STC3854-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC3854-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 52001-22-13-000-2022-00014-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 4 de marzo de 2022, por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pasto, en la acci\u00f3n de tutela que Juan Jos\u00e9 Camues L\u00f3pez promovi\u00f3 contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 al Juzgado S\u00e9ptimo Civil Municipal de la misma capital y las partes e intervinientes dentro del proceso de protecci\u00f3n al consumidor con radicado 2022-00006. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su nombre, el solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por el Juzgado accionado en el tr\u00e1mite del proceso relacionado. <\/p>\n
Como fundamento de lo pretendido, sostuvo en compendio que, el 14 de enero de 2022, present\u00f3 ante la oficina de reparto a trav\u00e9s de los canales electr\u00f3nicos, demanda de protecci\u00f3n al consumidor en contra de Coomeva Medicina Prepagada S.A., y fue asignada el 17 de enero al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pasto, despacho que la rechaz\u00f3 el 24 siguiente \u00abdebido a que la cuant\u00eda del asunto es de UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS ($1.496.000)\u00bb y orden\u00f3 remitirla para someterla a reparto entre los Juzgados Civiles Municipales de Pasto. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, al no proceder recurso de apelaci\u00f3n en contra de la decisi\u00f3n de rechazo, el 26 de enero de 2022 present\u00f3 solicitud de desvinculaci\u00f3n del auto y adujo que el factor para determinar la competencia en los procesos de protecci\u00f3n al consumidor corresponde a la naturaleza del asunto, m\u00e1s no a la cuant\u00eda y reprochando en adici\u00f3n, que la norma en la cual el despacho bas\u00f3 su decisi\u00f3n fue anulada por el Consejo de Estado, incurriendo as\u00ed en una v\u00eda de hecho por defecto sustantivo. <\/p>\n
Finalmente afirm\u00f3 que en auto de 3 de febrero de 2022, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pasto si bien acept\u00f3 que la norma aplicada en la decisi\u00f3n de rechazo se encuentra anulada, insisti\u00f3 en que la competencia se determina en raz\u00f3n de la cuant\u00eda toda vez que el proceso de protecci\u00f3n al consumidor se rige por las estipulaciones contenidas en el art\u00edculo 20 y 390 par\u00e1grafo 3 del C\u00f3digo General del Proceso y conforme a lo anterior, se estuvo a lo ya resuelto ordenando la remisi\u00f3n del expediente a los Juzgados Municipales, correspondi\u00e9ndole el conocimiento al S\u00e9ptimo Civil Municipal de Pasto, el que, a la fecha de formulaci\u00f3n de la tutela no se hab\u00eda pronunciado frente a la admisibilidad del proceso. <\/p>\n
Conforme a lo anterior, solicit\u00f3 (i) \u00abRevocar el auto proferido por el Juez Tercero Civil de Circuito el 24 de enero de 2022 mediante el cual se rechaza la demanda instaurada por el suscrito accionante en contra de Coomeva Medicina Prepagada S.A., en el marco del proceso con radicaci\u00f3n 520013103003-2022-00006-00\u00bb y, (ii) \u00abEmitir una nueva decisi\u00f3n ajustada a derecho dadas las consideraciones aqu\u00ed evocadas\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADO <\/p>\n
El Juez Tercero Civil del Circuito de Pasto, manifest\u00f3 atenerse a los fundamentos de derecho expuestos en los autos de 24 de enero y 3 de febrero de 2022, donde explic\u00f3 los motivos por los que carec\u00eda de competencia para asumir el conocimiento del asunto. <\/p>\n
El Juzgado S\u00e9ptimo Civil Municipal de Pasto, inform\u00f3 que el 17 de enero de 2022, fue asignada para su conocimiento la demanda de protecci\u00f3n al consumidor referida y fue radicada con el n\u00famero 2022-00103, y agreg\u00f3 que a la fecha no ha emitido decisi\u00f3n judicial sobre la mismas, en raz\u00f3n a que por la carga laboral \u00aba\u00fan se est\u00e1n estudiando las demandas que fueron presentadas finalizando el trimestre del a\u00f1o pasado\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMER GRADO <\/p>\n
