STC3873-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3873-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-00911-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de treinta de marzo dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., treinta (30) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Sala decide el resguardo constitucional promovido por Julio Rafael Ovalle Betancourt, en nombre de Alba Rosa Jaramillo Alzate, contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn y el Juzgado S\u00e9ptimo del Circuito de Familia de Oralidad de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes del proceso con radicado 2017-00909. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
2.- En apoyo de su petici\u00f3n se\u00f1al\u00f3 que, luego de decretada la nulidad de todo lo actuado, por indebida notificaci\u00f3n del auto admisorio, en el proceso de cesaci\u00f3n de efectos civiles de matrimonio religioso promovido por Abelardo de Jes\u00fas Jaramillo Le\u00f3n contra Alba Rosa Jaramillo Alzate, el cual se adelanta ante el Juzgado S\u00e9ptimo de Familia del Circuito de Oralidad de Medell\u00edn bajo el radicado 2017-00909, present\u00f3 demanda de reconvenci\u00f3n1. <\/p>\n
El 6 de julio de 2021, el a quo inadmiti\u00f3 la demanda, por falta de los requisitos establecidos en el Decreto 806 de 20202 y, si bien en el t\u00e9rmino otorgado present\u00f3 escrito3, el 3 de agosto posterior fue rechazada4. <\/p>\n
Contra el anterior prove\u00eddo interpuso recurso de reposici\u00f3n y, en subsidio, de apelaci\u00f3n5, el primero de los cuales fue negado el 21 de enero de 20226 y, posteriormente, confirmado el 3 de marzo ulterior por la Sala de Decisi\u00f3n Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn7. <\/p>\n
Cuestion\u00f3 que el juez de primera instancia incurri\u00f3 en exceso ritual manifiesto, porque rechaz\u00f3 la demanda en vez de encausar el procedimiento requiri\u00e9ndolo, para que trasladara de manera f\u00edsica \u00ablos documentos constituyentes de la reconvenci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3.- Inst\u00f3, conforme a lo relatado, tutelar los derechos fundamentales de Alba Rosa Jaramillo Alzate y, en consecuencia, dejar sin efecto los autos del 3 de agosto de 2021 y del 3 de marzo de 2022 emitidos por las autoridades accionadas, \u00abpara en su lugar admitir la demanda de reconvenci\u00f3n, previo el cumplimiento del traslado documental a la parte demandada\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTA RECIBIDA <\/p>\n
El Juzgado S\u00e9ptimo del Circuito de Familia de Oralidad de Medell\u00edn indic\u00f3 que, el 3 de agosto de 2021, rechaz\u00f3 la demanda de reconvenci\u00f3n, por cuanto \u00abno se acredit\u00f3 conforme al art\u00edculo 6 del Decreto 806 de 2020, vigente para el momento de presentaci\u00f3n de la demanda de reconvenci\u00f3n, el env\u00edo f\u00edsico de la demanda y sus anexos a la direcci\u00f3n aportada como del reconvenido\u00bb, decisi\u00f3n que fue confirmada por el ad quem natural. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En el sub examine, el actor asegura actuar como apoderado de Alba Rosa Jaramillo Alzate, cuyos derechos fundamentales estima vulnerados por las autoridades judiciales convocadas, debido al rechazo de la demanda de reconvenci\u00f3n, por exceso ritual manifiesto, por no haberlo requerido nuevamente, a fin de que trasladara de manera f\u00edsica los documentos constitutivos de la reconvenci\u00f3n. <\/p>\n
2.- Visto el material probatorio, se advierte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, dado que el promotor no es el titular de los derechos fundamentales cuya vulneraci\u00f3n se atribuye al Colegiado convocado, no alleg\u00f3 poder especial que lo faculte para impetrar la presente tutela y no acredit\u00f3 las condiciones para actuar como agente oficioso. <\/p>\n
2.1.- En cuanto a la legitimaci\u00f3n en la causa en las acciones de tutela, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone que \u00abpodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, la jurisprudencia de la Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abla legitimaci\u00f3n de los abogados para instaurar la acci\u00f3n de tutela aduciendo representaci\u00f3n judicial o contractual, exige de la presencia de un poder especial para el efecto\u2026 <\/p>\n
\u00abDe este modo, cuando la acci\u00f3n de tutela se ejerce a t\u00edtulo de otro, es necesario contar con poder especial para legitimar su interposici\u00f3n. La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente. <\/p>\n
\u00abLa falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimaci\u00f3n por activa\u00bb (CSJ STC1042-2019) (Se subraya). <\/p>\n
Asimismo, debe resaltarse que, en torno a la \u00ablegitimaci\u00f3n por activa\u00bb de los apoderados, la Sala ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00ab(…) la persona habilitada constitucionalmente para promover la acci\u00f3n de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales. El profesional del derecho que la auspicia dentro del tr\u00e1mite de un determinado proceso es un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren presuntamente en v\u00edas de hecho al hacer pronunciamientos en el curso de la instrucci\u00f3n y fallo del mismo\u00bb (Se subraya) (STC 29 sep. 2003, rad 00245-01, reiterada en STC926-2018, STC4611- 2018, STC1042-2019). <\/p>\n
<\/p>\n
En ese orden, cuando una persona distinta del titular de las garant\u00edas que se consideran vulneradas acude en su representaci\u00f3n para solicitar la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, es necesario que est\u00e9 debidamente habilitada por la ley o que le haya sido otorgado poder especial para el efecto. A su turno, cuando se act\u00fae como agente oficioso se debe demostrar la imposibilidad f\u00edsica o ps\u00edquica del titular para intervenir en el tr\u00e1mite. <\/p>\n
2.2.- En cuanto al poder especial, de conformidad con la postura de la Corte Constitucional, \u00abes entendido, por las caracter\u00edsticas de la acci\u00f3n, que todo poder en materia de tutela es especial, vale decir, se otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u00bb (CC T-001\/97) (Se subraya). <\/p>\n
2.3.- Pues bien, en el presente asunto, el gestor no alleg\u00f3 el poder especial requerido para representar los intereses de quien presuntamente vio vulnerados sus derechos fundamentales y, por lo mismo, resulta inviable estudiar de fondo el ruego impetrado, a lo cual se suma que tampoco aleg\u00f3 ni acredit\u00f3 las condiciones para actuar en calidad de agente oficioso de la supuesta afectada. <\/p>\n
3.- Con base en estas consideraciones, la Sala denegar\u00e1 la salvaguarda impetrada. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo reclamado, por improcedente. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folios 3-14, archivo \u201c06Reconvencion20210520\u201d del expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Folios 1-3, archivo \u201c07InadmiteDemandaReconvencion\u201d del expediente digital. <\/p>\n
3\u0002 Folios 1-6, archivo \u201c09CumplimientoRequisitos\u201d del expediente digital. <\/p>\n
4\u0002 Folios 1 y 2, archivo \u201c10RechazaDemandaReconvencion\u201d del expediente digital. <\/p>\n
5\u0002 Folios 1-6, archivo \u201c11RecursoReposicionAutoRechazo\u201d del expediente digital. <\/p>\n
6\u0002 Folios 1-6, archivo \u201c13AutoResuelveRecurso\u201d del expediente digital. <\/p>\n
7\u0002 Folios 23-32, archivo \u201cPRUEBA_16_3_2022, 2_38_37 p. m.\u201d del expediente digital. <\/p>\n
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