STC3856-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC3856-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-02096-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 26 de octubre de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, en la acci\u00f3n de tutela promovida por la abogada Ruby Alexandra Celis, quien act\u00faa en representaci\u00f3n de Jes\u00fas Guillermo Rodr\u00edguez Garc\u00eda y como agente oficiosa de Carolina Amaya Mart\u00ednez contra la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el juicio laboral radicado bajo el n\u00ba 2015-00060. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Jes\u00fas Guillermo Rodr\u00edguez Garc\u00eda por conducto de apoderada judicial, quien a su vez manifest\u00f3 actuar como agente oficiosa de Carolina Amaya Mart\u00ednez reclamaron la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la igualdad y trabajo en condiciones dignas, presuntamente vulnerados por la Sala de Descongesti\u00f3n accionada. <\/p>\n
Como fundamento de su reparo, se\u00f1alaron, en s\u00edntesis, que promovieron proceso ordinario laboral contra la Corporaci\u00f3n de Ferias y Exposiciones S.A. -Corferias-, con el fin de que se declarara la existencia de los \u00abcontratos realidad\u00bb y, en consecuencia, se ordenara el pago de los derechos salariales y prestaciones derivados, que durante la vigencia de la relaci\u00f3n laboral fueron omitidos por la misma. <\/p>\n
El asunto fue asignado en primera instancia al Juzgado Veintiocho Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, el que mediante sentencia de 20 de agosto de 2016, absolvi\u00f3 a la demandada de todas las pretensiones, determinaci\u00f3n que confirm\u00f3 la Sala Laboral del Tribunal Superior de esta ciudad el 27 de julio de 2017. <\/p>\n
Por lo anterior, formularon recurso extraordinario de casaci\u00f3n, y la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, mediante sentencia SL1149-2021 de 23 de marzo de 2021, resolvi\u00f3 no casar la decisi\u00f3n del ad quem, incurriendo en \u00abdefecto sustantivo\u00bb por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea del art\u00edculo 24 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, puesto que les impuso la carga probatoria para demostrar la existencia de la subordinaci\u00f3n y no a la empleadora. <\/p>\n
Agregaron que, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral se pronunci\u00f3 frente a un tema \u00abexactamente igual\u00bb al aqu\u00ed discutido, dado que concurren las mismas circunstancias en cuanto a la forma de vinculaci\u00f3n y desarrollo de las actividades laborales subordinadas, argumentos que pidieron ser tenidos en cuenta al momento de resolver esta acci\u00f3n constitucional y para lo cual aportaron copia de la sentencia SL3616-2020 de 9 de septiembre de 2020 que zanj\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n presentado en un proceso ordinario laboral iniciado contra Corferias. <\/p>\n
2. Conforme a lo narrado, solicitaron dejar sin efecto la sentencia de casaci\u00f3n SL1149-2021 y, en su lugar, ordenar a la accionada \u00abdictar un nuevo fallo que revoque el de primera instancia para declarar la existencia de los contratos reales de trabajo entre las partes y condenar a la Corporaci\u00f3n de Ferias y Exposiciones S.A. usuario operador de Zona Franca \u201cCorferias\u201d al pago retroactivo total de [sus] salarios, prestaciones sociales, aportes al Sistema de Seguridad Social, parafiscalidad y dem\u00e1s emolumentos legales correspondientes, con sus respectivos intereses de mora\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Magistrado Ponente de la decisi\u00f3n cuestionada indic\u00f3 que a pesar de las falencias t\u00e9cnicas que presentaban los cargos formulados, la Sala ponder\u00f3 el incumplimiento de las reglas procesales y consider\u00f3 que pod\u00edan ser estudiados por la v\u00eda indirecta, de no haber sido as\u00ed, la demanda de casaci\u00f3n habr\u00eda sido desechada por mera ausencia de los elementos m\u00ednimos formales. <\/p>\n
