STC3847-2022 <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC3847-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-30-000-2021-00747-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo de 27 de julio de 2021, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, en la acci\u00f3n de tutela que el Cabildo Ind\u00edgena Nasa de Calderas y Jos\u00e9 Wilfredo Palmito Chimens formularon contra la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura – hoy Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial -, extensiva a la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca, al Juzgado Veintiuno Penal del Circuito de Cali, as\u00ed como a las partes y terceros intervinientes en el proceso penal radicado bajo el n\u00b0 76001-60-00-193-2018-5695-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Los accionantes solicitaron la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, en conexidad con su \u00abautonom\u00eda jurisdiccional e integridad \u00e9tnica y cultural\u00bb. <\/p>\n
Manifestaron, en s\u00edntesis, que por hechos ocurridos el 3 de julio de 2018, en horas de la tarde, en el barrio Mel\u00e9ndez de Cali, Valle del Cauca, en los que -al parecer- Jos\u00e9 Wilfredo Palmito Chimens realiz\u00f3 tocamientos libidinosos a una menor de edad, sobrina de su compa\u00f1era permanente, se adelanta en su contra el referido proceso penal, en el que, el Juzgado Diecis\u00e9is Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de esa localidad, 5 de octubre de 2018, legaliz\u00f3 la captura del indiciado, a la vez que la Fiscal\u00eda le imput\u00f3 el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 a\u00f1os agravado, conforme a lo establecido por el art\u00edculo 208 de la Ley 599 de 2000 con circunstancias de agravaci\u00f3n consagradas en el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 211 de la misma normativa, por lo que se le impuso medida de aseguramiento con detenci\u00f3n preventiva en establecimiento carcelario. <\/p>\n
El conocimiento de dicha causa lo asumi\u00f3 el Juzgado Veintiuno Penal del Circuito con funciones de Conocimiento de Cali, y se adelant\u00f3 la audiencia de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n de 14 de julio de 2020, despacho que recibi\u00f3 un escrito del Gobernador del Resguardo Ind\u00edgena Calderas, quien solicit\u00f3 que, en virtud de lo normado en el art\u00edculo 246 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, se reconociera la calidad de ind\u00edgena y sujeto de especial protecci\u00f3n de Jos\u00e9 Wilfredo Palmito Chimens, para que fuera juzgado conforme a los usos y costumbres del pueblo Nasa de Calderas. <\/p>\n
En raz\u00f3n de lo anterior, el 22 de julio de 2020 se orden\u00f3 la remisi\u00f3n de la actuaci\u00f3n a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, la que luego de practicar las pruebas necesarias para dilucidar el asunto, en providencia de 15 de octubre de la misma anualidad \u2013notificado al Cabildo accionante hasta el 24 de febrero de 20211- declar\u00f3 que la competencia para conocer del proceso correspond\u00eda a la Jurisdicci\u00f3n Ordinaria Penal. <\/p>\n
Inconformes, los accionantes acudieron al presente mecanismo y argumentaron que, contrario a lo dilucidado por dicha autoridad, en este caso s\u00ed se configuraron los requisitos para la aplicaci\u00f3n del fuero ind\u00edgena, como lo son: <\/p>\n
(i) El personal, por la pertenencia del procesado al Resguardo Ind\u00edgena Pueblo Nasa de Calderas; <\/p>\n
(ii) El territorial, porque los hechos sucedieron en el \u00e1mbito en que se desarrolla el cabildo ind\u00edgena universitario de Univalle, el cual ha nutrido los procesos de nacimiento y existencia de los cabildos ind\u00edgenas urbanos en la ciudad de Cali Nu Pachik Chak y N\u00e1poles (Nasa) ubicados en la comuna 18. Adem\u00e1s, porque la menor v\u00edctima pertenece al Resguardo Ind\u00edgena de Guamb\u00eda, \u00faltimo este que coadyuv\u00f3 la petici\u00f3n; <\/p>\n
(iii) El institucional u org\u00e1nico, puesto que el Pueblo Nasa de Calderas – Inz\u00e1, Tierradentro, tiene un sistema sancionatorio que comporta un tratamiento estructural s\u00f3lido para impartir justicia en el interior del territorio, no generador de impunidad, y cuyo procedimiento no es contrario a la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. Adem\u00e1s, porque los delitos de violencia sexual contra menores son castigados con prisi\u00f3n, y su cumplimiento se hace en un Centro de Armonizaci\u00f3n colaborado por otro resguardo y otra asociaci\u00f3n de cabildos, o se aplica la figura de \u00abpatio prestado\u00bb en calidad de \u00abguardado\u00bb, y, <\/p>\n
(iv) El objetivo, ya que al momento de solicitar la competencia de la investigaci\u00f3n, se aleg\u00f3 que el bien jur\u00eddico individual de la menor v\u00edctima, afectaba de manera directa a un miembro de la comunidad ind\u00edgena, pero en ning\u00fan caso a un miembro de la sociedad mayoritaria, m\u00e1xime que al interior de la cultura del Pueblo Nasa de Calderas – Inz\u00e1, se cuentan con un sistema de derecho propio conformado por los usos y costumbres tradicionales para castigar este tipo de agravios, que se consideran grav\u00edsimos y se han caracterizado por investigar celosamente las conductas que atenten contra la palabra de la libertad, integridad y formaci\u00f3n sexuales de una menor comunera, m\u00e1s a\u00fan cuando se ponen en riesgo los saberes ancestrales y valores culturales de la comunidad. <\/p>\n
Por lo tanto, insisten en que son competentes para conocer, tramitar y decidir el asunto. <\/p>\n
