STC3872-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3872-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-00868-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de treinta de marzo dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., treinta (30) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Sala decide el resguardo constitucional promovido por Luz Elena G\u00f3mez Osorio contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes en el proceso de radicado 2020-00044. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora, a trav\u00e9s de apoderada judicial, demand\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, igualdad, buen nombre, honra y trato con perspectiva de g\u00e9nero, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. En el 2000, Luz Elena G\u00f3mez Osorio celebr\u00f3 contrato de compraventa con Jorge Nelson y Jairo Wilson L\u00f3pez Morales sobre el inmueble denominado El Hoyo, identificado con matr\u00edcula inmobiliaria 017-8300 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Medell\u00edn1. <\/p>\n
2.2. El 6 de agosto de 2020, el Juzgado Primero Civil Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Antioquia admiti\u00f3 la demanda de restituci\u00f3n respecto de dicho predio promovida por Jorge Nelson y Jairo Wilson L\u00f3pez Morales, juicio en el que la tutelante present\u00f3 oposici\u00f3n2, que fue admitida el 9 de octubre siguiente3. <\/p>\n
2.3. Surtido el tr\u00e1mite del proceso, el 25 de octubre de 2021, la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia dict\u00f3 sentencia acogiendo las pretensiones de la demanda, pues se demostraron \u00ablos presupuestos sustanciales de sus pretensiones, sin que (\u2026) hayan sido desvirtuados por la opositora, quien por dem\u00e1s, no logr\u00f3 acreditar la buena fe exenta de culpa\u00bb4. <\/p>\n
2.4. El 30 de noviembre siguiente, la promotora formul\u00f3 solicitud de modulaci\u00f3n de la sentencia, en la cual pidi\u00f3 que se le reconociera la calidad de v\u00edctima, que le permitieran conservar el inmueble y se concediera a los solicitantes uno de similares caracter\u00edsticas5. <\/p>\n
2.5. En auto del 31 de enero de 2022, notificado el d\u00eda siguiente6, el \u00f3rgano colegiado neg\u00f3 lo peticionado, en raz\u00f3n a que la modulaci\u00f3n no ten\u00eda como fin reabrir el debate surtido ni \u00abla modificaci\u00f3n o revocatoria de lo all\u00ed decidido como si se tratara de un recurso contra la sentencia, el cual resulta a todas luces improcedente\u00bb7. En providencia del 17 de febrero de 2022, comunicada el 18 posterior8, el Tribunal se abstuvo de emitir un nuevo pronunciamiento frente a la modulaci\u00f3n, por haberse decidido con anterioridad9. <\/p>\n
2.6. En relaci\u00f3n con la determinaci\u00f3n adoptada, la actora censur\u00f3 que incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico, debido a la indebida valoraci\u00f3n probatoria, pues no se evidenci\u00f3 que la compraventa suscrita entre las partes estuviera viciada por el fen\u00f3meno de la violencia o por el conflicto armado ni que ello haya influido en el consentimiento del vendedor o que esto hubiera sido aprovechado por ella para adquirir irregularmente el bien. <\/p>\n
Indic\u00f3 que no se le otorg\u00f3 valor probatorio al mutuo celebrado con los hermanos L\u00f3pez Morales y al hecho de que, como consecuencia de este, tuvo que iniciar un proceso ejecutivo en su contra (radicado 1999-00354), lo que, en su criterio, demuestra que \u00abno hubo \u2018relaci\u00f3n de causa a efecto\u2019 en el negocio con la violencia generalizada, sino que por el contrario, el origen del negocio tuvo una motivaci\u00f3n totalmente diferente\u00bb, es decir, cancelar la deuda contra\u00edda, lo cual fue corroborado por los testimonios practicados en el proceso; adem\u00e1s, arguy\u00f3 que al afirmar que no obr\u00f3 con buena fe exenta de culpa quiere decir que actu\u00f3 de mala fe, conclusi\u00f3n que afecta su honra y buen nombre. <\/p>\n
Cuestion\u00f3 que no se le reconoci\u00f3 su calidad de v\u00edctima del conflicto, a pesar del suficiente material probatorio, con lo cual se vulner\u00f3 su derecho fundamental a la igualdad, y que no se analiz\u00f3 el caso con perspectiva de g\u00e9nero. <\/p>\n
Igualmente, destac\u00f3 que no se presentaron los fen\u00f3menos del despojo o abandono forzado, conforme a lo estipulado en la Ley 1448 de 2011, porque los se\u00f1ores L\u00f3pez Morales, si bien se fueron de la zona, lo hicieron a desarrollar proyectos de cultivos de papa y \u00abcontinuaron con la administraci\u00f3n del predio ya que lo dio en arriendo y continuo su contacto directo sobre el mismo, el predio no sufri\u00f3 abandono\u00bb. Con base en ello, consider\u00f3 que no se aplicaron correctamente las presunciones de que trata el art\u00edculo 77 ibidem, como quiera que, en primer lugar, Jorge Nelson y Jairo Wilson no pod\u00edan amparar su petici\u00f3n en el estado de necesidad generado por la venta del inmueble; y, en segundo lugar, porque \u00abno existe congruencia o relaci\u00f3n de temporalidad entre la fecha del arrendamiento del inmueble y traslado de los solicitantes a otro municipio (\u2026) y la venta del inmueble\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, afirm\u00f3 que no le hab\u00edan \u00abnotificado la providencia que resolvi\u00f3 la solicitud de Modulaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, inst\u00f3 que se revoque la sentencia del 25 de octubre de 2021, se declare que no se dan los presupuestos para la restituci\u00f3n invocada y, en consecuencia, se deje sin efectos la orden de entrega material del inmueble. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Sala accionada argument\u00f3 que no se acept\u00f3 la oposici\u00f3n por no acreditar el actuar con buena fe exenta de culpa ni las condiciones para ser segunda ocupante; que la solicitud de modulaci\u00f3n fue resuelta el 31 de enero de 2022 y reiterada el 17 de febrero siguiente; y que no se cumpl\u00eda con el requisito de subsidiariedad, por cuanto no se interpuso recurso contra el auto que resolvi\u00f3 dicha petici\u00f3n. <\/p>\n
2. La Oficina Asesora Jur\u00eddica de la Unidad Administrativa Especial para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas inform\u00f3 que Luz Elena G\u00f3mez Osorio se encuentra incluida en el Registro \u00danico de V\u00edctimas -RUV, desde el 5 de abril de 2014, \u00abbajo el marco normativo del Decreto 1290 del 2008 (\u2026) por el hecho victimizante de homicidio de Samuel Jos\u00e9 G\u00f3mez Osorio\u00bb y sostuvo que la entidad no ten\u00eda legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
3. La directora jur\u00eddica de Restituci\u00f3n de la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Tierras Despojadas -UAEGRTD, la Oficina Asesora Jur\u00eddica de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Notar\u00eda \u00danica de La Ceja (Antioquia) alegaron, igualmente, falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
4. El gerente de Catastro Departamental de la Gobernaci\u00f3n de Antioquia esgrimi\u00f3 que, en cumplimiento de lo ordenado en la sentencia atacada, emiti\u00f3 el acto administrativo 59609 del 17 de diciembre de 2021, para la actualizaci\u00f3n del folio de matr\u00edcula 017-8300. <\/p>\n