Asimismo, sostuvo que la raz\u00f3n para que no saliera avante el recurso extraordinario consisti\u00f3 en que los interesados no demostraron los errores f\u00e1cticos que plantearon, lo que llev\u00f3 a convalidar la debida aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 24 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo. <\/p>\n
Adujo que no es pertinente hablar de \u00abcasos id\u00e9nticos\u00bb que puedan ser resueltos bajo los mismos argumentos, pues cada proceso presenta particularidades, entre ellas, que las sentencias cuestionadas en casaci\u00f3n, aunque provengan de un mismo juzgador pueden adoptar decisiones diferentes pero plausibles \u00abante planteamientos que, por parecerse, no pueden ser considerados equivalentes\u00bb, lo que descarta una vulneraci\u00f3n al derecho a la igualdad, pues los elementos f\u00e1cticos de cada asunto pueden admitir distintas soluciones a pesar que se dirijan contra una misma entidad empleadora. <\/p>\n
Por \u00faltimo, destac\u00f3 que si el resultado del recurso no fue el que esperaban los actores, no se debe a que el fallo haya sido caprichoso, sino a que aquellos no tuvieron en cuenta los lineamientos jurisprudenciales sobre la t\u00e9cnica de casaci\u00f3n que, de antiguo, han imperado en casos similares. <\/p>\n
2. Temporizar Servicios Temporales S.A.S a trav\u00e9s de su representante legal se opuso a las pretensiones expuestas en el escrito inicial, afirmando que la sentencia atacada no adolece de defectos que la hagan susceptible de incurrir en v\u00eda de hecho. <\/p>\n
3. La Corporaci\u00f3n de Ferias y Exposiciones S.A. por conducto de apoderado, indic\u00f3 que la sentencia que pretenden los querellantes sea tomada como precedente no cumple con lo definido para tal fin, ya que no hay coincidencia alguna en los patrones f\u00e1cticos, problemas jur\u00eddicos, ni la ratio decidendi fijada para ese caso es la misma que la determinada por la Sala convocada. Igualmente consider\u00f3 que el amparo no cumple el presupuesto de inmediatez. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional, tras considerar que la sentencia cuestionada contiene motivos razonables y argumentos basados en una ponderaci\u00f3n probatoria y jur\u00eddica propia de la actividad judicial, que permite descartar la existencia del defecto sustantivo alegado. <\/p>\n
Por otra parte, manifest\u00f3 que si bien los reclamantes se\u00f1alaron un desconocimiento del precedente por parte de la Sala acusada, no lo demostraron, pues allegaron una decisi\u00f3n con presupuestos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos dis\u00edmiles a los estudiados en el asunto puesto a consideraci\u00f3n de la Sala accionada y, destac\u00f3 que el pronunciamiento censurado se ajust\u00f3 al criterio jurisprudencial que sobre el tema ha considerado el m\u00e1ximo \u00f3rgano de la jurisdicci\u00f3n laboral, sin que \u00absus inconformidades con lo concluido pueda ser considerado como un yerro o irregularidad en el actuar de la autoridad accionada que conlleve a afirmar una trasgresi\u00f3n de prerrogativas constitucionales\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue formulada por los accionantes, quienes insistieron que la sentencia proferida por la Sala de Descongesti\u00f3n accionada constituye v\u00eda de hecho, por tanto, es procedente esta acci\u00f3n como \u00fanico mecanismo de defensa de las garant\u00edas invocadas. <\/p>\n
Se\u00f1alaron que la providencia frente a la cual se alega su desconocimiento no fue analizada ni valorada en debida forma por el a quo constitucional, pues de haber sido as\u00ed, se hubiese determinado que se trat\u00f3 de un \u00abcaso id\u00e9ntico\u00bb, en el cual, un trabajador que, al igual que ellos, desarroll\u00f3 funciones al servicio de Corferias \u00abbajo su continuada dependencia y subordinaci\u00f3n y por tanto, se encontr\u00f3 que en esa relaci\u00f3n estaban presentes los elementos que acreditan la existencia de un verdadero contrato de trabajo, con las consecuencias jur\u00eddicas que del mismo se derivan, en favor del