgado censurado -con fallo del 13 de octubre de 2021-3, resolvi\u00f3 confirmar la decisi\u00f3n objeto de alzada. <\/p>\n
2.3. En sentir del tutelante, la autoridad enjuiciada no realiz\u00f3 un an\u00e1lisis de los argumentos expuestos. Consider\u00f3 que \u00absi se hubiese revisado con mayor cuidado y sind\u00e9resis la argumentaci\u00f3n presentada referente a la suspensi\u00f3n de los t\u00e9rminos de prescripci\u00f3n y caducidad en virtud de lo establecido en el art\u00edculo 21 de la Ley 640 de 2001, la decisi\u00f3n habr\u00eda sido opuesta\u00bb. En el punto, insisti\u00f3 en que la \u00abconciliaci\u00f3n es una de las formas de cumplir con el requisito previo de reclamaci\u00f3n directa, es claro que, al recurrir a la conciliaci\u00f3n, se deben cumplir las reglas, requisitos y efectos propios del tr\u00e1mite, como es el caso de la suspensi\u00f3n de la prescripci\u00f3n o caducidad de que trata el art\u00edculo 21 de la Ley 640 de 2001\u00bb. Y, concluy\u00f3 que la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n se suspendi\u00f3 por 3 meses, debido a que el proceso conciliatorio se extendi\u00f3 por m\u00e1s tiempo. <\/p>\n
3. Solicit\u00f3, conforme a lo relatado, que se declare \u00abSIN NING\u00daN VALOR NI EFECTO, por resultar violatoria del derecho fundamental al debido proceso, la decisi\u00f3n emitida por parte del Juzgado Cuarenta y Seis (46) Civil del Circuito de Bogot\u00e1, D.C\u00bb. A su vez, que se revoque \u00abla sentencia de primera de instancia, emitida por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio el 12 de febrero de 2020, y se dicte sentencia sustitutiva de remplazo amparando los derechos fundamentales conculcados\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La sociedad Mendebal S.A4., frente a la inconformidad planteada por el promotor, resalt\u00f3 que \u00aben el caso en concreto el accionante haya presentado la reclamaci\u00f3n, m\u00e1s no la acci\u00f3n dentro del t\u00e9rmino de ley, es una situaci\u00f3n procesal concreta que no ubica al juez en el supuesto de procedencia del defecto alegado, pues el juez al reconocer una excepci\u00f3n avalada por la ley especial que regula el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n, DE NINGUNA MANERA ACT\u00daA POR FUERA DEL MARCO LEGAL PARA EL TR\u00c1MITE DEL ASUNTO\u00bb. Seguidamente, asever\u00f3 que \u00abel que la decisi\u00f3n sea contraria al inter\u00e9s de una parte, no hace la decisi\u00f3n en si misma violatoria del marco legal aplicable por lo que, el accionante no demuestra como la observancia del precepto normativo contenido en el numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 58 de la ley 1480 de 2011, estructura una v\u00eda de hecho, en la medida que conforme a esa norma es procedente su aplicaci\u00f3n al haberse presentado la acci\u00f3n por fuera del a\u00f1o que se\u00f1ala la ley, no la voluntad del juez, no el capricho de \u00e9ste\u00bb. Por lo expuesto, solicit\u00f3 denegar el amparo rogado. <\/p>\n
2. La Superintendencia de Industria y Comercio5, narr\u00f3 las actuaciones surtidas en el proceso debatido. Y se\u00f1al\u00f3 que \u00aba la fecha el proceso jurisdiccional No. 19-123622 no ha sido devuelto por parte del Juzgado Cuarenta y Seis Civil del Circuito de Bogot\u00e1 D.C. a la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales para proferir el respectivo Auto de obedecimiento y cumplimiento a lo dispuesto por el Superior. Por lo tanto, no se tiene conocimiento de la decisi\u00f3n proferida en segunda instancia por parte de esta Entidad\u00bb. Adem\u00e1s, indic\u00f3 que \u00abcarece de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva toda vez que las presuntas violaciones denunciada en el escrito de tutela, son ajenas al actuar de esta Superintendencia\u00bb. <\/p>\n
