STC3850-2022<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC3850-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 50001-22-14-000-2022-00042-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de treinta de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 1\u00b0 de marzo de 2022, proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Egon Leandro Montoya Toro contra el Juzgado Civil del Circuito de Acac\u00edas, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Granada, Meta, as\u00ed como las partes y los intervinientes del juicio declarativo a que alude el escrito introductorio. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional convocada, con la sentencia pronunciada en segunda instancia, en el marco del juicio denominado \u00absimulaci\u00f3n absoluta\u00bb de los contratos de compraventa contenidos en las escrituras p\u00fablicas Nos. 1898 de 3 de noviembre de 2005 y 0063 del 28 de enero de 2014, ambas de la Notar\u00eda \u00danica del Circuito de Granada, Meta, que adelant\u00f3 en contra de Fabio Gerardo Montoya S\u00e1nchez, Fabio Alexis Montoya Toro y la Junta de Vivienda Comunitaria La Macarena. <\/p>\n
Por lo anterior, solicit\u00f3 de manera concreta que se \u00abrevo[que] la sentencia de 25 de noviembre de 2021\u00bb y, por contera, se ordene al ad quem \u00abdar tr\u00e1mite a la segunda instancia conforme lo disponen los art\u00edculos 320 y 328 del C\u00f3digo General del Proceso, en todo caso, estudiando a fondo los reparos concretos formulados por el apelante\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de su cr\u00edtica y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, adujo en lo esencial, que una vez agotadas las respectivas etapas, el mentado juicio fue zanjado por el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Granada, Meta, en sentencia del 21 de mayo de 2021, a trav\u00e9s de la cual se desestimaron las pretensiones instadas tras hallarse probada la excepci\u00f3n de m\u00e9rito denominada \u00abprescripci\u00f3n de la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n\u00bb en lo que respecta a uno de los pactos demandados, e incumplidos los presupuestos de la acci\u00f3n, en lo que refiere al otro. <\/p>\n
Comenta que inconforme con aquella determinaci\u00f3n la apel\u00f3, con fundamento en dos reparos concretos, a saber: que frente a la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n, se desconocieron los precedentes jurisprudenciales que existen sobre la materia, relacionados, adem\u00e1s, con el momento en el que surge el inter\u00e9s jur\u00eddico del \u00abheredero\u00bb para demandar la simulaci\u00f3n de un acto celebrado por el causante; y, que se demostr\u00f3 que lo que realmente motiv\u00f3 la celebraci\u00f3n de los contratos acusados, no fue otra cosa que \u00abfavorecer\u00bb al se\u00f1or Fabio Alexis, en desmedro de la sociedad conyugal surgida entre sus ascendientes. <\/p>\n
Alega que pese a lo expuesto, el Juzgado Civil del Circuito de Acac\u00edas, Meta, confirm\u00f3 en su integridad la decisi\u00f3n cuestionada, desconociendo \u00ablos fines de la apelaci\u00f3n\u00bb, as\u00ed como los \u00abl\u00edmites de su competencia\u00bb, circunstancias que ameritan, a su juicio, la intervenci\u00f3n del juez de tutela en aras de restablecer las garant\u00edas fundamentales que le fueron quebrantadas con lo resuelto. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. La titular del Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Granada, Meta, adem\u00e1s de hacer un breve resumen de las actuaciones acaecidas en desarrollo del pleito que viene de comentarse, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, luego de exponer al efecto, que la acci\u00f3n tuitiva se enfilo \u00fanicamente contra el juez de segundo grado. <\/p>\n