trabajador\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En l\u00ednea de principio la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, pues ello significar\u00eda un desconocimiento de los principios contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica; no obstante, cuando los funcionarios judiciales incurran en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento legal, sin ninguna objetividad y, los interesados no cuenten con otro medio de defensa judicial, esta jurisdicci\u00f3n est\u00e1 llamada a intervenir en aras de conjurar o evitar la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales involucradas. <\/p>\n
As\u00ed mismo, no puede olvidarse, que bien el ordenamiento establece que la acci\u00f3n de tutela se trata de un procedimiento breve y sumario y por lo mismo, distante de las formalidades que se exigen para otra clase de juicios, no es posible eludir el respeto a requisitos tales como, el de la legitimaci\u00f3n. <\/p>\n
En armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 10\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regula la acci\u00f3n de tutela, determina que aquella se podr\u00e1 ejercer por la \u00abpersona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, para facilitar la defensa de derechos ajenos, se estableci\u00f3 la presunci\u00f3n de autenticidad de los poderes otorgados y la agencia oficiosa cuando el titular de las garant\u00edas constitucionales no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa, pero en tal caso, as\u00ed deber\u00e1 manifestarse en la solicitud. <\/p>\n
Sobre este tema, la Sala se ha pronunciado de la manera que sigue: \u00ab(\u2026) ning\u00fan tercero puede acudir al mecanismo de defensa constitucional en solicitud de amparo, por hechos que no afecten sus derechos fundamentales, a menos que se presente como apoderado o representante del agraviado, o bien como agente oficioso. Si de apoderado judicial se trata es indispensable presentar el poder; pero si la intervenci\u00f3n acaece como agente oficioso, deber\u00e1 manifestarse expresamente en la solicitud que el titular de los derechos constitucionales fundamentales no se encuentra en condiciones de ejercer su propia defensa\u00bb. (CSJ SC 9 Feb. 1996, Exp. 2822; 9 Oct. 1998, Exp. 5429; 19 Feb, 2002, Exp. 0159-01; 24 Feb. 2004, Exp. 00219-01; 11 Mar. 2009, Exp. 00001-01, STC9428-2021 y STC110-2022, entre otras muchas). <\/p>\n
2. Con base en tales premisas, encuentra la Sala que los accionantes solicitan que se deje sin efectos la sentencia SL1149-2021 proferida por la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral el 23 de marzo de 2021, para que, en su lugar, se emita una nueva decisi\u00f3n en la que se acojan sus pretensiones, esto es, \u00abdeclarar la existencia de los contratos reales de trabajo entre las partes y condenar a la Corporaci\u00f3n de Ferias y Exposiciones S.A. usuario operador de Zona Franca \u201cCorferias\u201d al pago retroactivo total de [sus] salarios, prestaciones sociales, aportes al Sistema de Seguridad Social, parafiscalidad y dem\u00e1s emolumentos legales correspondientes, con sus respectivos intereses de mora\u00bb. <\/p>\n
Su censura radica, seg\u00fan exponen, en el defecto sustantivo en que incurri\u00f3 la Sala accionada por la err\u00f3nea interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 24 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo y el desconocimiento del precedente jurisprudencial dictado por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente, en especial en la sentencia SL3616-2020, proferida en un evento id\u00e9ntico en el que se protegi\u00f3 a un trabajador que desarroll\u00f3 funciones al servicio de Corferias. <\/p>\n