2. Como consecuencia de lo narrado, solicitaron: (i) declarar \u00abque el Resguardo Nasa de Calderas \u2013Inz\u00e1, Tierradentro cumple con los requisitos personal, territorial, institucional y objetivo para la aplicaci\u00f3n del fuero ind\u00edgena\u00bb y, (ii) ordenar \u00abenviar a [su] jurisdicci\u00f3n especial, el proceso No. 76001-6000-193-2018-15695\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Veintiuno Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cali, alleg\u00f3 las actuaciones surtidas en el proceso penal, y agreg\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela es improcedente, por cuanto ha cumplido con todos los requerimientos legales correspondientes. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, inform\u00f3 que carece de competencia tanto para asumir el conocimiento de conflictos como el cuestionado, como para cumplir cualquier orden que pueda surgir con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Fiscal\u00eda Veintid\u00f3s Seccional de Cali, se remiti\u00f3 a las argumentaciones expuestas por el Juzgado Veintiuno Penal del Circuito con funciones de conocimiento. <\/p>\n
<\/p>\n
4. La Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca, indic\u00f3, que, revisado el sistema Siglo XXI, no encontr\u00f3 evidencia de conocimiento previo de este asunto, ni investigaci\u00f3n disciplinaria en la que hubiese vinculado al Juez Veintiuno Penal del Circuito de Cali, por hechos relacionados con el tr\u00e1mite tutelar. <\/p>\n
LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el amparo, tras considerar que la decisi\u00f3n adoptada el 15 de octubre de 2020, por la extinta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, al dirimir el conflicto de competencias suscitado en el proceso penal adelantado contra Jos\u00e9 Wilfredo Palmito Chimens, \u00abestudi\u00f3 el caso a la luz de los cuatro componentes que deben concurrir para que las comunidades ind\u00edgenas reclamen el derecho a juzgar las conductas de sus integrantes conforme con sus propias normas, usos y costumbres, de los cuales solo encontr\u00f3 acreditado el componente personal. [y que] Frente a los dem\u00e1s elementos present\u00f3 argumentos razonables para descartar su configuraci\u00f3n\u00bb, lo cual desvirtu\u00f3 la vulneraci\u00f3n alegada. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que, el juez natural, se ci\u00f1\u00f3 a lo probado en la actuaci\u00f3n, \u00abpues si bien el tutelante como gobernador del cabildo ind\u00edgena en esta acci\u00f3n de tutela, afirm\u00f3 que el territorio se extiende a la ciudad de Cali, donde residen el presunto agresor y la v\u00edctima, ello no se acompasa con lo acreditado en el proceso\u00bb concretamente, en su testimonio \u00absin que la tutela sea un nuevo escenario para reabrir el debate probatorio\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, se\u00f1al\u00f3 importante la calidad de menor de edad de la v\u00edctima, sobre la cual, adem\u00e1s, se aplic\u00f3 perspectiva de g\u00e9nero, y enfatiz\u00f3 en que el bien jur\u00eddico presuntamente lesionado con el comportamiento del imputado, pertenece, en principio, a la cultura mayoritaria, ya que el delito investigado no guarda relaci\u00f3n alguna con el desarrollo de la diversidad cultural de la comunidad ind\u00edgena, lo que elimina la existencia de una interdependencia entre esa conducta y el pluralismo \u00e9tnico protegido por la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
Reiter\u00f3 que la decisi\u00f3n de la autoridad accionada obedeci\u00f3 al estudio de los supuestos f\u00e1cticos, probatorios, jur\u00eddicos y jurisprudenciales aplicables al caso, para ese momento, los cuales impidieron asignar la competencia a la jurisdicci\u00f3n ind\u00edgena y ordenaron que permaneciera en la jurisdicci\u00f3n ordinaria, con argumentos v\u00e1lidos y ajustados a derecho cuya invalidaci\u00f3n fue improcedente a trav\u00e9s del presente mecanismo. <\/p>\n
De esa manera, concluy\u00f3 que lo pretendido era imponer el criterio de los accionantes \u00aba toda costa, como si esta v\u00eda fuera una instancia adicional a la prevista por el legislador\u00bb, a pesar de que \u00ablas divergencias interpretativas, o de valoraci\u00f3n probatoria que surjan en torno a una decisi\u00f3n judicial, no son violatorias, per se, de derechos fundamentales, y que la tutela no es, por tanto, el medio indicado para buscar su rescisi\u00f3n cuando esta clase de discrepancias se presenta.\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el Cabildo Ind\u00edgena Nasa de Calderas para insistir en sus argumentos iniciales y se\u00f1alar que no se realiz\u00f3 ning\u00fan examen sobre las razones que expuso ante el Juzgado Veintiuno Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cali, Valle, para solicitar que el proceso que se siguiera en su jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Acorde con la invariable l\u00ednea jurisprudencial reiterada por esta Corporaci\u00f3n, la acci\u00f3n de tutela no procede contra decisiones o actuaciones jurisdiccionales, a fin de darle prevalencia a los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, e impedirle al juez constitucional inmiscuirse en los tr\u00e1mites ordinarios, para emitir decisiones contrarias a las ya proferidas por los juzgadores naturales, so capa de un mejor criterio, a saber, el de los respectivos accionantes, com\u00fanmente inconformes con el sentido adverso a sus intereses. <\/p>\n