El Tribunal Superior de Pasto, neg\u00f3 el amparo constitucional al considerar que, la decisi\u00f3n censurada no se estimaba arbitraria ni caprichosa, menos vulneratoria del debido proceso del accionante, comoquiera que se acopla a las disposiciones que en materia procesal se ha dispuesto para tal fin, y aclar\u00f3 que pese a que en principio se adopt\u00f3 una decisi\u00f3n con fundamento en un canon normativo cuya nulidad fue declarada, el Juzgado enmend\u00f3 su error realizando la aclaraci\u00f3n respectiva en el auto que profiri\u00f3 como consecuencia de la solicitud de desvinculaci\u00f3n formulada la parte actora. <\/p>\n
Por lo que en su providencia refiri\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Todo lo anterior conlleva a colegir que, ciertamente como lo expuso el Juez accionado, la competencia en este tipo de acciones de protecci\u00f3n al consumidor, habr\u00e1 de determinarse por su cuant\u00eda cuando el interesado haya optado por acudir a la jurisdicci\u00f3n civil y no a la Superintendencia de Industria y Comercio. Cuando ello as\u00ed suceda, habr\u00e1 de acudir a los preceptos contenidos en los numerales 17, 18 y 20 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan los cuales se distribuyen las controversias entre los Juzgados Municipales y del Circuito, en raz\u00f3n de la cuant\u00eda, correspondi\u00e9ndoles a los segundos \u00fanicamente los de mayor cuant\u00eda. <\/p>\n
De manera que, establecido por el actor que el valor de los servicios reclamados, sustento de sus pretensiones, oscila en UN MILL\u00d3N CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS ($1\u2019496.000) M\/CTE; acertado resultaba remitir la demanda interpuesta a los Juzgados Civiles Municipales de esta localidad, para que sea un Despacho de esa categor\u00eda el que asuma el conocimiento del mismo\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 la sentencia y afirm\u00f3, que con la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, se profirieron normas sobre la competencia y tr\u00e1mite de las acciones relacionadas con derechos del consumidor, como lo son, el numeral 9 del art\u00edculo 20 y el par\u00e1grafo 3 del art\u00edculo 390, normas estas sobre las cuales, el Juzgado accionado y el Tribunal constitucional omiten pronunciarse, pues se basan en \u00abnormas tercias\u00bb (sic) y en otras que no fijan realmente la competencia del asunto. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial infundada contra la normativa que rige el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
2. Descendiendo al evento puesto a consideraci\u00f3n, advierte la Sala que el reclamo constitucional se dirige en contra de los autos proferidos por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pasto, el 24 de enero y el 3 de febrero de 2022, el primero de ellos, mediante el cual, rechaz\u00f3 la demanda de protecci\u00f3n al consumidor por falta de competencia, y dispuso remitirla a los Juzgados Civiles Municipales de esa ciudad; y, el segundo, por el que resolvi\u00f3 una solicitud de desvinculaci\u00f3n presentada por la apoderada de Juan Jos\u00e9 Camues L\u00f3pez. <\/p>\n
En este sentido, cotejados los argumentos que fundamentan la acci\u00f3n de tutela y los expuestos por el juzgado accionado en las providencias censuradas, se encuentra que las determinaciones reprochadas en nada lucen arbitrarias o caprichosas y, por ende, no tienen aptitud para lesionar los derechos fundamentales del aqu\u00ed accionante. <\/p>\n
2.1 Para lo anterior, basta observar que el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pasto fundament\u00f3 la decisi\u00f3n adoptada en el auto de 24 de enero de 2022, en los siguientes argumentos: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Revisada la estimaci\u00f3n de la cuant\u00eda establecida por el demandante, este la fija en $1.496.000 correspondiente al valor de las sesiones del tratamiento Nanopore. Adicional a ello, se\u00f1ala que, en los procesos relacionados con el ejercicio de los derechos del consumidor, la competencia viene dada por la materia del asunto y no por la cuant\u00eda, tal y como lo establece el art\u00edculo 3 del Decreto 1736 de 2012 que corrigi\u00f3 el numeral 9 del art\u00edculo 20 del C.G.P. (\u2026) <\/p>\n
(\u2026) resulta claro para el despacho que los procesos de protecci\u00f3n al consumidor deben ser determinados por la cuant\u00eda, al momento de asumir su conocimiento, siempre que de ser de menor cuant\u00eda como lo es en este caso, la competencia radica en los Juzgados de Peque\u00f1as Causas y Competencias M\u00faltiples, ello de conformidad a lo dispuesto en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 17 del C\u00f3digo General del Proceso. (\u2026) <\/p>\n