3. Conforme a lo explicado, advierte la Sala que la abogada Ruby Alexandra Celis Contreras quien manifest\u00f3 en el escrito inicial que actuaba como agente oficiosa de Carolina Amaya Mart\u00ednez de conformidad a lo estipulado en el art\u00edculo 57 del C\u00f3digo General del Proceso, dado que su agenciada se encontraba fuera del pa\u00eds, carece de legitimaci\u00f3n para representar los intereses de la se\u00f1ora Amaya Mart\u00ednez, pues no se presenta el requisito de procedibilidad contemplado el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, teniendo en cuenta que ninguna situaci\u00f3n de desamparo e indefensi\u00f3n de la presuntamente afectada en sus derechos fundamentales se acredit\u00f3 en la presente acci\u00f3n, y el hecho de que la mencionada se\u00f1ora no se encuentre en el pa\u00eds, no implica que no est\u00e9 en condiciones de ejercer directamente su propia defensa, puesto que, mediante poder conferido con las exigencias legales podr\u00eda propender por ella, n\u00f3tese que incluso la abogada sostuvo, que aunque envi\u00f3 el poder a Carolina Amaya Mart\u00ednez que la facultaba para actuar en el presente tr\u00e1mite, el mismo no fue remitido de vuelta. <\/p>\n
Sobre el tema, esta Sala ha manifestado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En lo atinente a la \u2018agencia oficiosa\u2019, bueno es recordar que el canon pertinente, art\u00edculo 10, Decreto 2591 de 1991, exige la demostraci\u00f3n de la imposibilidad de los agenciados de promover su propia defensa y la afirmaci\u00f3n de la raz\u00f3n de tal circunstancia en el escrito en que se pide la protecci\u00f3n, tal como con insistencia lo ha interpretado la Sala (CSJ SC, 26 nov. 2010, exp. 00372-01, reiterada el 26 nov. 2015, exp. STC16407-2015) (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
4. Ahora, descendiendo al caso concreto, se observa que la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral en la sentencia SL1149-2021 de 23 de marzo de 2021, tras relatar los antecedentes del asunto, determin\u00f3 como problemas jur\u00eddicos establecer i) si se demostr\u00f3 que el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 incurri\u00f3 en la interpretaci\u00f3n err\u00f3nea del art\u00edculo 24 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo y, ii) si dicho fallador le dio una apreciaci\u00f3n indebida a las pruebas a las que se refer\u00eda el recurso, con las que se tuvo por desvirtuada la presunci\u00f3n de subordinaci\u00f3n que obraba a favor de los demandantes. <\/p>\n
Posteriormente record\u00f3 el alcance del canon se\u00f1alado y la carga demostrativa asignada al demandante, exponiendo lo manifestado por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral Permanente en sentencias CSJ SL225-2020, SL981-2019 entre otras, donde se ha dicho que ninguna actividad liberal o realizada en desarrollo de un contrato civil o comercial, est\u00e1 exenta de la presunci\u00f3n de esa normativa, ya que la misma opera sin excepci\u00f3n o distinci\u00f3n en toda relaci\u00f3n de trabajo personal regulada por ese estatuto. Al punto, agreg\u00f3: <\/p>\n
\u00abLa Sala encuentra que el juez de apelaciones entendi\u00f3 cabalmente el efecto establecido en el art\u00edculo 24 del CST, pues aplic\u00f3 un referente jurisprudencial que coincide con las caracter\u00edsticas enunciadas de la presunci\u00f3n de existencia del contrato de trabajo. A partir de esa intelecci\u00f3n procedi\u00f3 al an\u00e1lisis de los elementos que pod\u00eda discutir el extremo pasivo del litigio, y fue entonces cuando dio por establecido que la prestaci\u00f3n personal del servicio s\u00ed se demostr\u00f3, con lo que procedi\u00f3 a la evaluaci\u00f3n del material probatorio, del que dedujo que la parte accionada pudo desvirtuar tal presunci\u00f3n. Contrario a lo que insin\u00faa el extremo recurrente en su ataque, en ning\u00fan momento el sentenciador presumi\u00f3 que las funciones desarrolladas por los recurrentes fueran subordinadas, ni consider\u00f3 que los iniciadores del proceso deb\u00edan demostrar tal subordinaci\u00f3n, solo que el material probatorio que analiz\u00f3 le permiti\u00f3 concluir que sus actividades fueron independientes y espor\u00e1dicas, tema que ya corresponde al segundo cargo orientado por la v\u00eda f\u00e1ctica\u00bb. (Subrayas de esta Sala). <\/p>\n