De manera muy excepcional, y solo en aquellos casos en los que el funcionario accionado ha incurrido en un proceder arbitrario, claramente opuesto a la ley o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, es posible activar el mecanismo, previo el cumplimiento de sendos requisitos [generales y espec\u00edficos2] que demuestren la imperiosa necesidad de la intervenci\u00f3n del juez de la tutela para restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Con vista en lo anterior, as\u00ed como en los argumentos expuestos por el impugnante, los que, en lo medular, se dedicaron a reiterar los hechos y pretensiones de su escrito inicial, as\u00ed como a alegar una supuesta omisi\u00f3n en torno al estudio de las razones presentadas ante el Juzgado Veintiuno Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cali, Valle, para solicitar que el proceso que se sigue en ese Despacho, contra el se\u00f1or Jos\u00e9 Wilfredo Palmito Chimens, radicado bajo el n\u00b0 76001-60-00-193-2018-15695-00, se remitiera a su jurisdicci\u00f3n, se propone esta Sala estudiar la decisi\u00f3n emitida el 15 de octubre de 2020, por la extinta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, con el que se dirimi\u00f3 el conflicto de competencias suscitado en la precitada causa penal, por cuenta de la intervenci\u00f3n que all\u00ed realiz\u00f3 el Cabildo Ind\u00edgena Nasa de Calderas, aqu\u00ed accionante. <\/p>\n
Al respecto, m\u00edrese bien que no existe tal omisi\u00f3n, en la medida en que, la valoraci\u00f3n echada de menos, no solo se registr\u00f3 en la determinaci\u00f3n cuestionada, sino ahora en sede de tutela en primera instancia, como a continuaci\u00f3n se observar\u00e1. <\/p>\n
En la decisi\u00f3n objeto de an\u00e1lisis, la extinta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura atribuy\u00f3 la competencia del proceso penal varias veces mencionado a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, tras tomar en cuenta los elementos establecidos por la Corte Constitucional para el reconocimiento del fuero ind\u00edgena, en sentencias T-617 de 2010 y T-002 de 2012, es decir: i) el personal; ii) el territorial; iii) el institucional y, iv) el objetivo, todo lo cual armoniz\u00f3 con la especial protecci\u00f3n que requiere la menor v\u00edctima de la conducta del imputado, en su calidad de mujer [perspectiva de g\u00e9nero] y menor de edad, atendiendo lo establecido en la \u00abConvenci\u00f3n Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer de Belem Do Para\u00bb; argumentaci\u00f3n que se desarroll\u00f3 de la siguiente manera: <\/p>\n
Encontr\u00f3 configurado el elemento personal, con base en el certificado aportado por la Coordinaci\u00f3n del Grupo de Investigaci\u00f3n y Registro de la Direcci\u00f3n de Asuntos Ind\u00edgenas, ROM y Minor\u00edas del Ministerio del Interior, el que daba cuenta del censo y pertenencia del se\u00f1or Jos\u00e9 Wilfredo Palmito Chimens al Resguardo Ind\u00edgena Nasa de Calderas; conclusi\u00f3n que, adem\u00e1s, fue corroborada con los documentos aportados al expediente por parte del Gobernador del mismo Cabildo. <\/p>\n
Acto seguido, desconoci\u00f3 el elemento territorial, puesto que, la informaci\u00f3n aportada por el precitado Gobernador en su testimonio de 2019, se\u00f1al\u00f3 que \u00abel territorio del Resguardo Ind\u00edgena Nasa Calderas se encontraba en el municipio de Inz\u00e1 \u2013 Cauca, que los hechos tuvieron lugar en la ciudad de Cali, en el barrio Mel\u00e9ndez, comuna 18\u00bb, y que, aunque se precis\u00f3 que el territorio es una noci\u00f3n que no se agota en el aspecto f\u00edsico-geogr\u00e1fico, sino que abarca el aspecto cultural, lo que implica que, excepcionalmente, pueda tener un efecto expansivo, concluy\u00f3 que no se hab\u00eda materializ\u00f3 dicho elemento. (Se resalta). <\/p>\n
Luego, descart\u00f3 el elemento institucional ya que \u00absi bien la informaci\u00f3n aportada por el Gobernador del Resguardo Ind\u00edgena Nasa Calderas, [dio] cuenta de la forma en que se desarrolla[ban] los procesos, y la forma en que se sanciona[ban] las conductas dentro de la comunidad, consider[\u00f3] que no se logra[ba] superar el elemento, pues no [contaban] con instalaciones donde se [pudieran] cumplir las sanciones que se [impusieran] y tampoco [exist\u00eda] una segunda instancia que [pudiera] revisar el fallo en caso de que no se [estuviese] conforme con el mismo\u00bb. <\/p>\n
Explic\u00f3, que aquel hace referencia a la naturaleza del sujeto o bien jur\u00eddico vulnerado, que resulta de la afectaci\u00f3n del umbral de nocividad, cuando trasciende los intereses de la comunidad, lleva a su exclusi\u00f3n del conocimiento de la jurisdicci\u00f3n especial ind\u00edgena y se entrega a la cultura mayoritaria, por tanto, asever\u00f3 que el bien jur\u00eddico comprometido, esto es, la libertad, integridad y formaci\u00f3n sexual de la menor, pertenece a la sociedad mayoritaria, y es de inter\u00e9s general para el Estado, pues la conducta por la que se investiga al se\u00f1or \u00abJos\u00e9 Wilfredo Palmito Chimens de ninguna forma guarda relaci\u00f3n con el desarrollo de la diversidad cultural de la comunidad ind\u00edgena, sino que por el contrario compromete el bien jur\u00eddico de una menor que es sujeto de especial protecci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3, que es un deber del Estado, no solo proteger a las mujeres v\u00edctimas de violencia sexual, sino tambi\u00e9n, acorde con las normas por ella analizadas, establecer los mecanismos legales que permitan superar una \u00abtradici\u00f3n patriarcal\u00bb que por siglos ha visto en aqu\u00e9llas un objeto de \u00abtrueque o mercanc\u00eda\u00bb, as\u00ed esas costumbres pertenezcan a las comunidades ancestrales, en el entendido que la superaci\u00f3n de las condiciones de marginalidad de la mujer, deben ser adoptadas por todas las instancias gubernamentales, a las que les corresponde velar porque tal proceso se cumpla, en aras de honrar los compromisos internacionales adquiridos en la protecci\u00f3n de los derechos que les son propios. En ese orden, se\u00f1al\u00f3 que se deb\u00eda privilegiar la jurisdicci\u00f3n que brindara a la v\u00edctima un mayor nivel de protecci\u00f3n. <\/p>\n
