STC3843-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N ALVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC3843-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2022-00117-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La accionante quien pidi\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, manifest\u00f3, en s\u00edntesis, que inici\u00f3 proceso ejecutivo para el cobro de las cuotas de administraci\u00f3n y otras expensas adeudadas desde el a\u00f1o 2001 por el se\u00f1or Telesforo Alba Barbosa, propietario del apartamento 303, interior 8 de la urbanizaci\u00f3n el Cortijo Zona 80. <\/p>\n
El litigi\u00f3 se adelant\u00f3 ante los Juzgados Treinta Civil Municipal de Bogot\u00e1 y Noveno Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de la misma ciudad, pero fue terminado por desistimiento t\u00e1cito, ya que no fue posible materializar ninguna medida cautelar. Sin embargo, precis\u00f3, ya reanud\u00f3 la ejecuci\u00f3n y actualmente cursa en el Juzgado Sesenta y Dos de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de esta Capital. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, el 15 de diciembre de 2020, radic\u00f3 otra demanda para conseguir la cancelaci\u00f3n de la afectaci\u00f3n a vivienda familiar que pesa sobre el referido inmueble, ya que en dichos asuntos no fue posible materializar otras cautelas y garantizar de esta manera el pago perseguido en pro de los intereses de la copropiedad, asunto del que correspondi\u00f3 conocer al Juzgado Veinticuatro de Familia de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Adicion\u00f3, que, en ese tr\u00e1mite, la apoderada judicial del se\u00f1or Telesforo Alba Barbosa y la se\u00f1ora Gilma Valencia de Alba, no solo manifest\u00f3 ser la administradora del predio, sino que alleg\u00f3 un poder en el que aquellos se\u00f1alaron que su domicilio es: \u00abCarolina del Norte, Estados Unidos de Norteamerica\u00bb, lo cual indica que el aludido copropietario no habita con su familia en el apartamento objeto del levantamiento de la afectaci\u00f3n a vivienda familiar. <\/p>\n
Asever\u00f3, que en el interrogatorio absuelto por la administradora de la urbanizaci\u00f3n el Cortijo Zona 80, se\u00f1ora Mar\u00eda Liliana Acevedo, manifest\u00f3, de un lado, que \u00abhace muchos a\u00f1os los due\u00f1os no viven en ese apartamento [\u2026] adem\u00e1s [\u2026] lo tienen arrendado y lo est\u00e1n usufructuando, luego no es una vivienda familiar\u00bb y, de otra parte, que daba \u00abconstancia que el propietario no vive ah\u00ed, no es vivienda familiar porque est\u00e1n radicados en el exterior hace muchos y hace a\u00f1os ese apartamento lo arrienda, est\u00e1n haciendo usufructo de ese apartamento\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que el Juzgado Veinticuatro de Familia de Bogot\u00e1 incurri\u00f3 en una v\u00eda de hecho al no haber realizado una valoraci\u00f3n adecuada sobre las pruebas arrimadas al proceso, toda vez que no tuvo en cuenta el interrogatorio referido, ni el poder aportado con el escrito de contestaci\u00f3n, con el que se demuestra que los demandados se encuentran residiendo fuera del pa\u00eds, tampoco calific\u00f3 las manifestaciones realizadas por la referida abogada, quien se\u00f1al\u00f3 ser la administradora del bien. <\/p>\n
Finaliz\u00f3 afirmando que en la decisi\u00f3n cuestionada, esto es, la sentencia de 26 de enero de 2022, realiz\u00f3 adem\u00e1s, una interpretaci\u00f3n err\u00f3nea del numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 4\u00b0 de la Ley 258 de 1996, ya que simplemente se dijo que, de cara a la fecha en la que se constituy\u00f3 la afectaci\u00f3n a vivienda familiar, esto es, en el a\u00f1o 1997, no se pod\u00eda establecer que el demandado la hubiese realizado con la intenci\u00f3n de defraudar, sin tener en cuenta que dicho canon normativo no solo habla de una defraudaci\u00f3n, sino tambi\u00e9n de un tercero perjudicado, como lo es, en este caso, la copropiedad accionante. <\/p>\n