Luego, se refiri\u00f3 a los defectos que presentaban los cargos, subsan\u00e1ndolos para facilitar su estudio; no obstante, manifest\u00f3 que, revisados los aspectos jur\u00eddicos denunciados, se observaba que los art\u00edculos tra\u00eddos a colaci\u00f3n no resultaban pertinentes para resolver la litis (34, 38, 39 y 140 del CST y 60 y 61 del CPTSS). <\/p>\n
Por otra parte, destac\u00f3: <\/p>\n
\u00ab[N]o puede decirse que el Tribunal dejara de aplicar los art\u00edculos 23 y 24 del CST, pilares centrales del debate, pues fuera de que hizo alusi\u00f3n directa a ellos y desarroll\u00f3 su contenido, les dio unos efectos jur\u00eddicos, cosa distinta, es que estos \u00faltimos hayan sido contrarios a los argumentos de la parte activa de la litis, ahora impugnante. En ese sentido es preciso se\u00f1alar que si el juez no desconoce por ignorancia o rebeld\u00eda las reglas que gobiernan las premisas f\u00e1cticas, sino que luego del an\u00e1lisis de las pruebas concluye que no hay lugar a su aplicaci\u00f3n, no puede incurrir en la modalidad de infracci\u00f3n directa (CSJ SL3829-2018). En conclusi\u00f3n, el resultado adverso a los recurrentes en ning\u00fan modo implica que el sentenciador plural haya dejado de aplicar los preceptos indicados\u00bb. <\/p>\n
Puntualiz\u00f3 que otro aspecto t\u00e9cnico que no cumpl\u00eda el cargo y, que era insoslayable, consist\u00eda en que dej\u00f3 de atacar todos los pilares sobre los que fundamenta la decisi\u00f3n el juzgador de segundo grado: <\/p>\n
\u00abAl respecto, v\u00e9ase que el tribunal afirm\u00f3 que los demandantes admitieron la celebraci\u00f3n de los contratos de prestaci\u00f3n de servicios y el pago de honorarios al finalizar la labor contratada, lo que significa que ellos incurrieron en una confesi\u00f3n, que le sirvi\u00f3 de estribo al juez colegiado para encontrar derruida la presunci\u00f3n de la que se quieren valer ellos. Tal aserto probatorio no fue atacado en el recurso, y por ello la Corte, en tanto act\u00faa como tribunal de casaci\u00f3n y atendiendo la presunci\u00f3n de acierto y legalidad que ampara la sentencia acusada, tiene el deber legal de considerar que el juez de segunda instancia cumpli\u00f3 esa funci\u00f3n y, por tanto, no se equivoc\u00f3 en la determinaci\u00f3n de los hechos relevantes del pleito. <\/p>\n
Tambi\u00e9n resulta notorio que el cargo no ataca un aspecto primordial para que el juez plural arribara a las conclusiones ya conocidas, esto es, el an\u00e1lisis del testimonio de Catherine Mart\u00ednez Sosa, seg\u00fan el cual, los actores s\u00ed prestaron servicios, pero mediante contratos de orden civil y por espacios cortos de tiempo, sin subordinaci\u00f3n, y sin disponibilidad entre cada evento o feria en la que prestaron servicios, afirmaciones estas que no fueron motivo de reparo por la parte recurrente, por supuesto, luego de que se encontrara establecido un error protuberante a partir de la prueba h\u00e1bil en sede casacional. Adem\u00e1s, ese testimonio le result\u00f3 \u00fatil al tribunal para dar por cierto que los distintos contratos de corte civil certificados por Corferias no implicaban el ocultamiento de un v\u00ednculo contractual laboral, conclusi\u00f3n que tampoco fue analizada en el embate\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 que el cargo por la v\u00eda de los hechos tambi\u00e9n deb\u00eda desestimarse, no solo porque incurri\u00f3 en los defectos t\u00e9cnicos, sino tambi\u00e9n porque no atac\u00f3 los ejes f\u00e1cticos esenciales de la decisi\u00f3n, ni se encamin\u00f3 eficientemente a acreditar que, contrario a lo afirmado por el fallador de segundo grado, estaban probados los requisitos m\u00ednimos para acceder a las pretensiones iniciales. <\/p>\n
As\u00ed concluy\u00f3 que, los fundamentos del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 no luc\u00edan contrarios a los l\u00edmites que le impone el art\u00edculo 61 del CPTSS, ya que de manera libre y razonada form\u00f3 su convencimiento a partir de los elementos probatorios obrantes en el expediente que v\u00e1lidamente pod\u00edan llevar a la conclusi\u00f3n de la inexistencia de un contrato de trabajo, a pesar de que los interesados si prestaron sus servicios, pero mediante diversos contratos civiles. <\/p>\n