3. El Juzgado Cuarenta y Seis Civil del Circuito de Bogot\u00e16, luego de relatar sus actuaciones, solicit\u00f3 abstenerse de tutelar los derechos fundamentales alegados por el accionante, y remiti\u00f3 el link de acceso al expediente. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 neg\u00f3 el amparo invocado. Para ello, despu\u00e9s de transcribir apartes de la determinaci\u00f3n rebatida, consider\u00f3 que \u00abqueda vedada la posibilidad de intervenci\u00f3n del juez de tutela en el asunto, a\u00fan si la conclusi\u00f3n se comparte o no, pues no se detecta un yerro superlativo que lo amerite, y como es sabido \u201c\u2026independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el promotor insistiendo en los mismos argumentos del escrito inicial. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el caso en concreto, corresponde a la Sala establecer si la autoridad cuestionada vulner\u00f3 el derecho fundamental del gestor, con ocasi\u00f3n del prove\u00eddo dictado el 13 de octubre de 2021, que confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n del 13 de febrero de 2020, con la cual se declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de m\u00e9rito denominada ausencia de los requisitos para la procedencia de la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor. <\/p>\n
2. Sobre el particular, se observa que la autoridad Judicial encarada mediante providencia del 13 de octubre de 2021, al resolver el recurso de apelaci\u00f3n propuesto, expres\u00f3 las razones que lo llevaron a confirmar la decisi\u00f3n impugnada. Para ello, comenz\u00f3 por analizar el procedimiento para adelantar la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor -al tenor del art\u00edculo 58 de la Ley 1480 de 2011-. Y determin\u00f3 que la misma \u00ab\u2026est\u00e1 sujeta a los t\u00e9rminos y condiciones establecidos espec\u00edficamente por la ley para su implementaci\u00f3n, pues en caso contrario, su interposici\u00f3n no resulta procedente por incurrir lo que la misma normatividad ha denominado como prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n7\u00bb. <\/p>\n
Visto lo anterior, se pronunci\u00f3 respecto a lo plasmado en la acci\u00f3n de protecci\u00f3n impetrada, destacando que la parte demandante \u00ab\u2026conoci\u00f3 de las fallas de la calidad e idoneidad de los productos o acabados entregados, zonas comunes desde el 17 de abril de 2018, pues as\u00ed lo demuestra el informe de interventor\u00eda que la misma aport\u00f3 como prueba y que seg\u00fan su criterio revela las fallas de los acabados que la obra presenta, que fueron descritos en la demanda\u00bb.8 <\/p>\n
Con base en ello, y confirmando lo decidido en primera instancia, estableci\u00f3 que \u00abla acci\u00f3n intentada se encuentra prescrita, pues transcurri\u00f3 m\u00e1s del a\u00f1o dispuesto en la legislaci\u00f3n para acudir a este tipo de acci\u00f3n como fuente de protecci\u00f3n de los derechos del consumidor. En efecto, seg\u00fan el documento denominado Informe General Estado de las Zonas Comunes realizado por el ingeniero civil Igor Camargo Cediel, se evidencia que el mismo fue rendido el 17 de abril de 2018 a la copropiedad, luego resulta concluyente para este despacho que los copropietarios del edificio Mosaico P.H., conocieron de las fallas o acabados de las zonas comunes del edificio desde la precitada fecha, pues fue precisamente por delegaci\u00f3n suya que el ingeniero Camargo Cediel procediera a rendir el concepto. No obstante, la acci\u00f3n solo vino a ser radicada el 31 de mayo de 2019, es decir transcurrieron m\u00e1s de un a\u00f1o que la norma indica debe interponerse la acci\u00f3n para que no opere el fen\u00f3meno prescriptivo, situaci\u00f3n que no ocurri\u00f3 en el presente caso, pues reitera la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor fue interpuesta fuera de dicho termino que la ley se\u00f1ala\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, y en atenci\u00f3n al argumento expuesto por el apelante con relaci\u00f3n a que la