5. La Procuradora 18 Judicial II de Restituci\u00f3n de Tierras de Medell\u00edn arguy\u00f3 el \u00f3rgano colegiado realiz\u00f3 un an\u00e1lisis objetivo y juicioso de la normatividad aplicable, del precedente jurisprudencial y de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, adem\u00e1s realiz\u00f3 un estudio imparcial de las pruebas \u00absin que pueda evidenciarse una contradicci\u00f3n evidente o grosera entre los fundamentos y la decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el caso sub examine, la accionante persigue la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales que considera vulnerados por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia, con ocasi\u00f3n del fallo del 25 de octubre de 2021, por medio del cual se decret\u00f3 la restituci\u00f3n del inmueble denominado El Hoyo a favor de Jorge Nelson y Jairo Wilson L\u00f3pez Morales y se desestim\u00f3 la oposici\u00f3n planteada, por cuanto, en su criterio, incurri\u00f3 en un defecto f\u00e1ctico por indebida valoraci\u00f3n probatoria del mutuo celebrado entre las partes que fue la causa real de la venta, porque los hechos alegados sobre el supuesto abandono y despojo del inmueble objeto del litigio no se dieron, as\u00ed como porque no se consider\u00f3 su calidad de v\u00edctima, no se resolvi\u00f3 el asunto con perspectiva de g\u00e9nero y por no notificarle la decisi\u00f3n frente a la modulaci\u00f3n solicitada. <\/p>\n
2. En primer lugar, resulta indispensable puntualizar que la acci\u00f3n de tutela es improcedente para reabrir los asuntos ya propuestos y decididos en los respectivos procesos judiciales, pues de interpretarse de esa manera las reglas que regulan este mecanismo no solo se desconocer\u00eda la instituci\u00f3n de la cosa juzgada, sino que se quebrantar\u00edan los principios de la autonom\u00eda e independencia de los jueces; en ese orden, la jurisprudencia constitucional ha considerado que solo excepcionalmente se puede acudir a la protecci\u00f3n ius fundamental, en el evento en que el juzgador adopte una determinaci\u00f3n totalmente alejada de lo atendible, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del ciudadano. <\/p>\n
3. Sobre el particular, se observa que el Tribunal accionado, al proferir sentencia en el proceso de marras, expuso motivadamente las razones por las cuales consider\u00f3 que hab\u00eda lugar a amparar el derecho fundamental a la restituci\u00f3n de tierras de los reclamantes, declarar impr\u00f3spera la oposici\u00f3n de la ahora tutelante y negarle la compensaci\u00f3n, por no hallar acreditada la buena fe exenta de culpa. <\/p>\n
3.1. En este sentido, empez\u00f3 por establecer el contexto general de violencia del municipio de La Uni\u00f3n, Antioquia, donde se ubica el predio objeto de restituci\u00f3n, para lo cual cit\u00f3 informes de la UAEGRTD y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, como tambi\u00e9n el relato de los solicitantes y el testimonio de Juan Carlos Vallejo Tabares, quien fungi\u00f3 como funcionario p\u00fablico entre los a\u00f1os 1990 y 2000 en ese municipio, entre otros, frente a lo cual concluy\u00f3 que el conflicto en la zona era un hecho notorio, debido al accionar terrorista de las Farc-EP, el frente Carlos Alirio Buitrago del ELN, los grupos de paramilitares y la delincuencia com\u00fan, los cuales generaron una situaci\u00f3n de zozobra en la poblaci\u00f3n por los diversos secuestros, extorsiones, desplazamientos forzados, asesinatos y dem\u00e1s eventos cometidos en la \u00faltima d\u00e9cada del siglo pasado. <\/p>\n
De cara a la forma en que esto afect\u00f3 a los reclamantes indic\u00f3 que sufrieron amenazas de muerte e intimidaciones por parte de grupos armados que operaban en la zona, particularmente, la guerrilla, <\/p>\n
\u00ab\u2026quienes seg\u00fan lo manifestaron en declaraci\u00f3n rendida en audiencia, tambi\u00e9n los extorsionaron luego de haber sido objeto de otra extorsi\u00f3n por parte de un grupo de delincuencia com\u00fan que se hac\u00edan pasar por guerrilleros, situaci\u00f3n que les gener\u00f3 un insuperable temor para desplazarse y consecuencialmente, tomar pr\u00e9stamos de dinero con entidades bancarias y personas naturales para cubrir otros cultivos de papa que para ese momento ten\u00edan en arriendo en Santa Rosa de Osos, abandonar la finca \u2018El Hoyo\u2019 y seguidamente darla en arriendo a ADRI\u00c1N G\u00d3MEZ (refiri\u00e9ndose a JOS\u00c9 ADRI\u00c1N G\u00d3MEZ VALENCIA), y con ello tratar de subsistir durante su desplazamiento en la municipalidad de Envigado a donde tuvieron que llegar a pagar arriendo, empero las deudas, los cobros y embargos de los que fueron objeto durante dicho lapso, no les permitieron seguir adelante y ante el estado de necesidad en el que se encontraban y debido al embargo a trav\u00e9s de proceso del que fueron objeto por parte de LUZ ELENA G\u00d3MEZ OSORIO, se vieron obligados a despojarse jur\u00eddicamente a trav\u00e9s de la Escritura P\u00fablica de venta N\u00b0 836 del 15 de agosto de 2000\u00bb. <\/p>\n
3.2. A continuaci\u00f3n, sobre el estatus de v\u00edctimas de los hermanos L\u00f3pez Morales y de su n\u00facleo familiar, el Tribunal consider\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00abCon lo hasta ac\u00e1 decantado, acreditada se encuentra la calidad de v\u00edctimas del conflicto armado de las que fueron objeto los hermanos L\u00f3pez Morales en el municipio de La Uni\u00f3n, asunto que adem\u00e1s encuentra respaldo probatorio con el oficio DJT del 24 de julio de 2018 de la Direcci\u00f3n de Justicia Transicional, con destino a la Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras de Antioquia, en la cual informan que consultado el SIJYP No. 192482, Jorge Nelson L\u00f3pez Morales se reporta registrado como v\u00edctima de desplazamiento forzado del municipio de La Uni\u00f3n en fecha 01\/12\/1996 por hechos atribuibles a las AUC, el reporte VIVANTO y SIPOD en los que se registra a Jorge Nelson L\u00f3pez Morales y Jairo Wilson L\u00f3pez Morales, respectivamente, como v\u00edctimas de desplazamiento forzado del municipio de La Uni\u00f3n, por hechos sufridos el 15\/01\/1998 atribuibles a grupos guerrilleros. <\/p>\n
Respecto de la discrepancia institucional que se reporta en la \u00e9poca de su desplazamiento y el de su familia, de un lado en el a\u00f1o 1996 por hechos atribuibles a las AUC y de otro lado en 1998 por hechos endilgados a la guerrilla, Jorge Nelson L\u00f3pez Morales en audiencia aclar\u00f3 que ello se debe a que el desplazamiento por ellos padecido, lo fue de manera c\u00edclica, pues si bien en un dado salieron \u2018con los corotos en un carro\u2019 all\u00ed quedaron las casas, los carros, los tractores \u2018hab\u00eda qu\u00e9 enajenar, era una cosa que hac\u00edan pr\u00e1cticamente a trav\u00e9s de tel\u00e9fono\u2019, no obstante siguieron trabajando de manera intermitente algunos predios, pr\u00e1cticamente el \u00faltimo que abandonaron fue \u2018la tierra donde est\u00e1 Luz Elena, que en el 97 arrendaron a Adri\u00e1n G\u00f3mez\u2019 quedando algunas otras tierra abandonadas en el a\u00f1o 1998, cuando ya se encontraban en Envigado desde 1996, es decir, que para 1996 ya se hab\u00edan desplazado, como en igual sentido lo afirm\u00f3 Jairo Wilson L\u00f3pez Morales\u00bb (Subraya esta Sala). <\/p>\n
