STC3849-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC3849-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 15693-22-08-000-2022-00026-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., treinta (30) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 4 de marzo de 2022 por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, que neg\u00f3 el amparo reclamado por Zandra Patricia Tuta Carrillo contra los Juzgados Primero Promiscuo Municipal de Paipa y Segundo Promiscuo de Familia de Duitama, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes e intervinientes del proceso de sucesi\u00f3n bajo radicado 2019-00396. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El apoderado judicial de la solicitante, reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso de su representada, presuntamente vulnerado por los Juzgados accionados en el proceso ya referido por \u00abla no declaratoria de la nulidad impetrada, la cual fue negada en primera instancia y confirmada en segunda instancia por la Juez Segundo Promiscuo de Familia, concerniente al no reconocimiento como, presumiendo que repudiaba la herencia, conforme las previsiones de los art\u00edculos 1290 del C.C. e inciso quinto del art\u00edculo 492 del CGP\u00bb. (sic) <\/p>\n
En sustento, manifest\u00f3 que en el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Paipa se adelanta la sucesi\u00f3n de la se\u00f1ora Ana Leonor Carrillo, madre de la accionante, proceso en el que Zandra Patricia Tuta Carrillo se notific\u00f3 de manera personal del auto de apertura el 14 de enero de 2020. <\/p>\n
Indic\u00f3, que con sustento en el hecho de haber transcurrido los 20 d\u00edas concedidos en la audiencia de 21 de septiembre de 2020, para que se pronunciaran en relaci\u00f3n con el repudio o aceptaci\u00f3n de la herencia, y las se\u00f1oras Zandra Patricia y Yenny Andrea Tuta Carrillo guardaron silencio, en auto de 3 de noviembre de 2020, se dispuso, en aplicaci\u00f3n de la presunci\u00f3n relativa al repudio de la herencia, que \u00abZANDRA PATRICIA TUTA CARRILLO y YENNY ANDREA TUTA CARRILLO no ser\u00e1n reconocidas como asignatarias, en tanto se presume que repudian la herencia conforme las previsiones de los art\u00edculos 1290 del C.C. e inciso quinto del art\u00edculo 492 del CGP\u00bb, <\/p>\n
Manifesto que en raz\u00f3n a que \u00abde conformidad con lo establecido en el Art. 492, la formalidad de la notificaci\u00f3n es de las denominadas notificaciones personales, que el requerimiento no se hizo mediante auto, ni se libr\u00f3 comunicaci\u00f3n, sino que se realiz\u00f3 en audiencia en donde desde luego mi prohijada desconoci\u00f3 lo que ocurri\u00f3 en las mismas, ignorando as\u00ed el t\u00e9rmino que ten\u00edan para aceptar la herencia, pese que bajo su convencimiento errado consideraba que ten\u00eda derecho con el solo acto de notificaci\u00f3n personal del auto de apertura de la sucesi\u00f3n\u00bb, pidi\u00f3 que se declarara la nulidad del proceso \u00abinvocando art\u00edculo 29 de la constituci\u00f3n nacional, Art. 133 numeral 8 inciso 2 del CGP\u00bb, que fue negada tanto por el Juzgado de conocimiento, como por el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Duitama al conocer de la apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Reproch\u00f3 que, \u00abmi prohijada est\u00e1 siendo perjudicada, por su ignorancia, por su falta de conocimiento, por su falta de recursos econ\u00f3micos para sufragar un abogado que la hubiese podido representar oportunamente dentro del proceso sucesoral (\u2026) Pero ello de ninguna manera puede ir en detrimento del derecho que como heredera y con vocaci\u00f3n legal y leg\u00edtima tiene en su calidad de hija de la se\u00f1ora ANA LEONOR CARRILLO\u00bb. <\/p>\n