Ahora bien, el art\u00edculo 20 numeral 1 del C.G.P., consagra la COMPETENCIA DE LOS JUECES CIVILES DEL CIRCUITO EN PRIMERA INSTANCIA, Los jueces civiles del circuito conocen en primera instancia de los siguientes asuntos: \u201cDe los contenciosos de mayor cuant\u00eda, incluso los originados en relaciones de naturaleza agraria salvo los que le correspondan a la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa\u201d Y el art\u00edculo 25 p\u00e1rrafo tercero, establece: \u201cSon de mayor cuant\u00eda cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que excedan el equivalente a ciento cincuenta salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (150 smlmv)\u201d <\/p>\n
En ese orden de ideas y de acuerdo a lo establecido en los par\u00e1metros de la norma precedente, la cuant\u00eda del presente asunto no es la requerida para que el conocimiento lo asuman los juzgados del circuito y en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 90 de la misma norma, este despacho rechazara la demanda por falta de competencia en raz\u00f3n de la cuant\u00eda y ordenara su remisi\u00f3n a la Oficina Judicial para que sea repartida entre los Juzgados Civiles Municipales (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
[Derivadoexpedientedigital.Archivo009.Anexo.Verbal2022-00006 .zip.archivo04.Auto Rechaza Demanda]. <\/p>\n
2.2 Luego, ante la petici\u00f3n presentada por el accionante, en la que solicit\u00f3 se desvincule el auto de fecha 24 de enero de 2022, por el que se rechaz\u00f3 la demanda [Derivadoexpedientedigital.Archivo009.Anexo.Verbal2022-00006.zip. Archivo05.MemorialpartedteSolicitaDesvinculacionDeAuto], el Juzgado en auto de 3 de febrero de 2022, se pronunci\u00f3 en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
\u00abde conformidad a lo expuesto en el art\u00edculo 24 del C.G.P. EJERCICIO DE FUNCIONES JURISDICCIONALES POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, el demandante puede acudir a esta instancia y radicar la respectiva acci\u00f3n, toda vez que el articulado se\u00f1ala: <\/p>\n
\u201cLas autoridades administrativas a que se refiere este art\u00edculo ejercer\u00e1n funciones jurisdiccionales conforme a las siguientes reglas:<\/p>\n
1. La Superintendencia de Industria y Comercio en los procesos que versen sobre: <\/p>\n
a) Violaci\u00f3n a los derechos de los consumidores establecidos en el Estatuto del Consumidor\u201d. <\/p>\n
\u00ab(\u2026) De otro lado, a prevenci\u00f3n del demandante, tambi\u00e9n puede acudir a la jurisdicci\u00f3n civil para presentar su demanda; sin embargo, en este punto se realizan las siguientes precisiones, a fin de dar claridad en cuanto a la competencia de los juzgados Civiles del Circuito y Civil Municipal. <\/p>\n
Inicialmente se se\u00f1al\u00f3 en el numeral 9 art\u00edculo 20 del C.G.P. COMPETENCIA DE LOS JUECES CIVILES DEL CIRCUITO EN PRIMERA INSTANCIA, lo siguiente: \u201cDe los procesos relacionados con el ejercicio de los derechos del consumidor\u201d <\/p>\n
El citado art\u00edculo fue modificado por el art\u00edculo 3 del Decreto 1736 de 2012 se\u00f1ala: (sic) <\/p>\n
Corr\u00edjase el numeral 9 del art\u00edculo 20 de la ley 1564 de 2012, el cual quedar\u00e1 as\u00ed: <\/p>\n
\u201cArt\u00edculo 20. (\u2026) <\/p>\n
9. De los procesos de mayor cuant\u00eda relacionados con el ejercicio de los derechos de los consumidores. <\/p>\n
No obstante, mediante la acci\u00f3n de nulidad, el se\u00f1or Ramiro Bejarano Guzm\u00e1n, solicit\u00f3 se precise el alcance y l\u00edmites del Decreto 1736 de 2012, frente a lo cual la Sala del Consejo de Estado, mediante auto de fecha 19 de diciembre de 2016 en el expediente N\u00b0 110010324000-2012-00369-00, orden\u00f3 la suspensi\u00f3n provisional del art\u00edculo 3 del mencionado decreto. <\/p>\n
Posteriormente mediante providencia de fecha 20 de septiembre de 2018 la misma corporaci\u00f3n decret\u00f3 la nulidad del art\u00edculo 3 del Decreto 1736 de 2012 (\u2026) <\/p>\n
De acuerdo a lo anteriormente expuesto, nos lleva a trasladarnos al inciso primero del par\u00e1grafo 3 del art\u00edculo 390 del C.G.P., expone: <\/p>\n