En ese orden, determin\u00f3 que, \u00abdel material probatorio estudiando en antelaci\u00f3n, refulge como probado que Jorge Nelson y Jairo Wilson L\u00f3pez Morales y su respectivo n\u00facleo familiar, ostentan la calidad de v\u00edctimas a la luz de los art\u00edculos 3 y 74 de la Ley 1448 de 2011, en los t\u00e9rminos y bajo las condiciones como se dej\u00f3 explicado\u00bb. <\/p>\n
3.3. Concretamente, sobre los actos victimizantes alegados por los hermanos, el Colegiado tuvo en cuenta para su acreditaci\u00f3n la declaraci\u00f3n rendida por Jorge Nelson L\u00f3pez Morales ante la Unidad Permanente para los Derechos Humanos en convenio con la Personer\u00eda de Medell\u00edn en 2008, en la que refiri\u00f3: <\/p>\n
\u00abser agricultor y ganadero desde hace 25 a\u00f1os hasta el viernes 2 de enero de 1998 en que tuvo que abandonar La Uni\u00f3n (Ant.), su lugar de residencia por motivos de amenazas, se\u00f1al\u00f3 que todo inici\u00f3 en el mes de marzo de 1992, cuando grupos que se hac\u00edan llamar guerrilleros de las FARC de la vereda Santa Rita comenzaron a extorsionarlos, hechos que denunciaron en la inspecci\u00f3n de la vereda La Madera quienes le dieron conocimiento al municipio de El Carmen de Viboral de donde se remiti\u00f3 al municipio de Rionegro, quienes organizaron un operativo y dieron captura a 2 personas \u2018al parecer de delincuencia com\u00fan que se hac\u00edan pasar por guerrilleros\u2019; posteriormente en el mes de octubre de ese mismo a\u00f1o \u2018llegaron hombres del monte pertenecientes a la guerrilla\u2019 exigi\u00e9ndoles la suma de $70.000.000 que deb\u00edan entregarles as\u00ed fuera la mitad en 15 d\u00edas y para el restante le daban otro tiempo, suponiendo que los que cobraban, se lo estaban robando \u2018y no se lo estaban entregando a los jefes\u2019, porque en ese mismo mes de octubre cuando fueron a cobrarle, se encontraron con otro grupo de hombres de la guerrilla \u2018que los estaban siguiendo y en ese mismo momento los asesinaron a todos\u2019, \u00faltimos que fueron a pedirles que les consiguieran armas, pero como ellos no quer\u00edan involucrarse en esos los \u2018empezaron a amenazar\u2019. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que por unos meses estuvieron tranquilos dada la presencia del ej\u00e9rcito en la zona, pero a los meses volvieron a extorsionarlos, raz\u00f3n por la que, en b\u00fasqueda de otras alternativas, empezaron a trabajar tierras alquiladas en Santa Rosa de Osos \u2018trabajando en ambas partes\u2019 por un lapso \u2018de dos a\u00f1os tranquilamente\u2019 hasta que la guerrilla trat\u00f3 de ubicarlos, raz\u00f3n por la que decidieron irse para Envigado \u2018traslad\u00e1ndonos frecuentemente a donde ten\u00edamos los cultivos\u2019. <\/p>\n
Relat\u00f3 que en el a\u00f1o 1996 empezaron a meterse los paramilitares \u2018tanto a La Uni\u00f3n como a Santa Rosa\u2019 quienes les exig\u00edan dinero, los se\u00f1alaban como colaboradores de la guerrilla, persigui\u00e9ndolos hasta que se vieron obligados \u2018a pagarles un porcentaje por cada cultivo, todo bajo amenazas de que si no les pagaban no pod\u00edan seguir trabajando\u2019, por lo que cansado de toda esa presi\u00f3n y persecuci\u00f3n de las autodefensas en la que asesinaron a miembros de su familia como GERARDO, MARIO, FRAN L\u00d3PEZ entre otros muchos ganaderos y comerciantes de La Uni\u00f3n, decidi\u00f3 desplazarse de esta \u00faltima municipalidad (\u00e1rea urbana) el jueves 15 de enero de 1998 a Envigado (Ant.)\u00bb. <\/p>\n
Por otra parte, consider\u00f3 la ampliaci\u00f3n de la solicitud ante la UAEGRTD de junio de 2018, en la que agreg\u00f3 que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) como en el a\u00f1o 1992 comenzaron los problemas de vacuna con la guerrilla, tuvieron que abandonar \u2018unos predios en el municipio del Carmen de Viboral\u2019, que era vecino del municipio de La Uni\u00f3n, \u00faltimo donde en el a\u00f1o 1994 empezaron a matar a compa\u00f1eros de la misma regi\u00f3n \u2018como los difuntos FRANK L\u00d3PEZ, FABIO ECHEVERRY, SAMUEL G\u00d3MEZ Y DAR\u00cdO MESA y le volaron la casa a un primo MARIO L\u00d3PEZ estando dos de sus hijos adentro que fallecieron a causa del atentado, tambi\u00e9n asesinaron a un primo segundo GERARDO L\u00d3PEZ\u2019. Agreg\u00f3 que en esa misma \u00e9poca comenz\u00f3 a recibir amenazas por parte del noveno frente de las FARC quienes ten\u00edan una lista de supuestos colaboradores apareciendo \u00e9l en ella \u2018porque hab\u00edan (sic) compa\u00f1eros que tra\u00edan esa informaci\u00f3n\u2019, al enterarse, llevaba en el d\u00eda a sus padres a la finca El Hoyo \u2018que es\u2026muy escondida\u2019 y se iba a visitar los cultivos y los predios, que en esos d\u00edas que los llev\u00f3, los guerrilleros bajaron a la finca (El Hoyo) donde preguntaron por \u00e9l por lo que sus (sic) pap\u00e1 les dijo que no estaba \u2018que estaba de viaje\u2019, le indagaron que cu\u00e1ndo regresaba y que como sal\u00edan directo a la vereda Vera Cruz, que ese mismo d\u00eda asesinaron a su primo segundo Fran L\u00f3pez y que ah\u00ed fue cuando tomaron la decisi\u00f3n de desplazarse para Envigado llegando en arriendo al apartamento de su prima \u2018Martha L\u00f3pez\u2019, all\u00ed se quedaron sus padres y ellos se fueron al municipio de Santa Rosa a trabajar en agricultura con unos compa\u00f1eros que se hab\u00edan desplazado antes; all\u00ed trabajaron por dos a\u00f1os hasta que llegaron los paramilitares y les empezaron a pedir vacuna, infiltr\u00e1ndose los guerrilleros como trabajadores \u2018campesinos en cultivos\u2019 los empezaban a buscar \u2018y a preguntar por nosotros \u2026 como intentos de secuestro, por eso tuvieron que dejar abandonado todo eso, el ganado que ten\u00edan en Santa Rita y La Uni\u00f3n en gran parte se lo llev\u00f3 la guerrilla y lo poco que se salv\u00f3 lo vendieron a bajo precio \u2018ya por orden de los grupos armados no pod\u00edamos estar ah\u00ed, porque no pag\u00e1bamos la vacuna de setenta millones que nos ped\u00edan\u2019, que a causa del desplazamiento, no pudieron seguir pagando los cr\u00e9ditos que ten\u00edan con los bancos \u2018Agrario, Ganadero y Bancolombia\u2019 siendo objeto de embargos que no lograron culminarse con el remate \u2018por la protecci\u00f3n de los predios\u2019, no obstante agreg\u00f3 que el predio \u2018El Hoyo\u2019 y una casa en La Uni\u00f3n, tuvieron que venderlas para pagar los cr\u00e9ditos de consumo de productos agropecuarios y dinero en efectivo que hab\u00edan invertido en los mismos cultivos, el primero, lo vendieron en el a\u00f1o 2000 a la se\u00f1ora Luz Elena G\u00f3mez con quien ten\u00edan un pr\u00e9stamo que no pod\u00edan seguir pagando \u2018por los desplazamientos que tuvimos a causa del conflicto\u2019\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
Adicionalmente, destac\u00f3 que en la declaraci\u00f3n rendida por Jorge Nelson ante el Juzgado ratific\u00f3 lo referido y: <\/p>\n