En consecuencia, concluy\u00f3, <\/p>\n
\u00aben este caso particular la decisi\u00f3n a proferir desarrollar[\u00eda] la perspectiva de g\u00e9nero, atendiendo la condici\u00f3n de mujer. <\/p>\n
La conducta cometida contra la ni\u00f1a encaja en las siguientes categor\u00edas de g\u00e9nero: <\/p>\n
1. Derecho a la no discriminaci\u00f3n <\/p>\n
1.1. Igualdad y no discriminaci\u00f3n: <\/p>\n
Toda vez que no puede utilizarse la condici\u00f3n de ind\u00edgena del victimario, para discriminar a la menor agredida, al pretender que el conflicto de competencias planteado, sea asignado a la Jurisdicci\u00f3n Ind\u00edgena, pues pese a que la ni\u00f1a v\u00edctima de la agresi\u00f3n sexual hace parte de una comunidad Ind\u00edgena, los hechos no ocurrieron en la jurisdicci\u00f3n territorial del Resguardo. <\/p>\n
2. Derecho a la vida sin violencia <\/p>\n
2.4. Violencia Sexual <\/p>\n
En este caso se configur\u00f3 la violencia sexual, pues la menor, fue amenazada para que accediera a las pretensiones del agresor y adem\u00e1s, para que no contara lo sucedido. <\/p>\n
3.4. Ni\u00f1a y adolescente, sola e inconsciente al momento del acceso categor\u00eda que tambi\u00e9n se configura atendiendo que se acredit\u00f3 que para cuando acaecieron los hechos materia de investigaci\u00f3n, la v\u00edctima era menor de edad y fue agredida por una persona mayor que aprovech\u00f3 el momento en el cual se qued\u00f3 sola\u00bb. <\/p>\n
3. Ciertamente, el art\u00edculo 246 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica dispone que: \u00ablas autoridades de los pueblos ind\u00edgenas podr\u00e1n ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su \u00e1mbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constituci\u00f3n y leyes de la Rep\u00fablica. La ley establecer\u00e1 las formas de coordinaci\u00f3n de esta jurisdicci\u00f3n especial con el sistema judicial nacional\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, la Corte Constitucional ha tenido la oportunidad de reiterar, que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la existencia de una jurisdicci\u00f3n especial ind\u00edgena ha dado paso a que pueda hablarse de la existencia de un fuero ind\u00edgena que, adem\u00e1s del derecho de la comunidad a ejercer jurisdicci\u00f3n, tambi\u00e9n representa un derecho de la persona a ser juzgada conforme a sus usos y costumbres. En cuanto a la activaci\u00f3n de la jurisdicci\u00f3n especial ocurre con base en un conjunto de criterios decantados por la jurisprudencia constitucional. As\u00ed, se ha hablado de la necesidad de tomar en consideraci\u00f3n cuatro tipos de factores: (i) el personal; (ii) el geogr\u00e1fico; (iii) el objetivo; y (iv) el institucional\u00bb3. <\/p>\n
Sin embargo, ya antes hab\u00eda enfatizado en cuanto a los tipos de factores para su aplicaci\u00f3n4, con lo que se sintetizaron las siguientes Subreglas: <\/p>\n
\u00abI. El elemento personal hace referencia a la pertenencia del acusado de un hecho punible o socialmente nocivo a una comunidad ind\u00edgena. <\/p>\n
Subreglas relevantes: <\/p>\n
(S-i) Cuando un ind\u00edgena incurra en una conducta calificada como delito por la ley penal (o socialmente nociva dentro de una cultura ind\u00edgena), en el \u00e1mbito territorial de la comunidad ind\u00edgena a la cual pertenece, las autoridades tradicionales de la misma tendr\u00e1n competencia para conocer el asunto. <\/p>\n
(S-ii) Cuando una persona ind\u00edgena incurre en una conducta tipificada por la ley penal por fuera del \u00e1mbito territorial de la comunidad a la que pertenece, y el caso es asumido por la justicia ordinaria, el juez de conocimiento deber\u00e1 establecer si la persona incurri\u00f3 en un error invencible de prohibici\u00f3n originado en su diversidad cultural y valorativa: (S-ii.1) Si el juez responde afirmativamente esta pregunta, deber\u00e1 absolver a la persona; <\/p>\n
(S-ii.2) En caso de que el operador judicial concluya que no se present\u00f3 error invencible, pero que la persona s\u00ed actu\u00f3 condicionada por su identidad \u00e9tnica, deber\u00e1 remitir la actuaci\u00f3n a las autoridades del resguardo, de acuerdo con la interpretaci\u00f3n que esta Corporaci\u00f3n ha efectuado de la inimputabilidad por diversidad cultural. <\/p>\n
(S-ii.3) Si el juez de conocimiento concluye que no se present\u00f3 error invencible, y que el actor no se vio condicionado por par\u00e1metros culturales diversos en su actuar, entonces es posible concluir que el individuo ha sufrido un proceso de \u201caculturaci\u00f3n\u201d, lo que aconseja que el caso sea conocido por la jurisdicci\u00f3n ordinaria. <\/p>\n
Criterios de interpretaci\u00f3n relevantes: <\/p>\n
(C-i) La diversidad cultural y valorativa es un criterio que debe ser atendido por el juez, al abordar casos en los que se encuentren involucradas personas ind\u00edgenas. <\/p>\n
(C-ii) Cuando una persona ind\u00edgena comete un hecho punible por fuera del \u00e1mbito territorial de su comunidad, las circunstancias del caso concreto son \u00fatiles para determinar la conciencia o identidad \u00e9tnica del individuo. <\/p>\n