b. Por su parte, los apoderados judiciales de los demandados dentro de la contienda declarativa objeto de an\u00e1lisis, coincidieron en pedir la desestimaci\u00f3n de la salvaguarda inquirida, porque en su sentir, adem\u00e1s de incumplirse con el presupuesto de la subsidiariedad, ante la falta de proposici\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, el cual, seg\u00fan afirman, resultaba procedente, tampoco se verifican los requisitos que la jurisprudencia constitucional ha enlistados para que por v\u00eda de tutela pueda atacarse una decisi\u00f3n judicial, m\u00e1xime cuando lo que busca el accionante, es reabrir un debate que ya culmin\u00f3. <\/p>\n
c. Finalmente, la Juez Civil del Circuito de Granada Meta, indic\u00f3 que la actuaci\u00f3n desplegada por esa sede \u00abse limit\u00f3 a resolver el recurso de apelaci\u00f3n presentado por el accionante, oportunidad en que dispuso ratificar lo decidido en primer grado\u00bb y, que la \u00abjustificaci\u00f3n contenida en la providencia debatida no puede tildarse de arbitraria o vulneradora de derechos fundamentales porque fue proferida de acuerdo a la realidad procesal que se evidenci\u00f3 en el expediente analizado; diferente es que el accionante se encuentre inconforme con lo resuelto en forma adversa a sus pretensiones, buscando la forma de acudir a esta acci\u00f3n de tutela como si se tratara una instancia m\u00e1s o remplazar las decisiones emanadas al interior del proceso\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, luego de citar varios precedentes jurisprudenciales recientes sobre la particular tem\u00e1tica, emanados de esta Corporaci\u00f3n, concedi\u00f3 el amparo suplicado, tras considerar que el ad quem, en efecto \u00abincurri\u00f3 en v\u00eda de hecho al proferir la sentencia de segunda instancia el 25 de noviembre de 2021, dentro del proceso Radicado No. 503134089003 2018 00177 00, pues ciertamente la decisi\u00f3n debatida no profundiz\u00f3 en el an\u00e1lisis de los reparos formulados, especialmente en lo que ata\u00f1e a la indebida contabilizaci\u00f3n del t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n extintiva y al momento en que surgi\u00f3 el inter\u00e9s jur\u00eddico del accionante para demandar la simulaci\u00f3n de los contratos de compraventa celebrados entre FABIO GERARDO MONTOYA S\u00c1NCHEZ (vendedor), FABIO ALEXIS MONTOYA TORO y la JUNTA DE VIVIENDA COMUNITARIA LA MACARENA (compradores), de modo que el citado fallo no fue adecuadamente fundamentado por la funcionaria judicial cuestionada, toda vez que en la parte considerativa el Juzgado se limit\u00f3 a la trascripci\u00f3n de algunos apartes normativos y jurisprudenciales, a hacer un resumen de la tesis del recurrente y a la enunciaci\u00f3n de los medios probatorios recaudados en primera instancia, para concluir, sin mayor planteamiento argumentativo, que respecto de la escritura p\u00fablica No. 1898 del 3 de noviembre de 2005 \u201cel aqu\u00ed demandante confiesa que ten\u00eda conocimiento de la venta celebrada mediante escritura p\u00fablica N\u00b01898 del noviembre 3 de 2005, y que su se\u00f1ora madre EXIMIREY TORO MONTOYA (Q.E.P.D), no adelant\u00f3 ning\u00fan tr\u00e1mite judicial que declarara simulado el mentado negocio jur\u00eddico, por lo que no puede ahora el demandante pretender que este t\u00e9rmino se tenga en cuenta a partir del fallecimiento de su progenitora m\u00e1xime cuando la misma cont\u00f3 con el mismo para hacer exigible su derecho, inclusive a la fecha de su fallecimiento hab\u00eda transcurrido m\u00e1s de 10 a\u00f1os y a la presentaci\u00f3n de esta demanda hab\u00edan pasado m\u00e1s de 12 a\u00f1os\u201d, y pese a que aclar\u00f3 que \u201c[S]obre este tema es preciso remitirnos al art\u00edculo 2536 del C\u00f3digo Civil que hace referencia a la prescripci\u00f3n de las acciones ordinarias donde establece un t\u00e9rmino de 10 a\u00f1os, que es el tiempo que el interesado tiene para interponer la demanda, sin embargo, cabe advertir que dicho lapso no se cuenta desde la fecha en que se materializa el contrato simulado, sino desde la fecha en que nace el inter\u00e9s jur\u00eddico para el demandante, al respecto la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, Sentencia SC 21801 del 15 de diciembre de 2017 Magistrada ponente Margarita Cabello Blanco, indic\u00f3 que: \u00ab…para el ejercicio de la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n es requisito indispensable la existencia de un inter\u00e9s jur\u00eddico en el actor. Es la aparici\u00f3n de tal inter\u00e9s lo que determina la acci\u00f3n de prevalencia. Mientras \u00e9l no exista, la acci\u00f3n no es viable. <\/p>\n