2. Conforme a lo anterior, solicit\u00f3 declarar la nulidad de lo actuado \u00aba partir de la decisi\u00f3n adoptada mediante auto de fecha 3 de noviembre del a\u00f1o 2020, mediante la cual no fue reconocida como asignataria ZANDRA PATRICIA TUTA CARRILLO, presumiendo que repudia la herencia, conforme las previsiones de los art\u00edculo 1290 del C.C. e inciso quinto del art\u00edculo 492 del CGP, pues con ocasi\u00f3n al control de legalidad impartido por su despacho, (sic) el curso del proceso advierta la necesidad de notificar y comunicar personalmente el requerimiento relacionado con la aceptaci\u00f3n de la herencia, por lo que tal defecto se corregir\u00e1 practicando la notificaci\u00f3n omitida, o una vez se\u00f1or\u00eda resuelva la nulidad, reconociendo a m\u00ed prohijada como asignataria de la herencia y consecuencialmente declarar nula la actuaci\u00f3n posterior a fin de que, como legitima heredera con vocaci\u00f3n sucesoral mi representada acepte la herencia con beneficio de inventario y sea consecuencialmente incluida en el trabajo de partici\u00f3n de su porci\u00f3n legitima correspondiente\u00bb. (sic) <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Duitama alleg\u00f3 la providencia de 4 de octubre de 2021 a trav\u00e9s de la cual confirm\u00f3 el auto de 16 de junio de 2021 que neg\u00f3 la nulidad solicitada por el apoderado judicial de la aqu\u00ed accionante, y manifest\u00f3 atenerse a lo resuelto en la decisi\u00f3n adoptada en raz\u00f3n a que se encuentra debidamente sustentada. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Paipa adem\u00e1s de realizar un recuento de las actuaciones procesales surtidas en el proceso de sucesi\u00f3n, manifest\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela debe negarse porque adem\u00e1s que no procede contra decisiones judiciales \u00abno puede ser utilizada como una tercera instancia\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo, luego de realizar una revisi\u00f3n al expediente y destacar las actuaciones surtidas en el proceso de sucesi\u00f3n neg\u00f3 el amparo, tras considerar, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) deben ser precisadas algunas circunstancias en punto de la manera como se propuso la solicitud de resguardo constitucional, pues, en esencia, las mismas se restringen a enunciaciones seg\u00fan las cuales se pretende aludir a que el requerimiento de que trata el art\u00edculo 492 del C. G. del P., debi\u00f3 realizarse de manera personal o por aviso, aunado a lo anterior, se\u00f1ala el actor que por parte de los juzgados accionados se est\u00e1 perjudicando a la se\u00f1ora ZANDRA PATRICIA TUTA por su ignorancia y su falta de conocimiento, pues, se\u00f1ala el proponente de la acci\u00f3n, que deb\u00eda inferirse que con la notificaci\u00f3n del auto de apertura de la sucesi\u00f3n se consideraba aceptada la herencia\u00bb. <\/p>\n
\u00abAhora bien, debe tenerse en cuenta que los argumentos del apoderado accionante han sido ampliamente debatidos al interior del proceso de sucesi\u00f3n Rad. No. 2019- 0396, bastando se\u00f1alar al respecto que la petici\u00f3n y el sustento de la acci\u00f3n de tutela corresponde casi de forma id\u00e9ntica a la solicitud de nulidad elevada el 5 de abril de 2021, la cual fuera resuelta en primera y segunda instancia el 16 de julio y el 4 de octubre de 2021, correspondientemente (\u2026) <\/p>\n
\u00abY es que en las diferentes oportunidades en las que ha sido analizado el id\u00e9ntico reclamo que surge como g\u00e9nesis de la presente acci\u00f3n, se ha definido que el C\u00f3digo General del Proceso no identifica de manera general o espec\u00edfica que el requerimiento a que alude el art\u00edculo 492 deba ser notificado de manera personal, ello en el entendido que el art\u00edculo 290 de la referida obra, ense\u00f1a taxativamente aquellas providencias que de forma perentoria deben ser enteradas personalmente, sin que la que se analiza est\u00e9 all\u00ed contemplada, criterio que pese a que sea o no compartido por esta Corporaci\u00f3n, no resulta irrazonable y su interpretaci\u00f3n no emerge como caprichosa\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el apoderado de la accionante, quien