Los procesos que versen sobre violaci\u00f3n a los derechos de los consumidores establecidos en normas generales o especiales, con excepci\u00f3n de las acciones populares y de grupo, se tramitar\u00e1n por el proceso verbal o por el verbal sumario, seg\u00fan la cuant\u00eda, cualquiera que sea la autoridad jurisdiccional que conozca de ellos. (subrayado propio). <\/p>\n
Disposici\u00f3n que encuentra respaldo en la antes citada sentencia, de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci\u00f3n Primera del Consejo de Estado, en la cual se\u00f1ala: <\/p>\n
\u201cQue no queda duda que la intenci\u00f3n del legislador consist\u00eda en que el factor determinante para determinar la competencia en asuntos relacionados con los derechos de los consumidores sea el factor objetivo-cuant\u00eda que establece el art\u00edculo 390 de la ley 1564 de 2012. <\/p>\n
(\u2026) De acuerdo a lo anteriormente expuesto y aterrizando los conceptos al presente caso, se logra entender que, para determinar la competencia en los procesos de protecci\u00f3n al consumidor, siempre que el demandante haya dispuesto presentar la demanda en la jurisdicci\u00f3n ordinaria, debe tenerse en cuenta la cuant\u00eda, ello en raz\u00f3n a lo dispuesto en el art\u00edculo 390 del C.G.P. , mismo que, al establecer una disposici\u00f3n especial, como lo es el proceso verbal sumario, prima sobre las disposiciones generales (\u2026)\u00bb <\/p>\n
[Derivado expediente digital. Archivo 009. Anexo. Verbal 2022-00006.zip. Archivo06.Auto ResuelveSolicitudDeDesvinculaci\u00f3n] <\/p>\n
Puestas as\u00ed las cosas, las determinaciones acusadas no lucen antojadizas, caprichosas, alejadas del ordenamiento jur\u00eddico o de la realidad procesal, por lo que de lo expuesto, surge palpable que la pretensi\u00f3n del solicitante del amparo se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un subjetivo disentimiento frente a las razones en que la autoridad accionada se bas\u00f3 para rechazar la demanda por \u00e9l instaurada, disconformidad que, naturalmente, excede el \u00e1mbito de la tutela, con independencia de que la Corte proh\u00edje o no la tesis que se reprocha. <\/p>\n
Al respecto, la Sala ha sostenido \u00abque al sentenciador de tutela le est\u00e1 vedado reexaminar si el juzgador acusado realiz\u00f3 la m\u00e1s convincente o adecuada de las interpretaciones, pues tal tarea est\u00e1 por fuera de sus facultades, ya que \u201c\u2026independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho\u00bb. (Sentencia CSJ SC, 20 de septiembre de 2012, Rad. 2012-00245-01.), <\/p>\n
3. Ahora bien, frente a los reparos en que bas\u00f3 la inconformidad el accionante, enfilados a que, tanto el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pasto, como el Tribunal constitucional, omitieron pronunciarse sobre las normas que determinan la competencia en trat\u00e1ndose de asuntos de protecci\u00f3n al consumidor, ha de se\u00f1alarse, que tales argumentos carecen de asidero f\u00e1ctico y jur\u00eddico, pues como se observa en las providencias atacadas, el Juzgado accionado sustent\u00f3 su determinaci\u00f3n de rechazar la demanda por carecer de competencia, con fundamento en lo contemplado en el numeral 9 del art\u00edculo 20 y en el inciso primero par\u00e1grafo 3 del art\u00edculo 390 del C.P.G., mismas que rigen la materia objeto de estudio y que fueron tra\u00eddas a colaci\u00f3n por el mismo peticionario. <\/p>\n
Criterio este, que fue avalado por el juez constitucional de primer grado, autoridad que refiri\u00f3 \u00abestablecido por el actor que el valor de los servicios reclamados, sustento de sus pretensiones, oscila en UN MILL\u00d3N CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS ($1\u2019496.000) M\/CTE; acertado resultaba remitir la demanda interpuesta a los Juzgados Civiles Municipales de esta localidad, para que sea un Despacho de esa categor\u00eda el que asuma el conocimiento del mismo\u00bb. <\/p>\n
4. Por lo anterior, surge claro que el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pasto no vulner\u00f3 la garant\u00eda fundamental invocada por el peticionario, comoquiera que, las decisiones emitidas en el proceso objeto de queja constitucional, se ci\u00f1eron a la normativa que rige la competencia para conocer de juicios que versen sobre la protecci\u00f3n de los derechos del consumidor. <\/p>\n
5. Las razones expuestas se estiman suficientes para confirmar el fallo objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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