II. El elemento territorial hace referencia a que los hechos objeto de investigaci\u00f3n hayan tenido ocurrencia dentro del \u00e1mbito territorial del resguardo. <\/p>\n
Subreglas relevantes: <\/p>\n
(S-iii) De acuerdo con el art\u00edculo 246 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la autonom\u00eda jurisdiccional se ejerce dentro del \u00e1mbito territorial de las comunidades ind\u00edgenas. Por lo tanto, la ocurrencia de los hechos antijur\u00eddicos o socialmente nocivos dentro del territorio de la comunidad ind\u00edgena es un requisito necesario para la procedencia del fuero. <\/p>\n
Criterios de interpretaci\u00f3n relevantes: <\/p>\n
(C-iii) El territorio de las comunidades ind\u00edgenas es un concepto que trasciende el \u00e1mbito geogr\u00e1fico de una comunidad ind\u00edgena. La constituci\u00f3n ha considerado que el territorio de la comunidad ind\u00edgena es el \u00e1mbito donde se desenvuelve su cultura. <\/p>\n
(C-iv) Por esa raz\u00f3n, excepcionalmente, el elemento territorial puede tener un efecto expansivo, lo que significa que cuando un hecho ocurre por fuera de los linderos geogr\u00e1ficos del territorio colectivo, pero culturalmente puede ser remitido al espacio vital de la comunidad, es aconsejable que su juzgamiento se desarrolle por las autoridades ind\u00edgenas. <\/p>\n
III. El elemento objetivo hace referencia a la naturaleza del bien jur\u00eddico tutelado. Concretamente, a si se trata de un inter\u00e9s de la comunidad ind\u00edgena, o de la sociedad mayoritaria <\/p>\n
Subreglas relevantes: <\/p>\n
(S-xi) Si el bien jur\u00eddico afectado, o su titular pertenece, de forma exclusiva a la comunidad ind\u00edgena, el elemento objetivo sugiere la remisi\u00f3n del caso a la jurisdicci\u00f3n especial ind\u00edgena. <\/p>\n
(S-xii) Si el bien jur\u00eddico afectado, o su titular pertenece exclusivamente a la cultura mayoritaria, el elemento objetivo orienta al juez a remitir el caso a la jurisdicci\u00f3n ordinaria. <\/p>\n
(S-xiii) Si, independientemente de la identidad cultural del titular, el bien jur\u00eddico afectado concierne tanto a la comunidad a la que pertenece el actor o sujeto activo de la conducta, como a la cultura mayoritaria, el elemento objetivo no determina una soluci\u00f3n espec\u00edfica. <\/p>\n
(S-xiv) Cuando la conducta investigada sea de especial nocividad en concepto de la cultura mayoritaria, de acuerdo con la subregla <\/p>\n
(S-xv), la decisi\u00f3n no puede ser la exclusi\u00f3n definitiva de la jurisdicci\u00f3n especial ind\u00edgena; el juez, en cambio, debe efectuar un an\u00e1lisis m\u00e1s detallado sobre la vigencia del factor institucional, para asegurarse de que la remisi\u00f3n a la jurisdicci\u00f3n especial ind\u00edgena no derive en impunidad, o en una situaci\u00f3n de desprotecci\u00f3n para la v\u00edctima. <\/p>\n
Criterios de interpretaci\u00f3n relevantes: <\/p>\n
(C-vi) Para adoptar la decisi\u00f3n en un conflicto de competencias entre la jurisdicci\u00f3n especial ind\u00edgena y el sistema jur\u00eddico nacional el juez debe tener en cuenta la naturaleza del bien jur\u00eddico afectado. <\/p>\n
VI. El elemento institucional (a veces denominado org\u00e1nico) se refiere a la existencia de autoridades, usos y costumbres, y procedimientos tradicionales en la comunidad, a partir de los cuales sea posible inferir: (i) cierto poder de coerci\u00f3n social por parte de las autoridades tradicionales; y (ii) un concepto gen\u00e9rico de nocividad social. <\/p>\n
Subreglas relevantes: <\/p>\n
(S-v) El juez encargado de dirimir el conflicto de competencias entre la jurisdicci\u00f3n especial ind\u00edgena y el sistema jur\u00eddico nacional debe tomar en consideraci\u00f3n la existencia de una institucionalidad social y pol\u00edtica, que permita asegurar los derechos de las v\u00edctimas en el proceso. <\/p>\n
(S-v.) el primer factor para determinar la existencia de esa institucionalidad es la manifestaci\u00f3n positiva de la comunidad, en el sentido de tener voluntad para adelantar el proceso. Sin embargo, (S-vi) la verificaci\u00f3n de la compatibilidad entre el contenido del derecho propio de una comunidad ind\u00edgena y los derechos de las v\u00edctimas, por regla general, solo puede ser objeto de un control judicial posterior. <\/p>\n
(S-vi.) excepcionalmente, en casos de extrema gravedad o en los que la v\u00edctima se encuentra en situaci\u00f3n vulnerable, debido a su condici\u00f3n de especial protecci\u00f3n constitucional, o en estado de indefensi\u00f3n, el juez encargado de dirimir el conflicto podr\u00eda realizar una verificaci\u00f3n m\u00e1s amplia de la vigencia del elemento territorial, vali\u00e9ndose de pruebas t\u00e9cnicas, o de la propia experiencia del resguardo. Sin embargo, el contenido material del derecho propio es ajeno a esa verificaci\u00f3n. <\/p>\n
(S-vii) El derecho al ejercicio de la jurisdicci\u00f3n especial ind\u00edgena es de car\u00e1cter dispositivo, voluntario u optativo para la comunidad. Sin embargo, <\/p>\n
(S-viii) cuando una comunidad asume el conocimiento de un caso determinado, no puede renunciar a tramitar casos similares sin ofrecer una raz\u00f3n leg\u00edtima para ello, pues esa decisi\u00f3n ser\u00eda contraria al principio de igualdad. <\/p>\n
(S-ix) El debido proceso tiene, en el marco de la jurisdicci\u00f3n especial ind\u00edgena, el alcance de predecibilidad o previsibilidad sobre las actuaciones de las autoridades tradicionales, y la nocividad social de ciertas conductas. Sin embargo, <\/p>\n