2. En consecuencia de lo narrado, solicit\u00f3: (i) Declarar \u00abque la se\u00f1ora Juez Veinticuatro (24) del Circuito de Familia de Bogot\u00e1, violent\u00f3 [la referida prerrogativa] al negar el levantamiento de la afectaci\u00f3n a vivienda familiar del inmueble objeto del litigio en sentencia de fecha 26 de enero del 2022, sin haber valorado las pruebas aportadas al proceso.\u00bb y, (ii) Revocar \u00abla sentencia [\u2026] y en su defecto llamar a prosperar las pretensiones de la demanda.\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Veinticuatro de Familia de Bogot\u00e1, consider\u00f3 no haber vulnerado derecho alguno, en la medida en que realiz\u00f3 un estudio respecto de las condiciones en las que fue adquirido el inmueble y la presunta defraudaci\u00f3n a un tercero por la constituci\u00f3n de la medida de afectaci\u00f3n a vivienda familiar conforme a la jurisprudencia y la ley. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Treinta Civil Municipal de esta ciudad, solicito ser desvinculado por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El Juzgado Ochenta Civil Municipal de Bogot\u00e1, a su vez, remiti\u00f3 el expediente de su conocimiento de manera digital. <\/p>\n
<\/p>\n
4. El Juzgado Noveno Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, indic\u00f3 que sus dos \u00fanicas actuaciones en el proceso que conoci\u00f3, fueron decretar el embargo sobre los c\u00e1nones de arrendamiento del demandado y decretar el desistimiento t\u00e1cito del asunto. <\/p>\n
LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 Sala de Familia, concedi\u00f3 el amparo, tras considerar que el Juzgado Veinticuatro de Familia de Bogot\u00e1 \u00abincurri\u00f3 en una inadecuada apreciaci\u00f3n de los medios probatorios recaudados en el tr\u00e1mite que se adelant\u00f3 dentro del proceso ya aludido, pues omiti\u00f3 valorar en su conjunto la totalidad de los elementos materiales probatorios, como lo exige el art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso (\u2026) en especial la versi\u00f3n aportada por la administradora en su interrogatorio de parte, lo consignado en el poder otorgado por el demandado que dice que reside en el exterior y lo manifestado por la apoderada\u00bb. <\/p>\n
Consecuencia de lo anterior, dej\u00f3 sin valor y efecto la sentencia de 26 de enero de 2022, as\u00ed como toda la actuaci\u00f3n que de ella dependiera y, en su lugar, orden\u00f3 a la titular del citado juzgado que procediera a dictar otro fallo \u00aben el sentido que corresponda, con base en la valoraci\u00f3n conjunta de todas y cada una de las pruebas que obran en el expediente\u00bb. <\/p>\n
La present\u00f3 la apoderada judicial del se\u00f1or Telesforo Alba Barbosa [demandado en el proceso 024-2020-00562] quien se\u00f1al\u00f3 que el Tribunal ignor\u00f3 que las \u00fanicas pruebas aportadas al tr\u00e1mite de levantamiento de afectaci\u00f3n a vivienda familiar fueron la afirmaci\u00f3n de que exist\u00eda un proceso que ya estaba archivado y el interrogatorio de la demandante que \u00abno prob\u00f3 en qu\u00e9 consist\u00eda la defraudaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Aleg\u00f3, adem\u00e1s, que no se tuvo en cuenta que, conforme a la ley, se requiere un \u00abjusto motivo apreciado por el juez de familia\u00bb para proceder a lo solicitado, \u00abpor lo cual fue discrecional de la se\u00f1ora juez [no] levantar la medida cautelar para el pago de esas expensas de administraci\u00f3n\u00bb, y, que no se valor\u00f3 la sentencia STC-2370-2021 de la Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Acorde con la invariable l\u00ednea jurisprudencial reiterada por esta Corporaci\u00f3n, la acci\u00f3n de tutela no procede en contra de decisiones o actuaciones jurisdiccionales, a fin de darle prevalencia a los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, esto es, la autonom\u00eda e independencia de la administraci\u00f3n de justicia, as\u00ed como el derecho sustancial y el imperio de la Ley, entre otros. <\/p>\n