insisti\u00f3 en los argumentos desarrollados en el escrito inicial, e indic\u00f3 que \u00abEl acto de notificaci\u00f3n personal del auto que dio apertura a la sucesi\u00f3n es un hecho que demuestra el inter\u00e9s de hacer parte y aceptar la herencia, m\u00e1xime cuando ostenta su calidad de heredera, o de lo contrario no hubiere comparecido al proceso\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En asunto que se examina, observa la Sala que el apoderado judicial de la accionante pretende que se declare la nulidad de lo actuado \u00aba partir de la decisi\u00f3n adoptada mediante auto de fecha 3 de noviembre del a\u00f1o 2020\u00bb, y, as\u00ed mismo que se revoquen los autos a trav\u00e9s de los cuales se neg\u00f3 la solicitud de nulidad que \u00e9l interpuso en el tr\u00e1mite censurado. <\/p>\n
2. Puestas as\u00ed las cosas, en relaci\u00f3n con el auto de 3 de noviembre de 2020, por el cual el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Paipa presumi\u00f3 que la se\u00f1ora Zandra Patricia Tuta Carrillo hab\u00eda repudiado la herencia, no se acredita el cumplimiento de los requisitos de inmediatez y subsidiariedad, por cuanto se acudi\u00f3 a este mecanismo excepcional, luego de vencidos los seis (6) meses que la jurisprudencia de esta Corte ha considera como como razonables para promover la acci\u00f3n de tutela, sin que de manera alguna justificara la tardanza en su interposici\u00f3n. <\/p>\n
Referente a lo anterior, esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ, entre otras). (STC 29 abr. 2009, rad. 00624-00, reiterada en STC703-2020, STC6690-2021 y STC2315-2022, entre muchas). <\/p>\n
Ahora, si bien en algunos casos se ha superado la ausencia de tal exigencia, flexibiliz\u00e1ndolo, ello solo sucede cuando la demora en activar este mecanismo se encuentra debidamente \u00abjustificada\u00bb, sin embargo, en este asunto, el apoderado de la actora no mencion\u00f3 ninguna circunstancia v\u00e1lida para conjurar la inactividad de su representada en acudir oportunamente a esta excepcional v\u00eda. <\/p>\n
Al respecto la Sala en sentencia STC3949-2021 se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00abAl respecto, cabe precisar que, en repetidas oportunidades, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el particular, en las providencias SU-961\/99; T-743\/08 y T-033\/10, y en esta \u00faltima, estim\u00f3: (\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: \u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, la actora tampoco hizo uso de los recursos ordinarios previstos por el C\u00f3digo General del Proceso, como lo es el recurso de reposici\u00f3n, contra el auto que presumi\u00f3 su repudio de la herencia, lo que igualmente descarta el buen suceso de este camino, pues, como lo ha reiterado la Corte, dado el car\u00e1cter residual y especial de la acci\u00f3n de tutela, no ha sido instituida para remplazar los recursos contemplados por el legislador para definir las protestas de quienes participan en un proceso (STC11698-2021 y STC1172-2022, entre muchas). <\/p>\n
Y es que, si bien en el escrito de tutela el apoderado judicial alega \u00abmi prohijada est\u00e1 siendo perjudicada, por su ignorancia, por su falta de conocimiento, por su falta de recursos econ\u00f3micos para sufragar un abogado que la hubiese podido representar oportunamente dentro del proceso sucesoral\u00bb, no puede olvidarse que, de acuerdo con el art\u00edculo 151 del C\u00f3digo General del Proceso, si alguna de las partes no tiene los recursos econ\u00f3micos para contratar un abogado para la defensa de sus intereses, puede -si as\u00ed lo estima- requerir amparo de pobreza para que el juez cognoscente designe un profesional para su representaci\u00f3n, sin que se observe que la accionante lo hubiera pedido ante la autoridad demandada en la oportunidad que dispone el art\u00edculo 152 ib\u00eddem. <\/p>\n