\u00abSostuvo que cuando dejaron abandonado el predio \u2018El Hoyo\u2019 de la vereda Chalarca del municipio de La Uni\u00f3n, al poco tiempo, como en el a\u00f1o 1997, se lo arrendaron al se\u00f1or ADRI\u00c1N G\u00d3MEZ quien pod\u00eda trabajar en la zona sin inconveniente alguno porque no ten\u00eda problemas con esa gente (refiri\u00e9ndose a la guerrilla), fue correcto en los pagos con los cuales cubr\u00edan el arriendo en el municipio de Envigado a donde se hab\u00edan ido desplazados y fue la persona quien posteriormente, en el a\u00f1o 2000, hizo la entrega del predio a la se\u00f1ora LUZ ELENA G\u00d3MEZ OSORIO, con quien hab\u00eda negociado el predio porque no tuvieron m\u00e1s opci\u00f3n, pues el predio ya se lo hab\u00eda embargado y solo ten\u00edan tres salidas o pagarle o llegar a un arreglo con ella o llegar al remate, optando por la segunda para poder cancelarle la deuda y quedar bien, negocio que dijo fue m\u00e1s manipulado pr\u00e1cticamente o impuesto, era tanto y listo, no era el m\u00e1s adecuado para la \u00e9poca, pero ya no hab\u00eda nadie m\u00e1s que les comprara, entonces hubo que hacerlo de esa manera, negocio al que dijo accedi\u00f3 por la imposibilidad en la que se encontraba para pagar las deudas que ten\u00eda y que si bien ella no lo amenaz\u00f3 para ello, la presi\u00f3n que sinti\u00f3 fue por el embargo, indicando que \u2018si hubiera sido en otras circunstancias, no hubiera querido vender ese lote, lo hice por quedar bien con ella\u2019 y porque con el dinero que se logr\u00f3 negociar pag\u00f3 no todas pero s\u00ed una parte de las otras obligaciones que ten\u00eda con las entidades financieras a quienes tambi\u00e9n les deb\u00eda \u2018Luz Elena se encarg\u00f3 de organizar esas deudas para poder hacer la escritura p\u00fablica\u2019; fundo que recibi\u00f3 de ADRI\u00c1N con una casa de habitaci\u00f3n y abierto en pastos para sostener el ganado y producir leche\u00bb (Subraya esta Sala) <\/p>\n
Igualmente, resalt\u00f3 lo testificado por Jairo Wilson L\u00f3pez ante el juez instructor, dando cuenta de los mismos hechos mencionados, de la violencia generada por grupos paramilitares, guerrilla y delincuencia com\u00fan, de las extorsiones de las que fueron v\u00edctimas. Narr\u00f3 que <\/p>\n
\u00ab\u2018Los Elenos\u2019 llegaron a la finca El Hoyo en Chalarca (\u2026) los que se encontraban all\u00ed dando vuelta al predio porque viv\u00edan cerca del fundo, en el \u00e1rea urbana del municipio, era su pap\u00e1 JES\u00daS ELADIO L\u00d3PEZ, su mam\u00e1 MYRIAM DE JES\u00daS MORALES DE L\u00d3PEZ y su hermana ALBA ROC\u00cdO L\u00d3PEZ MORALES que se encontraba para ese momento de visita porque viv\u00eda en Cartagena, a quienes les preguntaron que por d\u00f3nde quedaba la salida a Cruz Roja, que ese mismo d\u00eda fue cuando asesinaron en La Uni\u00f3n al se\u00f1or FABIO ECHEVERRI y DAR\u00cdO MESA \u2018algo as\u00ed\u2019, por eso cree que ese d\u00eda iban directamente en b\u00fasqueda de ellos \u2018tambi\u00e9n para matarlos\u2019 para mi iban era a matar pues all\u00ed, adem\u00e1s de los anteriores, hubo otros varios objetivos militares como FRANK L\u00d3PEZ, GERARDO L\u00d3PEZ y RUB\u00c9N MESA situaci\u00f3n que dijo ocurri\u00f3 aproximadamente en el a\u00f1o 1996 no recuerda bien y que en vista de todo eso, toda la familia sali\u00f3 de La Uni\u00f3n desplazada para Envigado dejando el predio abandonado, no recuerda si despu\u00e9s de eso la finca estuvo arrendada pues (\u2026) su hermano NELSON (refiri\u00e9ndose a JORGE NELSON) era el que se encargaba de esa situaci\u00f3n… <\/p>\n
Aclar\u00f3 que, si bien antes del desplazamiento tambi\u00e9n ten\u00edan prestamos adquiridos con bancos, eran destinados para los cultivos de papa, entre otros varios frentes de cultivos que ten\u00edan, adquiridos para los ba\u00f1os, los riegos, los abonos los cuales pagaban sin inconveniente alguno y de manera puntual cuando recolectaban los cultivos, pero despu\u00e9s vino lo de la violencia sosteni\u00e9ndose para ese momento con el cultivo de papa en Santa Rosa de Osos, el cual fue embargado y secuestrado por LUZ ELENA G\u00d3MEZ y para liberar el mismo m\u00e1s no por amenazas directas, se vieron obligados a vender el predio El Hoyo que tambi\u00e9n ten\u00eda embargado para ese momento, refiriendo que la presi\u00f3n fue por el embargo\u00bb. <\/p>\n
3.4. Sobre la temporalidad del desplazamiento y\/o abandono forzado afirm\u00f3 que, seg\u00fan lo declarado, se dio en 1996 y que el despojo jur\u00eddico, derivado de la venta del inmueble ocurri\u00f3 en 2000, \u00ab\u2026como consecuencia del embargo decretado sobre el inmueble y los cultivos de papa de los reclamantes en virtud del proceso ejecutivo singular adelantado en el Juzgado Civil Circuito de la Ceja (Ant.) por LUZ ELENA G\u00d3MEZ, y las dem\u00e1s deudas que ten\u00edan en su contra las cuales dado su estado de necesidad en virtud del desplazamiento, no pudieron hacerse cargo de las mismas, vi\u00e9ndose obligados de esta manera a salir del inmueble\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, precis\u00f3 que la declaraci\u00f3n de las v\u00edctimas estaba protegida por las presunciones de veracidad y buena fe y, al no encontrar \u00abdemostrativa distinta por la parte opositora, cuyas pruebas por el contrario respaldan los argumentos de reclamaci\u00f3n en restituci\u00f3n\u00bb, advirti\u00f3 que \u00abse entiende cumplido lo estipulado en el art\u00edculo 75 de la Ley 1448 de 2011, al comprenderse los hechos narrados en el lapso del 1\u00ba de enero de 1991 hasta el t\u00e9rmino de vigencia de la se\u00f1alada ley, ello en consonancia con lo dispuesto en el art\u00edculo 5\u00b0 de la Ley 2078 de 2021\u00bb, sumado a que estaba acreditada la calidad de propietarios que ten\u00edan los reclamantes sobre el predio en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
3.5. Ahora bien, en particular sobre los argumentos de la opositora, destac\u00f3 que aleg\u00f3 que ella tambi\u00e9n era v\u00edctima del conflicto, pues en 1992 y 1993 perdi\u00f3 a un hermano y su padre, en 1996 \u00abfue sacada a la fuerza de su residencia y secuestrada por el grupo armado frente CARLOS ALIRIO BUITRAGO del ELN, (\u2026) raz\u00f3n por la que tuvieron que pagar la extorsi\u00f3n a cambio de su libertad 16 d\u00edas despu\u00e9s de su retenci\u00f3n, adem\u00e1s de que durante 1985 a 1993, recib\u00edan llamadas exigiendo pagos extorsivos, de los cuales nunca accedieron a ellos\u00bb. Tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 que prest\u00f3 un dinero a los reclamantes y que, ante las deudas, \u00abno tuvieron otra opci\u00f3n que vender la finca El Hoyo, la cual durante varios meses duraron ofreci\u00e9ndola a varias personas (\u2026) hasta que finalmente ella accedi\u00f3 a la negociaci\u00f3n, entre otras razones, para no perder el dinero\u00bb. A su vez, manifest\u00f3 que pag\u00f3 el precio real de la tierra para ese momento y que ellos nunca le indicaron que vend\u00edan por presiones derivadas del conflicto, m\u00e1s bien lo hicieron por \u00absus malos negocios, por sus improvisaciones, su desorden, gastos excesivos para su capacidad\u00bb, m\u00e1xime no abandonaron el predio, dado que continu\u00f3 arrendado y recib\u00edan la contraprestaci\u00f3n correspondiente. <\/p>\n
3.5.1. De cara a lo expuesto, el \u00f3rgano colegiado estableci\u00f3 que no era suficiente para desvirtuar lo dicho por las v\u00edctimas, toda vez que: <\/p>\n