Sin embargo, en aquellos casos en los que el funcionario accionado ha incurrido en un proceder arbitrario, claramente opuesto a la ley o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, es posible activar el mecanismo, previo el cumplimiento de sendos requisitos [generales y espec\u00edficos1] que demuestren la imperiosa necesidad de la intervenci\u00f3n del juez de la tutela, para restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Urbanizaci\u00f3n el Cortijo Zona 80 denunci\u00f3 la transgresi\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, por cuanto el Juzgado Veinticuatro de Familia de Bogot\u00e1, en la sentencia de 26 de enero de 2022, proferida en el proceso verbal sumario que aquella formul\u00f3 en contra del se\u00f1or Telesforo Alba Barbosa, para levantar la \u00abafectaci\u00f3n a vivienda familiar\u00bb que pesa sobre el apartamento 303, interior 8 de dicha copropiedad, no analiz\u00f3 tres medios probatorios, a saber: (i) el poder allegado por el aludido demandado; (ii) el interrogatorio de parte rendido por la administradora de la propiedad horizontal demandante y, (iii) la manifestaci\u00f3n realizada por la abogada del extremo pasivo dentro de ese juicio, en torno a ser la administradora del precitado bien inmueble. <\/p>\n
Tal omisi\u00f3n, conforme a lo narrado por la interesada, dio al traste con sus pretensiones, ya que dicho Despacho se equivoc\u00f3 en su an\u00e1lisis, al no tomar en cuenta que el numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 4\u00b0 de la Ley 258 de 1996, tambi\u00e9n hace referencia a la existencia de un tercero perjudicado con la afectaci\u00f3n en cita, como lo es esa urbanizaci\u00f3n demandante, en su calidad de acreedora de las cuotas administraci\u00f3n adeudadas por su copropietario. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Al estudiar el audio visual que contiene la decisi\u00f3n cuestionada, observ\u00f3 esta Sala que la Jueza de conocimiento, tras encontrar configurada la legitimaci\u00f3n de las partes para participar en el juicio puesto en su conocimiento, desestim\u00f3 la excepci\u00f3n meritoria esgrimida por el demandado, consistente en alegar falta de dicho elemento por el extremo activo2; tom\u00f3 en cuenta la normativa se\u00f1alada en el p\u00e1rrafo anterior y, previa la definici\u00f3n del problema jur\u00eddico y la citaci\u00f3n de jurisprudencia atinente al caso, concluy\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00abpara el caso que nos ocupa est\u00e1 probado que el inmueble objeto de este proceso es de propiedad de la parte demandada, y que sobre el mismo se encuentra constituida la afectaci\u00f3n a vivienda familiar, contamos con el certificado de tradici\u00f3n de ese inmueble [\u2026] donde claramente en las anotaciones ocho y nueve de este documento se constata que el demandado adquiri\u00f3 el inmueble por escritura p\u00fablica No. 1037 el 12 de marzo de 1997 y en ese mismo acto en esa misma escritura constituy\u00f3 la afectaci\u00f3n a vivienda familiar, es decir, se encuentra constituida esa limitaci\u00f3n desde el 12 de marzo de 1997. <\/p>\n
Por virtud del numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 4\u00b0 de la Ley 258 de 1996 que establece pues que la afectaci\u00f3n se puede levantar en virtud de providencia judicial cuando lo solicite un tercero perjudicado o defraudado con la afectaci\u00f3n que es lo que invoca la parte demandante en este caso, se encuentra entonces, con prueba documental que establece que el actor alega que por el gravamen, no ha podido concretar las medidas cautelares decretadas para lograr el pago de la obligaci\u00f3n que el demandado tiene por concepto de cuotas de administraci\u00f3n, suministro de gas y cuotas extraordinarias. <\/p>\n
Sin embargo, esas pruebas documentales que aducen, as\u00ed como el auto por medio del cual el Juzgado Treinta Civil Municipal de Bogot\u00e1, el 24 de mayo de 2011 libr\u00f3 mandamiento de pago en contra de Telesforo Alba Barbosa y a favor de la ac\u00e1 actora, as\u00ed como el estado de cuenta con fecha 31 de julio de 2020, que fueron pues pruebas documentales anexadas con la demanda, dan cuenta que dichas obligaciones fueron adquiridas con posterioridad a la fecha en la cual se constituy\u00f3 la afectaci\u00f3n a vivienda familiar, pues tanto en el auto que se cobran las cuotas dan cuenta que las mismas fueron causadas desde el 2005 en adelante, como en el estado de cuenta se refiere al cobro de cuotas del 2011 en adelante. <\/p>\n
Entonces, no encuadra la norma aducida porque no fue perjudicada con la afectaci\u00f3n a vivienda familiar que se constituy\u00f3 desde el 12 de marzo de 1997 como se prueba con los documentos [referidos]. <\/p>\n