De consiguiente, el t\u00e9rmino de la prescripci\u00f3n extintiva debe comenzar a contarse desde el momento en que aparece el inter\u00e9s jur\u00eddico del actor. Solo entonces se hacen exigibles las obligaciones nacidas del acto o contrato oculto, de acuerdo al inciso 2 del art\u00edculo 2535 del D.C.\u00bb.\u201d,(resalta la Sala), concluy\u00f3 lo contrario al breve fundamento normativo citado, sin tener en cuenta que el alegato del recurrente es precisamente que la jurisprudencia nacional ha decantado que en asuntos como el que se debate al interior del tr\u00e1mite judicial fustigado, el momento en el que surge el inter\u00e9s jur\u00eddico del heredero para demandar, es a partir del fallecimiento de la causante, aspecto espec\u00edfico que ten\u00eda que entrar a establecer la Administradora de Justicia accionada para poder resolver la alzada, pues de ello depend\u00eda la procedencia del an\u00e1lisis o no del segundo reparo, esto es, de repasar el debate probatorio para definir si se logr\u00f3 demostrar la simulaci\u00f3n absoluta invocada, en tanto que, dependiendo de la prosperidad de la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n o no, resultar\u00eda aplicable el inciso tercero del art\u00edculo 282 del C\u00f3digo General del Proceso. \u00bb. <\/p>\n
5.- En cuanto al an\u00e1lisis de la situaci\u00f3n que rode\u00f3 la suscripci\u00f3n de la escritura p\u00fablica No. 063 del 28 de enero de 2014, la titular del Juzgado accionado sintetiz\u00f3 la negativa en las siguientes conclusiones: a) \u201cno obra prueba directa que acredite puntualmente la intenci\u00f3n de las partes en el contrato de no vender sino de dar en donaci\u00f3n el inmueble\u201d, (refiri\u00e9ndose a los documentales allegados), b)\u201clos testimonios recibidos no dan certeza de ello\u201d(de la intenci\u00f3n de las partes), c)\u201cLa parte actora manifiesta que exist\u00eda una clara intenci\u00f3n de defraudar a la sociedad conyugal la cual se encontraba conformada por la se\u00f1ora EXIMIREY TORO DE MONTOYA y el se\u00f1or FABIO GERARDO MONTOYA S\u00c1NCHEZ, circunstancia que para este despacho no se encuentra acreditada por no contar con ninguna prueba que as\u00ed lo acredite, lo que si se evidencia es que la venta fue antes del deceso de la mentada se\u00f1ora, es decir, que para esa \u00e9poca ni siquiera se sospechaba su deceso, raz\u00f3n por la cual no puede afirmarse de manera objetiva que existi\u00f3 la intenci\u00f3n de defraudar a la sociedad conyugal cuando en vida la misma conforme a los interrogatorios de las partes tuvo conocimiento de la existencia de dichas ventas\u201d, d) \u201cel demandante se encarg\u00f3 de realizar apreciaciones subjetivas sobre la carencia de los recursos sin que se allegaran prueba que as\u00ed se acreditara\u201d, e)\u201cno todas las veces que familiares hacen negocios se infiere que existan actos tendientes a defraudar en este caso su expectativa sucesoral, tampoco es determinante para demostrar la simulaci\u00f3n el indicio respecto a la falta de necesidad para enajenar, pues como lo afirma el recurrente el se\u00f1or FABIO GERARDO MONTOYA S\u00c1NCHEZ tiene dinero suficiente para solventar sus necesidades b\u00e1sicas, la de su hogar y estilo de vida.