\u00abse puede colegir que si bien LUZ ELENA G\u00d3MEZ OSORIO, pese a no haber tenido relaci\u00f3n alguna o nexo que la involucre con el desplazamiento de los reclamantes del predio El Hoyo ubicado en la vereda Chalarca del municipio de La Uni\u00f3n, no as\u00ed se puede indicar lo mismo respecto del despojo jur\u00eddico del fundo suscitado el 15 de agosto de 2000 con la Escritura P\u00fablica 836 de la Notar\u00eda \u00fanica de La Ceja, la cual como ya se hab\u00eda referido en l\u00edneas precedentes, surgi\u00f3 como consecuencia del embargo registrado el 30 de septiembre de 1999 producto del proceso ejecutivo singular adelantado en el Juzgado Civil del Circuito de la Ceja (Ant.) por la se\u00f1ora G\u00d3MEZ OSORIO contra JORGE NELSON L\u00d3PEZ MORALES, seguido de otra medida cautelar de embargo registrada el 16 de noviembre de 1999 esta vez por proceso de igual naturaleza adelantado en el mismo juzgado por CONFIAR COOPERATIVA contra JAIRO WILSON L\u00d3PEZ MORALES. <\/p>\n
Situaci\u00f3n que, conforme a la prueba recaudada, m\u00e1s a\u00fan con la declaraci\u00f3n de los reclamantes y la rendida por la misma G\u00d3MEZ OSORIO, esta \u00faltima s\u00ed tuvo tanto injerencia como participaci\u00f3n, aceptando ser la promotora del proceso ejecutivo en contra de los hermanos L\u00d3PEZ MORALES, como consecuencia de una deuda que los mismos hab\u00edan adquirido para con ella y de la cual le manifestaron que no pod\u00edan pagar. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala toma como fecha probable del aludido pr\u00e9stamo, la de 1996, cual fue la referida por los reclamantes y en la que se dio su desplazamiento del municipio de La Uni\u00f3n para Envigado adquiriendo pr\u00e9stamos para subsistir, am\u00e9n de que fue el mismo a\u00f1o en que dieron en arriendo el predio \u2018El Hoyo\u2019 a JOS\u00c9 ADRIAN G\u00d3MEZ VALENCIA como este \u00faltimo hubo de aceptarlo en su declaraci\u00f3n, y ser la data que se aproxima a la tambi\u00e9n referida por la misma G\u00d3MEZ OSORIO. <\/p>\n
Deuda que como se denota, fue adquirida en raz\u00f3n al estado de necesidad que los reclamantes refirieron les gener\u00f3 el hecho del desplazamiento y con la que (\u2026) buscaban lograr un producido de papa en las tierras que tomaron en arriendo en Santa Rosa de Osos, empero que no pudieron sacar avante dado a que dicho cultivo fue objeto de secuestro por parte de G\u00d3MEZ OSORIO, as\u00ed como tambi\u00e9n lo fue el predio El Hoyo objeto de reclamaci\u00f3n, situaci\u00f3n que no logr\u00f3 ser desvirtuada por la parte opositora con la prueba testimonial, pues la misma no dio cuenta de nada ni del pr\u00e9stamos adquirido por los L\u00d3PEZ MORALES, ni del proceso que promovi\u00f3 en contra de estos, menos a\u00fan con la declaraci\u00f3n de DANIEL EL\u00cdAS RAM\u00cdREZ CALLE quien pese haber aconsejado a LUZ ELENA G\u00d3MEZ para que aceptara el predio como forma de pago, refiri\u00f3 desconocer que LUZ ELENA G\u00d3MEZ los hab\u00eda embargado, menos a\u00fan con la prueba documental, la que solo dio cuenta del proceso ejecutivo iniciado por esta \u00faltima en contra de los hermanos L\u00d3PEZ MORALES y la medida cautelar de secuestro registrada sobre el inmueble, la misma por la que los solicitantes dijeron se vieron obligados a vender el inmueble para liberar el secuestro que reca\u00eda sobre el cultivo de papa y el inmueble en comento y para zanjar de una vez por todas la deuda que ten\u00edan con LUZ ELENA, entre otras que ten\u00edan con CONFIAR, las cuales la opositora en su declaraci\u00f3n acept\u00f3 haber cubierto con el pago efectuado por el inmueble para liberarlo y as\u00ed poder hacer escrituras. <\/p>\n
En este punto cabe precisar que muy a pesar que para el momento de la negociaci\u00f3n LUZ ELENA G\u00d3MEZ dijo no saber que los reclamantes se hab\u00edan ido desplazados por situaciones de violencia nunca me di por enterada de que a ellos los estuvieran extorsionando grupos al margen de la ley, presumiendo que se fueron por las deudas que ten\u00edan como en igual sentido lo afirmaron los deponentes JOS\u00c9 ADRIAN G\u00d3MEZ VALENCIA, DANIEL EL\u00cdAS RAM\u00cdREZ CALLE, MARLENE BOTERO BOTERO y MAR\u00cdA DORA LARA ARIAS, a ninguno les const\u00f3 de manera directa la real situaci\u00f3n padecida por JORGE NELSON y JAIRO WILSON L\u00d3PEZ MORALES, la que s\u00ed hubo de referir el testigo JUAN CARLOS VALLEJO TABARES, por lo menos en cuanto a la suscitada con relaci\u00f3n a los predios que ellos y su familia ten\u00edan en El Carmen de Viboral muy cercanos a los de La Uni\u00f3n donde se encontraban domiciliados, adem\u00e1s del contexto b\u00e9lico padecido por los pobladores de esta \u00faltima municipalidad, cobrando de esta manera certeza lo afirmado por los reclamantes en cuanto a su desplazamiento, as\u00ed como el estado de necesidad en la que se encontraban para aquel entonces y la presi\u00f3n del embargo que fue la determinante para despojarse jur\u00eddicamente del predio El Hoyo objeto del proceso. <\/p>\n
Quedando en evidencia, por dem\u00e1s, que G\u00d3MEZ OSORIO lo \u00fanico que quer\u00eda era no perder el dinero que les hab\u00eda prestado a los reclamantes como hubo de aceptarlo en audiencia, obligaci\u00f3n que it\u00e9rese, fue adquirida por estos durante su desplazamiento, optando entonces como forma de pago, la venta del predio El Hoyo el cual hab\u00eda embargado previamente LUZ ELENA en el a\u00f1o 1999, inmueble del que si bien dijo haber negociado en la suma de $67.000.000, ninguna prueba trajo para respaldar lo verdaderamente cancelado por \u00e9l, adem\u00e1s de que en la Escritura P\u00fablica 836 de fecha 15 de agosto de 2000 de la Notar\u00eda \u00danica de La Ceja, se reporta como valor de la negociaci\u00f3n la suma de $25.400.000, sin que entonces comprobara la falta de lesi\u00f3n enorme elevada como excepci\u00f3n. Lo que, s\u00ed hubo de acreditar, pues as\u00ed lo aceptaron los reclamantes, es que, dentro del monto pactado, la opositora procedi\u00f3 a cancelar otras obligaciones financieras que los L\u00d3PEZ MORALES ten\u00edan, as\u00ed como que recibieron de esta un excedente en dinero. <\/p>\n
Negociaci\u00f3n que valga la pena recordar, se hizo con total desconocimiento de la situaci\u00f3n de orden p\u00fablico vivido en el municipio y de la cual, ella tambi\u00e9n dijo haber sido v\u00edctima de secuestro, negando haber sido objeto de extorsiones, por lo que con su declaraci\u00f3n desminti\u00f3 lo afirmado en su escrito de contradicci\u00f3n en este particular asunto. Y ser\u00eda del caso entrar a estudiar su condici\u00f3n de v\u00edctima a la luz del art\u00edculo 78 de la Ley 1448 de 2011, sino fuera porque tambi\u00e9n acept\u00f3 no haber sido objeto de desplazamiento en raz\u00f3n de la violencia, menos a\u00fan del predio objeto de reclamaci\u00f3n, por lo que no hab\u00eda lugar a invertir la carga de la prueba conforme lo contempla la referida normatividad. <\/p>\n
As\u00ed entonces se concluye que la negociaci\u00f3n jur\u00eddica del predio \u2018El Hoyo\u2019 emergi\u00f3 como consecuencia de la presi\u00f3n del embargo efectuado sobre los cultivos de papa y el inmueble que en su contra ten\u00edan por parte de la opositora G\u00d3MEZ OSORIO, sum\u00e1ndole a este \u00faltimo el embargo de CONFIAR COOPERATIVA que se dio a los meses, sin tener en cuenta el estado de necesidad en el que se encontraban los reclamantes en virtud del desplazamiento y el de su familia; desvirtu\u00e1ndose con lo hasta aqu\u00ed decantado, los argumentos de contradicci\u00f3n referidos por la opositora y con los que pretendi\u00f3 soportar las excepciones elevadas\u00bb (Subraya esta Sala) <\/p>\n