Y en este orden de ideas, ha de decirse que, si bien se ha establecido que el se\u00f1or Telesforo pues no habita en este momento en esa casa, pero la misma no se puede desconocer que tiene una afectaci\u00f3n a vivienda familiar, y pues esa figura en cierta manera protege el patrimonio de los c\u00f3nyuges o compa\u00f1eros permanentes y que por eso se torna [\u2026] es intocable dig\u00e1moslo para los acreedores y que la norma establece que el tercero se perjudique con la afectaci\u00f3n, es decir, que hay oposici\u00f3n al tercero que conoc\u00eda que ya estaba constituida la afectaci\u00f3n. <\/p>\n
Recordemos que el art\u00edculo 5\u00b0 de esa misma normatividad habla de la oponibilidad [y dio lectura] es decir, que desde el 97, ya para los terceros ten\u00edan conocimiento de esa afectaci\u00f3n, es decir, que las obligaciones que se adquieran de ah\u00ed en adelanten pues no constituye esa defraudaci\u00f3n o perjuicio como lo establece pues la norma que se invoca para levantar la afectaci\u00f3n a vivienda familiar. Recientemente, la Sala de Casaci\u00f3n Civil en la Sentencia STC2370 de 2021, precisamente sobre ese tema expuso [y dio lectura para definir:] <\/p>\n
En ese orden de ideas, entonces, en este caso, queda claro que esas deudas que se est\u00e1n cobrando y que tiene toda la raz\u00f3n la administraci\u00f3n, pero fueron adquiridas con posterioridad a la afectaci\u00f3n de la vivienda, raz\u00f3n por la cual, pues no se configura esa norma que permite o que hablan de la defraudaci\u00f3n o perjuicio porque ya le era oponible la misma. <\/p>\n
Es de se\u00f1alar, para esta funcionaria, pues, obviamente las personas deben cumplir con sus obligaciones, se habla tambi\u00e9n pues de que el se\u00f1or Telesforo tiene arrendado el inmueble, pues habr\u00e1 de perseguirse pues, esas otras cosas que constituyen su patrimonio, diferente a ese inmueble, por la limitaci\u00f3n que tiene para el cobro de sus obligaciones\u00bb [Cfr. minutos 59:11 a 1:08:06 audiencia de 26 de enero de 2022]. <\/p>\n
3.1 De esa manera, neg\u00f3 las pretensiones, conden\u00f3 en costas a la demandante y le corri\u00f3 traslado por si ten\u00eda alguna manifestaci\u00f3n que realizar sobre la sentencia, ante lo cual, acto seguido, la apoderada judicial de la Urbanizaci\u00f3n manifest\u00f3, lo que a la letra sigue: \u00abs\u00ed se\u00f1ora, pues no estoy de acuerdo con las costas por cuanto el demandado no asisti\u00f3 a esta audiencia y obviamente pues no tuvimos la oportunidad de interrogarlo; y tambi\u00e9n, se\u00f1ora Juez, pues, no s\u00e9 \u00bfsi sea procedente interponer recurso de reposici\u00f3n contra de su decisi\u00f3n?\u00bb [Cfr. minutos 1:08:09 a 1:08:31 audiencia de 26 de enero de 2022] <\/p>\n
3.2 Frente a esa solicitud, la Jueza Veinticuatro de Familia de Bogot\u00e1, previo traslado a la contraparte -la que estuvo de acuerdo con la decisi\u00f3n- se\u00f1al\u00f3 que no hab\u00eda lugar a obviar la condena en costas impuesta y record\u00f3 que, por tratarse de una sentencia, el recurso de reposici\u00f3n era inviable. <\/p>\n
<\/p>\n
4. En este punto observa la Sala que, pese a la clara obligaci\u00f3n que consagra el art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso3, tal y como lo denunci\u00f3 la accionante en su escrito inicial, en la decisi\u00f3n transcrita no se realiz\u00f3 una apreciaci\u00f3n conjunta sobre las pruebas incorporadas al expediente, ya que nada se dijo en cuanto al valor y el sentido que ofrec\u00edan: (i) el poder allegado por el demandado, con el que manifest\u00f3 residir en otro pa\u00eds junto con su esposa; (ii) el interrogatorio de parte rendido por la administradora de la propiedad horizontal demandante, la que, entre otros, ratific\u00f3 la manifestaci\u00f3n relacionada en dicho escrito y, (iii) la informaci\u00f3n que se tiene en torno a que la abogada de aqu\u00e9l es la administradora del apartamento gravado con afectaci\u00f3n a vivienda familiar, el cual, adem\u00e1s, se encuentra arrendado. <\/p>\n
