STC3845-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC3845-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 08001-22-13-000-2022-00152-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de treinta de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 8 de marzo de 2022 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Barranquilla, en la tutela que Alfonso Arrieta Solano instaur\u00f3 en contra del Juzgado Promiscuo de Familia de Sabanalarga y Joaqu\u00edn Guillermo Garc\u00eda Quiroz. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso\u00bb, \u00abigualdad\u00bb, \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, \u00abhabeas data\u00bb y \u00abdignidad humana\u00bb, para que se ordenara a los convocados \u00ababstenerse de continuar reactualizando informaci\u00f3n oficiando a las entidades financieras, comerciales y empresas donde se encuentra vinculado (\u2026) en su condici\u00f3n de docente\u00bb. <\/p>\n
Seg\u00fan el pliego introductorio y sus anexos es posible resumir el contexto f\u00e1ctico as\u00ed: <\/p>\n
El Juzgado Promiscuo de Familia de Sabanalarga sigui\u00f3 adelante con la ejecuci\u00f3n (1\u00ba sep. 2004) que Viviana del Carmen Bravo Barrios en nombre de su hija Valentina Arrieta Bravo (menor de edad para la \u00e9poca), inco\u00f3 en contra del gestor con el prop\u00f3sito de cobrar las cuotas adeudadas por concepto de alimentos (rad. 2004-00203). <\/p>\n
En el referido compulsivo se decret\u00f3 el embargo de la quinta parte del inmueble identificado con M.I. 040-93152 (17 nov.), del 30% de los honorarios y dem\u00e1s prestaciones sociales que Arrieta Solano percib\u00eda como empleado del SENA (10 ag. 2010), del 20% de lo devengado por aquel como docente de la Universidad Sim\u00f3n Bol\u00edvar y de los saldos depositados en las cuentas de ahorro y\/o cr\u00e9dito de su propiedad (4 ag. 2021). <\/p>\n
Luego, el estrado querellado desestim\u00f3 los pedimentos para: i) El levantamiento de las medidas cautelares (7 jul. 2011 y 4 ag. 2021) y, ii) La terminaci\u00f3n del juicio por pago total de la obligaci\u00f3n (4 ag. 2021) y por desistimiento t\u00e1cito (22 feb. 2022), todos ellos elevados por el actor. <\/p>\n
El sedicente tild\u00f3 de irregular dicho tr\u00e1mite, por cuanto, en su sentir, el despacho acusado se ha \u201cdejado llevar por los argumentos no profesionales\u201d del abogado de la demandante, ya que \u201cdesde el a\u00f1o 2004 ha tenido una persecuci\u00f3n (\u2026) obsesiva\u201d que le ha causado \u201cmuchos perjuicios econ\u00f3micos y psicol\u00f3gicos\u201d. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que siempre ha suministrado y cumplido con la cuota alimentaria a favor de su descendiente, empero, a ra\u00edz de los \u201cembargos\u201d, el SENA \u201cdecidi\u00f3 darle por terminado su contrato de trabajo\u201d, lo que dificult\u00f3 continuar proporcion\u00e1ndola. <\/p>\n
Apunt\u00f3 que denunci\u00f3 al juez cognoscente, pero aquel \u201cno ha procedido conforme a los art\u00edculos 140 y 141 del C\u00f3digo General del Proceso\u201d, esto es, apart\u00e1ndose del conocimiento de la Litis y, por ende, \u201cno puede generar oficios que enlodan su buen nombre ante las entidades financieras y comerciales, cuando lo ocurrido ha tenido los motivos suficientes para exculparlo\u201d, adem\u00e1s, que no es viable \u201cembargar m\u00e1s del doble de lo adeudado\u201d. <\/p>\n
2.- La Defensora de Familia, Centro Zonal Sabanalarga se opuso al ruego, puesto que no observ\u00f3 transgresi\u00f3n a las garant\u00edas superiores. <\/p>\n
El Juzgado Promiscuo de Familia de Sabanalarga se\u00f1al\u00f3 que las aspiraciones del quejoso son \u201cinfundadas (\u2026), todas las solicitudes han sido resueltas en estricto apego a la ley y a las reglas de la sana cr\u00edtica\u201d; asimismo que aquel tuvo la posibilidad de controvertir las decisiones que \u201ca su juicio adolec\u00edan de alguna irregularidad\u201d, sin embargo, no lo hizo. <\/p>\n