\u201d y f)\u201cal interior del proceso no se alleg\u00f3 ni se decret\u00f3 ning\u00fan prueba que acreditara su monto, sin embargo, la parte demandada FABIO ALEXIS MONTOYA TORO con la contestaci\u00f3n trajo un dictamen pericial en el que pese a que se evidencia que el precio pactado en la compraventa ($380.000.000) es notablemente inferior al valor comercial, lo cierto es que este dato por s\u00ed solo no es suficiente para que la pretensi\u00f3n simulatoria cobre \u00e9xito, puesto como se indic\u00f3, los indicios que llevan el convencimiento del concierto deben ser graves, concordantes y convergentes, conforme lo establece el art\u00edculo 242 del C\u00f3digo General del Proceso\u201d, entonces, oteado el desenlace, la operadora concluy\u00f3 que no existen pruebas que la lleven al convencimiento de una intenci\u00f3n oculta por parte de los contratantes, sin embargo no se observa an\u00e1lisis sobre los requisitos probatorios espec\u00edficos de la pretensi\u00f3n de la demanda, esto es, la declaraci\u00f3n de inexistencia de los negocios jur\u00eddicos por simulaci\u00f3n absoluta. <\/p>\n
Del anterior recuento se puede colegir, que con independencia del razonamiento jur\u00eddico que pueda efectuar este Juez plural sobre el asunto fustigado, lo cierto es que la decisi\u00f3n debatida no fue debidamente fundamentada por la funcionaria judicial cuestionada, en la medida en que en la parte considerativa de la precitada providencia, aunque expuso brevemente el sustento normativo o jurisprudencial aplicable, sus deducciones no guardaron congruencia con el soporte legal aducido, a m\u00e1s que no desarroll\u00f3 la tesis de defensa propuesta por el recurrente, vale decir, que el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n iniciaba con el fallecimiento de su progenitora por surgir en ese instante su inter\u00e9s para demandar la simulaci\u00f3n de los contratos de compraventa celebrados entre su padre y su hermano, que a su criterio afectaron el haber de la sociedad conyugal, por lo que actualmente intenta integrar la masa sucesoral, circunstancia que se configura en un deber u obligaci\u00f3n del administrador de justicia y que resulta siendo la finalidad misma de convocar al juez de segunda instancia, de manera que la sentencia rebatida no goza de un exhaustivo an\u00e1lisis de la totalidad del material probatorio, ni de una argumentaci\u00f3n que permita divisar el proceso cognitivo desarrollado por la servidora accionada para concluir que era procedente declarar probada la prescripci\u00f3n extintiva alegada por el extremo pasivo; n\u00f3tese que la Juzgadora se limit\u00f3 a insistir en que la se\u00f1ora EXIMIREY TORO MONTOYA (q.e.p.d) en vida, pudo ejercer acciones tendientes a obtener la declaraci\u00f3n de nulidad por simulaci\u00f3n y no lo hizo; adem\u00e1s que, por el demandante haber conocido sobre la existencia de los contratos cuestionados desde su celebraci\u00f3n, el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n inici\u00f3 a partir de aquella \u00e9poca; sin embargo, no exterioriz\u00f3 qu\u00e9 parte del ordenamiento jur\u00eddico atendi\u00f3 para arribar a aquella conclusi\u00f3n, no expres\u00f3 qu\u00e9 medios probatorios estaba apreciando, o la ponderaci\u00f3n aplicada, ni revel\u00f3 los motivos que la condujeron a la decisi\u00f3n adoptada, luego entonces, excluy\u00f3 datos de alto relieve para la decisi\u00f3n, como la diferencia entre obrar iure hereditario o iure propio, consecuencias procesales y diferencias de la pretensi\u00f3n declarativa de simulaci\u00f3n absoluta, simulaci\u00f3n relativa frente a la de recisi\u00f3n por lesi\u00f3n enorme, apreciaci\u00f3n probatoria de indicios y contraindicios de simulaci\u00f3n, entre otros, y as\u00ed, tom\u00f3 un rumbo totalmente al margen del que correspond\u00eda; dicho en otras palabras, la premisa en la que se finc\u00f3 la decisi\u00f3n judicial censurada qued\u00f3 carente del debido sustento, incurri\u00e9ndose en defectos sustantivo y f\u00e1ctico, circunstancia que en definitiva hiri\u00f3 el debido proceso del accionante\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, dispuso \u00bbDECLARAR la ineficacia de la sentencia de segundo grado, proferida el d\u00eda 25 de noviembre de 2021, por el JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE GRANADA (META), dentro del proceso declarativo Radicado con el No. 503134089003 2018 00177 00\u00bb, y en consecuencia, \u00bbORDENAR al JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE GRANADA (META), que dentro del t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas, contados a partir del recibo del expediente, rehaga la actuaci\u00f3n antes se\u00f1alada, esto es, vuelva a proveer sentencia de segunda instancia dentro del proceso declarativo No. 5031340890032018 0017700, consultando para ello los reparos concretos formulados en contra del fallo de primer grado y la sustentaci\u00f3n, las disposiciones normativas y jurisprudenciales que regulan la materia , y exteriorizando claramente la motivaci\u00f3n de la decisi\u00f3n que se adopte conforme a las reglas de la sana cr\u00edtica y de acuerdo con lo plasmado en la parte motiva de esta providencia, desde luego, respetando los principios de autonom\u00eda e independencia en su leg\u00edtima concepci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Para lo anterior, se dispuso \u00abORDENAR al JUZGADO TERCERO PROMISCUO MUNICIPAL DE GRANADA (META), que dentro del t\u00e9rmino de un (1) d\u00eda contado a partir de su notificaci\u00f3n, remita el expediente contentivo del proceso declarativo No. 5031340890032018 0017700, al JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE GRANADA (META), y una vez el proceso regrese a su Despacho, adopte las medidas procesales a que hubiere lugar, propias de su competencia\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La propusieron los apoderados de Fabio Alexis Montoya Toro y Fabio Gerardo Montoya S\u00e1nchez, luego de esgrimir similares argumentos a los expuestos en los escritos de contestaci\u00f3n que presentaron. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo excepcional establecido en la Carta Pol\u00edtica de 1991, para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de car\u00e1cter residual y subsidiario, porque s\u00f3lo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Ahora, conforme a la jurisprudencia constitucional, los pronunciamientos jurisdiccionales son, por regla general, ajenos al examen propio de esta especie de acci\u00f3n, a menos que resulten ostensiblemente arbitrarios, esto es, producto de la mera arbitrariedad o capricho, a tal punto que configuren una \u00abcausal espec\u00edfica de procedencia del amparo\u00bb, y bajo los presupuestos que se acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a \u00e9sta y no se tengan ni hayan desaprovechado otros caminos para conjurar la lesi\u00f3n. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que: <\/p>\n
\u00abel Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado\u00bb (STC12251-2021). <\/p>\n
2. Circunscrita la Corte a las mociones en las que se ciment\u00f3 la impugnaci\u00f3n, de entrada se advierte que la sentencia confutada habr\u00e1 de confirmarse, por los motivos que a continuaci\u00f3n se exponen: <\/p>\n
2.1. En primer lugar, contrario a lo esbozado por los impugnantes, no es cierto que la solicitud de amparo incumpla con el presupuesto de la subsidiariedad por no haberse propuesto el recurso extraordinario de casaci\u00f3n contra la sentencia de segundo grado confutada, pues a la luz de lo normado en el canon 338 del C\u00f3digo General del Proceso, el mismo no era viable, en tanto que el valor actual de la resoluci\u00f3n desfavorable no supera los mil salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes. <\/p>\n
2.2. Ahora bien, ya en punto de establecer si la determinaci\u00f3n emitida el 25 de noviembre de 2021, por la Juez Civil del Circuito de Acac\u00edas padece o no de los yerros denunciados por Egon Leandro Montoya Toro, se advierte del examen de las pruebas adosadas al expediente, as\u00ed como de los argumentos expuestos en ella para confirmar el fallo desestimatorio de primer grado (mediante el cual se declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n frente a la compraventa instrumentalizada en la escritura p\u00fablica N\u00b0 1898 del 3 de noviembre de 2005, y se negaron las pretensiones de simulaci\u00f3n absoluta respecto del negocio del que trata la escritura p\u00fablica No. 063 del 28 de enero