(S-iix.) no puede exigirse a la comunidad ind\u00edgena que acredite la existencia de normas escritas, o de compendios de precedentes para ejercer la autonom\u00eda jurisdiccional, debido a que el derecho propio se encuentra en proceso de formaci\u00f3n o re construcci\u00f3n. Lo que se exige es un concepto gen\u00e9rico de nocividad social. <\/p>\n
Criterios de interpretaci\u00f3n relevantes. <\/p>\n
(C-iv) Los derechos de las v\u00edctimas, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, comprenden la b\u00fasqueda de la verdad, la justicia y la reparaci\u00f3n. El contenido de esos derechos, empero, var\u00eda en el contexto de cada cultura. <\/p>\n
(C-v) El principio de legalidad se concibe, en el marco de la jurisdicci\u00f3n especial ind\u00edgena, como predecibilidad o previsibilidad de las actuaciones de las autoridades tradicionales.\u00bb.5 <\/p>\n
4. Analizada por esta Sala la interpretaci\u00f3n transcrita, as\u00ed como los criterios f\u00e1cticos, legales, constitucionales y jurisprudenciales tra\u00eddos a colaci\u00f3n, se concluye que los razonamientos que sirvieron como soporte para que la extinta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, desatara el conflicto de jurisdicciones estudiado, asignando la competencia del caso a la justicia ordinaria, refleja un criterio razonable que no puede tildarse de abiertamente caprichoso o antojadizo para que hubiese sido objeto de replanteamiento alguno en sede constitucional, pues, aquella se fundament\u00f3 en un an\u00e1lisis concienzudo respetable, nutrido por la valoraci\u00f3n de las pruebas oportunamente allegadas a las diligencias. <\/p>\n
En consecuencia, si no se hallaron satisfechos todos los factores indispensables para asignar la competencia a la jurisdicci\u00f3n ind\u00edgena, entre ellos, el territorial, el funcional y el objetivo, pues, primero, no se acredit\u00f3 que los hechos materia de investigaci\u00f3n penal se hubieren registrado dentro de la zona geogr\u00e1fica de la comunidad ind\u00edgena demandante, dado que la primera declaraci\u00f3n realizada por el Gobernador del Cabildo no precis\u00f3 los detalles que ahora pretende introducir por v\u00eda de tutela6; segundo, no se prob\u00f3 que se contara con la estructura suficiente para garantizar a la agraviada el respeto a sus derechos ius fundamentales, por la escases con la que se investigar\u00eda y se juzgar\u00eda su caso, dada la inexistencia de instalaciones donde se pudieran cumplir las sanciones que se impusieran y la ausencia de una segunda instancia que pudiera revisar el eventual fallo y, tercero, la probabilidad latente de no hacer prevalecer el inter\u00e9s superior de la v\u00edctima como mujer y menor de catorce a\u00f1os, es claro que la decisi\u00f3n que deb\u00eda adoptarse, no podr\u00eda ser otra que la revisada. <\/p>\n
5. No se trata de pasar por alto el car\u00e1cter pluri\u00e9tnico, y multicultural del Estado colombiano y la gama de derechos que benefician a los pueblos ind\u00edgenas, entre ellos, su autonom\u00eda para ejercer las funciones jurisdiccionales en su territorio, sino de destacar, una vez m\u00e1s, que cuando los derechos de dichas comunidades est\u00e9n en tensi\u00f3n con los de un menor, ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente, en especial, una mujer, deben prevalecer los de \u00e9sta, en raz\u00f3n al particular reconocimiento y prelaci\u00f3n que el ordenamiento jur\u00eddico colombiano ha dispuesto a su favor. <\/p>\n
Acorde con ese criterio, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, ha puntualizado, que: <\/p>\n
\u00abLa protecci\u00f3n constitucional a los derechos de las v\u00edctimas no tiene excepciones en el \u00e1mbito nacional, se extiende a todo el territorio, m\u00e1xime cuando las v\u00edctimas de los comportamientos delictivos son mujeres, respecto de quienes, conforme al art\u00edculo 43 de la Carta Pol\u00edtica, no puede existir ning\u00fan tipo de discriminaci\u00f3n; peor a\u00fan si son ni\u00f1os, cuyos derechos prevalecen en el orden interno, seg\u00fan el art\u00edculo siguiente superior, de suerte que so pretexto de privilegiar los derechos de los infractores ind\u00edgenas no se pueden desproteger los de las v\u00edctimas pertenecientes a esas comunidades. <\/p>\n
No hay duda alguna sobre la sentida necesidad de afirmar los derechos auton\u00f3micos de los pueblos ind\u00edgenas, en cuanto prevalentes por tratarse de minor\u00edas; pero en la tensi\u00f3n entre aquellos y los derechos de las v\u00edctimas, es preciso salvaguardar la verdad, la reparaci\u00f3n y en especial la justicia, pues sin \u00e9sta se crean inequidades, odios, insatisfacciones y a la postre justicia privada, todo lo cual es ajeno a los prop\u00f3sitos del Estado social y democr\u00e1tico de derecho, esencialmente preventivo y opuesto a la estimulaci\u00f3n de factores crimin\u00f3genos determinantes en la escalada del proceder criminal mediante nuevas acciones en reacci\u00f3n a delitos anteriores\u00bb [Cfr. Sentencia SP6759-2014, reiterada en Sentencia SP14851-2015]. <\/p>\n
Por esa misma l\u00ednea, la Corte Constitucional, en sentencia T-080 de 2018, citando la T-466 de 2016, ha reiterado, que: <\/p>\n
La obligatoriedad del inter\u00e9s superior del ni\u00f1o no encuentra excepciones de ninguna clase, ni siquiera trat\u00e1ndose de pueblos ind\u00edgenas\u00bb. <\/p>\n