LA SENTENCIA Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- El a quo neg\u00f3 el auxilio, en tanto \u00abse evidencia la conducta pasiva de la parte ejecutada\/aqu\u00ed accionante, quien decidi\u00f3 guardar silencio, y no interpuso recurso alguno contra siguientes las providencias: (i) Auto del 4 de agosto de 2021, que neg\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso, (ii) Auto del 4 de agosto de 2021, que decret\u00f3 medidas cautelares, y (iii) Auto del 22 de febrero de 2022, que no accedi\u00f3 al decreto del desistimiento t\u00e1cito. (\u2026) As\u00ed pues, se aprecia el actuar omisivo desplegado por el accionante frente a los autos que resolvieron las pretensiones que ahora intenta atacar por v\u00eda constitucional, por lo que, deviene improcedente su solicitud de amparo\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n, recalc\u00f3 que el peticionario \u00abpodr\u00e1 intentar formular recusaci\u00f3n en contra del juez de conocimiento, s\u00ed estima que \u00e9ste se encuentra incurso en alguna(s) de las causales de recusaci\u00f3n estipuladas en nuestro ordenamiento procesal civil. (\u2026) y si considera que el juzgado accionado o la demandante y\/o su apoderado judicial han incurrido en una falta disciplinaria y\/o conducta delictual, deber\u00e1 acudir ante las autoridades correspondientes, quienes ser\u00e1n las encargadas de establecer o no, una eventual responsabilidad penal o disciplinaria\u00bb. <\/p>\n
2.- Recurri\u00f3 el precursor alegando que lo dirimido por el Tribunal Superior de Barranquilla presenta \u00abinconsistencias frente a la realidad f\u00e1ctica\u00bb. Enfil\u00f3 su descontento respecto de la negativa del despacho reprochado en decretar el \u00abdesistimiento t\u00e1cito\u00bb que propuso, toda vez que se comprob\u00f3 que \u00abhubo una par\u00e1lisis cronol\u00f3gicamente escindible (sic) [desde] el a\u00f1o 2011 hasta agosto del 2021\u00bb; es decir, el apoderado del extremo activo de la lid \u00abrevivi\u00f3 el caso luego de una d\u00e9cada de estar inerte\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Alfonso Arrieta Solano critica, en lo medular, las \u201cmedidas cautelares\u201d decretadas en el \u201cejecutivo de alimentos\u201d n\u00ba 2004-00203 que Viviana del Carmen Bravo Barrios le adelant\u00f3 en favor de su hija Valentina Arrieta Bravo, y porque no se accedi\u00f3 a la aplicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n preceptuada en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2.- Ab initio, se anuncia el decaimiento de la ayuda y la consecuente ratificaci\u00f3n de lo confutado, por las razones que a continuaci\u00f3n se exponen. <\/p>\n
2.1.- En torno a la primera censura, se recalca que se inobserv\u00f3, sin justificaci\u00f3n v\u00e1lida, la exigencia temporal que impera en esta sui generis justicia. <\/p>\n
Se hace tal aseveraci\u00f3n, porque entre la fecha de los autos expedidos por el Juzgado Promiscuo de Familia de Sabanalarga que dispusieron el \u201cembargo\u201d de la quinta parte del predio identificado con M.I. 040-93152 (17 nov. 2004), del 30% de los honorarios y dem\u00e1s prestaciones sociales que percib\u00eda Arrieta Solano como empleado del SENA (10 ag. 2010), del 20% de lo devengado por aquel como docente de la Universidad Sim\u00f3n Bol\u00edvar y de los estipendios de las cuentas de ahorro y\/o cr\u00e9dito de su propiedad (4 ag. 2021), y la radicaci\u00f3n de la demanda constitucional (18 feb. 2022), se super\u00f3 con creces el semestre que tanto esta Corte como la Constitucional han estimado como prudente para ejercer la \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese que transcurri\u00f3 frente al primero un lapso de diecisiete (17) a\u00f1os, respecto al segundo once (11) a\u00f1os y con el tercero seis (6) meses y catorce (14) d\u00edas. <\/p>\n
Sobre el tema, esta Sala ha esbozado que: <\/p>\n
\u00ab[e]n punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses. Se resalta. (STC 29 abr. 2009, rad. 00624-00, reiterada en STC6690-2021). <\/p>\n
Lo anterior impide examinar el fondo del debate instado, porque si el accionante se demor\u00f3 en interponer la petici\u00f3n supralegal, su descuido, per se, es suficiente para descartar la presencia de una conducta indebida atribuible a la autoridad atacada y con repercusi\u00f3n directa en los atributos esenciales invocados como soporte de la ayuda. <\/p>\n