de 2014), dentro del proceso de simulaci\u00f3n instaurado por aqu\u00e9l contra Fabio Gerardo Montoya S\u00e1nchez, Fabio Alexis Montoya Toro y la Junta de Vivienda Comunitaria La Macarena, se advierte que, en efecto, dicha autoridad transgredi\u00f3 el derecho al debido proceso del demandante al no estudiar de fondo la controversia, evadiendo la obligaci\u00f3n de motivar su decisi\u00f3n -independientemente que la conclusi\u00f3n a la que se arrib\u00f3 sea o no la correcta-, esto es, estudiando cada uno de los puntos expuestos por aqu\u00e9l en la apelaci\u00f3n, relativos al hito desde el cual debe contabilizarse el t\u00e9rmino para establecer si la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n, est\u00e1 o no prescrita, adem\u00e1s de la existencia de las pruebas que dan cuenta de las verdaderas intenciones de los contratantes, desafuero que amerita la injerencia del juzgador constitucional, tal y como lo concluy\u00f3 el a quo constitucional. <\/p>\n
2.3. Y es que, en efecto, si bien el recurrente plante\u00f3 como fundamento de la alzada, en ultimas, que el fallo de primer grado, no se acompasa con los precedentes jurisprudenciales que manan de esta Sala de Casaci\u00f3n Civil, en lo que refiere al momento desde el cu\u00e1l debe contabilizarse el t\u00e9rmino prescriptivo prenombrado, adem\u00e1s de estar supuestamente demostrado el inter\u00e9s de los demandados para defraudar a la sociedad conyugal existente entre sus padres, as\u00ed como la familiaridad entre comprador y vendedor, el precio irrisorio de las ventas, y la falta de justificaci\u00f3n del destino del dinero entregado al vendedor por concepto de precio, nada de ello se analiz\u00f3 en profundidad. <\/p>\n
Lo anterior, si en cuenta se tiene, que frente al primero de los negocios atacados, se limit\u00f3 a considerar, que \u00abes preciso remitirnos al art\u00edculo 2536 del C\u00f3digo Civil que hace referencia a la prescripci\u00f3n de las acciones ordinarias donde establece un t\u00e9rmino de 10 a\u00f1os, que es el tiempo que el interesado tiene para interponer la demanda, sin embargo, cabe advertir que dicho lapso no se cuenta desde la fecha en que se materializa el contrato simulado, sino desde la fecha en que nace el inter\u00e9s jur\u00eddico para el demandante, al respecto la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, Sentencia SC 21801 del 15 de diciembre de 2017 Magistrada ponente Margarita Cabello Blanco, indic\u00f3 que: \u2018\u2026para el ejercicio de la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n es requisito indispensable la existencia de un inter\u00e9s jur\u00eddico en el actor. Es la aparici\u00f3n de tal inter\u00e9s lo que determina la acci\u00f3n de prevalencia. Mientras \u00e9l no exista, la acci\u00f3n no es viable. De consiguiente, el t\u00e9rmino de la prescripci\u00f3n extintiva debe comenzar a contarse desde el momento en que aparece el inter\u00e9s jur\u00eddico del actor. Solo entonces se hacen exigibles las obligaciones nacidas del acto o contrato oculto, de acuerdo al inciso 2 del art\u00edculo 2535 del D.C\u2019\u00bb. <\/p>\n
Frente al segundo, que \u00abal revisar el expediente se tiene que no obra prueba directa que acredite puntualmente la intenci\u00f3n de las partes en el contrato de no vender sino de dar en donaci\u00f3n el inmueble, pues con el libelo solamente se allegaron el registro civil de nacimiento del demandante, registros civiles de matrimonio entre FABIO GERARDO MONTOYA SACHEZ y EXIMIREY TORO DE MONTOYA, de FABIO ALEXIS MONTOYA TORO e INGRID PAOLA PEREZ VARGAS, el registro de defunci\u00f3n de la se\u00f1ora EXIMIREY TORO DE MONTOYA y copia de la escritura contentiva del negocio atacado, documentos que por s\u00ed solos no acreditan tal fin; de igual manera, los testimonios recibidos no dan certeza de ello. En efecto, la deponente INGRID PAOLA PEREZ VARGAS, quien cuenta con una sociedad conyugal vigente con el se\u00f1or FABIO ALEXIS MONTOYA TORO manifest\u00f3 que para el a\u00f1o 2013 su suegro ten\u00eda un viaje programado y que le