3.5.2. En relaci\u00f3n con la buena fe exenta de culpa alegada por la promotora, enfatiz\u00f3 que, acorde con la jurisprudencia constitucional, concretamente lo definido en la C-820 de 2012, aquella se acredita \u00abdemostrando no solo la conciencia de haber actuado correctamente, sino tambi\u00e9n la presencia de un comportamiento encaminado a verificar la regularidad de la situaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En igual sentido, cit\u00f3 las exigencias contempladas en la sentencia C-330 de 2016, para demostrar la buena fe calificada en procesos de restituci\u00f3n de tierras, lo que implica prueba de \u00abla realizaci\u00f3n de actuaciones positivas encaminadas a consolidar dicha certeza\u00bb. <\/p>\n
Descendiendo al caso particular, observ\u00f3 que la se\u00f1ora G\u00f3mez Osorio manifest\u00f3 que \u00aben ning\u00fan momento se dio por enterada de que a los reclamantes los estuvieran extorsionando grupos al margen de la ley, pese haber aceptado que a mucha gente la extorsionaron en los predios y que \u2018iban por la vacuna\u2019\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, record\u00f3 que en su declaraci\u00f3n acept\u00f3 que antes de haber adquirido el fundo \u00abno conoc\u00eda esa finca, no sab\u00eda que era de ellos, fue que me la ofrecieron en virtud del embargo refiriendo que \u00e9l abogado del proceso ejecutivo fue quien le colabor\u00f3 y le inform\u00f3 que ellos ten\u00edan un predio all\u00ed en Chalarca, el mismo que en audiencia dijo \u2018lo adquir\u00ed por una deuda que NELSON y WILSON ten\u00edan conmigo en esa \u00e9poca\u2019 una plata que les hab\u00eda prestado para unos cultivos de papa en Santa Rosa de Osos y como ellos le manifestaron que no ten\u00eda c\u00f3mo pagarle porque ellos estaban muy mal econ\u00f3micamente y en el pueblo se escuchaba el runr\u00fan de que ellos estaban muy mal econ\u00f3micamente, en raz\u00f3n de ello fue que pidi\u00f3 asesor\u00eda de un abogado, adelant\u00f3 el proceso ejecutivo en su contra, les embarg\u00f3 ese predio \u2018porque los otros ya ten\u00edan embargos\u2019 y cuando le ofrecieron el predio ellos le pidieron por la tierra y llegaron a un acuerdo\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, al analizar lo referido por la opositora, concluy\u00f3 que \u00abno logr\u00f3 acreditar el despliegue de actividades a fin de \u2018verificar la regularidad de la situaci\u00f3n\u2019 en la que se encontraban los reclamantes presumiendo que se hab\u00edan ido de La Uni\u00f3n por deudas y no por desplazamiento forzado al haber sido v\u00edctimas de extorsiones como consecuencia del conflicto armado suscitado en la zona, el mismo del que ella fue v\u00edctima de secuestro en el mismo interregno de la salida de los reclamantes (1996), al igual que lo fue su cu\u00f1ado DANIEL EL\u00cdAS RAM\u00cdREZ CALLE, aunque ya para el a\u00f1o 2001; regularidad de la situaci\u00f3n, cual es la exigencia legal de la conducta que pretenden probar\u00bb (Subraya esta Sala) <\/p>\n
Aunado a lo anterior, con base en el estudio de los medios probatorios allegados al proceso, adujo que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la opositora no consigui\u00f3 acreditar la buena fe cualificada, ni siquiera con los testigos, pues a ninguno les const\u00f3 de manera directa la negociaci\u00f3n entre la opositora y los reclamantes efectuada, ni siquiera a trav\u00e9s de su cu\u00f1ado DANIEL EL\u00cdAS RAM\u00cdREZ CALLE quien era el administrador de los fundos de L\u00d3PEZ MORALES y sus hermanas, persona quien ni siquiera se dio por enterado del proceso ejecutivo ni el embargo que se reportaba en favor de LUZ ELENA G\u00d3MEZ, am\u00e9n de que los dem\u00e1s deponentes se enteraron del mismo de o\u00eddas, am\u00e9n de que estudiada la declaraci\u00f3n rendida por la misma opositora, de la misma se advierte que poco o nada verific\u00f3 la real situaci\u00f3n en la que se encontraban los reclamantes para aquel entonces, el contexto de violencia que antecedi\u00f3 a su salida y al pr\u00e9stamo por ellos adquirido, m\u00e1s a\u00fan cuando ella tambi\u00e9n fue conocedora de ese mismo contexto b\u00e9lico y de que mucha gente fue extorsionada y que les cobraban vacunas, por lo que muy seguramente si G\u00d3MEZ OSORIO hubiese investigado al respecto, se hubiera podido enterar oportunamente lo que el testigo tra\u00eddo a su instancia, JUAN CARLOS VALLEJO TABARES devel\u00f3 en audiencia como situaci\u00f3n padecida por los reclamantes y su familia; pero omitiendo tales acontecimientos de violencia, como posibilidad no solo de negocio sino de recuperar la deuda que para con ella ten\u00edan los reclamantes, se hizo a la propiedad del fundo, hechos suficientes para que no resulte exitosa la solicitud de buena fe exenta de culpa impetrada por la opositora y que fue deprecada como excepci\u00f3n de m\u00e9rito, pues nada prob\u00f3 sobre ese grado superior (buena fe cualificada) que debi\u00f3 haber asumido en el presente caso\u00bb. <\/p>\n
Por lo esgrimido, declar\u00f3 impr\u00f3spera la oposici\u00f3n planteada, rechazando las excepciones propuestas y, adem\u00e1s, denegando la compensaci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 98 de la Ley 1448 de 2011. <\/p>\n
3.6. Por otro lado, de las presunciones de que trata el art\u00edculo 77 de la Ley 1448 de 2011, el Tribunal ilustr\u00f3 que este se instituy\u00f3 para \u00abreconocer en las v\u00edctimas de graves violaciones de sus derechos fundamentales, su estado de vulnerabilidad y debilidad manifiesta al haber sufrido individual o colectivamente, el despojo o el abandono forzado, dentro del contexto del conflicto armado interno, para de esa forma obtener la igualdad procesal de la parte d\u00e9bil e indefensa\u00bb. <\/p>\n
En este sentido, se\u00f1al\u00f3 que para aplicar la presunci\u00f3n estipulada en el numeral 2\u00ba literales a y e ibidem, se requiere como hecho fundante \u00abque hayan ocurrido actos de violencia generalizados, fen\u00f3meno de desplazamiento forzado colectivo o violaciones graves a los derechos humanos, en forma concomitante al despojo o abandono de los inmuebles, generando con ello, ausencia de consentimiento en los negocios jur\u00eddicos celebrados\u00bb, respecto de lo cual consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab\u2026de la situaci\u00f3n de orden p\u00fablico, de las caracter\u00edsticas exigidas por la ley, existi\u00f3 en el \u00e1rea donde se localiza el predio El Hoyo ubicado en la vereda Chalarca del municipio de La Uni\u00f3n (C\u00f3r.), municipalidad en cuya colindancia tambi\u00e9n ocurri\u00f3 violencia generalizada generada por parte de actores armados ilegales tal y como se dej\u00f3 rese\u00f1ado en el contexto general y focal de violencia y los mismos testigos lo aceptaron, hechos que suscitaron el desplazamiento de los solicitante (en 1996), que los llev\u00f3 a un estado de necesidad y dif\u00edciles situaciones econ\u00f3micas, para posteriormente en el a\u00f1o 2000, despu\u00e9s de haber sido objeto de procesos ejecutivos y embargos tanto en el predio como en el cultivo de papa que ten\u00edan en Santa Rosa de Osos, se vieron presionados a despojarse jur\u00eddicamente de la propiedad de su predio en la forma como se dej\u00f3 estudiado, aunado a la presunci\u00f3n de la ausencia de consentimiento en el negocio jur\u00eddico de compraventa celebrado a trav\u00e9s de la Escritura P\u00fablica 836 de fecha 15 de agosto de 2000 de la Notar\u00eda \u00danica de La Ceja, que no logr\u00f3 ser desacreditada por la parte opositora y que surgi\u00f3 como consecuencia de las amenazas relatadas por los reclamantes que conllev\u00f3 a su desplazamiento y estado de necesidad en el que se encontraban para aquel entonces\u00bb (Se subraya) <\/p>\n