\u00abDe otra parte, tampoco se demostr\u00f3 en esta sede justificaci\u00f3n alguna que permitiera analizar las excepciones al se\u00f1alado principio, pues, si bien es cierto puede flexibilizarse a partir de la explicaci\u00f3n de razones suficientes que justifiquen la inactividad para adelantar la acci\u00f3n de tutela, dichas circunstancias no fueron acreditadas. <\/p>\n
Al respecto, cabe precisar que, en repetidas oportunidades, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el particular, en las providencias SU-961\/99; T-743\/08 y T-033\/10, y en esta \u00faltima, estim\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: \u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, en el sub lite, no acaece ninguna de las hip\u00f3tesis rese\u00f1adas, puesto que el contendiente no mencion\u00f3 alguna circunstancia v\u00e1lida para conjurar su desidia en acudir oportunamente a esta excepcional v\u00eda. <\/p>\n
2.3.- Ahora, en lo concerniente con las cr\u00edticas del tutelante frente a la determinaci\u00f3n mediante el cual el Juzgado de Familia de Sabanalarga neg\u00f3 la terminaci\u00f3n del \u201cejecutivo de alimentos\u201d n\u00ba 2004-00203 por \u201cdesistimiento t\u00e1cito\u201d (22 feb. 2022) pues, seg\u00fan su dicho, s\u00ed demostr\u00f3 que \u00abhubo una par\u00e1lisis cronol\u00f3gicamente escindible (sic) [desde] el a\u00f1o 2011 hasta agosto del 2021\u00bb, se advierte que desaprovech\u00f3 la herramienta con que contaba en la lid para ventilar el descontento que trae a este escenario especial. <\/p>\n
Lo antelado, por cuanto dicha directriz qued\u00f3 en firme en raz\u00f3n a que no fue discutida por el promotor a, pesar que contra la misma proced\u00eda el \u201crecurso de reposici\u00f3n\u201d al tenor del art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso, mecanismo que resultaba id\u00f3neo para exponer las inconformidades aqu\u00ed tra\u00eddas. <\/p>\n
De modo que, al no proponer tales reparos en las oportunidades procesales otorgadas para ello, emerge clara su incuria. Esta Sala tiene decantado, que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales, impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria\u2026\u00bb, (STC6663-2018, citada en STC15135-2021). <\/p>\n
Ello, en virtud, a que <\/p>\n
(\u2026) [e]ste mecanismo, por lo excepcional, am\u00e9n de su naturaleza subsidiaria, no deviene como un recurso alterno o suplementario y su invocaci\u00f3n resulta leg\u00edtima en la medida en que el afectado no cuente con recursos legales para evitar la vulneraci\u00f3n de la que se duele. Contrario a ello, esto es, si existen tales medios surge inane la utilizaci\u00f3n de la tutela; consecuencia similar emerge cuando el interesado teniendo dichos recursos los ha menospreciado o no ha hecho uso de ellos, dado que en tal hip\u00f3tesis culmina invocando su propia negligencia o incuria, lo que no es permitido y menos a trav\u00e9s de la acci\u00f3n constitucional que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala (STC7966-2018, STC10541-2018 citada en STC15135-2021). <\/p>\n
3.- Finalmente, en lo que ata\u00f1e con la posible incursi\u00f3n del funcionario fustigado en alguna de las causales de recusaci\u00f3n se\u00f1aladas en el canon 141 del estatuto procesal civil y frente a lo endilgado al procurador judicial de Viviana del Carmen Bravo Barrios por su gesti\u00f3n profesional desempe\u00f1ada en el litigio en cuesti\u00f3n, es evidente que lo clamado escapa de la \u00f3rbita constitucional, siendo al querellante a quien incumbe acudir directamente al despacho enjuiciado y radicar la solicitud -si as\u00ed lo estima- con el objetivo de provocar, por parte de aquel, el pronunciamiento sobre la problem\u00e1tica que exhibe e impetrar ante los organismos competentes las denuncias correspondientes, asumiendo eso s\u00ed, las consecuencias de su proceder. <\/p>\n
4.- Ergo, el prove\u00eddo impugnado ser\u00e1 avalado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados, y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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