manifest\u00f3 que quer\u00eda vender y que ellos le manifestaron que estaban interesados en comprar por lo que para el mes de febrero de 2013, se realiz\u00f3 el documentos de promesa de venta, que se hizo por la suma de $380.000.000, predio que correspond\u00eda a una \u00e1rea superficiaria de 7 Hect\u00e1reas y 5000mts, que se pact\u00f3 la forma de pago y que en el momento de la elaboraci\u00f3n del documento se hizo entrega de la suma de $50.000.000 y una letra de cambio, que el negocio se llev\u00f3 a cabo con aporte econ\u00f3mico de los dos, que se le hicieron abonos. Que para el 2018 se cancel\u00f3 la totalidad de dineros y que la letra se rompi\u00f3. En cuanto al otro deponente ADOLFO EMILIO PEREZ, no sabe de la venta celebrada en el 2014. <\/p>\n
Ahora bien, en aras de demostrar que el negocio en comento entra\u00f1aba enga\u00f1o o actos fingidos, se acudir\u00e1 a los indicios a los que la jurisprudencia ha hecho relaci\u00f3n, as\u00ed: <\/p>\n
La parte actora manifiesta que exist\u00eda una clara intenci\u00f3n de defraudar a la sociedad conyugal la cual se encontraba conformada por la se\u00f1ora EXIMIREY TORO DE MONTOYA y el se\u00f1or FABIO GERARDO MONTOYA SANCHEZ, circunstancia que para este despacho no se encuentra acreditada por no contar con ninguna prueba que as\u00ed lo acredite, lo que si se evidencia es que la venta fue antes del deceso de la mentada se\u00f1ora, es decir, que para esa \u00e9poca ni siquiera se sospechaba su deceso, raz\u00f3n por la cual no puede afirmarse de manera objetiva que existi\u00f3 la intenci\u00f3n de defraudar a la sociedad conyugal cuando en vida la misma conforme a los interrogatorios de las partes tuvo conocimiento de la existencia de dichas venta. <\/p>\n
En cuanto a que el se\u00f1or FABIO ALEXIS MONTOYA TORO no contaba con la capacidad econ\u00f3mica para el pago de la venta, se tiene que al plenario se alleg\u00f3 copia de una promesa de compraventa de fecha del 5 de febrero de 2013, en la que aparece como promitente vendedor el se\u00f1or FABIO GERARDO MONTOYA SANCHEZ y como promitente comprador el se\u00f1or FABIO ALEXIS MONTOYA TORO, la cual ten\u00eda por objeto la venta del predio rural de una extensi\u00f3n superficiaria de 7 hect\u00e1reas y 5000 metros que hace parte de un predio de mayor extensi\u00f3n que se distingue con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria N\u00b0236- 1893, en el que se acord\u00f3 la suma de $380.000.000 millones los cuales ser\u00edan cancelados mediante abonos o avances en efectivo de acuerdo con los ingresos del comprador, monto que ser\u00eda respaldado mediante una letra de cambio. <\/p>\n
Cabe indicar que el demandado FABIO ALEXIS MONTOYA TORO manifest\u00f3 que los dineros que le fueron cancelados con ocasi\u00f3n a dicho negocio proven\u00edan de \u00e9l y de su esposa quien para la fecha de la negociaci\u00f3n era comerciante, hecho que se corrobora con la declaraci\u00f3n de la se\u00f1ora INGRID PAOLA PEREZ VARGAS y con los movimientos bancarios de \u00e9sta, sin embargo, el demandante se encarg\u00f3 de realizar apreciaciones subjetivas sobre la carencia de los recursos sin que se allegaran prueba que as\u00ed se acreditara. <\/p>\n
En cuanto a que debe tenerse en cuenta el parentesco como una situaci\u00f3n determinante en la simulaci\u00f3n, se tiene que ello no es suficiente para demostrar que existe un acto o negocio ficto o simulado ya que el mismo debe analizase de manera conjunta con los presupuestos de esta acci\u00f3n, los que como se ha indicado se echan de menos, adem\u00e1s no todas las veces que familiares hacen negocios se infiere que existan actos tendientes a defraudar en este caso su expectativa sucesoral, tampoco es determinante para demostrar la simulaci\u00f3n el indicio respecto a la falta de necesidad para enajenar, pues como lo afirma el recurrente el se\u00f1or FABIO GERARDO MONTOYA SANCHEZ tiene dinero suficiente para solventar sus necesidades b\u00e1sicas, la de su hogar y estilo de vida. En lo que corresponde al valor del inmueble que se