conciliaci\u00f3n extrajudicial interrumpi\u00f3 el t\u00e9rmino de la prescripci\u00f3n, puntualiz\u00f3 que \u00aben esta clase de procesos, no se exige la conciliaci\u00f3n como requisito de procedibilidad, pues la Ley 1480 de 2011 solamente contempl\u00f3 como requisito de procedibilidad la reclamaci\u00f3n directa que debe realizar el demandante consumidor en contra del proveedor o productor. Circunstancia, adem\u00e1s que se ratifica en el art\u00edculo 38 de la ley 640 modificado por el art\u00edculo 621 de la ley 1564 de 2012, que dispone que la conciliaci\u00f3n extrajudicial en derecho, solamente constituye requisito de procedibilidad para acudir a la jurisdicci\u00f3n civil y no ante las autoridades administrativas\u00bb9. <\/p>\n
3. De lo transcrito, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. Y, por lo tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada. En efecto, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del juez natural -como ya lo se\u00f1al\u00f3 el a quo constitucional-, para esta Sala, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda ser recibida como irrazonable.10 Ello pues, fue proferida por el juez natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis jurisprudencial y normativo del tema debatido11 y de una valoraci\u00f3n razonable de las pruebas. <\/p>\n
3.1. Para esta Sala Civil, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de juez de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Y, tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente. <\/p>\n
3.2. Sumado a lo anterior, en el sub judice lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad cuestionada -en el desarrollo de sus facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la parte tutelante. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de autoridad de instancia. Sobre el particular, la Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada en STC 2462-2021, 12 de marzo). <\/p>\n
4. Por lo expuesto, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folio 1-24. Anexo 01EscritoTutelaAcci\u00f3n de tutela contra providencia judicial Mosaico (con anexos) 27.01.2022.pdf <\/p>\n
2\u0002 Folios 862-863. Anexo 08ProcesoSICOneDrive_1_6-2-2022.zip. Anexos informes de tutela 22-00182 proceso jurisdiccional 19-123622.pdf <\/p>\n
3\u0002 Anexo. 20Anexo. 2.3. 11001290000020191236201-20211013_154138-Meeting Recording.mp4 <\/p>\n
4\u0002 Folio1-25. Anexo 05Contestaci\u00f3n Tutela Mendebal SA 11001220300020220018200 .pdf <\/p>\n
5\u0002 Folio 1-10. Anexo 07Respuesta22041671–0000100001 EDIFICIO MOSAICO P.H..pdf <\/p>\n
6\u0002 Folio 1-2. Anexo 12contes. tutela 2022-182.pdf <\/p>\n
7\u0002 Anexo 11001290000020191236201-20211013_154138-Meeting Recording (1).mp4. Carpeta. 18Audiencia13-Octubre-2021. 15Proceso2019-12362OneDrive_1_7-2-2022 (1).zip. 15Proceso2019-12362OneDrive_1_7-2-2022 (1).zip. Min. 0:57.:55) <\/p>\n
8\u0002 Anexo 11001290000020191236201-20211013_154138-Meeting Recording (1).mp4. Carpeta. 18Audiencia13-Octubre-2021. 15Proceso2019-12362OneDrive_1_7-2-2022 (1).zip. 15Proceso2019-12362OneDrive_1_7-2-2022 (1).zip. Min. 0:58.:59) <\/p>\n
9\u0002 Anexo 11001290000020191236201-20211013_154138-Meeting Recording (1).mp4. Carpeta. 18Audiencia13-Octubre-2021. 15Proceso2019-12362OneDrive_1_7-2-2022 (1).zip. 15Proceso2019-12362OneDrive_1_7-2-2022 (1).zip. Min. 1:04.:37) <\/p>\n
10\u0002 Aquello que se recibe como \u201crazonable\u201d tambi\u00e9n puede recibirse como \u201cracional\u201d (Atienza, M. Para una razonable definici\u00f3n de razonable, Doxa, 1987, p\u00e1g. 197 y ss.). Y como \u201cv\u00e1lido\u201d, puesto que \u201csatisface los requisitos afincados en las reglas de reconocimiento\u201d (Hart, H. The concept of law, Oxford University Press, 1961, p\u00e1g. 128). <\/p>\n
11\u0002 Ley 1480 de 2011. Ley 640 de 2011. Decreto 1736 de 2012. Ley 1480 de 2011. <\/p>\n
4 <\/p>\n
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