T\u00e9ngase presente que, adem\u00e1s, para la concesi\u00f3n de tal amparo solo se deben analizar la oportunidad y las razones de \u00edndole econ\u00f3mico expuestas por la parte interesada, sin que el legislador estableciera carga distinta al interesado que la de realizar sus manifestaciones bajo la gravedad de juramento. Es as\u00ed como esta Corporaci\u00f3n en relaci\u00f3n a la interpretaci\u00f3n de los art\u00edculos 151 y siguientes del C\u00f3digo General del Proceso ha se\u00f1alado, que <\/p>\n
\u00abel Estado quiso asegurar no s\u00f3lo el \u2018acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u2019 de quienes carecen de medios para afrontar una contienda, sino el equilibrio e igualdad en el empleo de las herramientas de defensa a lo largo de \u00e9sta, al punto que el art\u00edculo 154 ejusdem pregona que el beneficiado queda exonerado de los \u2018gastos procesales\u2019 y, si es indispensable, se le designar\u00e1 vocero \u2018en la forma prevista para los curadores ad litem\u2019. <\/p>\n
En cuanto a los requisitos, oportunidad y tr\u00e1mite para obtener la prerrogativa en comento, los c\u00e1nones 152 y 153 \u00edd se\u00f1alan lineamientos respectivos; en lo que aqu\u00ed concierne, el inciso 2\u00ba de la primera norma manda que el \u2018solicitante deber\u00e1 afirmar bajo juramento que se encuentra en las condiciones previstas en el art\u00edculo precedente\u2019, esto es, en el 151 transcrito arriba. <\/p>\n
De tal marco, fluye que no es necesario que la parte o el tercero acrediten \u2013 ni siquiera sumariamente \u2013 la insuficiencia patrimonial que los mueve a \u2018solicitar el amparo de pobreza\u2019; basta que aseveren encontrarse en esas condiciones bajo la \u2018gravedad del juramento\u2019. Esto se justifica, de un lado, en la presunci\u00f3n de buena fe que cobija a la persona que hace la manifestaci\u00f3n (art. 83 C.N.), y de otro, en la eficacia y valor que el mismo ordenamiento jur\u00eddico le otorga al \u2018juramento deferido\u2019 en este evento (art. 207 C.G.P.); pues, suponer cosa distinta ser\u00eda tanto como partir de la base de que el \u2018petente\u2019 falta a la verdad, lo que obviamente est\u00e1 proscrito\u00bb (CSJ STC1567-2020, citada en STC6174-2020 y STC102-2022 entre muchas). <\/p>\n
3. Ahora bien, en cuanto a las quejas frente al auto del 4 de octubre de 2021, a trav\u00e9s del cual el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Duitama confirm\u00f3 la providencia de 16 de julio anterior, mediante el cual el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Paipa neg\u00f3 la solicitud de nulidad \u00abinvocando art\u00edculo 29 de la constituci\u00f3n nacional, Art. 133 numeral 8 inciso 2 del CGP\u00bb presentada el 5 de abril de 2021 por el apoderado judicial de la se\u00f1ora Zandra Patricia, revisada la foliatura, se advierte que, la decisi\u00f3n reprochada se dio luego de un an\u00e1lisis legal, probatorio y jurisprudencial que no puede ser considerado como arbitrario o caprichoso. <\/p>\n
En efecto, al resolver el recurso de apelaci\u00f3n, luego de realizar un an\u00e1lisis legal y jurisprudencial del r\u00e9gimen de nulidades procesales, determin\u00f3 en primera medida que, <\/p>\n
\u00abpara no caer en inoficiosas divagaciones, se observa que el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Paila debi\u00f3 rechazar de plano la nulidad deprecada, comoquiera que la misma, en caso de haberse materializado se debi\u00f3 alegar antes de la sentencia, es decir, para esta causa mortuoria, antes del d\u00eda veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil veintiuno (2021). Lo anterior por cuanto la nulidad deprecada no ocurri\u00f3 en la sentencia\u00bb. (\u00c9nfasis extexto). <\/p>\n