Como corolario de lo anterior, concluy\u00f3 que \u00abse hace necesario aplicar los efectos jur\u00eddicos que de las referidas presunciones deviene, como lo es, tener por INEXISTENTE, el negocio jur\u00eddico suscrito entre JORGE NELSON y JAIRO WILSON L\u00d3PEZ MORALES con LUZ ELENA G\u00d3MEZ OSORIO a trav\u00e9s de la Escritura P\u00fablica N\u00b0 836 de fecha 15 de agosto de 2000 de la Notar\u00eda \u00danica de La Ceja (Ant.), relacionado con la compraventa del predio El Hoyo ubicado en la vereda Chalarca del municipio de La Uni\u00f3n (Ant.); asunto que fue registrado en la anotaci\u00f3n N\u00b0 8 del Folio de Matr\u00edcula Inmobiliaria N\u00ba 017-8300\u00bb. <\/p>\n
3.7. Finalmente, en lo tocante con la figura de los segundos ocupantes, refiri\u00f3 que la opositora no cumpl\u00eda con los requisitos establecidos en la sentencia C-330 de 2016, en raz\u00f3n a que: <\/p>\n
\u00abno adquiri\u00f3 el predio denominado El Hoyo para solucionar su derecho fundamental a la vivienda, sino con fines meramente econ\u00f3micos y lucrativos, pues seg\u00fan lo manifestado en su declaraci\u00f3n de parte, lo hizo para recuperar la plata que les hab\u00eda prestado, adem\u00e1s de que para ese entonces su pap\u00e1 \u2018les dej\u00f3 varios predios en la parte rural, 4 predios a las afueras del municipio\u2019 los cuales a\u00fan conserva junto con sus hermanas en una de las cuales, tiene una lecher\u00eda. adem\u00e1s de contar desde aquel entonces y a la fecha con un almac\u00e9n de ropa y miscel\u00e1neo, adem\u00e1s de su casa en la que vive en La Uni\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
A su vez, del estudio de caracterizaci\u00f3n, resalt\u00f3 que \u00abG\u00d3MEZ OSORIO en la actualidad tampoco se encuentra habitando la parcela reclamada pues su domicilio principal se encuentra ubicado en la zona urbana del municipio de La Uni\u00f3n, destinando el predio El Hoyo a la explotaci\u00f3n a trav\u00e9s de actividades pecuarias relacionadas con el ganado lechero que dice le vende a Colanta, tampoco se evidencia que el predio sea su \u00fanica fuente de ingresos, ni que del mismo derive su m\u00ednimo vital pues seg\u00fan consulta institucional VUR \u2018aparece con 32 registros y en Catastro Antioquia con 18\u2019, aunado a que, seg\u00fan caracterizaci\u00f3n efectuada la dependencia hacia el predio en cuanto a la seguridad y soberan\u00eda alimentaria es leve 0% ya que \u2026 explota el predio con ganado lechero, pero los alimentos para el autoconsumo y la canasta familiar no derivan propiamente del predio; adem\u00e1s porque la fuente de sus ingresos mensuales depende de otras actividades econ\u00f3micas y de otros predios no solicitados en restituci\u00f3n (\u2026) debido al tercer interviniente ha dado a conocer que habita en una casa, en calidad de propietaria, que tiene todas las condiciones de habitabilidad (\u2026) sin que entonces se encuentre en estado de vulnerabilidad que hagan procedente la adopci\u00f3n de medidas en su favor\u00bb (Subraya esta Sala) <\/p>\n
3.8. As\u00ed, resolvi\u00f3 que \u00ablos reclamantes JORGE NELSON y JAIRO WILSON L\u00d3PEZ MORALES lograron probar los presupuestos axiol\u00f3gicos de la acci\u00f3n de restituci\u00f3n de tierras y la configuraci\u00f3n de las presunciones contenidas en el art\u00edculo 77 numeral 2 literales (a, e) de la Ley 1448\/2011, por lo que prosperar\u00e1n las pretensiones de la solicitud incoada, disponi\u00e9ndose en consecuencia la protecci\u00f3n al derecho fundamental a la restituci\u00f3n y las medidas tendientes a la materializaci\u00f3n del derecho protegido\u00bb. <\/p>\n
4. De lo anterior, se vislumbra que la decisi\u00f3n rebatida, independientemente de que la postura sea o no compartida por esta Sala, no resulta abiertamente arbitraria o manifiestamente ilegal, pues se sustent\u00f3 razonadamente, teniendo en cuenta la normativa aplicable, las actuaciones surtidas en el tr\u00e1mite, las probanzas y jurisprudencia relacionada, todo lo cual llev\u00f3 al Tribunal a denegar la oposici\u00f3n de la ahora tutelante, pronunci\u00e1ndose sobre las alegaciones entonces presentadas y que son las mismas en las que se sustenta la tutela de la referencia. <\/p>\n
En efecto, el Tribunal encontr\u00f3 debidamente probados los presupuestos axiol\u00f3gicos de la acci\u00f3n de restituci\u00f3n de tierras y, tras el estudio motivado del material probatorio, concluy\u00f3 que, en el sub examine, la opositora no logr\u00f3 acreditar la buena fe cualificada, esto es, exenta de culpa, conforme con los postulados establecidos en las sentencias C-330 de 2016 y C-820 de 2012; adem\u00e1s, de estar demostrado el estado de necesidad de los solicitantes en su momento y que la se\u00f1ora Luz Elena adquiri\u00f3 el inmueble cuando los hermanos L\u00f3pez Morales se hab\u00edan desplazado de la zona por causa del conflicto armado y en la condici\u00f3n referida, sin que aquella hubiera sido \u00abobjeto de desplazamiento en raz\u00f3n de la violencia, menos a\u00fan del predio objeto de reclamaci\u00f3n, por lo que no hab\u00eda lugar a invertir la carga de la prueba\u00bb. <\/p>\n
Observa la Sala que el Tribunal se pronunci\u00f3 en detalle sobre los hechos victimizantes y su influencia en el despojo jur\u00eddico del bien en cuesti\u00f3n, as\u00ed como sobre el pr\u00e9stamo y el proceso ejecutivo a los que alude la gestora, no obstante, no encontr\u00f3 desvirtuadas las situaciones alegadas por los reclamantes; y, aunque consider\u00f3 las circunstancias que tambi\u00e9n indicaban que la opositora hab\u00eda sido v\u00edctima del conflicto, no hall\u00f3 soporte determinante de los presupuestos para reconocer los derechos por ella reclamados. <\/p>\n
4.1. Sobre la interpretaci\u00f3n que debe hacerse al principio de buena fe exenta de culpa en proceso de restituci\u00f3n de tierras, la Corte Constitucional, en sentencia C-330 de 2016, se\u00f1al\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab88. De lo anterior pueden extraerse algunas diferencias precisas entre la buena fe simple y la buena fe exenta de culpa. Si bien es cierto que en los dos eventos se parte del supuesto de que la persona obr\u00f3 con lealtad, rectitud y honestidad, la buena fe simple se presume de todas las actuaciones o gestiones que los particulares realizan ante el Estado, de ah\u00ed que sea \u00e9ste quien deba desvirtuarla. Por su parte, la buena fe exenta de culpa exige ser probada por quien requiere consolidar jur\u00eddicamente una situaci\u00f3n determinada. As\u00ed, la buena fe exenta de culpa exige dos elementos: de un lado, uno subjetivo, que consiste en obrar con lealtad y, de otro lado, uno objetivo, que exige tener la seguridad en el actuar, la cual solo puede ser resultado de la realizaci\u00f3n actuaciones positivas encaminadas a consolidar dicha certeza. <\/p>\n
89. En relaci\u00f3n con el tema que ocupa la atenci\u00f3n de la Corte, vale decir que la aplicaci\u00f3n y la interpretaci\u00f3n de la buena fe exenta de culpa a que se refiere la Ley de v\u00edctimas y restituci\u00f3n de tierras en los art\u00edculos demandados se circunscribe a la acreditaci\u00f3n de aquellos actos que el tercero pretenda hacer valer en relaci\u00f3n con la tenencia, la posesi\u00f3n, el usufructo, la propiedad o dominio de los predios objeto de restituci\u00f3n\u2026 <\/p>\n