encuentra pactado en el contrato de compraventa que contiene la escritura N\u00b0 0063 del 28 de enero de 2014, se tiene que al interior del proceso no se alleg\u00f3 ni se decret\u00f3 ning\u00fan prueba que acreditara su monto, sin embargo, la parte demandada FABIO ALEXIS MONTOYA TORO con la contestaci\u00f3n trajo un dictamen pericial en el que pese a que se evidencia que el precio pactado en la compraventa ($380.000.000) es notablemente inferior al valor comercial, lo cierto es que este dato por s\u00ed solo no es suficiente para que la pretensi\u00f3n simulatoria cobre \u00e9xito, puesto como se indic\u00f3, los indicios que llevan el convencimiento del concierto deben ser graves, concordantes y convergentes, conforme lo establece el art\u00edculo 242 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
3. Debe entonces el ad quem establecer, como punto de partida, si el accionante act\u00faa -iure proprio- o -iure hereditario- y, con ello, dilucidar si el t\u00e9rmino prescriptivo debe contabilizarse desde el momento en que nace el inter\u00e9s o desde a celebraci\u00f3n del respectivo acto o contrato, para poder concluir, finalmente, si es que el fen\u00f3meno extintivo de la prescripci\u00f3n oper\u00f3, estudio que debe concatenarse con los recientes pronunciamientos efectuados por esta Corporaci\u00f3n sobre la especifica y puntual tem\u00e1tica (verbigracia SC1589-2020) y atendiendo cada una de las pruebas aportadas y recaudadas, as\u00ed como lo pretensionado en el libelo introductorio, en contraposici\u00f3n de los hechos all\u00ed enlistados; debe tambi\u00e9n establecerse si lo que realmente se busca es la simulaci\u00f3n absoluta o la simulaci\u00f3n relativa, para que, a paso seguido, pueda fijar la forma en que deben valorarse los medios de convicci\u00f3n recaudados. <\/p>\n
4. En punto a la procedencia del resguardo en trat\u00e1ndose de la carencia de argumentos suficientes en la decisi\u00f3n, se tiene por sentado que trasgrede las garant\u00edas fundamentales de los coasociados porque \u00abla motivaci\u00f3n de las providencias judiciales es un imperativo dimanado del debido proceso en garant\u00eda del derecho de las partes e intervinientes a asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el operador jur\u00eddico frente al caso materia de juzgamiento\u00bb (CSJ STC7493-2021). <\/p>\n
5. Corolario, analizadas las motivaciones criticadas, a\u00fan con el l\u00edmite de la acci\u00f3n de tutela, se concluye que se vulner\u00f3 el derecho fundamental al debido proceso del gestor, pues, en \u00faltimas, el Despacho cognoscente de segundo grado no efectu\u00f3 un an\u00e1lisis ponderado de todos los puntos que deb\u00eda examinar para desatar en debida forma la alzada, por lo que \u00absufre mengua el derecho fundamental al debido proceso por obra de sentencias en las que, a pesar de la existencia objetiva de argumentos y razones, la motivaci\u00f3n resulta ser notoriamente insuficiente, contradictoria o impertinente frente a los requerimientos constitucionales\u00bb (CSJ STC952-2021). <\/p>\n
6. Corolario de lo discurrido en precedencia, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto y, en oportunidad, env\u00edese el expediente de la tutela a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC3850-2022 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado Ponente STC3850-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 50001-22-14-000-2022-00042-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de treinta de marzo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 1\u00b0 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-62355","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62355","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62355"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62355\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62355"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62355"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62355"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}