6. Respecto a los menores de edad -sujetos de especial protecci\u00f3n- es necesario destacar que sus prerrogativas adem\u00e1s de estar reconocidas en el art\u00edculo 44 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, el cual establece que \u00abLos derechos de los ni\u00f1os prevalecen sobre los derechos de los dem\u00e1s\u00bb, encuentran respaldo en los tratados internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad adoptado por este pa\u00eds, por ende, la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligaci\u00f3n de garantizar el respeto por sus derechos, su desarrollo arm\u00f3nico e intelectual. <\/p>\n
En consonancia con esos postulados, el C\u00f3digo de la Infancia y Adolescencia -Ley 1098 de 2006-, contempla en su art\u00edculo 8\u00ba, que \u00abse entiende por inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, ni\u00f1a y adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacci\u00f3n integral y simult\u00e1nea de todos sus Derechos Humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes\u00bb, a la vez que en su art\u00edculo 9\u00b0 determina, que \u00aben todo acto, decisi\u00f3n o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relaci\u00f3n con los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes, prevalecer\u00e1n los derechos de estos, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona\u00bb, y concluye indicando que, \u00aben caso de conflicto entre dos o m\u00e1s disposiciones legales, administrativas o disciplinarias, se aplicar\u00e1 la norma m\u00e1s favorable al inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente\u00bb. <\/p>\n
7. Con base en lo antedicho, esta Sala ha definido como principios b\u00e1sicos orientadores de la doctrina de la protecci\u00f3n integral a los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, consolidada a partir de la Convenci\u00f3n sobre Derechos del Ni\u00f1o, (i) la igualdad y no discriminaci\u00f3n, (ii) el inter\u00e9s superior de las y los ni\u00f1os, (iii) la efectividad y prioridad absoluta, y (iv) la participaci\u00f3n solidaria. Concretamente, se ha enfatizado en que: <\/p>\n
\u00aben el desarrollo de un proceso judicial en el que se involucren los derechos de los ni\u00f1os, el juez deber\u00e1 abordar los temas que puedan llegar a afectarlos bajo una \u00f3ptica mucho m\u00e1s acuciosa, en tanto que el reconocimiento de sus intereses debe analizarse desde un contexto m\u00e1s amplio que responda al inter\u00e9s superior del menor.\u00bb [Cfr. Sentencia de 28 de mayo de 2020, Rad. 11001-02-30-000-2020-00347-00 CSJ Sala Civil] <\/p>\n
Por su parte, la Corte Constitucional, en sentencia C-055 de 2010, se\u00f1al\u00f3, que: <\/p>\n
\u00abtanto en las decisiones de constitucionalidad como en las de tutela en las que se encuentren involucrados los menores de edad, aparecen como criterios hermen\u00e9uticos fuertes, de modo que el juicio abstracto o concreto debe efectuarse en clave de lo aqu\u00ed visto: ser sujetos de especial protecci\u00f3n, el imperativo jur\u00eddico de buscar el inter\u00e9s superior del menor, el car\u00e1cter prima facie prevaleciente de sus derechos, el reconocimiento de las garant\u00edas de protecci\u00f3n para el desarrollo arm\u00f3nico, que generan obligaciones constitucionales verticales y tambi\u00e9n horizontales, la exigibilidad de los derechos y por consiguiente de las obligaciones, basadas en el car\u00e1cter subjetivo y colectivo de los derechos e intereses protegidos\u00bb. [Reiterada, entre muchas otras, en Sentencia STC8837-2018 de esta Sala] <\/p>\n
Por esa misma senda, la mencionada Autoridad Colegiada -recientemente- record\u00f3, que: <\/p>\n
\u00abel inter\u00e9s superior del menor constituye un imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacci\u00f3n integral y simult\u00e1nea de sus derechos humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes. Este mandato debe ser analizado a partir de cada situaci\u00f3n concreta, evaluando las consideraciones f\u00e1cticas y jur\u00eddicas que lo rodean, pues de la decisi\u00f3n que se adopte depender\u00e1 su crecimiento, desarrollo y crianza en condiciones adecuadas, arm\u00f3nicas e integrales. Particularmente, en el \u00e1mbito de los procesos y administrativos judiciales, en procura de la satisfacci\u00f3n del inter\u00e9s superior del menor, a las autoridades les corresponde ajustarse al material probatorio recaudado en el proceso considerando especialmente las valoraciones de los profesionales; asimismo, los funcionarios deben obrar con suma diligencia, evitando que sus decisiones trastornen, afecten o pongan en peligro los derechos de los ni\u00f1os. Finalmente, la obligatoriedad de este principio no encuentra excepciones de ninguna clase, ni siquiera trat\u00e1ndose de los pueblos ind\u00edgenas, de manera que, en el marco de sus usos y costumbres, garantizar\u00e1n a los ni\u00f1os la protecci\u00f3n especial que la Constituci\u00f3n les otorga.\u00bb [Cfr. Sentencia T-536 de 2020 C.C.] <\/p>\n
8. As\u00ed las cosas, se itera, para esta Sala, la valoraci\u00f3n que respecto al enfoque de g\u00e9nero efectu\u00f3 la autoridad accionada, result\u00f3 m\u00e1s que afortunada, en raz\u00f3n de lo previsto en la \u00abConvenci\u00f3n de Bel\u00e9m do Par\u00e1 para Prevenir, Sancionar, y Erradicar la Violencia Contra la Mujer\u00bb, pues la presunta v\u00edctima de violencia sexual en este caso, es una mujer que para la \u00e9poca de los hechos contaba con menos de 14 a\u00f1os, se encontraba en situaci\u00f3n de vulnerabilidad y, adem\u00e1s, tambi\u00e9n fue objeto de presuntas amenazas por parte de su agresor, al que se pretende beneficiar con una justicia tradicional que no se acompasa con los postulados y obligaciones internacionales tra\u00eddos a colaci\u00f3n, as\u00ed como los principios de un Estado social y democr\u00e1tico de derecho. <\/p>\n