90. En ese sentido (como se profundizar\u00e1 posteriormente) la regulaci\u00f3n obedece a que el Legislador, al revisar las condiciones de violencia generalizada que se dieron en el marco del conflicto armado y que originaron el despojo, hall\u00f3 un sinn\u00famero de modos de dar apariencia de legalidad a los actos de usurpaci\u00f3n y despojo y, en consecuencia, previ\u00f3 medidas estrictas hacia los opositores, dirigidas a evitar una legalizaci\u00f3n basada en tres factores inadmisibles constitucionalmente: el aprovechamiento abusivo de las condiciones de violencia, que viciaron el consentimiento jur\u00eddico de las v\u00edctimas; la corrupci\u00f3n, que puso parte de la institucionalidad al servicio de los despojadores; y el formalismo del derecho, que favoreci\u00f3 a la parte m\u00e1s poderosa en el \u00e1mbito administrativo y judicial. <\/p>\n
91. Adem\u00e1s, la norma guarda relaci\u00f3n con la eficacia de las presunciones establecidas en el art\u00edculo 77 de la Ley 1448 de 2011, previstas por el legislador, considerando que el contexto de violencia permite presumir un desequilibrio en las relaciones entre particulares y favorece las din\u00e1micas de despojo y abandono forzado. Es as\u00ed como, en un marco de justicia hacia la transici\u00f3n a la paz, la l\u00f3gica que irradia el proceso es fuerte en relaci\u00f3n con el opositor para ser flexible con las v\u00edctimas\u00bb (Subraya esta Sala). <\/p>\n
Y, en concreto, esa Corporaci\u00f3n sostuvo que, \u00abLa buena fe exenta de culpa, en el contexto de la ley de v\u00edctimas y restituci\u00f3n de tierras es un est\u00e1ndar de conducta calificado, que se verifica al momento en que una persona establece una relaci\u00f3n (jur\u00eddica o material) con el predio objeto de restituci\u00f3n. La carga de la prueba para los opositores es la que se establece como regla general en los procesos judiciales: demostrar el hecho que alegan o que fundamenta sus intereses jur\u00eddicos\u00bb (Subraya esta Sala). <\/p>\n
De manera que, cuando lo invocado no se demuestra en debida forma, dicha figura no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, cuesti\u00f3n que no desconoce la perspectiva de g\u00e9nero y que no tiene por fin declarar alg\u00fan tipo de responsabilidad \u00abpor obrar con dolo\u00bb como alude la accionante, sino que corresponde a la verificaci\u00f3n de los presupuestos objetivos requeridos para que las pretensiones de quien interviene como opositor puedan salir avante. <\/p>\n
4.2. As\u00ed las cosas, se observa que los cuestionamientos esgrimidos por la accionante con miras a cuestionar la actuaci\u00f3n rebatida son propios de un disentimiento particular frente a los argumentos que tuvo en cuenta la autoridad judicial demandada para negar sus pretensiones en el juicio de restituci\u00f3n de tierras. <\/p>\n
Al respecto, debe recordarse que este tipo de disconformidades no habilitan la intervenci\u00f3n del juez constitucional, por cuanto lo que hace es insistir (indirectamente) sobre puntos que ya fueron resueltos de fondo en esa causa. A su turno, se revela con ello la intenci\u00f3n de utilizar el resguardo como un recurso adicional, perdiendo as\u00ed su car\u00e1cter excepcional y residual. <\/p>\n
En ese sentido, esta Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01). <\/p>\n
Asimismo, esta Sala ha considerado, en reiterada y profusa jurisprudencia, que \u00abal sentenciador de tutela le est\u00e1 vedado reexaminar si el juzgador acusado realiz\u00f3 la m\u00e1s convincente o adecuada de las interpretaciones, pues tal tarea est\u00e1 por fuera de sus facultades, ya que \u2018\u2026independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho\u2019\u00bb (CSJ STC, 20 sep. 2012, rad. 2012-00245-01; reiterado en STC. 14 sep. 2020, Rad. 2020-00458-01). <\/p>\n
Por su parte, sobre la valoraci\u00f3n probatoria, la Sala tiene sentado que este mecanismo constitucional no es el indicado para obtener un nuevo estudio de las pruebas recaudadas en el proceso, pues <\/p>\n
\u00ab(\u2026) resulta infructuoso en esta sede recriminar la apreciaci\u00f3n de los medios de acreditaci\u00f3n hecha por los juzgadores naturales, dado que ese es el espacio en el que con especial \u00e9nfasis emerge el principio constitucional de la independencia judicial; en efecto, en m\u00faltiples sentencias, entre ellas, la de 29 de junio de 2011, exp. 2011-01252-00, la Corte ha decantado que: \u2018(\u2026) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…)\u00bb (CSJ. STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00 reiterado en STC7213-2020 del 11 de septiembre del 2020). <\/p>\n
5. Por \u00faltimo, trat\u00e1ndose de la r\u00e9plica relacionada con que no fue notificada del auto que resolvi\u00f3 su solicitud de modulaci\u00f3n, resulta menester indicar que esta Sala se pronunci\u00f3, mediante providencia STC3488-2022, en la cual se desestimaron las pretensiones de la promotora, al vislumbrar que s\u00ed se hab\u00eda emitido pronunciamiento al respecto, el cual, seg\u00fan lo allegado, fue notificado en estado 12 del 1 de febrero de 2022. <\/p>\n
6. De acuerdo con lo discurrido, no se otorgar\u00e1 la salvaguarda impetrada. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, NIEGA la salvaguarda impetrada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Hecho primero del escrito de tutela. <\/p>\n
3\u0002 Folios 1 y 2, archivo \u201cD050003121001202000044000Auto admite oposici\u00f3n2020109132511\u201d del expediente digital. <\/p>\n
4\u0002 Hecho tercero del escrito de tutela. <\/p>\n
5\u0002 Folios 1-23, archivo \u201cSOLICITUD MODULACION DE SENTENCIA – SRA LUZ ELENA GOMEZ\u201d del expediente digital. <\/p>\n
6\u0002 Folio 1, archivo \u201cD050003121001202000044010Fijaci\u00f3n de estado2022217423\u201d del expediente digital. <\/p>\n
7\u0002 Folios 1-7, archivo \u201cD050003121001202000044010Auto pone en conocimiento2022131153625\u201d del expediente digital. <\/p>\n
8\u0002 Folio 1, archivo \u201cD050003121001202000044010Fijaci\u00f3n de estado20222188312\u201d del expediente digital. <\/p>\n
9\u0002 Folios 1 y 2, archivo \u201cD050003121001202000044010Auto pone en conocimiento202221714202\u201d del expediente digital. <\/p>\n
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STC3872-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente STC3872-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-00868-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de treinta de marzo dos mil veintid\u00f3s). Bogot\u00e1, D. C., treinta (30) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). La Sala decide el resguardo constitucional promovido por Luz Elena G\u00f3mez Osorio […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-62369","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62369","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62369"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62369\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62369"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62369"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62369"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}