\u00abno se materializ\u00f3 la causal de nulidad alegada y que la misma parte de una desacertada interpretaci\u00f3n de la norma por parte del apoderado de la nulitate. (sic) Se observa sin dubitaci\u00f3n que la se\u00f1ora Zandra Patricia Tuta Carrillo se notific\u00f3 personalmente del auto de apertura de la sucesi\u00f3n de la extinta Ana Leonor Carrillo por lo cual se realiz\u00f3 el requerimiento ordenado en el art\u00edculo 492 del C.G.P. y los posibles yerros para considerar y decretar el repudio de la herencia no devienen del acto de notificaci\u00f3n el cual se realiz\u00f3 conforme a la norma. Es decir que el error endilgado al a quo no obedece a ninguna causal de nulidad taxativa por lo cual, en virtud del principio de consonancia, este Despacho no puede oficiosamente entrar a valorar situaciones distintas a las planteadas en el recurso vertical planteado\u00bb. (\u00c9nfasis extexto) <\/p>\n
Finalmente, concluy\u00f3 que \u00ab\u2026la nulitate (sic) aleg\u00f3 la nulidad en oportunidad diferente a la se\u00f1alada en el art\u00edculo 134 del C.G.P, la causal se\u00f1alada como nulidad no es taxativa, comoquiera que se notific\u00f3 personalmente del auto de apertura de la sucesi\u00f3n, y carece de legitimaci\u00f3n para alegarla y no puede alegar su propia desidia y negligencia\u00bb. <\/p>\n
4. Conforme a lo anterior, para la Corte los argumentos desarrollados por el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Duitama al resolver el recurso de apelaci\u00f3n, resultan exentos del capricho, descuido o de un juicio contraevidente, como para ameritar la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior, toda vez que aun cuando la recurrente no acudi\u00f3 oportunamente para solicitar la nulidad alegada, por cuanto ya se hab\u00eda proferido sentencia del proceso de sucesi\u00f3n, tampoco \u00e9sta hab\u00eda acaecido, porque efectivamente la actora fue notificada personalmente y de forma oportuna del auto de apertura de la sucesi\u00f3n, y aunque se le requiri\u00f3 para que manifestara su aceptaci\u00f3n o repudio de la herencia, la misma no realiz\u00f3 ninguna manifestaci\u00f3n, sin que se necesitara que dicha providencia fuera notificada nuevamente de forma personal, pues \u00abel tutelante omiti\u00f3 su deber de esta atento a las decisiones que al interior del asunto se adoptara, sin que tal incuria fuere excusada v\u00e1lidamente\u00bb (CSJ STC15145-2017). <\/p>\n
En ese orden, el ataque dirigido a descalificar la argumentaci\u00f3n jur\u00eddica y valoraci\u00f3n probatoria realizada por el Juez de instancia, acontece como una diferencia conceptual no susceptible de ser avalada a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela, instrumento que no es una tercera instancia adicional para obtener una mejor opini\u00f3n y, por ello, sucede forzosa la improcedencia del amparo. <\/p>\n
Al punto, la Sala ha reiterado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la sola divergencia conceptual no permite abrir camino a esta herramienta, dado que la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las posibilidades de interpretaci\u00f3n se ajusta a la norma adjetiva o sustancial que est\u00e1 llamada a aplicarse al caso concreto, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional\u00bb (CSJ Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; exp. 2012-01828-01, reiterada en STC825-2020, STC 10259 de 2021 y STC2621-2022, entre muchas). <\/p>\n
5. De conformidad con lo anterior, se confirmar\u00e1 la sentencia constitucional impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC3849-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC3849-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 15693-22-08-000-2022-00026-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de marzo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., treinta (30) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-62354","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62354","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62354"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62354\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62354"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62354"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62354"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}