Aunado a lo ya planteado, tampoco se calific\u00f3 la conducta del demandado, consistente en no haber asistido a la audiencia realizada por el Juzgado, como expresamente lo dispone el numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 372 Ib\u00eddem4, con lo que tampoco fue posible realizar su interrogatorio, ya que, si bien es cierto, su apoderada ten\u00eda facultad para \u00abconciliar\u00bb, tener una avanzada edad, no contar con un correo electr\u00f3nico, no tener destrezas en temas virtuales o tecnol\u00f3gicos o residir en otro pa\u00eds, no lo eximia de su responsabilidad de comparecer al Despacho ante las varias citaciones que le fueron realizadas. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Las falencias anotadas, entonces, configuran un \u00abdefecto f\u00e1ctico\u00bb en la sentencia, que se presenta cuando, como ya se dijo, no se valora en su integridad y conjuntamente el material probatorio aportado al respectivo juicio, en un ejercicio riguroso y concienzudo que le permita al juzgador concluir de esa tarea, la configuraci\u00f3n de los supuestos de hecho que las partes pretenden derivar de las normas. Al respecto, esta Sala ha reiterado que: <\/p>\n
<\/p>\n
6. Es cierto que en el fallo constitucional tomado en cuenta por la juzgadora de instancia para fundamentar su determinaci\u00f3n, esto es, el STC2370 de 2021, esta Corte analiz\u00f3 un caso en el interior del cual se concluy\u00f3 que la afectaci\u00f3n varias veces mencionada no pod\u00eda levantarse a solicitud de acreedores cuyas obligaciones personales hubiesen sido adquiridas por el correspondiente deudor -beneficiario de dicho gravamen- con posterioridad a la constituci\u00f3n del mismo, \u00ab(dado su conocimiento real o potencial)\u00bb sobre \u00e9ste, sin embargo, es claro que el escenario f\u00e1ctico analizado por la jueza accionada, en esta ocasi\u00f3n, difiere notoriamente del anterior y, por lo tanto, su deber argumentativo era superior a simplemente concluir que se trataba de casos an\u00e1logos -cuando, en principio, no es as\u00ed-. <\/p>\n
En efecto, en aqu\u00e9lla oportunidad se estudi\u00f3 una acci\u00f3n de tutela interpuesta por una mujer cuya familia estaba conformada por ella, su esposo -con el que pese a estar privado de la libertad manten\u00eda el v\u00ednculo- y su hijo en com\u00fan, mayor de edad, los cuales habitaban el predio afectado; contrario sensu aqu\u00ed se trata de un caballero, su esposa y familia que, adem\u00e1s de no habitar el plurimencionado apartamento 303 de la Urbanizaci\u00f3n accionante, lo explotan econ\u00f3micamente a trav\u00e9s de un arrendamiento que es administrado por su abogada, ya que ni siquiera residen en este pa\u00eds. <\/p>\n
Tal escenario, entonces, ameritaba un estudio mucho m\u00e1s riguroso sobre las pruebas aportadas al expediente, en aras de verificar si se pod\u00eda o no, dar aplicaci\u00f3n directa al precedente jurisprudencial tra\u00eddo a colaci\u00f3n, sin perjuicio -claro est\u00e1- de que previa la debida y juiciosa motivaci\u00f3n echada de menos, la jueza de instancia arribe a la misma conclusi\u00f3n. <\/p>\n
7. Consecuencia de todo lo anterior es que se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE y C\u00daMPLASE, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Cfr. Los muchos fallos de tutela proferidos con base en la Sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional, entre otros, las Sentencias de 3 de marzo de 2011, Rad. 00329-00 de la CSJ y SU-913 \/ 2009 y T-125 \/ 2012 de la C.C. <\/p>\n
2\u0002 Cfr. minutos 58:30 a 59:11 audiencia de 26 de enero de 2022. <\/p>\n
3\u0002 \u00abLas pruebas deber\u00e1n ser apreciadas en conjunto\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 \u00abConsecuencias de la inasistencia. La inasistencia injustificada [\u2026] del demandado har\u00e1 presumir ciertos los hechos susceptibles de confesi\u00f3n en que se funde la demanda.\u00bb <\/p>\n
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STC3843-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N ALVAREZ Magistrada ponente STC3843-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2022-00117-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de marzo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). ANTECEDENTES 1. La […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-62349","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62349","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62349"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62349\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62349"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62349"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62349"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}