5. De las anteriores consideraciones, advierte la Sala que la sentencia constitucional de primer grado habr\u00e1 de ser confirmada, comoquiera que no se evidenci\u00f3 desafuero o arbitrariedad manifiesta que revele la v\u00eda de hecho y el defecto sustantivo alegados y que imponga la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n, pues de un lado, como se vio, los demandantes no formularon adecuadamente los cargos del recurso extraordinario frente a la decisi\u00f3n del Tribunal Superior, lo que impidi\u00f3 que la Sala de Descongesti\u00f3n accionada se pronunciara de la manera esperada por aquellos. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, esas apreciaciones, no pueden tildarse de sesgadas o caprichosas, ya que obedecen a una leg\u00edtima interpretaci\u00f3n, avalada por el contexto particular que revelaba el proceso. En ese sentido, esta Corte ha se\u00f1alado que, <\/p>\n
6. Finalmente, no se observa el desconocimiento del precedente de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral Permanente, esto es, la providencia SL3616-2020 allegada por los accionantes, quienes afirmaron que se trataba de un \u00abcaso id\u00e9ntico\u00bb de un trabajador que tambi\u00e9n desarroll\u00f3 funciones al servicio de Corferias, pues los hechos all\u00e1 expuestos son distintos a los aqu\u00ed narrados, al punto que en primera instancia el Juzgado cognoscente declar\u00f3 que entre Corferias y el demandante existi\u00f3 un contrato de trabajo, entre el 21 de mayo de 2009 y el 6 de febrero de 2015 y conden\u00f3 a la empleadora al pago de unas sumas de dinero por diferentes conceptos, determinaci\u00f3n que fue modificada y adicionada por el ad quem al resolver los recursos de apelaci\u00f3n presentados por las partes; y la Sala de Casaci\u00f3n Laboral al resolver el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto por Corferias resolvi\u00f3 casar parcialmente la decisi\u00f3n del Tribunal y dispuso adicionar la sentencia de primer grado, en el sentido de condenar a Corferias al pago de la indemnizaci\u00f3n moratoria. <\/p>\n
En el aludido asunto, si bien la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, expuso igualmente el alcance del art\u00edculo 24 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo y refiri\u00f3 la jurisprudencia emitida sobre el tema, convalid\u00f3 lo decidido por el Tribunal con fundamento en los medios de convicci\u00f3n obrantes en el expediente, entre ellos, los testimonios, interrogatorios y certificaciones, lo que le permiti\u00f3 ratificar la existencia de la prestaci\u00f3n del servicio por parte del demandante en favor de Corferias. <\/p>\n
7. De conformidad con lo anterior, la sentencia constitucional impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida, en cuanto a Jes\u00fas Guillermo Rodr\u00edguez Garc\u00eda, y en lo referente Carolina Amaya Mart\u00ednez, por falta de legitimaci\u00f3n de la abogada Ruby Alexandra Celis Contreras, en tanto que adem\u00e1s de no allegar el poder para representar sus intereses, tampoco demostr\u00f3 que la agenciada oficiosa no estuviera en condiciones de ejercer directamente su propia defensa. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y, oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC3856-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC3856-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-02096-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de marzo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 26 de octubre […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-62361","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62361","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62361"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62361\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62361"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62361"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62361"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}