STC3868-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3868-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-00366-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de treinta de marzo dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., treinta (30) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Sala decide el resguardo constitucional promovido por Carlos Alberto Calle Uribe, en nombre de Jorge Uriel Escobar Herrera, contra la Sala Tercera de Decisi\u00f3n Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes del proceso con radicado 2020-00188. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El promotor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la defensa y al debido proceso, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
2.- En sustento de la queja, expuso los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1.- El 13 de agosto de 2021, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Medell\u00edn dict\u00f3 sentencia en el proceso verbal de responsabilidad civil contractual 2020-00188, instaurado por Jorge Uriel Escobar Herrera en contra de la sociedad General de Equipos de Colombia S.A. -GECOLSA S.A.-, en el cual resolvi\u00f3, entre otros, acceder parcialmente a las pretensiones, pues declar\u00f3 el incumplimiento y la resoluci\u00f3n del contrato de compraventa de la sociedad demandada, al igual que orden\u00f3 las restituciones mutuas. <\/p>\n
2.2.- Frente a la anterior decisi\u00f3n, los extremos procesales presentaron recursos de apelaci\u00f3n y, mediante sentencia del 24 de noviembre de 2021, la Sala Tercera de Decisi\u00f3n Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn revoc\u00f3 la determinaci\u00f3n de primera instancia, \u00abcondenando adem\u00e1s a la sociedad GECOLSA al pago de los perjuicios ocasionados al demandante\u00bb. <\/p>\n
2.3.- GECOLSA S.A. promovi\u00f3 una acci\u00f3n de tutela contra el fallo del ad quem natural (radicado 2021-04648), correspondi\u00e9ndole su conocimiento a esta Sala de Casaci\u00f3n, la cual, el 19 de enero de 2022, ampar\u00f3 los derechos de la actora, orden\u00e1ndole a la autoridad judicial accionada proferir una nueva decisi\u00f3n dentro de las siguientes 48 horas, fallo que fue impugnado. <\/p>\n
2.4.- El 31 de enero posterior, conforme a lo ordenado por esta Corporaci\u00f3n, el Tribunal accionado profiri\u00f3 nueva sentencia de segundo grado. <\/p>\n
2.5.- Cuestiona el actor que el estrado demandado incurri\u00f3 en violaci\u00f3n al debido proceso y al derecho de defensa, como quiera que \u00abprofiri\u00f3 sentencia acogiendo un fallo de tutela, sin que se resolviera por parte del Superior la impugnaci\u00f3n presentada\u00bb. <\/p>\n
4.- En prove\u00eddo ATC377-2022 del 23 de marzo del presente a\u00f1o se negaron los impedimentos manifestados por algunos de los magistrados de esta Sala para conocer del presente amparo. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1.- La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn se\u00f1al\u00f3 que, en cumplimiento de lo decidido en la sentencia de tutela STC075-2022 del 19 de enero de 2022, procedi\u00f3 a resolver nuevamente la alzada el 31 de enero siguiente. <\/p>\n
Destac\u00f3 que actu\u00f3 acorde con lo establecido en los art\u00edculos 31 y 37 del Decreto 2591 de 1991 y con base en la sentencia C-367 de 2014, toda vez que la impugnaci\u00f3n del fallo no suspende su cumplimiento y que, el pasado 23 de febrero, la Hom\u00f3loga Sala de Casaci\u00f3n Laboral confirm\u00f3 la sentencia de primer grado. <\/p>\n
2.- Quien asegur\u00f3 ser el apoderado de GECOLSA S.A. pidi\u00f3 negar las pretensiones de la tutela, por hecho superado, dado que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, mediante sentencia STL235-2022 del 23 de febrero del a\u00f1o que avanza, confirm\u00f3 la del 19 de enero de 2022. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En el sub examine, el actor, quien manifest\u00f3 actuar como apoderado de Jorge Uriel Escobar Herrera, alega la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales de este, por cuanto la autoridad judicial accionada profiri\u00f3 sentencia de segunda instancia, seg\u00fan lo ordenado por esta Sala, sin que se hubiera surtido la impugnaci\u00f3n contra el fallo STC075-2022. <\/p>\n
2.- Revisado el material probatorio, se evidencia la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, dado que el promotor no es el titular de los derechos fundamentales cuya vulneraci\u00f3n se atribuye al Colegiado convocado, no alleg\u00f3 poder especial que lo faculte para impetrar la presente tutela y no acredit\u00f3 las condiciones para actuar como agente oficioso. <\/p>\n
2.1.- En cuanto a la legitimaci\u00f3n en la causa en las acciones de tutela, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone que \u00abpodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, la jurisprudencia de la Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abla legitimaci\u00f3n de los abogados para instaurar la acci\u00f3n de tutela aduciendo representaci\u00f3n judicial o contractual, exige de la presencia de un poder especial para el efecto\u2026 <\/p>\n
\u00abDe este modo, cuando la acci\u00f3n de tutela se ejerce a t\u00edtulo de otro, es necesario contar con poder especial para legitimar su interposici\u00f3n. La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente. <\/p>\n
\u00abLa falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimaci\u00f3n por activa\u00bb (CSJ STC1042-2019) (Se subraya). <\/p>\n
Asimismo, debe resaltarse que, en torno a la \u00ablegitimaci\u00f3n por activa\u00bb de los apoderados, la Sala ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00ab(…) la persona habilitada constitucionalmente para promover la acci\u00f3n de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales. El profesional del derecho que la auspicia dentro del tr\u00e1mite de un determinado proceso es un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren presuntamente en v\u00edas de hecho al hacer pronunciamientos en el curso de la instrucci\u00f3n y fallo del mismo\u00bb (Se subraya) (STC 29 sep. 2003, rad 00245-01, reiterada en STC926-2018, STC4611- 2018, STC1042-2019). <\/p>\n
<\/p>\n
En ese orden, cuando una persona distinta del titular de las garant\u00edas que se consideran vulneradas acude en su representaci\u00f3n para solicitar la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, es necesario que est\u00e9 debidamente habilitada por la ley o que le haya sido otorgado poder especial para el efecto. A su turno, cuando se act\u00fae como agente oficioso se debe demostrar la imposibilidad f\u00edsica o ps\u00edquica del titular para intervenir en el tr\u00e1mite. <\/p>\n
2.2.- En cuanto al poder especial, de conformidad con la postura de la Corte Constitucional, \u00abes entendido, por las caracter\u00edsticas de la acci\u00f3n, que todo poder en materia de tutela es especial, vale decir, se otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u00bb (CC T-001\/97) (Se subraya). <\/p>\n
2.3.- Pues bien, en el presente asunto, el gestor no alleg\u00f3 el poder especial requerido para representar los intereses de quien presuntamente vio vulnerados sus derechos fundamentales y, por lo mismo, resulta inviable estudiar de fondo el ruego impetrado, a lo cual se suma que tampoco aleg\u00f3 ni acredit\u00f3 las condiciones para actuar en calidad de agente oficioso del supuesto afectado. <\/p>\n
3.- Con base en estas consideraciones, la Sala denegar\u00e1 la salvaguarda impetrada. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo reclamado, por improcedente. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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