En un asunto de matices similares al estudiado, esta Sala destac\u00f3 que la integridad sexual de los ni\u00f1os, el bienestar infantil y la igualdad de g\u00e9nero son objetivos primordiales Superiores, que no pueden entenderse como bienes jur\u00eddicos propios de la cultura mayoritaria, sino de todos los pueblos que conforman el Estado pluricultural, sobre lo que, in extenso, se refiri\u00f3: <\/p>\n
\u00abSi bien la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha se\u00f1alado que la \u00abintegridad sexual de los ni\u00f1os\u00bb, es un \u00abbien jur\u00eddico\u00bb compartido por el sistema jur\u00eddico mayoritario y la jurisdicci\u00f3n especial, en la medida en que \u00e9sta tambi\u00e9n tiene el deber de \u00abvelar por el cumplimiento de los mandatos constitucionales\u00bb, acotando que \u00ab[…] el bienestar infantil y la igualdad de g\u00e9nero son dos objetivos primordiales de la Carta que no pueden entenderse como un bien jur\u00eddico propio de la cultura mayoritaria sino de todos los pueblos que conforman el Estado pluricultural. Tanto el entorno social dominante como aquel en donde se conservan las tradiciones culturales de los ind\u00edgenas se preocupan por proteger a sus ni\u00f1os y a las mujeres. <\/p>\n
La diferencia entre uno y otro espacio est\u00e1 m\u00e1s centrada en torno a la forma en la que estos valores se llevan a la pr\u00e1ctica. La anterior ser\u00eda, por lo tanto, una diferencia que tiene m\u00e1s que ver con los medios a trav\u00e9s de los cuales se persigue la materializaci\u00f3n de estos intereses, que con los fines perseguidos (CC. Sent. T- 196-2015); no puede perderse de vista para la definici\u00f3n del caso que en el sub judice, la v\u00edctima, a m\u00e1s de no integrar la comunidad ind\u00edgena, se trata de una ni\u00f1a que, por su doble condici\u00f3n de i) ser mujer y ii) ser menor de edad, es un sujeto de especial protecci\u00f3n por parte del estado, raz\u00f3n por la que en la determinaci\u00f3n de la autoridad que ha de continuar la investigaci\u00f3n y sanci\u00f3n sub judice, ha de mirarse con especial celo que las decisiones adoptadas le garanticen a la ofendida el restablecimiento de sus prerrogativas, sin perjuicio de que para la materializaci\u00f3n, eventualmente puedan entrar en conflicto sus derechos con los de otras personas y\/o grupo social, caso en el que los de estos \u00faltimos han de ceder para darse prevalencia a los de la agraviada, atendiendo las normas y principios establecidos tanto por los organismos internacionales, (v. gr. la \u00abDeclaraci\u00f3n de los Derechos del Ni\u00f1o\u00bb; la \u00abConvenci\u00f3n Internacional sobre los Derechos del Ni\u00f1o\u00bb; la \u00abConvenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos\u00bb; el \u00abPacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos\u00bb; la \u00abConvenci\u00f3n sobre la Eliminaci\u00f3n de Todas las Formas de Discriminaci\u00f3n contra la Mujer\u00bb y \u00abConvenci\u00f3n Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. \u201cConvenci\u00f3n de Bel\u00e9m do Par\u00e1\u201d\u00bb; entre otros), como por la legislaci\u00f3n interna (Carta Pol\u00edtica art. 44 y 93, y Ley 1098 de 2006)\u00bb [STC7111-2018. May. 31 de 2018, reiterada, entre otras en Sentencia de 28 de mayo de 2020 Rad. 11001-02-30-000-2020-00347-00]. <\/p>\n
9. En suma, si a\u00fan -en gracia de discusi\u00f3n- se hubiesen encontrado configurados la mayor\u00eda de los elementos que conforman el fuero ind\u00edgena y la posibilidad de remitir la causa penal para el conocimiento de esas comunidades -que no fue as\u00ed en este caso- el elemento objetivo y los lineamientos jurisprudenciales l\u00edneas arriba mencionados, en todo caso, impon\u00edan el deber de las autoridades que dirimen este tipo de conflictos, de hacer prevalecer, por encima de otras prerrogativas, los derechos ius fundamentales de los menores, con especial dedicaci\u00f3n en el enfoque de g\u00e9nero -como aqu\u00ed sucedi\u00f3- a fin de conservar con celo la protecci\u00f3n de los mismos. <\/p>\n
10. Consecuencia de todo lo anterior es que se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE y C\u00daMPLASE, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Cfr. Hecho \u201csexto\u201d de la tutela. <\/p>\n
2\u0002 Cfr. Los muchos fallos de tutela proferidos con base en la Sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional, entre otros, las Sentencias de 3 de marzo de 2011, Rad. 00329-00 de la CSJ y SU-913 \/ 2009 y T-125 \/ 2012 de la C.C. <\/p>\n
3\u0002 Cfr. Sentencia T- 196 de 2015, T-466 de 2016 y T-080 de 2018. <\/p>\n
4\u0002 Cfr. Sentencia T-617 de 2010. <\/p>\n
5\u0002 Cfr. Sentencia T-617 de 2010 de la Corte Constitucional. <\/p>\n
6\u0002 Cfr- folios 294 y subsiguientes del archivo: \u201cRTAJUZGADO21\u201d. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC3847-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC3847-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-30-000-2021-00747-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de marzo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo de 27 de julio de 2021, proferido por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-62352","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62352","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62352"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62352\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62352"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62352"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62352"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}